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SCP 1736/2026-S1

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Primera Especializada · 10 de agosto de 2026

Concede la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Primera Especializada
Fecha
10 de agosto de 2026
Acción
Acción de libertad
Magistrado relator
Ángel Edson Dávalos Rojas
Expediente
66270-2024-133-AL
Departamento
La Paz
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de libertad — traslativa / pronto despacho

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución 018/2024 de 30 de julio, cursante a fs. 13 y vta., pronunciada por el Juez de Sentencia Penal, Anticorrupción y contra la Violencia hacia las Mujeres Décimo Octavo de la Capital del departamento de La Paz; y, en consecuencia: 1° CONCEDER la tutela solicitada, conforme los fundamentos jurídicos desarrollados en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional; y, 2° Disponer que la Fiscal de Materia ahora demandada, en el plazo de veinticuatro horas de notificada con la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, proceda a dar cumplimiento estricto a la conminatoria judicial de 19 de julio de 2024, emitiendo la resolución correspondiente, salvo que, por el transcurso del tiempo, ya se hubiese emitido la misma.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. El alcance de protección de la acción de libertad traslativa o de pronto despacho
  2. III.2. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1736/2026-S1 Sucre, 10 de agosto de 2026 SALA PRIMERA ESPECIALIZADA Magistrado Relator: Ángel Edson Dávalos Rojas Acción de libertad Expediente: 66270-2024-133-AL Departamento: La Paz En revisión la Resolución 018/2024 de 30 de julio, cursante a fs. 13 y vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Luis Fernández Medina en representación sin mandato de Constantina Elizabeth Miranda Alfaro contra Pamela Flores Nina, Fiscal de Materia.

I. OBJETO PROCESAL

La accionante, a través de su representante, mediante memorial presentado el 30 de julio de 2024, cursante de fs. 6 a 7 vta., denunció la vulneración de sus derechos a la vida y al debido proceso; puesto que, en su calidad de víctima, dentro del proceso penal que sigue contra Francisco Luis Casas Quispe, por la presunta comisión del delito de violencia familiar o doméstica, el Juez de Instrucción, Anticorrupción contra la Violencia hacia las Mujeres Tercero de El Alto del departamento de La Paz, emitió Auto de 19 de igual mes y año, conminando a la Fiscal de Materia demandada a formular la imputación formal respectiva contra el denunciado en el plazo de cinco días; sin embargo, habiendo transcurrido once días, dicha autoridad Fiscal no emitió la imputación alegando que debía esperar y que no podía darle prioridad. En consecuencia, pidió que se ordene a la Fiscal de Materia proceda a emitir la resolución de imputación formal, bajo alternativa de remitirse antecedentes ante el Fiscal Sumariante y sea procesada disciplinariamente por incumplimiento de deberes. Pamela Flores Nina, Fiscal de Materia, en audiencia de garantías manifestó que no se cumplieron los parámetros para la procedencia de la acción de libertad conforme a los arts. 47 y 48 del Código Procesal Constitucional (CPCo). En el proceso en concreto el Ministerio Público dio cumplimiento a todas las directrices y actos investigativos dentro de los plazos procesales oportunos. La parte víctima no se apersonó al proceso ni a través de un abogado. Impetró se deniegue la tutela solicitada.

El Juez de Sentencia Penal, Anticorrupción y contra la Violencia hacia las Mujeres Décimo Octavo de la Capital del departamento de La Paz, constituido en Juez de garantías, por Resolución 018/2024 de 30 de julio, cursante a fs. 13 y vta., denegó la tutela solicitada porque el problema planteado era principalmente procesal -incumplimiento de plazos-, y debía reclamarse primero ante el Juez competente, sin demostrarse una afectación directa a la libertad. En consecuencia, corresponde en revisión, determinar si tales argumentos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

II. Trámite Procesal en el Tribunal Constitucional Plurinacional

En el marco del Plan de Descongestionamiento Procesal, este Tribunal Constitucional Plurinacional, en reunión de Sala Plena de 14 de enero de 2026, estableció el uso del Formato Corto de Resolución para todas las causas comprendidas en el Plan Piloto. Determinación ratificada posteriormente, a través del Acuerdo Jurisdiccional de Sala Plena TCP-SP 010/2026 de 17 de junio, en el que se estableció la resolución de causas, mediante sentencias de aplicación de jurisprudencia reiterada. Asimismo, a través del Acuerdo Jurisdiccional de Sala Plena TCP-SP 013/2026 de 30 de julio, se dispuso la reconformación de Salas del Tribunal Constitucional Plurinacional; en cumplimiento a dicha determinación, la Comisión de Admisión de este Tribunal, procedió al sorteo de la presente causa.

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

III.1. El alcance de protección de la acción de libertad traslativa o de pronto despacho

Al respecto la SCP 0403/2026-S3 de 10 de abril de 2026, hizo la siguiente precisión: “La SCP 0581/2025-S3 de 17 de junio, refiriéndose al alcance de la acción de libertad traslativa o de pronto despacho cuando el peticionante de tutela no se encuentra privado de libertad, señaló siguiente: ‘De la línea jurisprudencial citada es posible concluir que el alcance de protección de la acción de libertad en su modalidad traslativa o de pronto despacho opera frente a toda demora o dilación indebida al resolver o atender una solicitud que se encuentre vinculada con la libertad de quien la solicita, prueba de ello es que se ha establecido que toda autoridad sea judicial o administrativa que conozca una solicitud que incida en el derecho a la libertad física de quien se halle privado de su ejercicio, tiene el deber de tramitarla con la mayor celeridad posible; a contrario sensu, no procede cuando la libertad de la persona no se encuentre comprometida, ya sea porque no esté privada de libertad o el acto u omisión dilatorio no incida directa o indirectamente con su libertad; en estos casos corresponderá que el peticionante de tutela acuda previamente a los mecanismos intraprocesales que el ordenamiento jurídico prevé para el restablecimiento de los derechos considerados lesionados’. Cabe aclarar que el citado precedente constitucional no resulta aplicable en los casos de delitos de violencia, cuando es la víctima quien acude a la jurisdicción constitucional denunciando dilaciones procesales, supuestos en los cuales dicha problemática deberá ser analizada a partir de la observancia de los estándares nacionales e internacionales de debida diligencia” (el resaltado es nuestro).

III.2. Análisis del caso concreto

En el presente caso, la accionante, a través de su representante, denuncia la vulneración de sus derechos a la vida y al debido proceso; toda vez que, dentro del proceso penal por violencia familiar o doméstica seguido contra Francisco Luis Casas Quispe, donde ella ostenta la condición de víctima, la Fiscal de Materia demandada habría incumplido el Auto de 19 de julio de 2024, emitido por el referido Juez de Instrucción, el cual conminaba a la autoridad Fiscal a presentar la imputación formal en el plazo de cinco días; y, pese al vencimiento de dicho plazo, omitió emitir el acto procesal arguyendo criterios de prelación interna. A efectos de resolver la problemática planteada, y en estricta aplicación de la modulación jurisprudencial citada en el Fundamento Jurídico III.1 de este fallo constitucional, corresponde apartarse de las reglas ordinarias de subsidiariedad y de la exigencia de conexitud directa con la libertad física. La jurisprudencia constitucional es categórica al determinar que la acción de libertad traslativa o de pronto despacho es la vía idónea e inmediata para tutelar a las víctimas de violencia familiar o doméstica frente a las dilaciones procesales de los operadores de justicia, en virtud del estándar internacional de debida diligencia y la protección reforzada de la que gozan. En este contexto, se constata que el Juez de Instrucción, Anticorrupción contra la Violencia hacia las Mujeres Tercero de El Alto del departamento de La Paz, ejerciendo el control jurisdiccional de la investigación, emitió un Auto de conminatoria el 19 de julio de 2024, otorgando a la Fiscal de Materia ahora demandada un plazo perentorio de cinco días para que emita la correspondiente resolución de imputación formal. No obstante, al momento de interponerse la presente acción de defensa el 30 de julio del mismo año, habían transcurrido once días sin que la autoridad Fiscal demandada diera cumplimiento a la orden judicial, escudándose en criterios administrativos de prelación interna y alegando que no podía darle prioridad al caso. Dicha conducta omisiva y dilatoria por parte de la Fiscal de Materia demandada vulnera de manera directa el principio de celeridad procesal y el deber de debida diligencia. Tratándose de delitos de violencia familiar o doméstica, la imputación formal no es un mero acto formal, sino el presupuesto procesal indispensable para que la víctima pueda solicitar la aplicación de medidas cautelares de carácter personal y real destinadas a garantizar su seguridad y su propia vida frente al presunto agresor. Permitir que el Ministerio Público desobedezca con total discrecionalidad las conminatorias del Juez de control jurisdiccional prolonga el estado de indefensión y riesgo de la víctima, desnaturalizando los mecanismos de protección especial diseñados por la Ley de Abreviación Procesal Penal y de Fortalecimiento de la Lucha Integral contra la Violencia a Niñas, Niños, Adolescentes y Mujeres -Ley 1173 de 3 de mayo de 2019- y la Ley Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia -Ley 348 de 9 de marzo de 2013-. Por consiguiente, al haberse acreditado plenamente la dilación injustificada y el incumplimiento de la conminatoria judicial por parte de la Fiscal de Materia demandada, corresponde conceder la tutela solicitada a fin de restablecer el debido proceso en su vertiente de celeridad, ordenando la emisión inmediata del pronunciamiento fiscal respectivo. En consecuencia, el Juez de garantías, al denegar la tutela impetrada, no obró de forma correcta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución 018/2024 de 30 de julio, cursante a fs. 13 y vta., pronunciada por el Juez de Sentencia Penal, Anticorrupción y contra la Violencia hacia las Mujeres Décimo Octavo de la Capital del departamento de La Paz; y, en consecuencia: 1° CONCEDER la tutela solicitada, conforme los fundamentos jurídicos desarrollados en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional; y, 2° Disponer que la Fiscal de Materia ahora demandada, en el plazo de veinticuatro horas de notificada con la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, proceda a dar cumplimiento estricto a la conminatoria judicial de 19 de julio de 2024, emitiendo la resolución correspondiente, salvo que, por el transcurso del tiempo, ya se hubiese emitido la misma. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Fdo. Ángel Edson Dávalos Rojas

MAGISTRADO

Fdo. Dra. Amalia Laura Villca

MAGISTRADA

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_1736_2026-S1.pdf · páginas 1 a 5.

Huella digital del PDF (SHA-256): 2c28f92e26683cde9f1a3763e2522f4889f3735b0f891e8edaed611115742159

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