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SCP 1735/2026-S1

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Primera Especializada · 10 de agosto de 2026

Concede la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Primera Especializada
Fecha
10 de agosto de 2026
Acción
Acción de libertad
Magistrado relator
Ángel Edson Dávalos Rojas
Expediente
66264-2024-133-AL
Departamento
La Paz
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de libertad — traslativa / pronto despacho

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución 17/2024 de 31 de julio, cursante de fs. 26 a 32 vta., pronunciada por el Juez de Sentencia Penal, Anticorrupción y contra la Violencia hacia las Mujeres Decimotercero de la Capital del departamento de La Paz,; y, en consecuencia, CONCEDER la tutela solicitada, disponiendo que, la demandada, en el día, ponga a conocimiento del Vocal de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, los tres recursos de apelación planteados por el impetrante de tutela, a efectos de que dicha autoridad, señale audiencia y resuelva los mismos según su naturaleza.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. La acción de libertad traslativa o de pronto despacho y señalamiento de audiencia de apelación incidental
  2. III.2. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1735/2026-S1 Sucre, 10 de agosto de 2026 SALA PRIMERA ESPECIALIZADA Magistrado Relator: Ángel Edson Dávalos Rojas Acción de libertad Expediente: 66264-2024-133-AL Departamento: La Paz En revisión la Resolución 17/2024 de 31 de julio, cursante de fs. 26 a 32 vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Jorge José Valda Daza y Ricardo Elías Rodríguez Beizaga, en representación sin mandato de Luis Fernando Hamdan Calancha, contra Abigail Eloisa Gutiérrez Atahuachi, Secretaria de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz.

I. OBJETO PROCESAL

Por memorial presentado el 30 de julio de 2024, cursante de fs. 4 a 7, el accionante, a través de sus representantes, denuncia la vulneración del debido proceso en su elemento celeridad; toda vez que, dentro del proceso penal que le sigue el Ministerio Público, por la presunta comisión del delito de terrorismo y otros, el 8 de julio de 2024, se llevó adelante la audiencia de medidas cautelares, en la que el juez de instancia, le impuso la detención preventiva por ciento ochenta días en el Centro Penitenciario San Pedro de La Paz; en el mismo acto procesal, también presentó una recusación y un incidente de ilegalidad de la aprehensión, los cuales fueron rechazados por la autoridad jurisdiccional, determinaciones que fueron apeladas y posteriormente remitidas a la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz; empero, desde el 12 del mismo mes y año, la demandada no señaló audiencia para considerar su apelación, conforme al art. 251 del Código de Procedimiento Penal (CPP), habiendo transcurrido más de veinte días; al contrario, en un acto dilatorio, cuestionó la determinación del juez de instancia, devolviendo obrados y requiriendo informe sobre la apelación a resolver, arrogándose funciones de Vocal; por lo que, solicita que se ordene a la demandada, el señalamiento de audiencia de apelación en el plazo de veinticuatro horas. Abigail Eloisa Gutiérrez Atahuachi, Secretaria de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, por informe escrito presentado el 31 de julio de 2024, cursante a fs. 12 y vta., señaló que, está dentro de sus atribuciones emitir providencias de mero trámite y la revisión de actuaciones procesales de oficio; en ese marco, a efectos de señalar la audiencia, revisó cual es la resolución apelada, tomando en cuenta que las resoluciones recurridas y remitidas a su Sala, fueron de distinta naturaleza: Resolución 147/2024 -recusación-, Resolución 148/2024 -incidente de actividad procesal defectuosa- y la Resolución 149/2024 -de medidas cautelares-; razón por la cual, el 12 de julio de 2024, realizó la observación sobre la apelación a resolver, misma que no fue subsanada por el juzgado de instancia; en mérito a ello, el Vocal de la referida Sala, por providencia de 31 de igual mes y año, devolvió nuevamente al juzgado a quo, para que subsane la observación señalada; por lo que, solicitó se deniegue la tutela impetrada. El Ministerio de Gobierno del Estado Plurinacional de Bolivia, en su condición de tercero interviniente, en audiencia de la presente acción de defensa, señaló que la observación de la Secretaria demandada fue correcta y que compele a la parte ahora accionante, subsanar las mismas. La Procuraduría General del Estado, en su condición de tercero interesado, en audiencia de la presente acción de defensa, manifestó que el recurso de apelación debe remitirse debidamente saneado, para que no exista ninguna observación, más aún si existieron tres recursos de apelación de distinta naturaleza que debieron ser enviadas de forma separada. El Viceministerio de Transparencia del Estado Plurinacional de Bolivia, en su en su condición de tercero interesado, en audiencia de la presente acción de defensa, arguyó que los recursos de apelación debieron ser monitoreados por la parte interesada a través de un seguimiento permanente y subsanar las observaciones que existieron; por lo que, solicitó se deniegue tutela. El Juez de Sentencia Penal, Anticorrupción y contra la Violencia hacia las Mujeres Decimotercero de la Capital del departamento de La Paz, constituido en Juez de garantías, a través de la Resolución 17/2024 de 31 de julio, cursante de fs. 26 a 32 vta. denegó la tutela solicitada bajo el argumento de que la demandada tiene dentro de sus atribuciones, realizar observaciones a objeto de no generar indefensión a los sujetos procesales. En consecuencia, corresponde en revisión, determinar si tales argumentos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

II. Trámite Procesal en el Tribunal Constitucional Plurinacional

En el marco del Plan de Descongestionamiento Procesal, este Tribunal Constitucional Plurinacional, en reunión de Sala Plena de 14 de enero de 2026, estableció el uso del Formato Corto de Resolución para todas las causas comprendidas en el Plan Piloto. Determinación ratificada posteriormente, a través del Acuerdo Jurisdiccional de Sala Plena TCP-SP 010/2026 de 17 de junio, en el que se estableció la resolución de causas, mediante sentencias de aplicación de jurisprudencia reiterada. Asimismo, a través del Acuerdo Jurisdiccional de Sala Plena TCP-SP 013/2026 de 30 de julio, se dispuso la reconformación de Salas del Tribunal Constitucional Plurinacional; en cumplimiento a dicha determinación, la Comisión de Admisión de este Tribunal, procedió al sorteo de la presente causa.

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

III.1. La acción de libertad traslativa o de pronto despacho y señalamiento de audiencia de apelación incidental

En lo concerniente a la acción de libertad en su modalidad traslativa o de pronto despacho, la SC 0224/2004-R de 16 de febrero, sostuvo que: “…toda autoridad que conozca de una solicitud en la que se encuentre involucrado el derecho a la libertad física, tiene el deber de tramitarla con la mayor celeridad posible, o cuando menos dentro de los plazos razonables, pues de no hacerlo podría provocar una restricción indebida del citado derecho, lo que no significa, que siempre tendrá que otorgar o dar curso a la solicitud en forma positiva, pues esto dependerá de las circunstancias y las pruebas que se aporten en cada caso, dado que se reitera la lesión del derecho a la libertad física, está en la demora o dilación indebida de una solicitud de tal naturaleza…” (las negrillas nos pertenecen). De otro lado, en cuanto al señalamiento de audiencia de apelación y la devolución del cuaderno de apelación al juzgado de origen, la SCP 2077/2012 de 8 de noviembre, señala que: “…una vez remitido el expediente ante el Tribunal de apelación, éste ‘resolverá, sin más trámite y en audiencia, dentro de los tres días siguientes de recibidas las actuaciones, sin recurso ulterior’, debiendo incluirse dicho entendimiento bajo los argumentos expuestos del principio de celeridad, debido proceso y prohibición de dilación en el proceso, indicando que una vez el Tribunal de apelación dentro del plazo de tres días de recibidas las actuaciones, resuelva la apelación; deberá remitir el expediente, el acta y la Resolución correspondiente al Juzgado o Tribunal de origen dentro del plazo máximo de 24 horas” (las negrillas nos pertenecen).

III.2. Análisis del caso concreto

El accionante, denuncia que la demandada no señaló audiencia de apelación incidental, en el marco de lo dispuesto por el art. 251 del CPP, habiendo transcurrido más de veinte días.

En el caso de análisis, se advierte la existencia del oficio de 11 de julio de 2024 (fs. 13), por el cual, el Juzgado de Instrucción Penal, Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Quinto de la Capital del departamento de La Paz, remitió el legajo de apelación a la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia del mismo departamento, por decreto de 12 del mismo mes y año (fs. 14), la demandada, dispuso que el juzgado a quo informe sobre la resolución apelada, devolviendo obrados; posteriormente, el Secretario del juzgado de instancia, por informe de 31 de igual mes y año (fs. 17), informó a los Vocales de la referida Sala, que en la audiencia de medidas cautelares de 8 de julio de 2024, se emitieron las Resoluciones 147, 148 y 149, todos del 2024, que fueron objeto de apelación; cursa a fs. 18, el nuevo oficio de remisión a la referida Sala; en mérito a aquello, el Vocal, por decreto de 31 de julio de 2024, exhortó al juzgado a identificar cual es la resolución que debe analizar su Sala, disponiendo la nueva devolución de antecedentes al juzgado de origen (fs. 19). Conforme establece la jurisprudencia constitucional citada en el Fundamento Jurídico III.1 este fallo constitucional, toda autoridad que conozca una solicitud vinculada con el derecho a la libertad, tiene la obligación de atenderla con la mayor celeridad o, mínimamente, dentro de los plazos razonable; así, en el caso de la remisión de la apelación al Tribunal superior, éste tiene el deber de resolver dentro de los tres días siguientes a su recepción. En el presente caso, se evidencia que el 11 de julio de 2024, el Juzgado de Instrucción Penal, Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Quinto de la Capital del departamento de La Paz, remitió la apelación a la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia del citado departamento, contra las Resoluciones 147/2024 -recusación-, 148/2024 -incidente de actividad procesal defectuosa- y 149/2024 -medidas cautelares-; empero, llama la atención de este Tribunal, el decreto de 12 del mismo mes y año, emitido por la Secretaria demandada, en el que requirió informe al juzgado de origen, sobre cuál es la resolución apelada y dispuso su devolución; sobre el particular, si bien el art. 56.3 del CPP, modificado por la Ley 1173 -Ley de Abreviación Procesal Penal y de Fortalecimiento de la Lucha Integral contra la Violencia a Niñas, Niños, Adolescentes y Mujeres-, tiene establecido como una función propia de la o el secretario de juzgado “emitir las providencias de mero trámite que no sean pronunciados en audiencia”, de la lectura del indicado decreto, se puede advertir que contiene disposiciones procesales, como la solicitud de informe y la devolución de obrados, los cuales de ninguna manera pueden ser considerados como de mero trámite, sino propias de la función jurisdiccional que le corresponde al Vocal, en su calidad de director del proceso; de ahí que, la determinación de la demandada, incidió en la consideración de fondo de los recursos de apelación; toda vez que, generó efectos procesales y la consecuente dilación indebida, máxime si en los mencionados recursos, se encuentra en debate el derecho a la libertad, que es concebido por la Norma Suprema como un derecho fundamental que debe tramitarse con la debida celeridad; por otro lado, si bien la demandada en su informe señaló que revisó de oficio los mencionados recursos de apelación, amparándose para tal efecto, en el art. 17.I de la Ley del Órgano Judicial (LOJ), en su condición de personal de apoyo y si advirtió alguna situación que pudiera incidir en la sustanciación de los recursos de apelación, debió comunicar dicho extremo al Vocal de señalada Sala para que, en su condición de director del proceso, asuma las determinaciones que en derecho fueran necesarias y no atribuirse de manera unilateral y arbitraria, funciones jurisdiccionales que no le competen, con mayor razón aun, cuando de su irregular ejercicio resultan afectados derechos fundamentales como la libertad; en este contexto, se observa dentro del presente caso, que desde la remisión del recurso de apelación de 11 de julio de 2024, hasta la interposición de la presente acción tutelar -30 de idéntico mes y año-, transcurrieron más de dieciocho días, en los que no se resolvió la situación jurídica del impetrante de tutela, manteniendo en incertidumbre y afectando su derecho a la libertad y dignidad; en mérito a aquello, corresponde conceder la tutela impetrada. Finalmente, es necesario manifestar que si bien, César Portocarrero Cuevas, Vocal de la Sala Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz no fue demandado dentro de la presente acción de defensa, es importante tener en cuenta que el buen desempeño de las labores administrativas y jurisdiccionales involucra tanto a los servidores de apoyo, pero principalmente a las autoridades judiciales propiamente dichas, por la función de supervisión y seguimiento que les asiste; así, en el caso señalado, la referida autoridad jurisdiccional, al advertir la extralimitación de funciones de la Secretaria demandada, con la emisión del indicado decreto de 12 de julio de 2024, debió reconducir el procedimiento y no convalidarlas, tal como se evidencia en el decreto de 31 del mismo mes y año, por el que ratificó la observación inicial; por el contrario, al recepcionar la causa, el Vocal debió señalar audiencia y resolver las apelaciones, según su naturaleza; en el caso de las Resoluciones 147/2024 y 148/2024, concernientes a la recusación e incidente de actividad procesal defectuosa, conforme prevé el art. 406 del CPP, modificado por la Ley 1173; y, en relación a la Resolución 149/2024, sobre medidas cautelares, la audiencia debió realizarse dentro de los tres días siguientes de recibidas las actuaciones, sin recurso ulterior; dicha omisión, generó que el accionante, se encontrara en una incertidumbre jurídica afectando su derecho a la libertad; razón por la que, habrá de exhortarse a dicha autoridad, a asumir el correcto control direccional sobre el personal de apoyo jurisdiccional a su cargo. En consecuencia, el Juez de garantías, al denegar la tutela impetrada, no obró de forma correcta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución 17/2024 de 31 de julio, cursante de fs. 26 a 32 vta., pronunciada por el Juez de Sentencia Penal, Anticorrupción y contra la Violencia hacia las Mujeres Decimotercero de la Capital del departamento de La Paz,; y, en consecuencia, CONCEDER la tutela solicitada, disponiendo que, la demandada, en el día, ponga a conocimiento del Vocal de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, los tres recursos de apelación planteados por el impetrante de tutela, a efectos de que dicha autoridad, señale audiencia y resuelva los mismos según su naturaleza. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Fdo. Ángel Edson Dávalos Rojas

MAGISTRADO

Fdo. Dra. Amalia Laura Villca

MAGISTRADA

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_1735_2026-S1.pdf · páginas 1 a 6.

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