Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Primera Especializada · 10 de agosto de 2026
Concede la tutela
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 21/2024 de 1 de agosto, cursante de fs. 30 a 32, pronunciada por el Juez de Sentencia Penal, Anticorrupción y contra la Violencia hacia las Mujeres Décimo de la Capital del departamento de Santa Cruz; y, en consecuencia: 1° CONCEDER la tutela solicitada, conforme los fundamentos jurídicos desarrollados en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional; y, 2° Disponer que, la Jueza ahora demandada, de no haber señalado audiencia para consideración de procedimiento abreviado, fije la misma en un plazo máximo de veinticuatro horas, computables a partir de su legal notificación con el presente fallo constitucional.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1734/2026-S1 Sucre, 10 de agosto de 2026 SALA PRIMERA ESPECIALIZADA Magistrado Relator: Ángel Edson Dávalos Rojas Acción de libertad Expediente: 66257-2024-133-AL Departamento: Santa Cruz En revisión la Resolución 21/2024 de 1 de agosto, cursante de fs. 30 a 32, pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Jhony Mamani Rojas y Filiberto Maita Guzmán, en representación sin mandato de María Leydi Jare Añez contra Mary Ruth Guerra Martínez, Jueza de Instrucción Penal Primera de Warnes del departamento de Santa Cruz.
La accionante, a través de sus representantes sin mandado, denunció la vulneración del debido proceso y sus derechos a la libertad y a una justicia pronta, oportuna y sin dilaciones; toda vez que, dentro del proceso penal que le sigue el Ministerio Público, por la presunta comisión del delito de violencia familiar y doméstica, la Jueza ahora demandada, el 28 de marzo de 2024, dispuso su detención preventiva por el lapso de cuatro meses en el Centro Penitenciario Palmasola de Santa Cruz, señalando audiencia para considerar su situación jurídica para el 29 de julio del mismo año; posteriormente, el Ministerio Público el 5 de junio de igual año, solicitó a la autoridad ahora demandada, señale audiencia para considerar y resolver el procedimiento abreviado; sin embargo, no fijó la misma en el plazo que señala el art. 328 del Código de Procedimiento Penal (CPP); añade que, si bien el 1 de julio del citado año, se realizó las Jornadas de Descongestionamiento en el referido Centro Penitenciario, en el que estuvieron todas las partes procesales, tampoco se resolvió la solicitud efectuada por el Ministerio Público; por lo que, ante esta situación, por memorial de 3 de julio del indicado año, solicitó nuevamente se fije la audiencia extrañada, no obstante, después de más de veinte días, emitió el decreto de 4 de igual mes y año, por el cual de manera sorpresiva, sin señalar la audiencia impetrada, estableció que no se encontraba el Acta de audiencia de medidas cautelares de 28 de marzo del mismo año, hecho que ocasionó que se suspendiera la audiencia programada para el 29 de julio de mismo año, destinada a resolver su situación jurídica. Por lo que solicitó que se ordene a la demandada, señalar la audiencia en el plazo que determina la ley, para considerar y resolver la salida alternativa de procedimiento abreviado. Mary Ruth Guerra Martínez, Jueza de Instrucción Penal Primera de Warnes del departamento de Santa Cruz, no presentó informe escrito alguno, tampoco asistió a la audiencia de garantías, pese su notificación, cursante a fs. 10. El Juez de Sentencia Penal, Anticorrupción y contra la Violencia hacia las Mujeres Décimo de la Capital del departamento de Santa Cruz, constituido en Juez de garantías, por Resolución 21/2024 de 1 de agosto, cursante de fs. 30 a 32, concedió la tutela impetrada, disponiendo que la autoridad jurisdiccional demandada, señale audiencia en el plazo de veinticuatro horas para resolver la salida alternativa de procedimiento abreviado. En consecuencia, corresponde en revisión, determinar si tales argumentos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
En el marco del Plan de Descongestionamiento Procesal, este Tribunal Constitucional Plurinacional, en reunión de Sala Plena de 14 de enero de 2026, estableció el uso del Formato Corto de Resolución para todas las causas comprendidas en el Plan Piloto. Determinación ratificada posteriormente, a través del Acuerdo Jurisdiccional de Sala Plena TCP-SP 010/2026 de 17 de junio, en el que se estableció la resolución de causas, mediante sentencias de aplicación de jurisprudencia reiterada. Asimismo, a través del Acuerdo Jurisdiccional de Sala Plena TCP-SP 013/2026 de 30 de julio, se dispuso la reconformación de Salas del Tribunal Constitucional Plurinacional; en cumplimiento a dicha determinación, la Comisión de Admisión de este Tribunal, procedió al sorteo de la presente causa.
Ahora bien en lo concerniente a la acción de libertad en su modalidad traslativa o de pronto despacho, la SC 0224/2004-R de 16 de febrero, sostuvo que: “…toda autoridad que conozca de una solicitud en la que se encuentre involucrado el derecho a la libertad física, tiene el deber de tramitarla con la mayor celeridad posible, o cuando menos dentro de los plazos razonables, pues de no hacerlo podría provocar una restricción indebida del citado derecho, lo que no significa, que siempre tendrá que otorgar o dar curso a la solicitud en forma positiva, pues esto dependerá de las circunstancias y las pruebas que se aporten en cada caso, dado que se reitera la lesión del derecho a la libertad física, está en la demora o dilación indebida de una solicitud de tal naturaleza…” (las negrillas nos pertenecen).
La accionante denunció que la Jueza ahora demandada, no señaló audiencia para considerar la salida alternativa de procedimiento abreviado, en el plazo que prevé el art. 328 del CPP, modificado por la Ley de Abreviación Procesal Penal y de Fortalecimiento de la Lucha Integral contra la Violencia a Niñas, Niños, Adolescentes y Mujeres - Ley 1173 de 3 de mayo de 2019-. En el caso de análisis, según los antecedentes compulsados en el expediente constitucional y lo manifestado por la solicitante de tutela, se tiene que, el 5 de junio de 2024, el Ministerio Público solicitó a la Jueza hoy demandada, señalamiento de audiencia para la consideración de procedimiento abreviado; empero, la demandada, no señaló la misma en el plazo que prevé el art. 328 del CPP (cuarenta y ocho horas); tampoco consideró dicha solicitud, en las Jornadas de Descongestionamiento efectuada el 1 de julio del citado año, efectuadas en el Centro Penitenciario Palmasola de Santa Cruz; ante aquello, la solicitante de tutela, presentó memorial de 3 del mismo mes y año, en el que solicitó nuevamente se fije la audiencia extrañada, escrito que mereció el decreto de 4 del indicado mes y año, en el que la demandada habría señalado que no se encontraba arrimado al expediente, el Acta de la audiencia de medidas cautelares de 23 de marzo del mismo año, hecho que también generó la suspensión de la audiencia de 29 de julio del precitado año, programada con anterioridad para la consideración de la situación jurídica de la accionante, al vencimiento del plazo de la detención preventiva. En ese contexto señalado, conforme al Fundamento Jurídico III.1 de este fallo constitucional, toda autoridad que conozca de una solicitud en la que se encuentre involucrado el derecho a la libertad física, tiene el deber de tramitarla con la mayor celeridad posible o cuando menos dentro de plazos razonables; así, al tenor de lo establecido por el art. 328.II del CPP, modificado por el art. 11 de la Ley 1173, cuando se formule solicitud de procedimiento abreviado y el imputado se encuentre detenido preventivamente, la audiencia deberá celebrarse dentro del plazo de cuarenta y ocho horas, habilitándose de ser preciso días y horas inhábiles; no obstante, la demandada, a pesar de la solicitud de señalamiento de audiencia para considerar el procedimiento abreviado, efectuada por el Ministerio Público el 5 de junio de 2024, hasta la interposición de la presente acción tutelar de 31 de julio del mismo año, no señaló la audiencia dentro del plazo de cuarenta y ocho horas que prevé el citado art. 328.II del CPP, modificado por la Ley 1173, al contrario, trascurrieron más de cincuenta y cinco días, en los cuales se generó una grosera dilación indebida que impidió que se defina oportunamente la situación jurídica de la impetrante de tutela, manteniéndola en incertidumbre; por lo que, corresponde conceder la tutela impetrada. En consecuencia, el Juez de garantías, al conceder la tutela solicitada, obró de forma correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 21/2024 de 1 de agosto, cursante de fs. 30 a 32, pronunciada por el Juez de Sentencia Penal, Anticorrupción y contra la Violencia hacia las Mujeres Décimo de la Capital del departamento de Santa Cruz; y, en consecuencia: 1° CONCEDER la tutela solicitada, conforme los fundamentos jurídicos desarrollados en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional; y, 2° Disponer que, la Jueza ahora demandada, de no haber señalado audiencia para consideración de procedimiento abreviado, fije la misma en un plazo máximo de veinticuatro horas, computables a partir de su legal notificación con el presente fallo constitucional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Fdo. Ángel Edson Dávalos Rojas
MAGISTRADO
Fdo. Dra. Amalia Laura Villca
MAGISTRADA
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_1734_2026-S1.pdf · páginas 1 a 5.
Huella digital del PDF (SHA-256): 3fbf5b8f74093311b28db4791b3c43fc03d503acdb16fd94c108a736006e5c15
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