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SCP 1732/2026-S1

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Primera Especializada · 10 de agosto de 2026

Concede en parte la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Primera Especializada
Fecha
10 de agosto de 2026
Acción
Acción de libertad
Magistrado relator
Ángel Edson Dávalos Rojas
Expediente
66248-2024-133-AL
Departamento
La Paz
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de libertad — traslativa / pronto despacho

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR en parte la Resolución 15/2024 de 24 de junio, cursante de fs. 66 a 68, pronunciada por el Tribunal de Sentencia Penal, Anticorrupción y contra la Violencia hacia las Mujeres Segundo de El Alto del departamento de La Paz; y, en consecuencia: 1° CONCEDER en parte la tutela solicitada, únicamente respecto a Lucio Fermín Flores Alarcón, Juez de Instrucción Penal, Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Octavo de El Alto del departamento de La Paz, manteniendo la disposición asumida por el Tribunal de garantías. 2° DENEGAR la tutela impetrada, respecto a Nelly Pairumani Choquechambi, Secretaria; y, Edwin Henry Loayza Gironda, Auxiliar, ambos del Juzgado de Instrucción Penal, Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Octavo de El Alto del departamento de La Paz, de conformidad a los fundamentos jurídicos del presente fallo constitucional.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. De la acción de libertad traslativa o de pronto despacho.
  2. III.2. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1732/2026-S1 Sucre, 10 de agosto de 2026 SALA PRIMERA ESPECIALIZADA Magistrado Relator: Ángel Edson Dávalos Rojas Acción de libertad Expediente: 66248-2024-133-AL Departamento: La Paz En revisión la Resolución 15/2024 de 24 de junio, cursante de fs. 66 a 68, pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por René Yujra Loza contra Lucio Fermín Flores Alarcón, Juez; Nelly Pairumani Choquechambi, Secretaria; y, Edwin Henry Loayza Gironda, Auxiliar, todos del Juzgado de Instrucción Penal, Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Octavo de El Alto del departamento de La Paz.

I. OBJETO PROCESAL

El accionante, por memorial presentado el 23 de julio de 2024, cursante de fs. 4 a 5 vta., denunció la lesión al debido proceso y la vulneración de sus derechos a la libertad, locomoción; toda vez que, dentro del proceso penal seguido en su contra por la presunta comisión del delito de violación, el 4 de junio de 2024, solicitó la cesación de su detención domiciliaria; sin embargo, pese a contar con el plazo de cuarenta y ocho horas para fijar audiencia, la misma no se señaló, aspecto que constituyó una dilación indebida que prolonga de manera arbitraria la restricción de su libertad. Por lo descrito, solicitó se conceda la tutela impetrada y se señale audiencia. Lucio Fermín Flores Alarcón, Juez de Instrucción Penal, Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Octavo de El Alto del departamento de La Paz, por informe escrito de 24 de julio de 2024, cursante de fs. 30 a 32 vta., refirió que la acción carece de fundamento; puesto que, en el proceso debía aplicarse con preferencia la Ley Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia -Ley 348 de 9 de marzo de 2013- y los tratados internacionales como la CEDAW y Belém do Pará, bajo la perspectiva de género. Además, que existe un sobreseimiento pendiente de revisión jerárquica y al momento de la solicitud del impetrante de tutela, el caso figuraba como cerrado y archivado en el sistema JL.2 del Ministerio Público, sin Fiscal asignado; razón por la cual, emitió decreto el 5 de junio de 2024, oficiando a la Fiscalía Departamental para habilitar el proceso, sin obtener respuesta. El solicitante de tutela, cumplía medidas cautelares de detención domiciliaria con salidas laborales, y que la falta de señalamiento de audiencia no era atribuible a su autoridad sino a la impericia del abogado defensor. Nelly Pairumani Choquechambi, Secretaria del Juzgado de Instrucción Penal, Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Octavo de El Alto del departamento de La Paz, a través de informe escrito de 23 de julio del precitado año, cursante de fs. 12 a 13, refirió que el proceso seguido contra el accionante se encontraba cerrado y archivado en el Sistema JL.2 del Ministerio Público, sin Fiscal asignado. En cumplimiento del decreto de 5 de junio de 2024, se ofició a la Fiscalía Departamental para habilitar o desarchivar el cuaderno de control jurisdiccional, pero hasta la fecha no hubo respuesta ni apersonamiento de Fiscal alguno. Finalmente, sostuvo que la acción debía dirigirse contra el Ministerio Público y no contra su persona. Edwin Henry Loayza Gironda, Auxiliar del Juzgado de Instrucción Penal, Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Octavo de El Alto del departamento de La Paz, a través de informe cursante a fs. 61, refirió que asumió funciones recién el 10 de junio de 2024, tras el abandono de su antecesora, lo que generó desorden y perjuicios en el despacho. Desde su posesión el cuaderno de control jurisdiccional del caso se encontraba a la vista y en orden, sin haberse vulnerado derecho alguno de las partes. En consecuencia, sostuvo que la acción de libertad interpuesta en su contra carecía de fundamento. El Tribunal de Sentencia Penal, Anticorrupción y contra la Violencia hacia las Mujeres Segundo de El Alto del departamento de La Paz, constituido en Tribunal de garantías, por Resolución 15/2024 de 24 de junio, cursante de fs. 66 a 68, concedió la tutela solicitada disponiendo el señalamiento de audiencia en el plazo de cuarenta y ocho horas con notificación a la Fiscalía Departamental. En consecuencia, corresponde en revisión, determinar si tales argumentos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

II. Trámite Procesal en el Tribunal Constitucional Plurinacional

En el marco del Plan de Descongestionamiento Procesal, este Tribunal Constitucional Plurinacional, en reunión de Sala Plena de 14 de enero de 2026, estableció el uso del Formato Corto de Resolución para todas las causas comprendidas en el Plan Piloto. Determinación ratificada posteriormente, a través del Acuerdo Jurisdiccional de Sala Plena TCP-SP 010/2026 de 17 de junio, en el que se estableció la resolución de causas, mediante sentencias de aplicación de jurisprudencia reiterada. Asimismo, a través del Acuerdo Jurisdiccional de Sala Plena TCP-SP 013/2026 de 30 de julio, se dispuso la reconformación de Salas del Tribunal Constitucional Plurinacional; en cumplimiento a dicha determinación, la Comisión de Admisión de este Tribunal, procedió al sorteo de la presente causa.

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

III.1. De la acción de libertad traslativa o de pronto despacho.

En cuanto a la acción de libertad traslativa o de pronto despacho, la SC 0044/2010-R de 20 de abril, ampliando la clasificación doctrinal del recurso de hábeas corpus, ahora acción de libertad identificando, además al efectuada por la SC 1579/2004-R de 1 de octubre, realizó la clasificación al hábeas corpus: “1) Restringido, ante limitaciones del ejercicio del derecho a la libertad; 2) Instructivo, que procede cuando el derecho a la libertad se encuentra vinculado al derecho a la vida; y, 3) Traslativo o de pronto despacho, a través del cual se busca acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas, para resolver la situación jurídica de la persona privada de libertad”; entendida esta última como el mecanismo idóneo cuando se busca: “…acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas para resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad, precisamente para la concreción del valor libertad, el principio de celeridad y el respeto a los derechos” (SCP 0011/2014 de 3 de enero [el resaltado es nuestro]).

III.2. Análisis del caso concreto

El accionante denunció dilación en el señalamiento de audiencia de cesación a la detención domiciliaria solicitada dentro del proceso penal seguido en su contra.

A partir de lo descrito, conforme a lo expuesto en el Fundamento Jurídico III.1 de este fallo constitucional, la acción de libertad en su modalidad traslativa o de pronto despacho tiene por finalidad acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas que afectan la resolución de la situación jurídica de una persona privada de libertad. En el caso concreto, se advierte que el 4 de junio de 2024, el impetrante de tutela, presentó memorial solicitando la cesación a su detención (fs. 3 y vta.), misma que fue resuelta por Decreto de 5 de ese mes y año, indicando que según el sistema JL.2, el caso se encontraría cerrado; por lo que, no existe Fiscal habilitado para su notificación (fs. 34).

De lo descrito, se evidencia que el actuar del Juez ahora demandado se constituye en lesivo; puesto que, el mismo no podía rechazar la solicitud de consideración de la detención domiciliaria del solicitante de tutela, argumentando que el sistema marcaría el proceso como cerrado; y, si la referida autoridad dudaba sobre qué Fiscal de materia ejercía el control funcional de la investigación, la notificación debió realizarla al Fiscal Departamental a efectos que el mismo designe al Fiscal de Materia correspondiente, cumpliéndose de esta manera con la notificación exigida y suficiente para el desarrollo de la audiencia; por ende, con el Decreto de rechazo se generó una dilación indebida de veinte días (hasta la presentación de esta acción tutelar) sin consideración de la situación jurídica del accionante vulnerando el principio de celeridad vinculado a la libertad y el debido proceso. Es pertinente aclarar que la responsabilidad en el presente caso, únicamente corresponde al Juez ahora demandado; pues, el Decreto de rechazo de audiencia se constituye en acto generador de la dilación, no existiendo en la resolución del mismo, intervención de la Secretaria ni del Auxiliar, también demandados. En consecuencia, el Tribunal de garantías, al conceder la tutela impetrada, obró de forma parcialmente correcta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR en parte la Resolución 15/2024 de 24 de junio, cursante de fs. 66 a 68, pronunciada por el Tribunal de Sentencia Penal, Anticorrupción y contra la Violencia hacia las Mujeres Segundo de El Alto del departamento de La Paz; y, en consecuencia: 1° CONCEDER en parte la tutela solicitada, únicamente respecto a Lucio Fermín Flores Alarcón, Juez de Instrucción Penal, Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Octavo de El Alto del departamento de La Paz, manteniendo la disposición asumida por el Tribunal de garantías. 2° DENEGAR la tutela impetrada, respecto a Nelly Pairumani Choquechambi, Secretaria; y, Edwin Henry Loayza Gironda, Auxiliar, ambos del Juzgado de Instrucción Penal, Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Octavo de El Alto del departamento de La Paz, de conformidad a los fundamentos jurídicos del presente fallo constitucional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Fdo. Ángel Edson Dávalos Rojas

MAGISTRADO

Fdo. Dra. Amalia Laura Villca

MAGISTRADA

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_1732_2026-S1.pdf · páginas 1 a 5.

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