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SCP 1729/2026-S1

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Primera Especializada · 10 de agosto de 2026

Concede la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Primera Especializada
Fecha
10 de agosto de 2026
Acción
Acción de libertad
Magistrado relator
Ángel Edson Dávalos Rojas
Expediente
66211-2024-133-AL
Departamento
La Paz
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de libertad — traslativa / pronto despacho

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 203/2024 de 17 de julio, cursante de fs. 24 a 25 vta., pronunciada por el Juez de Instrucción Penal, Anticorrupción y contra la Violencia hacia las Mujeres Segundo de la Capital del departamento de La Paz; y, en consecuencia, CONCEDER la tutela solicitada, en los mismos términos expresados por el Juez de garantías.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. De la acción de libertad traslativa o de pronto despacho
  2. III.2. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1729/2026-S1 Sucre, 10 de agosto de 2026 SALA PRIMERA ESPECIALIZADA Magistrado Relator: Ángel Edson Dávalos Rojas Acción de libertad Expediente: 66211-2024-133-AL Departamento: La Paz En revisión la Resolución 203/2024 de 17 de julio, cursante de fs. 24 a 25 vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Fabiola Peñaloza Millares en representación sin mandato de Arnaldo Andrés Copari Soleto contra Rosario Guarachi Orosco, Secretaria y Gabriela Jemio Cuqui, Oficial de Diligencias ambas del Tribunal de Sentencia Penal Primero de Caranavi del departamento de La Paz.

I. OBJETO PROCESAL

El accionante, mediante memorial presentado el 16 de julio de 2024, cursante de fs. 10 a 11, denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad de locomoción y al debido proceso; toda vez que, dentro del proceso penal seguido en su contra por la presunta comisión del delito de homicidio, se emitió acusación formal y, en razón de la naturaleza del ilícito, el caso fue remitido al Tribunal de Sentencia Penal Primero de Caranavi del departamento de La Paz; sin embargo, las ahora demandadas, se negaron a recibir el proceso, alegando que debía ingresar por plataforma, extremo que no corresponde, pues dicha exigencia aplica únicamente a causas nuevas; por lo que, con tal actuación se generó una indebida retardación de justicia, privándole del derecho a demostrar su inocencia en juicio oral; por lo descrito, solicita se conceda la tutela y se ordene a las demandadas se abstengan de obstaculizar la recepción del legajo de acusación. Gabriela Jemio Cuqui, Oficial de Diligencias del Tribunal de Sentencia Penal Primero de Caranavi del departamento de La Paz, por informe presentado el 17 de julio de 2024, cursante a fs. 18 y vta., refirió que en ningún momento se negó la recepción de algún expediente; asimismo, se debe considerar que la dilación de ninguna manera fue generada por su persona, pues la acusación fue presentada el 8 de abril de igual año y el oficio de remisión es de 11 de julio de ese año, por lo que el retardo es atribuible al Juzgado de Instrucción; finalmente, el accionante nunca se apersonó por despacho a efectos de corroborar o hacer seguimiento respecto a si el expediente fue remitido a esa instancia. Rosario Guarachi Orosco, Secretaria del Tribunal de Sentencia Penal Primero de Caranavi del departamento de La Paz, no se presentó en audiencia ni remitió informe, pese a su legal notificación cursante a fs. 13. El Juez de Instrucción Penal, Anticorrupción y contra la Violencia hacia las Mujeres Segundo de la Capital del departamento de La Paz, constituido en Juez de garantías, por Resolución 203/2024 de 17 de julio, cursante de fs. 24 a 25 vta., concedió la tutela solicitada, disponiendo que las funcionarias demandadas deben recepcionar las causas sin observaciones. En consecuencia, corresponde en revisión, determinar si tales argumentos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

II. Trámite Procesal en el Tribunal Constitucional Plurinacional

En el marco del Plan de Descongestionamiento Procesal, este Tribunal Constitucional Plurinacional, en reunión de Sala Plena de 14 de enero de 2026, estableció el uso del Formato Corto de Resolución para todas las causas comprendidas en el Plan Piloto. Determinación ratificada posteriormente, a través del Acuerdo Jurisdiccional de Sala Plena TCP-SP 010/2026 de 17 de junio, en el que se estableció la resolución de causas, mediante sentencias de aplicación de jurisprudencia reiterada. Asimismo, a través del Acuerdo Jurisdiccional de Sala Plena TCP-SP 013/2026 de 30 de julio, se dispuso la reconformación de Salas del Tribunal Constitucional Plurinacional; en cumplimiento a dicha determinación, la Comisión de Admisión de este Tribunal, procedió al sorteo de la presente causa.

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

III.1. De la acción de libertad traslativa o de pronto despacho

En cuanto a la acción de libertad traslativa o de pronto despacho, la SC 0044/2010-R de 20 de abril, ampliando la clasificación doctrinal del recurso de hábeas corpus, ahora acción de libertad identificando, además al efectuada por la SC 1579/2004-R de 1 de octubre, realizó la clasificación al hábeas corpus: “1) Restringido, ante limitaciones del ejercicio del derecho a la libertad; 2) Instructivo, que procede cuando el derecho a la libertad se encuentra vinculado al derecho a la vida; y, 3) Traslativo o de pronto despacho, a través del cual se busca acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas, para resolver la situación jurídica de la persona privada de libertad”; entendida esta última como el mecanismo idóneo cuando se busca: “…acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas para resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad, precisamente para la concreción del calor libertad, el principio de celeridad y el respeto a los derechos” [SCP 0011/2014 de 3 de enero (el resaltado es nuestro)].

III.2. Análisis del caso concreto

El accionante denuncia la lesión de su derecho a la libertad de locomoción y al debido proceso; toda vez que, ante la presentación de acusación formal, las ahora demandadas, se negaron a recepcionar el proceso, alegando que este debía pasar por plataforma, pese a que dicha exigencia es solo para causas nuevas, por lo que se generó una dilación indebida que le priva del derecho a demostrar su inocencia en juicio oral. En consideración a los hechos denunciados, corresponde precisar que, conforme al Fundamento Jurídico III.1 del presente fallo constitucional, la acción de libertad traslativa o de pronto despacho, busca acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas, para resolver la situación jurídica de la persona privada de libertad; es decir, es el mecanismo idóneo para la concreción del valor libertad, el principio de celeridad y el respeto a los derechos. En el caso concreto, del expediente constitucional, se tiene la “RESOLUCIÓN DE ACUSACIÓN FISCAL” (sic), emitida por el Ministerio Público dentro de la causa con Código Único de Denuncia (CUD) 220102102300316, seguida contra Arnaldo Andree Copari Soleto -accionante- (fs. 1 a 6); en tal sentido, cursa el oficio de remisión del cuaderno de control jurisdiccional de dicho proceso al Tribunal de Sentencia Penal Primero de Caranavi del departamento de La Paz -sin cargo de recepción- (fs. 7); no obstante, también consta el Informe de 12 de julio de 2024 de la Secretaria del Juzgado Público de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primero de la misma localidad y departamento dirigido al titular de su Juzgado, señalando que Gabriela Jemio Cuqui, Oficial de Diligencias del referido Tribunal de Sentencia -codemandada- le refirió que no podía recibirle el cuaderno de control jurisdiccional, en razón a que el mismo debía ser remitido a través del Sistema Integrado de Registro Judicial [SIREJ (fs. 8)]. Por su parte, la codemandada Gabriela Jemio Cuqui, en su informe dirigido al Juez de garantías, no desvirtuó las denuncias formuladas por el accionante y el informe de la Secretaria del Juzgado Público de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primero de Caranavi del departamento de La Paz, atinando simplemente a señalar que en ningún momento se negó la recepción de algún expediente, que la dilación es más bien atribuible al Juzgado de Instrucción y, que, el prenombrado nunca se apersonó por despacho a efectos de corroborar o hacer seguimiento respecto a si el expediente fue remitido a esa instancia; sin embargo, no acredita ninguna de estas aseveraciones. Respecto de la demandada Rosario Guarachi Orosco, no presentó informe escrito ni compareció en audiencia, a pesar de haber sido notificada según consta en la diligencia cursante a fs. 13. Por lo previamente glosado, se advierte que la supuesta negativa de recepción de la causa, bajo el argumento de que debía ser ingresada a través de plataforma como si fuera causa nueva, bajo el razonamiento de la jurisprudencia constitucional invocada, constituye una dilación indebida que vulnera el principio de celeridad, vinculado en el caso concreto con el derecho a la libertad del accionante, quien se encuentra privado de este derecho y conforme a los motivos expresados en su acción tutelar, tiene la pretensión de demostrar su inocencia en juicio oral, y la retardación generada por la omisión en la que incurrieron las demandadas, incide en este derecho; razón por la cual, corresponde conceder la tutela impetrada, disponiendo que las prenombradas servidoras de apoyo jurisdiccional reciban el expediente signado con el CUD 220102102300316, sin exigir formalidades establecidas al margen de la ley e imprimiendo celeridad en sus actuados. En consecuencia, el Juez de garantías, al conceder la tutela impetrada, obró de forma correcta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 203/2024 de 17 de julio, cursante de fs. 24 a 25 vta., pronunciada por el Juez de Instrucción Penal, Anticorrupción y contra la Violencia hacia las Mujeres Segundo de la Capital del departamento de La Paz; y, en consecuencia, CONCEDER la tutela solicitada, en los mismos términos expresados por el Juez de garantías. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Fdo. Ángel Edson Dávalos Rojas

MAGISTRADO

Fdo. Dra. Amalia Laura Villca

MAGISTRADA

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_1729_2026-S1.pdf · páginas 1 a 5.

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