Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Primera Especializada · 10 de agosto de 2026
Concede la tutela
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 22/2024 de 23 de julio, cursante de fs. 22 a 24, pronunciada por la Jueza de Sentencia Penal Décimo Segunda de la Capital del departamento de La Paz; y, en consecuencia: 1° CONCEDER la tutela solicitada, conforme a los fundamentos jurídicos de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional; y, 2° Exhortando a que, en el futuro se evite incurrir en acciones u omisiones que generen lesión a derechos fundamentales y garantías constitucionales, sobre todo en aquellos casos vinculados con el derecho a la libertad.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1728/2026-S1 Sucre, 10 de agosto de 2026 SALA PRIMERA ESPECIALIZADA Magistrado Relator: Ángel Edson Dávalos Rojas Acción de libertad Expediente: 66199-2024-133-AL Departamento: La Paz En revisión la Resolución 22/2024 de 23 de julio, cursante de fs. 22 a 24, pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Daniel Nelson Quisbert Sea en representación sin mandato de Rolando Iván Ayaviri Cabero contra Claudia Marcela Castro Dorado, ex Vocal de la Sala Penal Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz.
El accionante a través de su representante sin mandato, denuncia la lesión de sus derechos al debido proceso en su elemento de celeridad, a una justicia pronta y oportuna, a la libertad y al acceso a la justicia; toda vez que, dentro del proceso penal seguido en su contra por el Ministerio Público, por la presunta comisión del delito de uso indebido de influencias, el Juez de la causa mediante Auto Interlocutorio 078/2024 de 21 de febrero, le impuso la externa medida cautelar de la detención preventiva, a cumplir en el Centro Penitenciario San Pedro de La Paz por el lapso de dos meses, ampliando esa duración a través del Auto Interlocutorio 227/2024 de 6 de junio, por otros cuarenta y cinco días. Es así que, contra esa última determinación interpuso el correspondiente recurso de apelación incidental, que recayó en la Sala Penal Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, mereciendo el Auto de Vista 420/2024 de 29 de junio; por el que, la ex Vocal ahora demandada lo declaró improcedente, omitiendo hasta la interposición de esta acción tutelar -22 de julio de 2024-, devolver el cuaderno de control jurisdiccional al Juzgado de origen, ocasionando que se suspenda la audiencia programada para la consideración de su situación jurídica, fijada para el 22 de julio del mismo año. Por consiguiente, solicitó que se ordene la devolución inmediata del expediente de la causa al Juzgado de instancia.
Claudia Marcela Castro Dorado, ex Vocal de la Sala Penal Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, por informe escrito cursante a fs. 19 y vta., señaló que el Auto de Vista 420/2024, fue emitido dentro de los plazos legales, procediéndose a la devolución de los antecedentes al Juzgado de instancia a pesar que su Sala no cuenta con Auxiliar Dactilógrafo desde la gestión pasada; por lo que, solicitó se deniegue la tutela impetrada. La Jueza de Sentencia Penal Décimo Segunda de la Capital del departamento de La Paz, constituida en Jueza de garantías por Resolución 22/2024 de 23 de julio, cursante de fs. 22 a 24, concedió la tutela solicitada, recomendando al personal de apoyo jurisdiccional que, en el cumplimiento de sus funciones, actúen con eficacia y eficiencia; más aún, en aquellas causas y solicitudes que se encuentren vinculadas con el derecho a la libertad. Ello bajo el fundamento de que si bien por la carga procesal los Vocales y Jueces no podrían estar pendientes de la devolución de cada causa, el Secretario o incluso el personal auxiliar debe necesariamente ejercer el control de ello activando los mecanismos que correspondan; más aún, cuando se trate de remisiones con carácter urgente, como en la presente causa en la que se tenía programada la audiencia de consideración de la situación jurídica del accionante. En consecuencia, corresponde en revisión, determinar si tales argumentos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
En el marco del Plan de Descongestionamiento Procesal, este Tribunal Constitucional Plurinacional, en reunión de Sala Plena de 14 de enero de 2026, estableció el uso del Formato Corto de Resolución para todas las causas comprendidas en el Plan Piloto. Determinación ratificada posteriormente, a través del Acuerdo Jurisdiccional de Sala Plena TCP-SP 010/2026 de 17 de junio, en el que se estableció la resolución de causas, mediante sentencias de aplicación de jurisprudencia reiterada. Asimismo, a través del Acuerdo Jurisdiccional de Sala Plena TCP-SP 013/2026 de 30 de julio, se dispuso la reconformación de Salas del Tribunal Constitucional Plurinacional; en cumplimiento a dicha determinación, la Comisión de Admisión de este Tribunal, procedió al sorteo de la presente causa.
Recogiendo el sentido finalista de protección de la acción de libertad innovativa, la SCP 0266/2018-S2 de 25 de junio, sentencia sistematizadora de línea, concluyó lo siguiente:
[E]fectivamente, debe señalarse que la acción de libertad innovativa, radica fundamentalmente, en que todo acto contrario al régimen constitucional, que implique desconocimiento o comprometa la eficacia de los derechos tutelados por esta garantía jurisdiccional, debe ser repudiado por la justicia constitucional. Así, el propósito fundamental de la acción de libertad innovativa, es evitar que en el futuro se repitan y reproduzcan los actos contrarios a la eficacia y vigencia de los derechos a la vida, la libertad física y de locomoción. En ese sentido, no se protegen únicamente los derechos de la persona que interpuso la acción de libertad; sino, su vocación principal es que en lo sucesivo, no se repitan las acciones cuestionadas de ilegales; en razón a que, como lo entendió la jurisprudencia constitucional, la acción de libertad se activa no simplemente para proteger derechos desde una óptica subjetiva, sino también, desde una dimensión objetiva, evitando que se reiteren aquellas conductas que lesionan los derechos que se encuentran dentro del ámbito de su protección y que fundamentan todo el orden constitucional. […]
Conforme al espíritu de esta línea jurisprudencial, la figura de la acción de libertad innovativa, debe ser entendida como el mecanismo procesal, por el cual, el juez constitucional asume un rol fundamental para la protección del derecho a la libertad personal, así como de los derechos a la vida, integridad física, debido proceso y libertad de locomoción; pues, si bien pueden haber cesado las vulneraciones a dichos derechos, empero, la ilegalidad fue consumada; por ello, a efecto de determinar la responsabilidad del caso y contribuir con la política criminal de prevención, corresponderá pronunciarse en el fondo de la problemática planteada, a efectos de determinar la responsabilidad de las autoridades, la comunidad o persona particular, cuya conducta sea contraria al orden constitucional y evitar futuras lesiones de derechos fundamentales y garantías constitucionales.
El accionante a través de su representante sin mandato, denuncia que la ex Vocal ahora demandada, después de resolver el recurso de apelación incidental que interpuso contra el Auto Interlocutorio 227/2024, que determino ampliar su detención preventiva por cuarenta y cinco días más; hasta la interposición de la presente acción tutelar -22 de julio de 2024-, no dispuso la devolución del cuaderno de control jurisdiccional al Juzgado de instancia. En ese sentido, de la revisión de los antecedentes cursantes en obrados, se evidencia la existencia del Auto Interlocutorio 227/2024, cursante de fs. 4 a 5 y vta.; por el cual, el Juez de la causa determinó la ampliación de la detención preventiva del ahora impetrante de tutela por cuarenta y cinco días más; decisión que fue recurrida en el mismo acto procesal; y, por decreto cursante a fs. 6, la Secretaria de la Sala Penal Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz señaló audiencia de apelación incidental de medida cautelar para el 29 de junio de 2024, a horas 16:30. Asimismo, del oficio de 22 de julio de dicho año, cursante a fs. 17 y vta., se tiene que la referida Secretaria de Sala procedió a la devolución de los antecedentes del proceso penal de referencia al Juzgado de instancia, siendo recepcionados los mismos por el Juzgado de Instrucción Penal, Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Décimo Sexto de la Capital del departamento de La Paz a horas 15:02 de ese día. Así las cosas, en el presente caso es necesario precisar que, en el marco de la jurisprudencia constitucional, toda autoridad que conozca de una solicitud en la que se encuentre involucrado el derecho a la libertad física, tiene el deber de tramitarla con la mayor celeridad posible, o cuando menos dentro de los plazos previstos en nuestro ordenamiento jurídico. Así, el recurso de apelación incidental deberá ser resuelto en el plazo de tres días, para posteriormente, en el término de veinticuatro horas, procederse a la devolución de los antecedentes al Juzgado de origen (SCP 2077/2012 de 8 de noviembre) adjuntando el correspondiente acta y auto de vista que resuelva dicho recurso. En consecuencia, teniendo presente los antecedentes descritos, se advierte que desde la emisión del Auto de Vista 420/2024, hasta la devolución de los antecedentes extrañados al Juez de la causa, con cargo de recepción de 22 de julio de 2024, a horas 15:02, trascurrieron más de veintidós días en los que no se efectivizó dicha devolución, cuando de conformidad con la jurisprudencia constitucional glosada precedentemente, dicha devolución debió ejecutarse en el plazo de veinticuatro horas; dilación indebida que incluso ocasionó que por la falta de tal devolución de antecedentes, se suspenda la audiencia de consideración de la situación jurídica del solicitante de tutela, programada para el 22 de julio del mismo año, a horas 09:30. En ese contexto, si bien la ex Vocal ahora demandada en su informe escrito, manifestó que la labor de transcripción corresponde a los Auxiliares Dactilógrafos y la devolución ya fue efectuada; no obstante, de acuerdo con la SCP 0427/2015-S2 de 29 de abril, a la demandada, como autoridad revestida de jurisdicción, le corresponde impartir instrucciones al personal de apoyo jurisdiccional y realizar el seguimiento correspondiente; puesto que, de no cumplir con estas funciones, también asume la responsabilidad por ser la autoridad titular del despacho judicial. En dicho mérito, en el marco de la jurisprudencia emitida por este Tribunal, al ser evidente la actitud pasiva que adoptó la ex Vocal hoy demandada al no supervisar el cumplimiento de las funciones del personal de apoyo jurisdiccional, contribuyó en la dilación indebida en la devolución de antecedentes al Juzgado de instancia por más de veintidós días; por lo que, es evidente la vulneración del principio de celeridad, que en el caso analizado se encuentra vinculado con el derecho a la libertad del accionante.
No obstante, es menester resaltar que, si bien el petitorio del impetrante de tutela ya fue satisfecho con la devolución de antecedentes extrañada, en el marco del Fundamento Jurídico III.1 del presente fallo constitucional, corresponde a esta jurisdicción exhortar a que en el futuro, se eviten acciones u omisiones que generen lesión a derechos fundamentales y garantías constitucionales, sobre todo en aquellos casos vinculados con el derecho a la libertad. En consecuencia, la Jueza de garantías, al conceder la tutela impetrada, aunque con otros argumentos, obró de forma correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 22/2024 de 23 de julio, cursante de fs. 22 a 24, pronunciada por la Jueza de Sentencia Penal Décimo Segunda de la Capital del departamento de La Paz; y, en consecuencia: 1° CONCEDER la tutela solicitada, conforme a los fundamentos jurídicos de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional; y, 2° Exhortando a que, en el futuro se evite incurrir en acciones u omisiones que generen lesión a derechos fundamentales y garantías constitucionales, sobre todo en aquellos casos vinculados con el derecho a la libertad. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Fdo. Ángel Edson Dávalos Rojas
MAGISTRADO
Fdo. Dra. Amalia Laura Villca
MAGISTRADA
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_1728_2026-S1.pdf · páginas 1 a 5.
Huella digital del PDF (SHA-256): 5b0c8a77a9c2aae08fdf4ce60b2e25fcf700562ca046d32325ffdc83b9e6c8aa
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