Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Primera Especializada · 10 de agosto de 2026
Concede la tutela
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 12/2024 de 30 de julio, cursante de fs. 19 a 25, pronunciada por la Jueza de Ejecución Penal Tercera de la Capital del departamento de Cochabamba; y, en consecuencia: 1° CONCEDER la tutela solicitada, conforme los fundamentos jurídicos del presente fallo constitucional; y, 2° Disponer que la Jueza ahora demandada, lleve adelante la audiencia de consideración de modificación de medidas cautelares sustitutivas a la detención preventiva, en los mismos términos expuestos por la Jueza de garantías.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1726/2026-S1 Sucre, 10 de agosto de 2026 SALA PRIMERA ESPECIALIZADA Magistrado Relator: Ángel Edson Dávalos Rojas Acción de libertad Expediente: 66160-2024-133-AL Departamento: Cochabamba En revisión la Resolución 12/2024 de 30 de julio, cursante de fs. 19 a 25, pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Alejandro Prieto Velásquez en representación sin mandato de Limber Mamani Ayala contra María Teresa Apaza Paz, Jueza de Instrucción Penal Tercera de Quillacollo del departamento de Cochabamba.
El accionante a través de su representante sin mandato, denuncia la lesión de su derecho a la libertad; toda vez que, dentro del proceso penal seguido en su contra por el Ministerio Público, por la presunta comisión de los delitos de homicidio en grado de tentativa y lesiones gravísimas, el 14 de mayo de 2024, la Jueza ahora demandada a tiempo de determinar la cesación de su detención preventiva, le impuso medidas cautelares de carácter personal que debían ser cumplidas previamente a la emisión de su mandamiento de libertad, consistentes en arraigo y fianza personal con la presentación de dos garantes solventes. En ese sentido, al ser esa última medida cautelar de imposible cumplimiento por la publicidad que adquirió su caso, por memorial de 9 de julio del mismo año, solicitó a la señalada Jueza la sustitución de dicha medida cautelar por la de fianza económica, señalándose audiencia virtual de consideración de esa solicitud para el 19 del indicado mes y año. Sin embargo, dicha audiencia fue suspendida debido a que su persona no pudo conectarse por no tener acceso a un teléfono celular, reprogramándose para el 26 de igual mes y año, fecha en la que ante la ausencia de la Secretaria de Juzgado por acefalía del cargo, nuevamente fue reprogramada la referida audiencia para el 31 del indicado mes y año, a horas 11:45. Empero, en razón a que el Ministerio Público presentó la correspondiente acusación formal en su contra, la Jueza hoy demandada por decreto de 29 del citado mes y año, de oficio suspendió de forma arbitraria e ilegal todas las audiencias programadas, pese a que todavía no existía auto de radicatoria del respectivo Juez o Tribunal de Sentencia, y por tanto aún tenía competencia para resolver su caso. Por consiguiente, solicitó que se ordene a la Jueza ahora demandada no suspender la audiencia de modificación de medida cautelar programada para el 31 del referido mes y año. María Teresa Apaza Paz, Jueza de Instrucción Penal Tercera de Quillacollo del departamento de Cochabamba, por informe escrito cursante a fs. 16 y vta., manifestó que su Juzgado no cuenta con Secretaria, siendo indispensable su presencia; toda vez que, la causa de la que deviene esta acción de defensa cuenta con treinta y seis cuerpos. Además, el 26 de julio de 2024, el Ministerio Público presentó la correspondiente acusación formal contra el hoy accionante; y el 29 de igual mes y año, estando dentro de plazo emitió el respectivo auto de remisión, recayendo la causa de referencia en el Tribunal de Sentencia Penal Segundo de Quillacollo del departamento de Cochabamba; con lo cual, perdió el acceso al sistema para conocer la causa. En tal sentido, habiendo remitido la causa al señalado Tribunal de Sentencia, desconoce las actuaciones posteriores; por lo que, solicitó se deniegue la tutela impetrada. La Jueza de Ejecución Penal Tercera de la Capital del departamento de Cochabamba, constituida en Jueza de garantías, mediante Resolución 12/2024 de 30 de julio, cursante de fs. 19 a 25, concedió la tutela solicitada disponiendo que la Jueza ahora demandada lleve a cabo la audiencia de modificación de medida cautelar programada para el 31 de julio de 2024, a horas 11:45. Ello bajo el fundamento de que, al no tenerse constancia de la radicatoria del proceso penal de referencia en un Juzgado o Tribunal de Sentencia, como manifestó la referida Jueza; y toda vez que, habiendo sido beneficiado el impetrante de tutela con la cesación de su detención preventiva, aún no se efectiviza la misma estando pendiente de resolución su situación jurídica, en virtud al principio de celeridad con relación a solicitudes vinculadas al derecho a la libertad, la mencionada Jueza debe resolver tal situación. En consecuencia, corresponde en revisión, determinar si tales argumentos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
En el marco del Plan de Descongestionamiento Procesal, este Tribunal Constitucional Plurinacional, en reunión de Sala Plena de 14 de enero de 2026, estableció el uso del Formato Corto de Resolución para todas las causas comprendidas en el Plan Piloto. Determinación ratificada posteriormente, a través del Acuerdo Jurisdiccional de Sala Plena TCP-SP 010/2026 de 17 de junio, en el que se estableció la resolución de causas, mediante sentencias de aplicación de jurisprudencia reiterada. Asimismo, a través del Acuerdo Jurisdiccional de Sala Plena TCP-SP 013/2026 de 30 de julio, se dispuso la reconformación de Salas del Tribunal Constitucional Plurinacional; en cumplimiento a dicha determinación, la Comisión de Admisión de este Tribunal, procedió al sorteo de la presente causa.
En cuanto a la acción de libertad traslativa o de pronto despacho, la SC 0044/2010-R de 20 de abril, ampliando la clasificación doctrinal del recurso de hábeas corpus, ahora acción de libertad, identificando además la interpretación efectuada por la SC 1579/2004-R de 1 de octubre, realizó la siguiente clasificación al hábeas corpus: “1) Restringido, ante limitaciones del ejercicio del derecho a la libertad; 2) Instructivo, que procede cuando el derecho a la libertad se encuentra vinculado al derecho a la vida; y, 3) Traslativo o de pronto despacho, a través del cual se busca acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas, para resolver la situación jurídica de la persona privada de libertad”; entendida esta última como el mecanismo idóneo cuando se busca: “…acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas para resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad, precisamente para la concreción del calor libertad, el principio de celeridad y el respeto a los derechos” (SCP 0011/2014 de 3 de enero [el resaltado es nuestro]). Por su parte, la SCP 0443/2026-S3 de 10 de abril, citando el entendimiento de la SCP 0206/2019-S2 de 9 de mayo, estableció las siguientes sub reglas en cuanto a la competencia para conocer solicitudes de aplicación o modificación de medidas cautelares, ante la interposición de la acusación formal:
…se debe precisar algunas subreglas para los supuestos en los que presentada la acusación, se formulen solicitudes de cesación de la detención preventiva: 1) Los jueces de instrucción penal, son competentes para conocer y resolver las solicitudes de cesación de la detención preventiva que se hayan presentado, hasta antes de la radicatoria de la causa ante el juez o tribunal de sentencia penal; así como para desarrollar la audiencia y pronunciar la respectiva resolución, en los supuestos en que hubiere sido fijada con anterioridad a la presentación de la acusación; y, 2) Presentada la acusación, el juez de instrucción penal, remitirá los antecedentes ante el juez o tribunal de sentencia penal dentro del plazo señalado en el art. 325 del CPP, debiendo quedarse en su lugar una copia de aquellas piezas procesales indispensables para resolver la solicitud de cesación de la detención preventiva; una vez concluida la audiencia y demás actuados, debe remitirlos junto a la resolución pronunciada en audiencia, ante el juez o tribunal de sentencia penal, que conoce la causa principal, para que sean acumulados al expediente.
El accionante denuncia que la Jueza hoy demandada ante la presentación de la correspondiente acusación formal en su contra, y pese a que no se tenía ninguna radicatoria del Juez o Tribunal de Sentencia competente, suspendió la audiencia programada para el 31 de julio de 2024; en la cual, debía considerarse la modificación de la medida cautelar impuesta en su contra, relativa a la fianza personal con la presentación de dos garantes solventes por la de fianza económica. En ese sentido, de la revisión de los antecedentes cursantes en obrados, se evidencia la existencia del memorial con timbre electrónico de 10 de julio de 2024, cursante a fs. 4; por el cual, el impetrante de tutela solicitó la modificación de la medida cautelar de carácter personal consistente en la fianza personal con la presentación de dos garantes solventes, por la de fianza real. Asimismo, a fs. 5 cursa el decreto de 29 del mismo mes y año; a través del cual, la Jueza ahora demandada ante la presentación de la correspondiente acusación formal contra el accionante por parte del Ministerio Público, determinó la suspensión de todas las audiencias programadas y la remisión de dicha acusación formal al Juzgado o Tribunal de “siguiente instancia” (sic). En el caso presente, conforme a los antecedentes compulsados en el expediente constitucional y lo manifestado por el impetrante de tutela, se tiene que, en la audiencia de 14 de mayo de 2024, éste fue beneficiado con la cesación de su detención preventiva, imponiéndole la Jueza ahora demandada la medida cautelar de carácter personal relativa a la fianza personal; sin embargo, no pudo cumplir con la misma por la publicidad que adquirió su caso. En mérito a ello, por memorial de 10 de julio del mismo año, solicitó la modificación de dicha medida cautelar por la de fianza real, fijándose la audiencia de consideración de esa petición para el 19 de igual mes y año; empero, la misma se suspendió porque no se pudo conectar virtualmente, reprogramándosela para el 26 del citado mes y año; fecha en la cual, tampoco pudo desarrollarse debido a la acefalía del cargo de Secretaria del Juzgado, señalándose nueva audiencia para el 31 del mismo mes y año a horas 11:45. Sin embargo, ante la presentación de la correspondiente acusación formal efectuada el 26 del mismo mes y año, dicha autoridad judicial mediante decreto de 29 del citado mes y año, de oficio, suspendió la referida audiencia bajo el argumento de que la remisión de la indicada acusación formal debía realizarse en el plazo de veinticuatro horas.
Ahora bien, conforme al Fundamento Jurídico III.1 de este fallo constitucional, toda autoridad que conozca de una solicitud en la que se encuentre involucrado el derecho a la libertad física, tiene el deber de tramitarla con la mayor celeridad posible, o cuando menos dentro de los plazos razonables; así como, una vez presentada la acusación formal por parte del Ministerio Público, en tanto no radique la causa en otro Juzgado o Tribunal, será competente el Juez de Instrucción Penal que tiene el control jurisdiccional de la causa en la etapa preparatoria. En este contexto, si bien el 26 de julio de 2024, el Ministerio Público, presentó la correspondiente acusación formal, esta de ninguna manera puede constituirse en un óbice para suspender la audiencia programada con anterioridad por la Jueza ahora demandada, para el 31 de igual mes y año a horas 11:45; más aún, si dicha autoridad judicial no demostró documentalmente que la causa se encontraría con radicatoria en otro Juzgado o Tribunal de Sentencia. Al contrario, en su informe escrito señaló que desconoce los actuados del otro Tribunal. En mérito a ello, la referida Jueza, se encontraba plenamente facultada para considerar y resolver la solicitud realizada por el accionante, respecto a la modificación de la medida cautelar de carácter personal relativa a la fianza personal por la de fianza real. Por consiguiente, dicha suspensión decretada de oficio, constituye una demora indebida que transgrede los derechos reclamados y amerita ser tutelada por la vía constitucional. En consecuencia, la Jueza de garantías, al conceder la tutela impetrada, obró de forma correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 12/2024 de 30 de julio, cursante de fs. 19 a 25, pronunciada por la Jueza de Ejecución Penal Tercera de la Capital del departamento de Cochabamba; y, en consecuencia: 1° CONCEDER la tutela solicitada, conforme los fundamentos jurídicos del presente fallo constitucional; y, 2° Disponer que la Jueza ahora demandada, lleve adelante la audiencia de consideración de modificación de medidas cautelares sustitutivas a la detención preventiva, en los mismos términos expuestos por la Jueza de garantías. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Fdo. Ángel Edson Dávalos Rojas
MAGISTRADO
Fdo. Dra. Amalia Laura Villca
MAGISTRADA
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_1726_2026-S1.pdf · páginas 1 a 6.
Huella digital del PDF (SHA-256): eb069e041bf2b4b6341e558b0fce483ce3f0fa73f4cac276383e1dfaccb31439
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