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SCP 1724/2026-S1

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Primera Especializada · 10 de agosto de 2026

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Primera Especializada
Fecha
10 de agosto de 2026
Acción
Acción de libertad
Magistrado relator
Ángel Edson Dávalos Rojas
Expediente
66141-2024-133-AL
Departamento
Santa Cruz
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de libertad — traslativa / pronto despacho

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 011/2024 de 30 de julio, cursante de fs. 28 a 32 vta., pronunciada por la Jueza de Partido del Trabajo y Seguridad Social y Sentencia Penal Primero de Montero del departamento de Santa Cruz; y, en consecuencia: 1° Conceder la tutela solicitada, de acuerdo a los fundamentos jurídicos expuestos en esta Sentencia Constitucional Plurinacional, en los mismos términos dispuestos por la referida Jueza de garantías; y, 2° Exhortar a René Blanco León, Juez; y, Vania Paola Quispe Gutiérrez, Secretaria, ambos del Juzgado Público Mixto Civil y Comercial, de Familia, de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primero de Minero del Departamento de Santa Cruz, a que, en lo sucesivo, tramiten con celeridad y diligencia la remisión de los recursos de apelación al Tribunal de alzada, con mayor razón en casos vinculados con el derecho a la libertad; recordándoles que, en el marco de la tutela de la acción de libertad innovativa, es menester que a futuro no se repitan los actos lesivos denunciados en el presente fallo constitucional.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. Respecto a la acción de libertad innovativa
  2. III.2. La acción de libertad traslativa o de pronto despacho y el plazo para la remisión de antecedentes ante el Tribunal de alzada, frente a un recurso de apelación incidental de medidas cautelares
  3. III.3. La legitimación pasiva del personal judicial subalterno en las acciones de libertad
  4. III.4. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1724/2026-S1 Sucre, 10 de agosto de 2026 SALA PRIMERA ESPECIALIZADA Magistrado Relator: Ángel Edson Dávalos Rojas Acción de libertad Expediente: 66141-2024-133-AL Departamento: Santa Cruz En revisión la Resolución 011/2024 de 30 de julio, cursante de fs. 28 a 32 vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Humberto Nicolas Canaviri Garcia en representación sin mandato de Mario López Herrera contra René Blanco León, Juez; y, Vania Paola Quispe Gutiérrez, Secretaria, ambos del Juzgado Público Mixto Civil y Comercial, de Familia, de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primero de Mineros del Departamento de Santa Cruz.

I. OBJETO PROCESAL

Por memorial presentado el 29 de julio de 2024, cursante de fs. 2 a 8, el accionante denuncia la lesión de su derecho al debido proceso vinculado a la libertad y al principio de celeridad; toda vez que, dentro del proceso penal seguido en su contra por la presunta comisión del delito de avasallamiento, asociación delictuosa y privación de libertad; el 13 de julio de 2024, se desarrolló su audiencia de medidas cautelares en la cual, se dispuso su detención preventiva, tal resolución fue impugnada conforme el art. 251 del Código de Procedimiento Penal (CPP); sin embargo, hasta la presentación de esta acción tutelar, los demandados no remitieron el expediente ante el Tribunal de alzada, generando una dilación indebida; por lo descrito, solicitó se conceda la tutela y se ordene la inmediata remisión de antecedentes ante el referido Tribunal para su revisión. René Blanco León, Juez Público Mixto Civil y Comercial, de Familia, de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primero de Mineros del departamento de Santa Cruz por informe de 30 de julio de 2024, cursante a fs. 23, refirió que la audiencia se desarrolló el 13 del citado mes y año, momento en el que se le indicó al accionante que debía proveer de fotocopias; sin embargo, no se cumplió con tal disposición, pese a ello, el expediente ya se encuentra listo para ser remitido en originales, debiendo considerarse el plazo por distancia. Vania Paola Quispe Gutiérrez, Secretaria del Juzgado Público Mixto Civil y Comercial, de Familia, de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primero de Mineros del Departamento de Santa Cruz, no se presentó en audiencia, ni remitió informe escrito, pese a su legal notificación cursante a fs. 19. La Jueza de Partido del Trabajo y Seguridad Social y Sentencia Penal Primera de Montero del departamento de Santa Cruz, por Resolución 011/2024 de 30 de julio, cursante de fs. 28 a 32 vta., constituida en Jueza de garantías, concedió la tutela solicitada, bajo el argumento de que los demandados incurrieron en una demora injustificada en la remisión del legajo de apelación al Tribunal de alzada, dejando transcurrir al menos doce días desde su interposición, exhortando a los prenombrados al cumplimiento de los plazos procesales. En consecuencia, corresponde en revisión, determinar si tales argumentos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

II. Trámite Procesal en el Tribunal Constitucional Plurinacional

En el marco del Plan de Descongestionamiento Procesal, este Tribunal Constitucional Plurinacional, en reunión de Sala Plena de 14 de enero de 2026, estableció el uso del Formato Corto de Resolución para todas las causas comprendidas en el Plan Piloto. Determinación ratificada posteriormente, a través del Acuerdo Jurisdiccional de Sala Plena TCP-SP 010/2026 de 17 de junio, en el que se estableció la resolución de causas, mediante sentencias de aplicación de jurisprudencia reiterada. Asimismo, a través del Acuerdo Jurisdiccional de Sala Plena TCP-SP 013/2026 de 30 de julio, se dispuso la reconformación de Salas del Tribunal Constitucional Plurinacional; en cumplimiento a dicha determinación, la Comisión de Admisión de este Tribunal, procedió al sorteo de la presente causa.

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

III.1. Respecto a la acción de libertad innovativa

Recogiendo el sentido finalista de protección de la acción de libertad innovativa, la SCP 0266/2018-S2 de 25 de junio, sentencia sistematizadora de línea, concluyó lo siguiente:

[E]fectivamente, debe señalarse que la acción de libertad innovativa, radica fundamentalmente, en que todo acto contrario al régimen constitucional, que implique desconocimiento o comprometa la eficacia de los derechos tutelados por esta garantía jurisdiccional, debe ser repudiado por la justicia constitucional.

Así, el propósito fundamental de la acción de libertad innovativa, es evitar que en el futuro se repitan y reproduzcan los actos contrarios a la eficacia y vigencia de los derechos a la vida, la libertad física y de locomoción. En ese sentido, no se protegen únicamente los derechos de la persona que interpuso la acción de libertad; sino, su vocación principal es que en lo sucesivo, no se repitan las acciones cuestionadas de ilegales; en razón a que, como lo entendió la jurisprudencia constitucional, la acción de libertad se activa no simplemente para proteger derechos desde una óptica subjetiva, sino también, desde una dimensión objetiva, evitando que se reiteren aquellas conductas que lesionan los derechos que se encuentran dentro del ámbito de su protección y que fundamentan todo el orden constitucional. […] Conforme al espíritu de esta línea jurisprudencial, la figura de la acción de libertad innovativa, debe ser entendida como el mecanismo procesal, por el cual, el juez constitucional asume un rol fundamental para la protección del derecho a la libertad personal, así como de los derechos a la vida, integridad física, debido proceso y libertad de locomoción; pues, si bien pueden haber cesado las vulneraciones a dichos derechos, empero, la ilegalidad fue consumada; por ello, a efecto de determinar la responsabilidad del caso y contribuir con la política criminal de prevención, corresponderá pronunciarse en el fondo de la problemática planteada, a efectos de determinar la responsabilidad de las autoridades, la comunidad o persona particular, cuya conducta sea contraria al orden constitucional y evitar futuras lesiones de derechos fundamentales y garantías constitucionales.

III.2. La acción de libertad traslativa o de pronto despacho y el plazo para la remisión de antecedentes ante el Tribunal de alzada, frente a un recurso de apelación incidental de medidas cautelares

La SCP 2149/2013 de 21 de noviembre, en el Fundamento Jurídico III.3 se ha pronunciado sobre el desarrollo jurisprudencial con relación a la acción de libertad traslativa de pronto despacho y el plazo para la remisión de antecedentes ante el Tribunal de alzada, frente a un recurso de apelación incidental de medidas cautelares, sistematizando las siguientes subreglas:

«…i) [I]nterpuesto el recurso de apelación contra las resoluciones que resuelven medidas cautelares, las actuaciones pertinentes deben ser remitidas en el plazo de veinticuatro horas previsto en el art. 251 del CPP; plazo que, por regla general, debe ser cumplido por las autoridades judiciales. ii) No obstante lo señalado precedentemente, es posible que el plazo de remisión de los antecedentes del recurso de apelación, de manera excepcional, y en situaciones en que exista una justificación razonable y fundada sobre las recargadas labores de la autoridad jurisdiccional, por las suplencias o la pluralidad de imputados, es posible flexibilizar dicho plazo a tres días, pasado el cual la omisión del juzgador se constituye en un acto ilegal...»

III.3. La legitimación pasiva del personal judicial subalterno en las acciones de libertad

La SCP 0336/2018-S2 de 18 de julio, sentencia sistematizadora de línea jurisprudencial, ha recogido los precedentes constitucionales sobre la legitimación pasiva en las acciones de libertad, así como la legitimación pasiva del personal judicial subalterno, concluyendo lo siguiente:

«…Ahora bien, a los fines de establecer la legitimación pasiva en la acción de libertad respecto a los servidores de apoyo judicial, se debe tener presente que, si la vulneración de los derechos tutelados por la presente acción de defensa emerge del incumplimiento o la inobservancia de las funciones y obligaciones conferidas al personal de apoyo jurisdiccional en los preceptos legales procedentemente referidos o del incumplimiento de las instrucciones u órdenes impartidas por el superior en grado, dicho servidor público adquiere la legitimación pasiva por lo que es plenamente viable dirigir la demanda contra ése funcionario, hasta establecer su responsabilidad si corresponde; habida cuenta que, el acto ilegal no es necesariamente el resultado del ejercicio de la función puramente jurisdiccional, sino que, las omisiones de carácter administrativo como: la falta o inoportuna elaboración del cuadernillo de apelación, el incumplimiento de plazos para la remisión de antecedentes al superior en grado, la falta o la inoportuna elaboración de actas, la falta o inoportuna notificación a las partes, tratándose en especial de audiencias de consideración de medidas cautelares, en fin, la inobservancia de las labores y obligaciones encomendadas al personal de apoyo, tiene la capacidad de repercutir negativamente en el ejercicio de los derechos fundamentales y garantías constitucionales del justiciable (las negrillas son añadidas)…»

III.4. Análisis del caso concreto

El accionante denuncia que los antecedentes del recurso de apelación planteado de su parte, no fueron remitidos a la Sala Penal correspondiente dentro del plazo de veinticuatro horas, establecido en el art. 251 del CPP. En ese marco, conforme a lo desarrollado en el Fundamento Jurídico III.2 de este fallo constitucional, y en aplicación del art. 251 del CPP, una vez interpuesto el recurso de apelación contra una medida cautelar, corresponde su remisión al Tribunal superior dentro del plazo perentorio de veinticuatro horas, el incumplimiento de dicho mandato, habilita al afectado a acudir a la vía constitucional mediante la acción de libertad en su modalidad traslativa o de pronto despacho, concebida como el mecanismo idóneo para restablecer el principio de celeridad procesal vinculado al derecho fundamental a la libertad. En el caso en análisis, se observa que las medidas cautelares fueron dispuestas el 13 de julio de 2024, fecha en la que el accionante interpuso recurso de apelación; sin embargo, la remisión de antecedentes no se efectivizó hasta el 30 de ese mes y año, conforme consta del Oficio 551/2024 presentado por el juez ahora demandado (fs. 24), circunstancia que evidencia que los demandados dilataron injustificadamente por más de dos semanas el trámite de apelación, omitiendo cumplir con el plazo de veinticuatro horas previsto en el art. 251 del CPP. En ese contexto, conforme al Fundamento Jurídico III.3 de este fallo constitucional, los servidores públicos de apoyo jurisdiccional tienen legitimación pasiva cuando incurran en excesos que impliquen contradicción o alteración a las determinaciones de las autoridades jurisdiccionales o sus actos u omisiones relacionados con sus deberes, contribuyan o lesionen directamente derechos fundamentales de las personas; el cual, se aplica al presente caso en relación a la Secretaria codemandada conforme se advirtió en el párrafo anterior. En consecuencia, al no haber actuado conforme a las normas procesales penales, se produjo una lesión al derecho al debido proceso en su dimensión de celeridad, lo que hace viable conceder la tutela solicitada. Si bien el recurso de apelación extrañado fue remitido al Tribunal de alzada, se constató que la indebida e ilegal dilación demandada constitucionalmente, sí existió y fue provocada por la autoridad judicial demandada, siendo aplicable lo explicitado por el Fundamento Jurídico III.1 de este fallo constitucional; en ese marco, corresponde conceder la tutela impetrada bajo el ámbito de protección de la acción de libertad innovativa. En consecuencia, la Jueza de Garantías, al conceder la tutela impetrada, obró de forma correcta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 011/2024 de 30 de julio, cursante de fs. 28 a 32 vta., pronunciada por la Jueza de Partido del Trabajo y Seguridad Social y Sentencia Penal Primero de Montero del departamento de Santa Cruz; y, en consecuencia: 1° Conceder la tutela solicitada, de acuerdo a los fundamentos jurídicos expuestos en esta Sentencia Constitucional Plurinacional, en los mismos términos dispuestos por la referida Jueza de garantías; y, 2° Exhortar a René Blanco León, Juez; y, Vania Paola Quispe Gutiérrez, Secretaria, ambos del Juzgado Público Mixto Civil y Comercial, de Familia, de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primero de Minero del Departamento de Santa Cruz, a que, en lo sucesivo, tramiten con celeridad y diligencia la remisión de los recursos de apelación al Tribunal de alzada, con mayor razón en casos vinculados con el derecho a la libertad; recordándoles que, en el marco de la tutela de la acción de libertad innovativa, es menester que a futuro no se repitan los actos lesivos denunciados en el presente fallo constitucional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Fdo. Ángel Edson Dávalos Rojas

MAGISTRADO

Fdo. Dra. Amalia Laura Villca

MAGISTRADA

Notas al pie

1 En el Fundamento Jurídico III.1 de la citada Sentencia se expone el desarrollo completo de la línea jurisprudencial sobre la acción de libertad innovativa. Así también el Fundamento Jurídico III.2 de la SCP 1021/2019-S2 de 22 de noviembre.

Más sobre Acción de libertad — traslativa / pronto despacho

Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_1724_2026-S1.pdf · páginas 1 a 6.

Huella digital del PDF (SHA-256): fa79560d9431dd1e81b9469d5a16ed67fd028eb7fed469cf3f9ad7fa38ef031a

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