Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Primera Especializada · 10 de agosto de 2026
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución 021/2024 de 19 de julio, cursante de fs. 11 a 12 y vta., pronunciada por el Juzgado de Sentencia Penal, Anticorrupción y contra la Violencia hacia las Mujeres Tercero de la Capital del departamento de La Paz; y, en consecuencia: 1° Conceder la tutela solicitada, de acuerdo a los fundamentos jurídicos expuestos en esta Sentencia Constitucional Plurinacional; y, 2° Exhortar a Mayda Cintya Zenteno Aruquipa, Secretaria de la Sala Penal Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, a que, en lo sucesivo, tramite y cumpla con la máxima celeridad la devolución a los juzgados de origen de los recursos de apelación incidental de los privados de libertad; recordándole que, en el marco de la tutela de la acción de libertad innovativa, es menester que, a futuro, no se repitan los actos lesivos denunciados en el presente fallo constitucional.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1720/2026-S1 Sucre, 10 de agosto de 2026 SALA PRIMERA ESPECIALIZADA Magistrado Relator: Ángel Edson Dávalos Rojas Acción de libertad Expediente: 66094-2024-133-AL Departamento: La Paz En revisión la Resolución 021/2024 de 19 de julio, cursante de fs. 11 a 12 vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Angélica Tarifa Cabrera, en representación sin mandato de Rudy Pérez García y Betty Gonzáles Choque, contra Magda Zenteno Aruquipa, Secretaria de la Sala Penal Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz.
Los accionantes, a través de su representante, denuncian la lesión de sus derechos a la libertad física y de locomoción; toda vez que, dentro del proceso penal que les sigue el Ministerio Público por la presunta comisión del delito de feminicidio en grado de complicidad, fueron imputados formalmente y, en audiencia de medidas cautelares de 20 de junio de 2024, el juez de la causa dispuso su detención preventiva en el Centro Penitenciario San Pedro de La Paz y el Centro de Orientación Femenina Obrajes del mismo departamento; dicha determinación fue apelada, recayendo en la Sala Penal Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia del citado departamento, que en audiencia desarrollada el 12 de julio de igual año, por Auto de Vista, confirmó la resolución de instancia; empero, la Secretaria demandada, desde dicho acto procesal, no realizó la devolución de éste Auto de Vista y los antecedentes al juzgado de origen; por lo que, solicitó que se ordene a la prenombrada, devolver el legajo de apelación. Mayda Cintya Zenteno Aruquipa, Secretaria de la Sala Penal Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, por informe escrito cursante a fs. 8 y vta., señaló que el Auto de Vista 449/2024 de 12 de junio, fue transcrito en su integridad dentro de los plazos y devuelto al juzgado de origen, a pesar de no contar con el auxiliar dactilógrafo; empero, las labores de remisión corresponde al auxiliar, advirtiéndose falta de legitimidad pasiva hacia su persona; por lo que, solicitó se deniegue la tutela impetrada.
El Juez de Sentencia Penal, Anticorrupción y contra la Violencia hacia las Mujeres Tercero de la Capital del departamento de La Paz, constituido en Juez de garantías, a través de la Resolución 021/2024 de 19 de julio, cursante de fs. 11 a 12 vta., denegó la tutela solicitada, bajo el argumento de que la Secretaria demandada ya devolvió los antecedentes del recurso de apelación al juzgado de origen, concurriendo la improcedencia de la acción de libertad por la sustracción de materia o pérdida del objeto procesal. En consecuencia, corresponde en revisión, determinar si tales argumentos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
En el marco del Plan de Descongestionamiento Procesal, este Tribunal Constitucional Plurinacional, en reunión de Sala Plena de 14 de enero de 2026, estableció el uso del Formato Corto de Resolución para todas las causas comprendidas en el Plan Piloto. Determinación ratificada posteriormente, a través del Acuerdo Jurisdiccional de Sala Plena TCP-SP 010/2026 de 17 de junio, en el que se estableció la resolución de causas, mediante sentencias de aplicación de jurisprudencia reiterada. Asimismo, a través del Acuerdo Jurisdiccional de Sala Plena TCP-SP 013/2026 de 30 de julio, se dispuso la reconformación de Salas del Tribunal Constitucional Plurinacional; en cumplimiento a dicha determinación, la Comisión de Admisión de este Tribunal, procedió al sorteo de la presente causa.
Recogiendo el sentido finalista de protección de la acción de libertad innovativa, la SCP 0266/2018-S2 de 25 de junio, sentencia sistematizadora de línea, concluyó lo siguiente:
[C]onforme al espíritu de esta línea jurisprudencial, la figura de la acción de libertad innovativa, debe ser entendida como el mecanismo procesal, por el cual, el juez constitucional asume un rol fundamental para la protección del derecho a la libertad personal, así como de los derechos a la vida, integridad física, debido proceso y libertad de locomoción; pues, si bien pueden haber cesado las vulneraciones a dichos derechos, empero, la ilegalidad fue consumada; por ello, a efecto de determinar la responsabilidad del caso y contribuir con la política criminal de prevención, corresponderá pronunciarse en el fondo de la problemática planteada, a efectos de determinar la responsabilidad de las autoridades, la comunidad o persona particular, cuya conducta sea contraria al orden constitucional y evitar futuras lesiones de derechos fundamentales y garantías constitucionales.
En lo concerniente a la acción de libertad en su modalidad traslativa o de pronto despacho, la SC 0224/2004-R de 16 de febrero, sostuvo que: “…toda autoridad que conozca de una solicitud en la que se encuentre involucrado el derecho a la libertad física, tiene el deber de tramitarla con la mayor celeridad posible, o cuando menos dentro de los plazos razonables, pues de no hacerlo podría provocar una restricción indebida del citado derecho, lo que no significa, que siempre tendrá que otorgar o dar curso a la solicitud en forma positiva, pues esto dependerá de las circunstancias y las pruebas que se aporten en cada caso, dado que se reitera la lesión del derecho a la libertad física, está en la demora o dilación indebida de una solicitud de tal naturaleza…” (las negrillas nos pertenecen). De otro lado, en cuanto a la devolución del cuaderno de apelación al juzgado de origen, la SCP 2077/2012 de 8 de noviembre, señala que: “…una vez remitido el expediente ante el Tribunal de apelación, éste ‘resolverá, sin más trámite y en audiencia, dentro de los tres días siguientes de recibidas las actuaciones, sin recurso ulterior’, debiendo incluirse dicho entendimiento bajo los argumentos expuestos del principio de celeridad, debido proceso y prohibición de dilación en el proceso, indicando que una vez el Tribunal de apelación dentro del plazo de tres días de recibidas las actuaciones, resuelva la apelación; deberá remitir el expediente, el acta y la Resolución correspondiente al Juzgado o Tribunal de origen dentro del plazo máximo de 24 horas” (las negrillas nos pertenecen).
La SCP 0336/2018-S2 de 18 de julio, sentencia sistematizadora de línea jurisprudencial, ha recogido los precedentes constitucionales sobre la legitimación pasiva en las acciones de libertad, así como la legitimación pasiva del personal judicial subalterno, concluyendo lo siguiente:
«…Ahora bien, a los fines de establecer la legitimación pasiva en la acción de libertad respecto a los servidores de apoyo judicial, se debe tener presente que, si la vulneración de los derechos tutelados por la presente acción de defensa emerge del incumplimiento o la inobservancia de las funciones y obligaciones conferidas al personal de apoyo jurisdiccional en los preceptos legales procedentemente referidos o del incumplimiento de las instrucciones u órdenes impartidas por el superior en grado, dicho servidor público adquiere la legitimación pasiva por lo que es plenamente viable dirigir la demanda contra ése funcionario, hasta establecer su responsabilidad si corresponde; habida cuenta que, el acto ilegal no es necesariamente el resultado del ejercicio de la función puramente jurisdiccional, sino que, las omisiones de carácter administrativo como: la falta o inoportuna elaboración del cuadernillo de apelación, el incumplimiento de plazos para la remisión de antecedentes al superior en grado, la falta o la inoportuna elaboración de actas, la falta o inoportuna notificación a las partes, tratándose en especial de audiencias de consideración de medidas cautelares, en fin, la inobservancia de las labores y obligaciones encomendadas al personal de apoyo, tiene la capacidad de repercutir negativamente en el ejercicio de los derechos fundamentales y garantías constitucionales del justiciable (las negrillas son añadidas)…»
Los accionantes denuncian que la demandada, desde la emisión del Auto de Vista 449/2024, no realizó la devolución de los antecedentes al juzgado de origen. En el caso de análisis, se evidencia la existencia del oficio de 19 de julio de 2024 (fs. 7), por el cual, la demandada, realizó la devolución de antecedentes al Juzgado de Instrucción Penal, Anticorrupción y contra la Violencia Hacia la Mujer Noveno de la Capital del departamento de La Paz. En el presente caso, conforme al Fundamento Jurídico III.2 de este fallo constitucional, toda autoridad que conozca de una solicitud en la que se encuentre involucrado el derecho a la libertad física, tiene el deber de tramitarla con la mayor celeridad posible; o cuando menos, dentro de los plazos, así como, una vez resuelto el recurso de apelación, en el plazo de tres días, se deberá remitir el expediente, el acta y la Resolución al juzgado de origen, dentro del plazo máximo de veinticuatro horas; en consecuencia, teniendo presente los antecedentes descritos, se advierte que en el caso analizado, se evidencia que desde la emisión del Auto de Vista 449/2024 que confirmó la detención preventiva de los impetrantes de tutela, hasta la devolución de los antecedentes extrañados al juez de la causa, con cargo de recepción de 19 de julio de 2024 a horas 09:18, transcurrieron más de treinta y seis días en los que no se efectivizó dicha devolución, omisión que constituye una grosera dilación; toda vez que, de conformidad a la jurisprudencia glosada precedentemente, debió realizarse en el plazo de veinticuatro horas, omisión que contraviene el principio de celeridad. En ese contexto, conforme al Fundamento Jurídico III.3 de este fallo constitucional, los servidores públicos de apoyo jurisdiccional tienen legitimación pasiva cuando incurran en excesos que impliquen contradicción o alteración a las determinaciones de las autoridades jurisdiccionales o sus actos u omisiones relacionados con sus deberes, contribuyan o lesionen directamente derechos fundamentales de las personas; lo cual, se aplica al presente caso porque si bien la demandada, en su informe escrito, manifestó que la labor de remisión de los antecedentes al juzgado de origen corresponde al auxiliar, conforme a lo dispuesto por el art. 94 núm. 12 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ), una de las funciones de los Secretarios, es la de supervisar y controlar las labores del personal de apoyo judicial, puesto que de no cumplirse las mismas también asume la responsabilidad; por lo que, en el marco de la jurisprudencia y la normativa señalada, al ser evidente la dilación indebida en la que incurrió la prenombrada funcionaria judicial en la devolución de los antecedentes al juzgado de origen, corresponde conceder la tutela impetrada, en la modalidad de acción de libertad traslativa o de pronto despacho. Si bien, la referida funcionaria, realizó la devolución de antecedentes al juzgado de origen momentos antes de la celebración de la audiencia tutelar, se constató que la indebida e ilegal dilación demandada constitucionalmente, sí existió y fue provocada por la misma, siendo aplicable lo explicitado por el Fundamento Jurídico III.1 de este fallo constitucional; en ese marco, corresponde conceder la tutela impetrada bajo el ámbito de protección de la acción de libertad innovativa. En consecuencia, el Juez de garantías, al denegar la tutela impetrada, no obró de forma correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución 021/2024 de 19 de julio, cursante de fs. 11 a 12 y vta., pronunciada por el Juzgado de Sentencia Penal, Anticorrupción y contra la Violencia hacia las Mujeres Tercero de la Capital del departamento de La Paz; y, en consecuencia: 1° Conceder la tutela solicitada, de acuerdo a los fundamentos jurídicos expuestos en esta Sentencia Constitucional Plurinacional; y, 2° Exhortar a Mayda Cintya Zenteno Aruquipa, Secretaria de la Sala Penal Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, a que, en lo sucesivo, tramite y cumpla con la máxima celeridad la devolución a los juzgados de origen de los recursos de apelación incidental de los privados de libertad; recordándole que, en el marco de la tutela de la acción de libertad innovativa, es menester que, a futuro, no se repitan los actos lesivos denunciados en el presente fallo constitucional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Fdo. Ángel Edson Dávalos Rojas
MAGISTRADO
Fdo. Dra. Amalia Laura Villca
MAGISTRADA
1 En el Fundamento Jurídico III.1 de la citada Sentencia se expone el desarrollo completo de la línea jurisprudencial sobre la acción de libertad innovativa. Así también el Fundamento Jurídico III.2 de la SCP 1021/2019-S2 de 22 de noviembre.
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_1720_2026-S1.pdf · páginas 1 a 6.
Huella digital del PDF (SHA-256): f2cee55326df7bbd96841cb0356ec626a2f6133729ffaf6c0ba3d9b295af3200
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