Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Primera Especializada · 10 de agosto de 2026
Concede la tutela
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 20/2024 de 30 de julio, cursante de fs. 61 vta. a 66, pronunciada por la Jueza de Sentencia Penal, Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Decimotercera de la Capital del departamento de Santa Cruz; y, en consecuencia; CONCEDER la tutela solicitada ordenando a: 1º Carlos Osvaldo Patiño Hidalgo, Juez Público Civil y Comercial Primero de Warnes del departamento de Santa Cruz, remitir el expediente caratulado Ministerio Público contra Jose Alberto Balcazar Mendez por la presunta comisión del delito de abuso sexual al Juzgado de Sentencia Penal, Familia, Niñez y Adolescencia Primera de Warnes del citado departamento; y, 2º Ana María Paz Irusta, Jueza del referido despacho, recibir esa causa penal y darle prosecución de forma célere, sea en el plazo de veinticuatro horas a partir de la notificación con el presente fallo, salvo que por el transcurso del tiempo ya se hubiera efectivizado.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1719/2026-S1 Sucre, 10 de agosto de 2026 SALA PRIMERA ESPECIALIZADA Magistrado Relator: Ángel Edson Dávalos Rojas Acción de libertad Expediente: 66079-2024-133-AL Departamento: Santa Cruz En revisión la Resolución 20/2024 de 30 de julio, cursante de fs. 61 vta. a 66, pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Erlan Forteza Cuellar en representación sin mandato de Jose Alberto Balcazar Mendez contra Carlos Osvaldo Patiño Hidalgo, Juez Público Civil y Comercial Primero de Warnes; y, Ana María Paz Irusta, Jueza de Sentencia Penal, Familia, Niñez y Adolescencia Primera de Warnes, ambos del departamento de Santa Cruz.
Por memorial presentado el 29 de julio de 2024, cursante a fs. 1 y 26 a 29, el accionante denuncia la lesión de su derecho a la libertad, así como del principio de celeridad; señalando que, dentro el proceso penal seguido en su contra por la presunta comisión del delito de abuso sexual, se encuentra detenido por más de cuatro años, y su expediente radica en el Juzgado Público Civil y Comercial Primero de Warnes del departamento de Santa Cruz a cargo del Juez ahora demandado, sin haber sido remitido el mismo ante el Juzgado Público Mixto de Familia, Niñez y Adolescencia y Sentencia Penal Primero de Warnes del citado departamento, como debería ser, al haber cambiado la denominación y la materia de su juzgado, encontrándose por esa razón, paralizada su causa, desde el 18 de agosto de 2022; por lo señalado, solicita que el Juez demandado remita su proceso penal a la Jueza Pública Mixta de Familia, Niñez y Adolescencia y Sentencia Penal Primera de Warnes del departamento de Santa Cruz, y sea recepcionado por esta última, en un plazo no mayor a veinticuatro horas. Ana María Paz Irusta, Jueza de Sentencia Penal, Familia, Niñez y Adolescencia Primera de Warnes del departamento de Santa Cruz -codemandada-, en audiencia de garantías, señaló que: a) Tomó conocimiento sobre la acción de libertad un día antes, haciendo trasladar al detenido, de quien se dispuso su detención preventiva en el Centro de Readaptación Productiva Montero (CEPROM) del precitado departamento; sin embargo, se encuentra en la Carceleta de Montero; b) La dilación denunciada no es atribuible a su persona, puesto que no tuvo acceso al expediente; y, c) Desde que asumió el juzgado, no se le remitió el cuaderno procesal aludido; por tanto, solicitó que se deniegue la tutela. Carlos Osvaldo Patiño Hidalgo, Juez Público Civil y Comercial Primero de Warnes del departamento de Santa Cruz -ahora demandado-, no presentó informe escrito ni concurrió a la audiencia de garantías pese a su notificación cursante a fs. 44. La Jueza de Sentencia Penal, Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Decimotercera de la Capital del departamento de Santa Cruz, constituida en Jueza de garantías, mediante Resolución 20/2024 de 30 de julio, cursante de fs. 61 vta. a 66, concedió la tutela, con el fundamento que los jueces demandados, al no remitir y recepcionar el expediente, dejaron el caso sin control jurisdiccional; disponiendo que “…en este caso darse una respuesta al oficio dirigido por parte de la Dra. Ana María Paz Irusta dirigido al Juez Carlos Osvaldo Patiño Hidalgo, y realizarse la recepción de dicho cuaderno procesal en el día…” (sic), -se entiende se hace alusión al Oficio 24 de 30 de julio de 2024 cursante a fs. 55- En consecuencia, corresponde en revisión, determinar si tales argumentos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
En el marco del Plan de Descongestionamiento Procesal, este Tribunal Constitucional Plurinacional, en reunión de Sala Plena de 14 de enero de 2026, estableció el uso del Formato Corto de Resolución para todas las causas comprendidas en el Plan Piloto. Determinación ratificada posteriormente, a través del Acuerdo Jurisdiccional de Sala Plena TCP-SP 010/2026 de 17 de junio, en el que se estableció la resolución de causas, mediante sentencias de aplicación de jurisprudencia reiterada. Asimismo, a través del Acuerdo Jurisdiccional de Sala Plena TCP-SP 013/2026 de 30 de julio, se dispuso la reconformación de Salas del Tribunal Constitucional Plurinacional; en cumplimiento a dicha determinación, la Comisión de Admisión de este Tribunal, procedió al sorteo de la presente causa.
Al respecto las SSCC 1164/2003-R de 19 de agosto y 0785/2010-R de 2 de agosto, determinaron excepciones a la denegatoria de la acción de libertad por falta de pruebas, aplicando el principio de presunción de veracidad, en los siguientes supuestos: a) Cuando las autoridades demandadas no asistieron a la audiencia ni presentaron el informe correspondiente para desvirtuar las afirmaciones de la o el impetrante de tutela, supuestos en los cuales, se tienen por ciertas las afirmaciones contenidas en la demanda tutelar; y por ende, se concede la tutela; razonamiento aplicado por las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0224/2012, 1329/2012, 2498/2012 y 0029/2014-S1, entre otras; y, b) Cuando las autoridades demandadas, a pesar de comparecer, no negaron los hechos alegados por la o el solicitante de tutela; razonamiento aplicado en las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 1974/2013, 0100/2014 y 0207/2014, entre otras (las negrillas son incorporadas).
Sobre la temática en particular, el Tribunal Constitucional Plurinacional, se ha pronunciado de manera reiterada; al respecto, la SCP 0800/2025-S3 de 24 de julio, determinó lo siguiente:
«Bajo ese razonamiento, la jurisprudencia constitucional desarrollada en la SC 0224/2004-R de 16 de febrero3, entre otras, ha sido uniforme al disponer que toda autoridad sea judicial o administrativa que conozca una solicitud que incida en el derecho a la libertad física de quien se halle privado de su ejercicio, tiene el deber de tramitarla con la mayor celeridad posible; por cuanto, la lesión de este derecho está en la demora o dilación indebida al resolver o atender una solicitud para la definición jurídica de los derechos del imputado o imputada, lo que no significa que deba dar curso a la solicitud en forma positiva; ya que, el resultado dependerá de las circunstancias del caso y la valoración jurídica que realice la autoridad conforme a la normativa aplicable; por cuanto, la lesión del derecho a la libertad física está en la demora o dilación indebida, al resolver o atender una solicitud; que más bien, debería ser efectuada con la debida celeridad».
La problemática propuesta por el accionante, versa en que, se encuentra detenido durante varios años y que el expediente que contiene los antecedentes de la causa penal que enfrenta, se encuentra paralizado en el Juzgado Público Civil y Comercial Primero de Warnes del departamento de Santa Cruz a cargo del Juez demandado, sin que esta autoridad efectivice la remisión ante el Juzgado Público Mixto de Familia, Niñez y Adolescencia y Sentencia Penal Primero de Warnes del mismo departamento a cargo de la Jueza codemandada, misma que tampoco coadyuva en esa labor; pese a que, tal envío obedece a la emisión de acusación formal en su contra y de una orden de refuncionalización de juzgados del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz que le confería la competencia y tuición de conocer su proceso al último despacho señalado precedentemente. En audiencia complementó que el último memorial del expediente data del 7 de febrero de 2022, presentado por un Fiscal para que reinicie el juicio oral; posterior a lo cual, recién el 15 de marzo de 2024, el Juez demandado remitió dos cartas, la primera dirigida a la Presidenta del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz y la segunda al Representante Distrital del Consejo de la Magistratura del mismo departamento, haciéndoles conocer que cambiaron la denominación de su juzgado al título que antes era, Juzgado Público Mixto Civil y Comercial de Familia y Sentencia Penal Primero de Warnes y, actualmente es Juez Público Civil y Comercial de Warnes; y que, Ana María Paz Irusta, actualmente Jueza Pública Mixta de Familia, Niñez, Adolescencia y Sentencia Penal Primera de Warnes se rehusó a recibir el expediente correspondiente a la causa del accionante, porque se lo hubiera enviado fuera de plazo de ley y, porque no tendría espacio físico para recepcionarlo. Ahora bien, conforme a lo desarrollado en el Fundamento Jurídico III.2 de este fallo constitucional, dentro las modalidades que cuenta la acción de libertad, existen la traslativa o de pronto despacho, cuya premisa busca acelerar trámites judiciales o administrativos a efectos de evitar dilaciones indebidas para resolver la situación jurídica de una persona que tenga comprometida su libertad.
En el caso bajo análisis, de lo expuesto por la Jueza codemandada se advierte que mediante Oficio 24 de 30 de julio de 2024 (fs. 55), solicitó al Juez Público Civil y Comercial Primero de Warnes del departamento de Santa Cruz, también demandado, que le remita el expediente del impetrante de tutela por cuanto fue designada como Jueza de Sentencia Penal el 17 de agosto de 2022 y tenía señalada audiencia de consideración de salida alternativa de procedimiento abreviado para el 31 de julio de 2024. Sobre el particular, de acuerdo a lo establecido en Fundamento Jurídico III.1 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, la presunción de veracidad resulta aplicable cuando la autoridad o funcionario demandado, pese a haber sido legalmente notificado con la acción de libertad, no comparece a la audiencia de garantías ni presenta el informe correspondiente para desvirtuar los hechos denunciados; en el caso concreto, se evidencia que el Juez demandado, no se apersonó ni informó para controvertir aquello; en consecuencia, corresponde tener por ciertos los hechos expuestos en la demanda; de ahí, se infiere que el expediente judicial del accionante se encuentra bajo su tuición y siendo que por la asignación de nuevas funciones a la Jueza codemandada específicamente como Jueza de Sentencia recaía en ella la competencia para dar prosecución a ese proceso máxime si estaba pendiente de considerar la aplicación de una salida alternativa; empero, tal labor no puede concretizarse a falta del expediente; habiéndose generado de esa forma, una lesión del derecho a la libertad del accionante vinculado con el principio de celeridad; en ese entendido, la falta de remisión oportuna del cuaderno procesal al Juzgado de Sentencia evidencia una actuación omisiva atribuible al juez demandado, por lo cual concierne otorgar la tutela solicitada. Finalmente, es menester recalcar que el solicitante de tutela, en audiencia de garantías, también reclamó que la Jueza codemandada en determinado momento no quiso recibir su causa penal, aduciendo que se le pretendió remitir fuera de plazo y que no tenía espacio físico para recibirlo, tal denuncia no fue soslayada por la autoridad prenombrada por lo cual corresponde también, conceder la tutela para que de manera proactiva proceda a recibir los antecedentes que componen la causa penal y darle prosecución. En consecuencia, la Jueza de garantías, al conceder la tutela impetrada, obró de forma correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 20/2024 de 30 de julio, cursante de fs. 61 vta. a 66, pronunciada por la Jueza de Sentencia Penal, Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Decimotercera de la Capital del departamento de Santa Cruz; y, en consecuencia; CONCEDER la tutela solicitada ordenando a: 1º Carlos Osvaldo Patiño Hidalgo, Juez Público Civil y Comercial Primero de Warnes del departamento de Santa Cruz, remitir el expediente caratulado Ministerio Público contra Jose Alberto Balcazar Mendez por la presunta comisión del delito de abuso sexual al Juzgado de Sentencia Penal, Familia, Niñez y Adolescencia Primera de Warnes del citado departamento; y, 2º Ana María Paz Irusta, Jueza del referido despacho, recibir esa causa penal y darle prosecución de forma célere, sea en el plazo de veinticuatro horas a partir de la notificación con el presente fallo, salvo que por el transcurso del tiempo ya se hubiera efectivizado. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional
Fdo. Ángel Edson Dávalos Rojas
MAGISTRADO
Fdo. Dra. Amalia Laura Villca
MAGISTRADA
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_1719_2026-S1.pdf · páginas 1 a 6.
Huella digital del PDF (SHA-256): 7f973276ca17120e60e60c58c364d50dcd2ba89fb9e2299bc787e66a3c04dc1b
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