Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Primera Especializada · 10 de agosto de 2026
Concede la tutela
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución 21/2024 de 26 de junio, cursante de fs. 35 a 37, pronunciada por el Tribunal de Sentencia Penal Tercero de la Capital del departamento de Santa Cruz; y, en consecuencia: 1° CONCEDER la tutela impetrada, de acuerdo a los fundamentos jurídicos desarrollados en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional; y, 2° Disponer que el Gobernador del establecimiento penitenciario demandado, en futuras actuaciones análogas, atienda de manera pronta, oportuna y bajo estricta responsabilidad las órdenes emanadas de las autoridades jurisdiccionales vinculadas a los privados de libertad; exhortándole a tramitar y cumplir con la máxima celeridad el traslado de los internos a las salas de audiencia, cuando estas se encuentren programadas.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1715/2026-S1 Sucre, 10 de agosto de 2026 SALA PRIMERA ESPECIALIZADA Magistrado Relator: Ángel Edson Dávalos Rojas Acción de libertad Expediente: 66023-2024-133-AL Departamento: Santa Cruz En revisión la Resolución 21/2024 de 26 de junio, cursante de fs. 35 a 37, pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Jimmy Rodríguez Castro, en representación sin mandato de Nery Suarez Mareño contra Julio Cesar Bejarano García, Gobernador del Centro Penitenciario Palmasola de Santa Cruz.
El accionante, a través de su representante, denuncia la vulneración de su derecho a la libertad y al debido proceso en su vertiente de pronto despacho, debido a que, encontrándose detenido en el Centro Penitenciario Palmasola de Santa Cruz, por la presunta comisión del delito de violencia familiar o doméstica, se tenía señalada audiencia de fundamentación de salida alternativa de conciliación promovida por la denunciante, la cual se suspendió por su inasistencia, puesto que el día de su celebración no fue trasladado a la sala de audiencias por no encontrarse en las listas de internos que tenían señalada audiencia para la fecha, pese a haberse practicado la notificación para dicho actuado, causando dilación para la recuperación de su libertad; por lo que solicita, que para futuras audiencias a señalarse dentro de su caso, el demandado pueda actuar con la diligencia correspondiente. Julio Cesar Bejarano García, Gobernador del Centro Penitenciario Palmasola de Santa Cruz, informó en audiencia que, no fue notificado con el señalamiento de la aludida audiencia; pero que, al margen de aquello, el accionante debió haber presentado su queja primeramente al Director del referido recinto, lo cual no agotó; además, los encargados de realizar las acciones para asegurar la presencia de los detenidos en las audiencias recae en el personal de seguridad al interior del establecimiento penitenciario; por lo que, solicitó que se deniegue la tutela. El Tribunal de Sentencia Penal Tercero de la Capital del departamento de Santa Cruz, constituido en Tribunal de garantías, por Resolución 21/2024 de 26 de junio, cursante de fs. 35 a 37, denegó la tutela impetrada bajo el fundamento de que el demandado carece de legitimación pasiva; y, porque la acción de defensa no cumple con los presupuestos previstos por el art. 125 de la Constitución Política del Estado (CPE). En consecuencia, corresponde en revisión, determinar si tales argumentos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
En el marco del Plan de Descongestionamiento Procesal, este Tribunal Constitucional Plurinacional, en reunión de Sala Plena de 14 de enero de 2026, estableció el uso del Formato Corto de Resolución para todas las causas comprendidas en el Plan Piloto. Determinación ratificada posteriormente, a través del Acuerdo Jurisdiccional de Sala Plena TCP-SP 010/2026 de 17 de junio, en el que se estableció la resolución de causas, mediante sentencias de aplicación de jurisprudencia reiterada. Asimismo, a través del Acuerdo Jurisdiccional de Sala Plena TCP-SP 013/2026 de 30 de julio, se dispuso la reconformación de Salas del Tribunal Constitucional Plurinacional; en cumplimiento a dicha determinación, la Comisión de Admisión de este Tribunal, procedió al sorteo de la presente causa.
La jurisprudencia constitucional desarrollada en la SC 0224/2004-R de 16 de febrero, entre otras, ha sido uniforme al disponer que:
[…] toda autoridad que conozca de una solicitud en la que se encuentre involucrado el derecho a la libertad física, tiene el deber de tramitarla con la mayor celeridad posible, o cuando menos dentro de los plazos razonables, pues de no hacerlo podría provocar una restricción indebida del citado derecho, lo que no significa, que siempre tendrá que otorgar o dar curso a la solicitud en forma positiva, pues esto dependerá de las circunstancias y las pruebas que se aporten en cada caso, dado que se reitera la lesión del derecho a la libertad física, está en la demora o dilación indebida de una solicitud de tal naturaleza, vale decir, que si la solicitud es negada de acuerdo a una compulsa conforme a Ley no es ilegal siempre que esa negativa se la resuelva con la celeridad que exige la solicitud.
El accionante denuncia que, encontrándose detenido preventivamente, se señaló audiencia de consideración de salida alternativa de conciliación, a la que no pudo asistir por causas administrativas atribuibles al Gobernador del recinto penitenciario; toda vez que, su nombre no fue registrado en las listas de reclusos con señalamiento de audiencia para dicha fecha, pese a que la institución fue legalmente notificada; extremo que, motivó la suspensión de la misma, generando una dilación indebida en la tramitación para la recuperación de su libertad.
Ahora bien, conforme se tiene desarrollado en el Fundamento Jurídico III.1 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, lo que busca la acción de libertad traslativa o de pronto despacho ante cualquier petición vinculada al derecho a la libertad, es acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas para resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad.
De los antecedentes y actuados relevantes de esta acción de defensa, se advierte que la audiencia virtual de consideración de salida alternativa de conciliación fue programada para el 19 de junio de 2023; a cuyo efecto, mediante oficio 370/2023 emitido por la autoridad judicial de la causa, se ordenó la notificación al Gobernador -ahora demandado- para el respectivo traslado del interno a la sala de audiencia virtual (fs. 11), diligencia que se efectivizó legalmente el 18 de junio del mismo año (fs. 12).
El Gobernador demandado, en su informe presentado ante esta acción de defensa, adujo que no trasladó al accionante debido a una supuesta falta de notificación y a que dicha obligación correspondería al personal de seguridad interior del establecimiento penitenciario; argumento que resulta ser inverosímil, toda vez que la notificación fue debidamente diligenciada, conforme consta a fs. 12 de obrados; asimismo, de acuerdo con el art. 58 de la Ley de Ejecución Penal y Supervisión (LEPS), dicha autoridad es la máxima responsable del manejo y funcionamiento administrativo del establecimiento penitenciario a su cargo.
Consiguientemente, al tratarse de una orden del juez de la causa para el traslado del accionante a la sala de audiencia, la cual está relacionada con el derecho a la libertad, el demandado tenía el inexcusable deber de cumplirla con la debida celeridad, sin poder alegar su propia negligencia, falta de coordinación interna o pretender deslindar su responsabilidad en subalternos para efectivizar dicha orden, en observancia y aplicación de lo establecido por la jurisprudencia constitucional citada precedentemente; en consecuencia, se vulneró el derecho a la libertad y al debido proceso en su vertiente de pronto despacho al accionante; por lo que, corresponde conceder la tutela solicitada dentro de los alcances de la acción de libertad traslativa o de pronto despacho. En consecuencia, el Tribunal de garantías, al denegar la tutela impetrada, no obró de forma correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución 21/2024 de 26 de junio, cursante de fs. 35 a 37, pronunciada por el Tribunal de Sentencia Penal Tercero de la Capital del departamento de Santa Cruz; y, en consecuencia: 1° CONCEDER la tutela impetrada, de acuerdo a los fundamentos jurídicos desarrollados en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional; y, 2° Disponer que el Gobernador del establecimiento penitenciario demandado, en futuras actuaciones análogas, atienda de manera pronta, oportuna y bajo estricta responsabilidad las órdenes emanadas de las autoridades jurisdiccionales vinculadas a los privados de libertad; exhortándole a tramitar y cumplir con la máxima celeridad el traslado de los internos a las salas de audiencia, cuando estas se encuentren programadas. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Fdo. Ángel Edson Dávalos Rojas
MAGISTRADO
Fdo. Dra. Amalia Laura Villca
MAGISTRADA
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_1715_2026-S1.pdf · páginas 1 a 4.
Huella digital del PDF (SHA-256): 7551ad2dfd1a976e648bb6cf202041d9033b66f937fff45e36139f6fac33fe16
La jurisprudencia puede ser modulada o cambiada por fallos posteriores: antes de citarla en un escrito, verificá que siga vigente. Esta página reproduce una resolución judicial pública; no es asesoramiento legal.
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