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SCP 1714/2026-S1

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Primera Especializada · 10 de agosto de 2026

Concede en parte la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Primera Especializada
Fecha
10 de agosto de 2026
Acción
Acción de libertad
Magistrado relator
Ángel Edson Dávalos Rojas
Expediente
66020-2024-133-AL
Departamento
La Paz
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de libertad — traslativa / pronto despacho

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR en parte en parte la Resolución 325/2024 de 26 de julio, cursante de fs. 24 a 32; pronunciada por el Juez de Sentencia Penal, Anticorrupción y Contra la Violencia hacia la Mujer Vigésimo Segundo de la Capital del departamento de La Paz; y, en consecuencia, 1º CONCEDER en parte, la tutela solicitada con relación a la comisión de fiscales demandados, disponiendo que, si a la fecha no se hubiere efectivizado de forma material la entrega de las fotocopias solicitadas por la parte accionante, en el plazo de veinticuatro horas procedan con lo solicitado. 2º Denegar la tutela en relación al Funcionario Policial co demandado.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. Sobre la acción de libertad traslativa o de pronto despacho
  2. III.2. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1714/2026-S 1 Sucre, 10 de agosto de 2026 SALA PRIMERA ESPECIALIZADA Magistrado Relator: Ángel Edson Dávalos Rojas Acción de libertad Expediente: 66020-2024-133-AL Departamento: La Paz En revisión la Resolución 325/2024 de 26 de julio, cursante de fs. 24 a 32 pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Angélica Tarifa Cabrera en representación sin mandato de Rudy Pérez García y Betty Gonzales Choque contra Edwin Alfonso Sarmiento Valdivia, Gustavo Valdez Aguayo y Sheila Vanessa Rodríguez Arteaga; Fiscales de Materia; y, Jhonny Limachi, Funcionario Policial.

I. OBJETO PROCESAL

El accionante, a través de su representante, denuncia la lesión de sus derechos a la libertad y al acceso a la información; toda vez que, dentro del proceso penal seguido en su contra por la presunta comisión del delito de feminicidio, solicita a los fiscales de materia demandados la entrega de copias de todas las actuaciones, debido a que el Sistema Justicia Libre (JL) no registra íntegramente dichos actuados; in embargo, mediante Decreto de 18 de julio de 2024, únicamente se dispone que el personal auxiliar de apoyo eleve informe, situación que le ocasiona perjuicio e incide en su derecho a la libertad, al requerir acceder a la documentación necesaria para desvirtuar los riesgos procesales atribuidos. Por ello, solicita que se ordene la entrega, en el día, de las copias del cuaderno de investigación. Sheila Vanessa Rodríguez Arteaga, Fiscal de Materia, a través de informe escrito cursante de fs. 17 a 21 vta., refirió que consta que la solicitud fue respondida mediante providencia de 18 de julio de 2024, disponiendo la posibilidad de obtener dichas copias; por lo que, no existe agravio que reparar. Además, el caso se encuentra bajo control jurisdiccional del Juzgado Noveno de Instrucción Anticorrupción y Contra la Violencia hacia la Mujer de La Paz, siendo aplicable el principio de subsidiariedad de la acción de libertad.

Edwin Alfonso Sarmiento Valdivia, Fiscal de Materia, en audiencia refirió que, en ningún momento se negó el acceso a la información a los accionantes, pues todas las actuaciones se encuentran registradas en el sistema JL2; cualquier vulneración, debía ser planteada ante el juez de control jurisdiccional y no directamente mediante acción de libertad; por lo que, la parte accionante incumplió el principio de subsidiariedad; por lo que no existe lesión alguna. Gustavo Valdez Aguayo, Fiscal de Materia, en audiencia refirió que los cuadernos de investigación están a disposición del accionante, y la acción de libertad, aunque regida por el principio de informalidad, no puede desconocer los principios de especificidad y subsidiariedad. La parte accionante planteó la acción de manera maliciosa, dirigiéndola también contra investigadores policiales que no tienen posesión de los cuadernos. Jhonny Limachi, Funcionario Policial, no se presentó en audiencia, ni presentó informe, pese a su legal notificación cursante a fs. 10. El Juez de Sentencia Penal, Anticorrupción y Contra la Violencia hacia la Mujer Vigésimo Segundo de la Capital del departamento de La Paz, constituido en juez de garantías, por Resolución 325/2024 de 26 de julio, cursante de fs. 24 a 32; denegó la tutela solicitada, bajo el fundamento que la parte accionante no agotó los mecanismos previos ante el control jurisdiccional; además, por Decreto de 18 de julio de 2018, los demandados dispusieron lo impetrado. En consecuencia, corresponde en revisión, determinar si tales argumentos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

II. Trámite Procesal en el Tribunal Constitucional Plurinacional

En el marco del Plan de Descongestionamiento Procesal, este Tribunal Constitucional Plurinacional, en reunión de Sala Plena de 14 de enero de 2026, estableció el uso del Formato Corto de Resolución para todas las causas comprendidas en el Plan Piloto. Determinación ratificada posteriormente, a través del Acuerdo Jurisdiccional de Sala Plena TCP-SP 010/2026 de 17 de junio, en el que se estableció la resolución de causas, mediante sentencias de aplicación de jurisprudencia reiterada. Asimismo, a través del Acuerdo Jurisdiccional de Sala Plena TCP-SP 013/2026 de 30 de julio, se dispuso la reconformación de Salas del Tribunal Constitucional Plurinacional; en cumplimiento a dicha determinación, la Comisión de Admisión de este Tribunal, procedió al sorteo de la presente causa.

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

III.1. Sobre la acción de libertad traslativa o de pronto despacho

La jurisprudencia constitucional desarrollada en la SC 0224/2004-R de 16 de febrero, entre otras, ha sido uniforme al disponer que:

[...] toda autoridad que conozca de una solicitud en la que se encuentre involucrado el derecho a la libertad física, tiene el deber de tramitarla con la mayor celeridad posible, o cuando menos dentro de los plazos razonables, pues de no hacerlo podría provocar una restricción indebida del citado derecho, lo que no significa, que siempre tendrá que otorgar o dar curso a la solicitud en forma positiva, pues esto dependerá de las circunstancias y las pruebas que se aporten en cada caso, dado que se reitera la lesión del derecho a la libertad física, está en la demora o dilación indebida de una solicitud de tal naturaleza, vale decir, que si la solicitud es negada de acuerdo a una compulsa conforme a Ley no es ilegal siempre que esa negativa se la resuelva con la celeridad que exige la solicitud.

III.2. Análisis del caso concreto

La parte accionante denuncia que las comisiones de fiscales demandados rechazaron su solicitud de fotocopias de los actuados de su proceso penal, aspecto que, le ocasionó perjuicio e incide en su libertad, pues necesita acceder a la documentación que fundamentó su detención preventiva para desvirtuar los riesgos procesales atribuidos. En ese contexto conforme establece el Fundamento Jurídico III.1 de esta Sentencia Constitucional Plurinacional, la acción de libertad traslativa busca acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas vinculadas a personas que se encuentran privadas de libertad. En relación a la denuncia contra la comisión de fiscales demandados, corresponde señalar que el derecho a la libertad física consagrado en el art. 23.I de la Norma Suprema, posee una protección reforzada que exige al Ministerio Público la obligación de actuar con la debida diligencia y el principio de celeridad cuando su intervención condiciona la ejecución de una orden de libertad. En el presente caso, se corrobora que ante el memorial de 17 de julio de 2024presentado por la accionante ante la comisión de fiscales demandados, inicialmente se dictó el decreto limitativo de 18 de igual mes y año, de “informe el personal auxiliar”. Al respecto, emitir decretos evasivos que posterguen de forma innecesaria la concreción de una solicitud vinculada al derecho a la libertad personal, configura una dilación arbitraria. Si bien, por otro decreto que lleva la misma fecha, la comisión mencionada dispuso se franqueé lo impetrado, el mismo fue puesto a conocimiento únicamente del control jurisdiccional recién el día de celebración de la audiencia tutelar -26 de julio de 2024-, no así de la parte accionante por cuanto no adjuntó documental que acredite dicho extremo; lo cual no enerva la lesión de los derechos alegados por la parte accionante; por lo que, resulta aplicable los entendimientos establecidos en el Fundamento Jurídico III.1 del presente fallo constitucional, toda vez que se evidencia una lesión efectiva al derecho a la libertad y al principio de celeridad que rige las actuaciones del Ministerio Público; y, además incumplimiento a lo determinados por el art. 61.II de la LOMP, que prevé que la obtención de copias del cuaderno de investigación, por las partes, no requerirá mayor formalidad. Finalmente, respecto al funcionario policial señalado como demandado, corresponde denegar la tutela impetrada, toda vez que carece de legitimidad pasiva, al no ser la persona a quien se impetró las fotocopias del cuaderno de investigación. En consecuencia, el Juez de Garantías, al haber denegado la tutela impetrada, obró de manera parcialmente incorrecta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR en parte en parte la Resolución 325/2024 de 26 de julio, cursante de fs. 24 a 32; pronunciada por el Juez de Sentencia Penal, Anticorrupción y Contra la Violencia hacia la Mujer Vigésimo Segundo de la Capital del departamento de La Paz; y, en consecuencia, 1º CONCEDER en parte, la tutela solicitada con relación a la comisión de fiscales demandados, disponiendo que, si a la fecha no se hubiere efectivizado de forma material la entrega de las fotocopias solicitadas por la parte accionante, en el plazo de veinticuatro horas procedan con lo solicitado. 2º Denegar la tutela en relación al Funcionario Policial co demandado. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Fdo. Ángel Edson Dávalos Rojas

MAGISTRADO

Fdo. Dra. Amalia Laura Villca

MAGISTRADA

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_1714_2026-S1.pdf · páginas 1 a 5.

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