Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Primera Especializada · 10 de agosto de 2026
Concede la tutela
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 13/2024 de 7 de junio, cursante de fs. 47 a 49, pronunciada por el Juez de Sentencia Penal y Anticorrupción Primero de la Capital del departamento de La Paz; y, en consecuencia, CONCEDER la tutela solicitada, de conformidad a los fundamentos jurídicos del presente fallo constitucional, y en los mismos términos dispositivos del Juez de garantías.
B.IA.Legal lee esta sentencia junto con tu expediente, te dice en qué te sirve y te ayuda a redactar el memorial con la cita exacta, sacada del texto del Tribunal.
¿No sos abogado? Hacé tu consulta legal gratis →
Texto tal como la publicó el Tribunal Constitucional Plurinacional, leído de su PDF oficial. Se sacaron solo los números de página.
SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1710/2026-S1 Sucre, 10 de agosto de 2026 SALA PRIMERA ESPECIALIZADA Magistrado Relator: Ángel Edson Dávalos Rojas Acción de libertad Expediente: 65984-2024-132-AL Departamento: La Paz En revisión la Resolución 13/2024 de 7 de junio, cursante de fs. 47 a 49, pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Daniel Quipildor Mamani contra Alejandro Gamboa Mendoza, Juez de Instrucción Penal, Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Decimoquinto de la Capital del departamento de La Paz.
El accionante, por memorial presentado el 6 de junio de 2024, cursante a fs. 1 y 4 a 5 vta., denuncia la lesión de su derecho a la vida y a la libertad, vinculado a la celeridad; toda vez que, dentro del proceso penal seguido en su contra por la presunta comisión del delito de abuso sexual, encontrándose con detención preventiva, el 31 de mayo de 2024, presentó memorial, por el cual solicitó al Juez demandado, que los días martes, jueves y sábado, autorice su salida del recinto penitenciario para que pueda realizar sus diálisis en el Hospital de Clínicas; sin embargo, hasta la presentación de esta acción tutelar, no dio respuesta alguna; además, ya se emitió pliego acusatorio el 4 de diciembre de 2023; empero, este no fue remitido al Juzgado de Sentencia Penal correspondiente; por lo descrito, solicita se ordene a la autoridad demandada, emita oficio autorizando su traslado al Hospital de Clínicas los días señalados; y, se remita su caso al Juez de Sentencia Penal correspondiente. Alejandro Gamboa Mendoza, Juez de Instrucción Penal, Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Decimoquinto de la Capital del departamento de La Paz, por informe presentado el 7 de junio de 2024, cursante de fs. 40 a 42, refirió que la defensa técnica limitó su actuación a apersonamientos y presentación de documentos, sin activar recursos idóneos; además, son varias las solicitudes de salida judicial por motivos médicos y fueron atendidas, aunque algunas resultaron inviables por errores de la defensa, como suscitó en el caso denunciado, donde se le observó aclarar las fechas exactas que requiere dichas salidas; asimismo, la remisión de antecedentes al Juzgado de Sentencia Penal por acusación formal, depende del personal de apoyo y no de su competencia directa. El Juez de Sentencia Penal y Anticorrupción Primero de la Capital del departamento de La Paz, constituido en Juez de garantías, a través de la Resolución 13/2024 de 7 de junio, cursante de fs. 47 a 49, concedió la tutela solicitada, disponiendo que en el día, se autorice la salida médica del accionante, se remita el proceso al Juzgado de Sentencia Penal correspondiente, determinando expresamente responsabilidad funcionaria; y, exhortó al Juez demandado a cumplir sus funciones con idoneidad, celeridad y transparencia; determinación asumida, bajo el argumento de que no se efectivizaron los oficios de salida al hospital, al Director del Recinto Penitenciario de San Pedro de La Paz; y, al advertir que desde la presentación de la acusación formal, transcurrió más de seis meses sin que se remitan actuados al juez o tribunal competente. En consecuencia, corresponde en revisión, determinar si tales argumentos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
En el marco del Plan de Descongestionamiento Procesal, este Tribunal Constitucional Plurinacional, en reunión de Sala Plena de 14 de enero de 2026, estableció el uso del Formato Corto de Resolución para todas las causas comprendidas en el Plan Piloto. Determinación ratificada posteriormente, a través del Acuerdo Jurisdiccional de Sala Plena TCP-SP 010/2026 de 17 de junio, en el que se estableció la resolución de causas, mediante sentencias de aplicación de jurisprudencia reiterada. Asimismo, a través del Acuerdo Jurisdiccional de Sala Plena TCP-SP 013/2026 de 30 de julio, se dispuso la reconformación de Salas del Tribunal Constitucional Plurinacional; en cumplimiento a dicha determinación, la Comisión de Admisión de este Tribunal, procedió al sorteo de la presente causa.
Al respecto la SCP 1889/2013 de 29 de octubre, refirió que:
Conforme a ello, la acción de libertad en su modalidad de instructiva, se activa ante cualquier amenaza que ponga en riesgo el derecho a la vida, para ello, las acciones y omisiones de servidores públicos y personas particulares, que de alguna manera pongan en peligro la eficacia y la integridad de dicho derecho, deben ser analizadas mediante la justicia constitucional, a través del presente mecanismo de defensa, lo contrario implicaría inobservar el mandato constitucional, quebrantándose con ello la Norma Suprema del Estado.
Sobre la temática en particular el Tribunal Constitucional Plurinacional, se ha pronunciado de manera reiterada; al respecto, la SCP 0800/2025-S3 de 24 de julio, determinó lo siguiente:
«Bajo ese razonamiento, la jurisprudencia constitucional desarrollada en la SC 0224/2004-R de 16 de febrero3, entre otras, ha sido uniforme al disponer que toda autoridad sea judicial o administrativa que conozca una solicitud que incida en el derecho a la libertad física de quien se halle privado de su ejercicio, tiene el deber de tramitarla con la mayor celeridad posible; por cuanto, la lesión de este derecho está en la demora o dilación indebida al resolver o atender una solicitud para la definición jurídica de los derechos del imputado o imputada, lo que no significa que deba dar curso a la solicitud en forma positiva; ya que, el resultado dependerá de las circunstancias del caso y la valoración jurídica que realice la autoridad conforme a la normativa aplicable; por cuanto, la lesión del derecho a la libertad física está en la demora o dilación indebida, al resolver o atender una solicitud; que más bien, debería ser efectuada con la debida celeridad».
El accionante denuncia la lesión de su derecho a la vida y a la libertad, vinculados a la celeridad; toda vez que: a) Encontrándose en detención preventiva, el 31 de mayo de 2024, presentó un memorial por el cual, solicitó al Juez demandado que los días martes, jueves y sábado, autorice su salida del recinto penitenciario para que pueda realizar sus diálisis en el Hospital de Clínicas; sin embargo, hasta la presentación de esta acción tutelar, no emitió respuesta alguna; y, b) Pese a la emisión del pliego acusatorio, este no fue remitido al Juzgado de Sentencia Penal correspondiente. 1. Respecto a la autorización de salidas médicas
En el caso concreto, se advierte que el accionante, encontrándose con detención preventiva, presentó el 31 de mayo de 2024 un memorial solicitando autorización para salir del recinto penitenciario los días martes, jueves y sábado a fin de someterse a diálisis en el Hospital de Clínicas, adjuntando informe médico que acreditaba la necesidad del tratamiento (fs. 2 a 3); en respuesta, la autoridad judicial demandada, emitió decreto el mismo día, requiriendo aclaración sobre las fechas de salida (fs. 39 y vta.).
Entonces, si bien no se demuestra dilación en la consideración de la salida médica, la respuesta ofrecida fue errónea, ya que no se consideró el riesgo en el que se encontraba la vida del accionante; es decir, si bien era razonable exigir mayor precisión respecto a las fechas, correspondía adoptar una solución inmediata y proporcional al riesgo advertido; entonces, debió autorizar la salida próxima y, paralelamente, disponer que en futuras solicitudes se regularice la información con detalle. Esta actuación habría permitido garantizar la continuidad del tratamiento médico sin menoscabar la exigencia de formalidad procesal; puesto que, resulta evidente que tratándose de un derecho fundamental como la vida, la autoridad judicial debía privilegiar la protección urgente frente a cualquier requisito accesorio, máxime cuando el escrito fue presentado un viernes y la siguiente diálisis debía realizarse el sábado 1 de junio; en ese contexto, la negativa absoluta a conceder la salida, no solo desconoció la urgencia del caso, sino que generó un riesgo real e inmediato para la salud del impetrante de tutela. Por lo expuesto, corresponde sobre la presente problemática, conceder la tutela impetrada en su modalidad instructiva, al constituirse en el mecanismo idóneo frente a la amenaza cierta e inmediata al derecho a la vida, conforme a lo desarrollado en el Fundamento Jurídico III.1 del presente fallo constitucional. 2. Con relación a la dilación en la remisión del caso al Juzgado de Sentencia Penal por existencia de pliego acusatorio
Al respecto, conforme a lo desarrollado en el Fundamento Jurídico III.2 de este fallo constitucional, dentro de las modalidades que contempla la acción de libertad, existe la traslativa o de pronto despacho, cuya premisa busca acelerar trámites judiciales o administrativos a efectos de evitar dilaciones indebidas para resolver la situación jurídica de una persona que tenga comprometida su libertad. En el caso bajo análisis, si bien el Ministerio Público presentó pliego acusatorio el 4 de diciembre de 2023, éste no fue remitido al Juzgado de Sentencia Penal correspondiente, hecho que no fue controvertido por el demandado, quien, al contrario, corroboró que dicha remisión dependía del personal de apoyo y no de su competencia directa, no siendo justificante suficiente; toda vez que, como director del proceso y responsable del personal de apoyo a su cargo, le correspondía efectuar el control de las órdenes impartidas, habiéndose generado de esa forma, una lesión al derecho a la libertad del solicitante de tutela, vinculado con el principio de celeridad; en ese entendido, la falta de remisión oportuna del cuaderno procesal al Juzgado de Sentencia Penal, evidencia una actuación omisiva atribuible al Juez demandado; por lo que, corresponde conceder la tutela. En consecuencia, el Juez de garantías, al conceder la tutela impetrada, obró de forma correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 13/2024 de 7 de junio, cursante de fs. 47 a 49, pronunciada por el Juez de Sentencia Penal y Anticorrupción Primero de la Capital del departamento de La Paz; y, en consecuencia, CONCEDER la tutela solicitada, de conformidad a los fundamentos jurídicos del presente fallo constitucional, y en los mismos términos dispositivos del Juez de garantías. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Fdo. Ángel Edson Dávalos Rojas
MAGISTRADO
Fdo. Dra. Amalia Laura Villca
MAGISTRADA
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_1710_2026-S1.pdf · páginas 1 a 5.
Huella digital del PDF (SHA-256): ef961d6037ff531ea1e25ce89e7c3f23408ff646cbc0dcc84fb72f79e30d36bc
La jurisprudencia puede ser modulada o cambiada por fallos posteriores: antes de citarla en un escrito, verificá que siga vigente. Esta página reproduce una resolución judicial pública; no es asesoramiento legal.
Ver las sentencias más consultadas por abogados bolivianos →