Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Primera Especializada · 10 de agosto de 2026
Concede la tutela
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución 14/2024 de 21 de mayo, cursante de fs. 15 a 17, pronunciada por la Jueza de Sentencia Penal Cuarta, de la Capital del departamento de La Paz; y, en consecuencia, CONCEDER la tutela impetrada, de acuerdo a los fundamentos jurídicos expuestos en esta Sentencia Constitucional Plurinacional, disponiendo la ejecución inmediata del mandamiento de libertad bajo modalidad de ejecución diferida de la pena, salvo que por el transcurso del tiempo ya se hubiere ejecutado el mismo.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1709/2026-S1 Sucre, 10 de agosto de 2026 SALA PRIMERA ESPECIALIZADA Magistrado Relator: Ángel Edson Dávalos Rojas Acción de libertad Expediente: 65970-2024-132-AL Departamento: La Paz En revisión la Resolución 14/2024 de 21 de mayo, cursante de fs. 15 a 17, pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Juan Julio Ignacio Angles Quisbert, en representación sin mandato de Maribel Alanes Agreda contra Cecilia Tania Miranda Casas, Directora; y, Marcelo Andrés Pary Cruz, Encargado de Verificaciones, ambos del Centro de Orientación Femenina “Obrajes” de La Paz.
Por memorail presentado el 21 de mayo de 2024, cursante de fs. 1 a 3, la accionante, a través de su representante sin mandato, denunció la vulneración de su derecho a la libertad, a la salud y a la vida; debido a que, habiendo interpuesto incidente de detención domiciliaria, a causa de su embarazo de alto riesgo, en el que se encontraba comprometida la gestación de su bebé, se emitió el mandamiento de libertad bajo modalidad de ejecución diferida de la pena, disponiéndose en efecto su detención domiciliaria, mandamiento que después de veinticuatro horas de su emisión no se hubiera ejecutado debido a la sobrecarga laboral en las funciones de los demandados. En razón de lo señalado, solicitó que se disponga su libertad en el día y se establezcan responsabilidades a los funcionarios demandados. Cecilia Tania Miranda Casas, Directora del Centro de Orientación Femenina “Obrajes” de La Paz, en su intervención en audiencia, señaló que, fue de su conocimiento el mandamiento de libertad en favor de la impetrante de tutela siendo este verificado en instancias del Juzgado por parte del Encargado de Verificaciones del Centro de Orientación Femenina “Obrajes”; por lo que, para su ejecución, el mismo día de la emisión del mandamiento se solicitó al Director Departamental de Régimen Penitenciario, se disponga un vehículo que cuente con las características necesarias para el traslado de la solicitante de tutela (véase fs.
11); puesto que, debería trasladarse a la misma desde el departamento de La Paz, al departamento de Cochabamba; empero, por instructivos se estableció que los vehículos deben ser solicitados para su uso con cuarenta y ocho horas de anticipación. Sin embargo, señaló que mientras se aguardaba este plazo para la disposición del vehículo, la accionante fue asistida con las atenciones médicas necesarias para atender el estado de salud en el que se encontraba. Al mismo tiempo solicitó que se deniegue la tutela impetrada; debido a que, no se vulneró ningún derecho por su parte, que simplemente se estuvieran cumpliendo órdenes emanadas por autoridades superiores de la institución policial. Marcelo Andrés Pary Cruz, Encargado de Verificaciones del Centro de Orientación Femenina “Obrajes” de La Paz, no presentó informe escrito alguno ni concurrió a la audiencia de garantías, pese a su legal, cursante a fs. 5. La Jueza de Sentencia Penal Cuarta, de la Capital del departamento de La Paz, constituida en Jueza de garantías, por Resolución 14/2024 de 21 de mayo, cursante de fs. 15 a 17, denegó la tutela impetrada, con el fundamento que la demora en la ejecución del mandamiento de libertad no puede atribuirse a los demandados. En consecuencia, corresponde en revisión, determinar si tales argumentos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
En el marco del Plan de Descongestionamiento Procesal, este Tribunal Constitucional Plurinacional, en reunión de Sala Plena de 14 de enero de 2026, estableció el uso del Formato Corto de Resolución para todas las causas comprendidas en el Plan Piloto. Determinación ratificada posteriormente, a través del Acuerdo Jurisdiccional de Sala Plena TCP-SP 010/2026 de 17 de junio, en el que se estableció la resolución de causas, mediante sentencias de aplicación de jurisprudencia reiterada. Asimismo, a través del Acuerdo Jurisdiccional de Sala Plena TCP-SP 013/2026 de 30 de julio, se dispuso la reconformación de Salas del Tribunal Constitucional Plurinacional; en cumplimiento a dicha determinación, la Comisión de Admisión de este Tribunal, procedió al sorteo de la presente causa.
Al respecto, la SCP 0984/2025 de 26 de agosto, haciendo alusión a la SCP 0446/2021-S1 de 16 de septiembre, precisó que:
«Entonces, conforme a los estándares internacionales e internos, deberá entenderse que: i. La detención preventiva para mujeres en estado de gestación y en periodo de lactancia de hijos menores a un año; por regla general resulta improcedente y, excepcionalmente, podrá ser dispuesta cuando no exista ninguna otra medida sustitutiva idónea que pueda ser aplicada; ii. Es obligación incorporar la perspectiva de género en el análisis de la aplicación de la detención preventiva y, cuando corresponda, el enfoque del interés superior del niño y la protección a grupos en situación especial de riesgo tales como personas con discapacidad o personas mayores; iii. En dichos supuestos, para la imposición de medidas cautelares, en el marco de lo establecido por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, las autoridades judiciales deben considerar diversos elementos como: a) La posición particular y de desventaja histórica que tienen las mujeres en la sociedad, b) El historial de victimización anterior; c) La ausencia de circunstancias agravantes en la comisión del delito, y d) El impacto diferencial e incremental de la aplicación de la pena privativa de la libertad respecto de las personas bajo su cuidado; iv. En los casos en los que la persona tengan bajo su responsabilidad a niños, niñas y adolescentes, las autoridades judiciales deben aplicar con mayor rigurosidad los criterios de necesidad, proporcionalidad y razonabilidad al momento de considerar la aplicación de la detención preventiva».
Sobre la temática en particular el Tribunal Constitucional Plurinacional, se ha pronunciado de manera reiterada; al respecto, la SCP 0800/2025-S3 de 24 de julio, determinó lo siguiente:
«Bajo ese razonamiento, la jurisprudencia constitucional desarrollada en la SC 0224/2004-R de 16 de febrero3, entre otras, ha sido uniforme al disponer que toda autoridad sea judicial o administrativa que conozca una solicitud que incida en el derecho a la libertad física de quien se halle privado de su ejercicio, tiene el deber de tramitarla con la mayor celeridad posible; por cuanto, la lesión de este derecho está en la demora o dilación indebida al resolver o atender una solicitud para la definición jurídica de los derechos del imputado o imputada, lo que no significa que deba dar curso a la solicitud en forma positiva; ya que, el resultado dependerá de las circunstancias del caso y la valoración jurídica que realice la autoridad conforme a la normativa aplicable; por cuanto, la lesión del derecho a la libertad física está en la demora o dilación indebida, al resolver o atender una solicitud; que más bien, debería ser efectuada con la debida celeridad».
Una vez establecida la problemática planteada por la accionante, de la revisión de los antecedentes, se advierte que, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público en su contra, por la comisión del delito de tráfico de sustancias controladas, fue favorecida con detención domiciliaria, debido a su estado de gestación de alto riesgo, a través de mandamiento de libertad, bajo modalidad de ejecución diferida de la pena, librado el 20 de mayo de 2024; mismo que, no fue ejecutado de manera inmediata, debido a los plazos y procedimientos establecidos por la institución policial; puesto que, para la disposición del vehículo en el que se debía trasladar a la imputada desde el departamento de La Paz al departamento de Cochabamba, debía aguardarse cuarenta y ocho horas, conforme a Instructivo aparejado a fs. 12; motivo por el cual, se estuviere demorando en hacer efectiva la detención domiciliaria otorgada; empero, se refiere que mientras se aguardaba dicho plazo, se le otorgó de los cuidados médicos necesarios, de acuerdo a su estado de gestación. Bajo esos antecedentes, conforme lo establecido en el Fundamento Jurídico III.1 de este fallo constitucional, encontrándonos frente a la situación procesal de una persona embarazada privada de libertad, probablemente con alto riesgo de perder al naciturus, la misma requería una protección especial y reforzada por todas las instancias del Estado, así lo establece nuestra Norma Fundamental respecto a los derechos sociales de este grupo que es considerado vulnerable. En el presente caso se identifica a la accionante dentro de un grupo que requiere protección reforzada respecto a sus derechos; toda vez que, la situación de privación de libertad empeora su estado gestacional, considerando que las condiciones de atención y servicios médicos en los establecimientos penitenciarios no responden a las necesidades básicas ni garantizan una atención especializada a mujeres en etapa de gestación; por consiguiente, debido a su situación requiere una atención diferenciada y preferente respecto del resto de los demás privados de libertad, es decir no se puede englobar a una mujer embarazada con alto riesgo de pérdida, en el mismo grupo de privados de libertad que no se encuentran en las mismas condiciones de salud; por lo que, a efectos de la protección urgente respecto a la salud y a la vida, se debió prescindir de ciertas formalidades y plazos administrativos ya que estos, de acuerdo a la jurisprudencia desglosada, resultan incompatibles con la protección reforzada y trato especializado que su estado de salud y el interés superior del ser en gestación exigen, considerando que cualquier mínima demora podría poner en riesgo la integridad, los derechos a la vida tanto de la impetrante de tutela, como del gestante. Bajo esos argumentos, para hacer efectivo el cumplimiento de esta protección reforzada era necesario que los funcionarios policiales hicieran hincapié en agotar los recursos y las acciones oportunas y necesarias para la pronta ejecución de la orden judicial y no limitarse solamente a presentar los oficios como se hiciere para los demás casos que no se encuentran en situaciones tan urgentes como la de la solicitante de tutela. Asimismo, conforme lo establecido en el Fundamento Jurídico III.2 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, la conculcación al principio de celeridad es evidente, independientemente de las acciones administrativas cumplidas por los demandados en atención al mandamiento de libertad; pues, no se optimizaron acciones y buenos oficios para otorgar a la accionante la protección reforzada y oportuna que le asistía, y que ordena la Constitución Política del Estado, deviniendo en el menoscabo de sus derechos a la salud y a la vida, aspecto que activa la acción de libertad bajo la modalidad de pronto despacho, siendo que la finalidad de esta es acelerar los trámites judiciales o administrativos en caso de la existencia de dilaciones indebidas para resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad, correspondiendo en consecuencia conceder la tutela impetrada. En consecuencia, la Jueza de garantías, al denegar la tutela solicitada, obró de forma incorrecta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución 14/2024 de 21 de mayo, cursante de fs. 15 a 17, pronunciada por la Jueza de Sentencia Penal Cuarta, de la Capital del departamento de La Paz; y, en consecuencia, CONCEDER la tutela impetrada, de acuerdo a los fundamentos jurídicos expuestos en esta Sentencia Constitucional Plurinacional, disponiendo la ejecución inmediata del mandamiento de libertad bajo modalidad de ejecución diferida de la pena, salvo que por el transcurso del tiempo ya se hubiere ejecutado el mismo. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Fdo. Ángel Edson Dávalos Rojas
MAGISTRADO
Fdo. Dra. Amalia Laura Villca
MAGISTRADA
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_1709_2026-S1.pdf · páginas 1 a 5.
Huella digital del PDF (SHA-256): b7bd599178c4ed911bb7c1c6d7206a5fb6490497929d7579a06e484698b05fc4
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