Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Primera Especializada · 10 de agosto de 2026
Concede la tutela
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 42/2024 de 25 de julio, cursante de fs. 29 a 31 vta., pronunciada por el Tribunal de Sentencia Penal Segundo de la Capital del departamento de Chuquisaca; y, en consecuencia, CONCEDER la tutela solicitada, de acuerdo a los fundamentos jurídicos expuestos en esta Sentencia Constitucional Plurinacional y, en los mismos términos dispuestos por el referido Tribunal de garantías.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1707/2026-S1 Sucre, 10 de agosto de 2026 SALA PRIMERA ESPECIALIZADA Magistrado Relator: Ángel Edson Dávalos Rojas Acción de libertad Expediente: 65939-2024-132-AL Departamento: Chuquisaca En revisión la Resolución 42/2024 de 25 de julio, cursante de fs. 29 a 31 vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Luis Loza Quiroga contra María Cristina Díaz Sosa, Magistrada Tramitadora de Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia.
El accionante, por memorial presentado el 23 de julio de 2024, cursante a fs. 2 y 9 a 11, denuncia la lesión de su derecho a la libertad vinculado al principio de celeridad, señalando que habiendo sido detenido con fines de extradición, el tiempo ordenado para el cumplimiento de tal medida fue excedido, reclamando ello en dos oportunidades, la primera el 4 de julio de 2024, y la segunda el 28 del mismo mes y año a los Magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, solicitando cesación a su detención preventiva, tras encontrarse detenido por más de ciento ocho días, sin que se resuelva su situación jurídica; por lo que, solicita que la Magistrada demandada resuelva dicha solicitud. Marco Ernesto Jaimes Molina, Presidente del Tribunal Supremo de Justicia, por informe escrito presentado el 25 de julio de 2024, cursante de fs. 20 a 21, señaló lo siguiente: a) El mandamiento de detención preventiva con fines de extradición fue ejecutado el 8 de abril de 2024 y dicha actuación fue comunicada al Ministerio de Relaciones Exteriores mediante oficio de 2 de mayo del mismo año; b) La República Argentina formalizó la solicitud de extradición de Luis Loza Quiroga el 24 de mayo de 2024, dentro del plazo de cuarenta y cinco días previsto para ese efecto, extremo comunicado posteriormente al Tribunal mediante nota presentada el 12 de junio de 2024; c) Una vez conocida la formalización de la solicitud, el Tribunal impulsó las diligencias pendientes para cumplir los actuados dispuestos en el Auto Supremo que ordenó la detención preventiva con fines de extradición; d) La solicitud de extradición se encuentra vinculada con delitos de lavado de activos y narcotráfico, cuya investigación y sanción responden a obligaciones nacionales e internacionales asumidas por el Estado Boliviano; e) El trámite de extradición siguió su curso regular, siendo necesario recabar información de distintas instituciones del Estado para verificar que el requerido no esté siendo juzgado, perseguido o condenado previamente en Bolivia; encontrándose además, pendiente el dictamen del Ministerio Público; f) Una vez formalizada la solicitud, correspondía remitir los antecedentes a la Fiscalía General del Estado para que emita pronunciamiento sobre la procedencia o improcedencia de la extradición, conforme al art. 158 del Código de Procedimiento Penal (CPP); y, g) No incurrieron en dilación ni lesionaron los derechos del accionante, debido a que realizaron oportunamente las actuaciones correspondientes dentro del procedimiento de extradición; por lo señalado, solicitó se deniegue la tutela impetrada. El Tribunal de Sentencia Penal Segundo de la Capital del departamento de Chuquisaca, constituido en Tribunal de garantías, a través de la Resolución 42/2024 de 25 de julio, cursante de fs. 29 a 31 vta., se “declaró la procedencia” de la acción de libertad -lo correcto y en adelante es conceder- bajo la modalidad traslativa o de pronto despacho, disponiendo que la autoridad demandada resuelva la solicitud de cesación a la detención preventiva formulada por el accionante el 28 de junio de 2024. En consecuencia, corresponde en revisión, determinar si tales argumentos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
En el marco del Plan de Descongestionamiento Procesal, este Tribunal Constitucional Plurinacional, en reunión de Sala Plena de 14 de enero de 2026, estableció el uso del Formato Corto de Resolución para todas las causas comprendidas en el Plan Piloto. Determinación ratificada posteriormente, a través del Acuerdo Jurisdiccional de Sala Plena TCP-SP 010/2026 de 17 de junio, en el que se estableció la resolución de causas, mediante sentencias de aplicación de jurisprudencia reiterada. Asimismo, a través del Acuerdo Jurisdiccional de Sala Plena TCP-SP 013/2026 de 30 de julio, se dispuso la reconformación de Salas del Tribunal Constitucional Plurinacional; en cumplimiento a dicha determinación, la Comisión de Admisión de este Tribunal, procedió al sorteo de la presente causa.
La jurisprudencia constitucional desarrollada en la SC 0224/2004-R de 16 de febrero, entre otras, ha sido uniforme al disponer que:
[…] toda autoridad que conozca de una solicitud en la que se encuentre involucrado el derecho a la libertad física, tiene el deber de tramitarla con la mayor celeridad posible, o cuando menos dentro de los plazos razonables, pues de no hacerlo podría provocar una restricción indebida del citado derecho, lo que no significa, que siempre tendrá que otorgar o dar curso a la solicitud en forma positiva, pues esto dependerá de las circunstancias y las pruebas que se aporten en cada caso, dado que se reitera la lesión del derecho a la libertad física, está en la demora o dilación indebida de una solicitud de tal naturaleza, vale decir, que si la solicitud es negada de acuerdo a una compulsa conforme a Ley no es ilegal siempre que esa negativa se la resuelva con la celeridad que exige la solicitud. En ese orden, la SC 0044/2010-R de 20 de abril, amplió los tipos de hábeas corpus -ahora acción de libertad- haciendo referencia al hábeas corpus restringido, ante limitaciones del ejercicio del derecho a la libertad, instructivo, cuando se trata del derecho a la vida, y al traslativo o de pronto despacho, precisando que a través de éste último “…lo que se busca es acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas, para resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad” (negrillas añadidas).
De los antecedentes relevantes traídos en revisión, se advierte que el accionante fue detenido para fines de extradición el 8 de abril de 2024; por lo que, solicitó audiencia para la consideración de su solicitud de cesación a la detención preventiva, aduciendo que dicho actuado no fue celebrado hasta el día de la interposición de la presente acción, pese a que lo impetró en dos oportunidades. Identificada la problemática planteada, compele de inicio, aclarar respecto a la legitimación pasiva de la autoridad demandada, quien forma parte de la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia de Bolivia, a ese fin, es posible aplicar lo previsto en la SCP 0536/2020-S1 de 21 de septiembre que, entre otras subreglas de flexibilización de la legitimación en acción de libertad por su carácter informal, estableció que: “…d) Cuando la acción de libertad es dirigida contra un tribunal colegiado, no es necesario recurrir contra todas las autoridades que firman la resolución mediante la cual se cometió el acto ilegal, impartió o ejecuto la orden, pues es suficiente demandar a una autoridad que conforme el ente colegiado, acusando el acto o hecho y se lo demuestre de forma fehaciente para obtener la tutela.” En ese entendido, no resultaba necesario que el impetrante de tutela demande a todos los Magistrados de aquel alto Tribunal, máxime si como aconteció en la presente causa, el informe de la presente acción fue suscrito por el Presidente del mismo; a ese fin, corresponde ingresar al análisis de fondo del caso en cuestión.
Ahora bien, conforme a lo desarrollado en el Fundamento Jurídico III.1 de este fallo constitucional, establece que es obligación de toda autoridad judicial que conozca una solicitud en la que se encuentre involucrado el derecho a la libertad física, tramitarla con la mayor celeridad posible, o cuando menos, dentro de los plazos razonables, pues de no hacerlo podría provocar una restricción indebida del citado derecho.
En la especie, se advierte que el accionante, por memorial presentado el 4 de junio de 2024 (fs. 37 a 39), solicitó al Pleno del Tribunal Supremo de Justicia, señale audiencia de cesación para la consideración de su solicitud de detención preventiva, mereciendo como respuesta, el decreto de 10 de mismo mes y año (fs. 40), suscrito por la Magistrada demandada, quien determinó no ha lugar a lo solicitado, bajo el argumento de que la República Argentina presentó una solicitud formal de extradición y paralelamente, dispuso que los Tribunales Departamentales de Justicia de La Paz, Oruro y Santa Cruz, remitan informes para determinar la existencia de procesos penales instaurados contra el prenombrado, en territorio nacional. Posterior a ello, el impetrante de tutela reiteró dicha solicitud, por escrito presentado el 28 de junio de 2024, obteniendo como respuesta de la autoridad demandada “Estese a lo resuelto en el decreto de 10 de junio de 2024.” [sic (fs. 42 a 45)]. Los hechos relatados, permiten inferir que desde el 4 de junio de 2024, la situación jurídica del impetrante de tutela no fue evaluada, habiendo transcurrido más de un mes, hasta el momento de presentación de esta acción de libertad, sin que su solicitud de cesación de la detención preventiva fuera instalada y resuelta, aspecto que constituye una demora indebida e irrazonable desde el punto de vista constitucional; habida cuenta, que cualquier pretensión vinculada a la libertad debe atenderse de forma célere; y por lo mismo, correspondía que la autoridad demandada, proceda al señalamiento del actuado correspondiente y dentro la sustanciación del mismo, verifique si era viable o no atender a la petición del precitado; empero, no rechazarla directamente, como lo hizo a través del decreto de 10 de junio de 2024, sin instalar previamente la audiencia pertinente. Por lo expuesto, al haberse evidenciado que la situación jurídica del accionante se encuentra en suspenso, corresponde otorgar la protección solicitada en la modalidad traslativa o de pronto despacho. En consecuencia, el Tribunal de garantías, al conceder la tutela impetrada, obró de forma correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 42/2024 de 25 de julio, cursante de fs. 29 a 31 vta., pronunciada por el Tribunal de Sentencia Penal Segundo de la Capital del departamento de Chuquisaca; y, en consecuencia, CONCEDER la tutela solicitada, de acuerdo a los fundamentos jurídicos expuestos en esta Sentencia Constitucional Plurinacional y, en los mismos términos dispuestos por el referido Tribunal de garantías. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Fdo. Ángel Edson Dávalos Rojas
MAGISTRADO
Fdo. Dra. Amalia Laura Villca
MAGISTRADA
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_1707_2026-S1.pdf · páginas 1 a 5.
Huella digital del PDF (SHA-256): 87d65561a127ebacdb2e14f546e4f5561cbaf827e70b781d26ec93ea0f1ca31f
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