Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Primera Especializada · 10 de agosto de 2026
Concede la tutela
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución de 17 de julio de 2024, cursante de fs. 20 vta. a 22 vta., pronunciada por el Tribunal de Sentencia Décimo de la Capital del departamento de Santa Cruz; y, en consecuencia, CONCEDER la tutela solicitada, en los mismos términos dispuestos por el Tribunal de garantías; y, conforme a los fundamentos jurídicos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional.
B.IA.Legal lee esta sentencia junto con tu expediente, te dice en qué te sirve y te ayuda a redactar el memorial con la cita exacta, sacada del texto del Tribunal.
¿No sos abogado? Hacé tu consulta legal gratis →
Texto tal como la publicó el Tribunal Constitucional Plurinacional, leído de su PDF oficial. Se sacaron solo los números de página.
SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1706/2026-S1 Sucre, 10 de agosto de 2026 SALA PRIMERA ESPECIALIZADA Magistrado Relator: Ángel Edson Dávalos Rojas Acción de libertad Expediente: 65931-2024-132-AL Departamento: Santa Cruz En revisión la Resolución de 17 de julio de 2024, cursante de fs. 20 vta. a 22 vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Gabriela Fátima Vidaurre Bayon en representación sin mandato de José Agustin Aucapiña Alarcón contra Carla Lorena Añez Méndez, Jueza de Instrucción Penal Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Segunda de la Capital del departamento de Santa Cruz.
Por memorial presentado el 16 de julio de 2024, cursante de fs. 9 a 10 vta., el accionante, a través de su representante sin mandato, denuncia la lesión de sus derechos a la libertad y debido proceso; así como, los principios de seguridad jurídica y celeridad procesal; dado que, dentro del proceso penal seguido en su contra por la presunta comisión del delito de robo agravado, solicitó audiencia de consideración de situación jurídica en tres oportunidades ante la Jueza ahora demandada, quien por falta de notificación e incompetencia no desarrolló el acto, encontrándose detenido preventivamente en estado de indefensión, cumpliendo una sentencia anticipada. Carla Lorena Añez Méndez, Jueza de Instrucción Penal Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Segunda de la Capital del departamento de Santa Cruz, mediante informe escrito presentado el 17 de julio de 2024, cursante a fs. 19 y vta., expresó que en el proceso penal contra el accionante hay otros seis acusados más y que existe acusación formal; motivo por el cual, se remitió el cuaderno procesal al Juzgado de Sentencia Quinto de la Capital del señalado departamento; por lo que, la acción interpuesta carece de lógica y debe ser denegada.
El Tribunal de Sentencia Décimo de la Capital del departamento de Santa Cruz, constituido en Tribunal de garantías, por Resolución de 17 de julio de 2024, cursante de fs. 20 vta. a 22 vta., concedió la tutela impetrada, con el fundamento al constatar el incumplimiento de la norma procesal penal a efectuar la audiencia para consideración de situación jurídica, y la remisión de la acusación formal ante la autoridad jurisdiccional competente en el plazo establecido por la norma procesal; disponiendo que en el plazo de cuarenta y ocho horas señale audiencia de consideración de situación jurídica, conforme dispone el art. 239.2 del Código de Procedimiento Penal (CPP). En consecuencia, corresponde en revisión, determinar si tales argumentos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
En el marco del Plan de Descongestionamiento Procesal, este Tribunal Constitucional Plurinacional, en reunión de Sala Plena de 14 de enero de 2026, estableció el uso del Formato Corto de Resolución para todas las causas comprendidas en el Plan Piloto. Determinación ratificada posteriormente, a través del Acuerdo Jurisdiccional de Sala Plena TCP-SP 010/2026 de 17 de junio, en el que se estableció la resolución de causas, mediante sentencias de aplicación de jurisprudencia reiterada. Asimismo, a través del Acuerdo Jurisdiccional de Sala Plena TCP-SP 013/2026 de 30 de julio, se dispuso la reconformación de Salas del Tribunal Constitucional Plurinacional; en cumplimiento a dicha determinación, la Comisión de Admisión de este Tribunal, procedió al sorteo de la presente causa.
La jurisprudencia constitucional desarrollada en la SC 0224/2004-R de 16 de febrero, entre otras, ha sido uniforme al disponer que:
[…] toda autoridad que conozca de una solicitud en la que se encuentre involucrado el derecho a la libertad física, tiene el deber de tramitarla con la mayor celeridad posible, o cuando menos dentro de los plazos razonables, pues de no hacerlo podría provocar una restricción indebida del citado derecho, lo que no significa, que siempre tendrá que otorgar o dar curso a la solicitud en forma positiva, pues esto dependerá de las circunstancias y las pruebas que se aporten en cada caso, dado que se reitera la lesión del derecho a la libertad física, está en la demora o dilación indebida de una solicitud de tal naturaleza, vale decir, que si la solicitud es negada de acuerdo a una compulsa conforme a Ley no es ilegal siempre que esa negativa se la resuelva con la celeridad que exige la solicitud.
En ese orden, la SC 0044/2010-R de 20 de abril, amplió los tipos de hábeas corpus -ahora acción de libertad- haciendo referencia al hábeas corpus restringido, ante limitaciones del ejercicio del derecho a la libertad, instructivo, cuando se trata del derecho a la vida, y al traslativo o de pronto despacho, precisando que a través de éste último “…lo que se busca es acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas, para resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad” (negrillas añadidas).
La SCP 0176/2018-S2 de 14 de mayo, luego de realizar una sistematización de la línea jurisprudencial, recogió el estándar más alto de protección en esta temática y entendió que:
Toda vez que, el juez de instrucción penal tiene el control jurisdiccional de la causa en la etapa preparatoria, es ésta, la autoridad que debe conocer y resolver las solicitudes de medidas cautelares, pese a la presentación de la acusación fiscal, siendo plenamente competente hasta que la causa sea radicada ante el juzgado o tribunal de sentencia penal, lo contrario, conllevaría dejar al imputado en incertidumbre.
De los antecedentes relevantes traídos en revisión, se advierte que el accionante se encuentra sometido a un proceso penal por la presunta comisión del delito de robo agravado; quien solicitó audiencia de consideración de situación jurídica en tres oportunidades ante la Jueza ahora demandada; empero, hasta la fecha de interposición de la acción tutelar no se llevó a cabo y que ante el conocimiento de existir acusación tampoco la misma fue remitida a la instancia de juicio oral en el plazo establecido por ley, encontrándose detenido preventivamente en estado de indefensión, cumpliendo una sentencia anticipada. Cabe resaltar que, mediante informe escrito, la Jueza demandada en su informe expresa que el Ministerio Público presentó acusación formal el 10 de julio de 2024 y según la copia de recepción del cuaderno procesal al Juzgado de Sentencia Quinto de la Capital del departamento de Santa Cruz, lleva sello de recepción de 16 del mismo mes y año, con lo que establece la dilación que existió en el presente trámite, porque el plazo para remitir es de veinticuatro horas de acuerdo a lo que prevé la norma procesal penal. En el caso de autos se tiene que, si bien dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público contra el accionante se presentó acusación formal en su contra, no existía aún Auto de radicatoria; por consiguiente, la Jueza ahora demandada al momento de la presentación de la solicitud de modificación de medidas cautelares del impetrante de tutela contaba con la competencia para resolver dicha solicitud, tal como determina la jurisprudencia citada en el Fundamento Jurídico III.2 de este fallo constitucional, al señalar que cuando se presenta la acusación fiscal y la causa aún no fue radicada formalmente, el control del proceso y sus emergencias continúan bajo su competencia; sin embargo, la Jueza hoy demandada obró de manera contraria. En relación a no haber señalado audiencia para resolver la situación jurídica del solicitante de tutela, incurrió en una dilación indebida e injustificada en el marco de la jurisprudencia desarrollada en el Fundamento Jurídico III.1 del presente fallo constitucional; puesto que, al tratarse de una persona privada de libertad, sus solicitudes debieron ser atendidas con diligencia y celeridad; por consiguiente, dicha autoridad ocasionó un perjuicio y una dilación injustificada que vulneró los derechos al debido proceso en sus elementos de celeridad y defensa vinculados a la libertad del accionante, provocando que el nombrado, hasta la presentación de la presente acción de defensa no tenga definida su situación jurídica; correspondiendo en consecuencia, conceder la tutela solicitada, a efectos de que se señale y celebre la audiencia de control jurisdiccional y, se pronuncie a lo solicitado por el impetrante de tutela para que efectúe el control del cumplimiento del plazo de la detención preventiva, por consiguiente resuelva su situación jurídica, con la celeridad necesaria, siempre y cuando la misma no haya cambiado por el transcurso del tiempo. En consecuencia, el Tribunal de garantías, al conceder la tutela impetrada, obró de forma correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución de 17 de julio de 2024, cursante de fs. 20 vta. a 22 vta., pronunciada por el Tribunal de Sentencia Décimo de la Capital del departamento de Santa Cruz; y, en consecuencia, CONCEDER la tutela solicitada, en los mismos términos dispuestos por el Tribunal de garantías; y, conforme a los fundamentos jurídicos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Fdo. Ángel Edson Dávalos Rojas
MAGISTRADO
Fdo. Dra. Amalia Laura Villca
MAGISTRADA
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_1706_2026-S1.pdf · páginas 1 a 5.
Huella digital del PDF (SHA-256): 72a376200fcb9adaf1fc8e764a613b399019fcfee1b583b97cb9d96afa3044ba
La jurisprudencia puede ser modulada o cambiada por fallos posteriores: antes de citarla en un escrito, verificá que siga vigente. Esta página reproduce una resolución judicial pública; no es asesoramiento legal.
Ver las sentencias más consultadas por abogados bolivianos →