Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Primera Especializada · 10 de agosto de 2026
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución 242/2024 de 15 de junio, cursante de fs. 9 a 10, pronunciada por el Juez de Instrucción Penal, Anticorrupción y contra la Violencia hacia las Mujeres Decimosexto de la Capital del departamento de La Paz; y, en consecuencia: 1° Conceder la tutela solicitada, de acuerdo a los fundamentos jurídicos expuestos en esta Sentencia Constitucional Plurinacional; y,
2° Disponer que el Secretario demandado, cumpla con la transcripción del acta y proceda a la devolución del legajo de apelación al juzgado de origen, salvo que, por el transcurso del tiempo, se hubiera cumplido con dicha remisión.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1705/2026-S1 Sucre, 10 de agosto de 2026 SALA PRIMERA ESPECIALIZADA Magistrado Relator: Ángel Edson Dávalos Rojas Acción de libertad Expediente: 65913-2024-132-AL Departamento: La Paz En revisión la Resolución 242/2024 de 15 de junio, cursante de fs. 9 a 10, pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Carla Karina Flores Ticona en representación sin mandato de Estanislao Flores Mamani contra Marcelo Fabián Flores, Secretario de la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz.
Por memorial de 15 de junio de 2024, cursante de fs. 3 a 4 vta., el accionante, a través de su representante, denuncia la lesión de su derecho al debido proceso; dado que, dentro del proceso penal seguido en su contra por la supuesta comisión del delito de tráfico de sustancias controladas, por Auto Interlocutorio de 10 de mayo de 2024, se dispuso su detención preventiva en el Centro Penitenciario San Pedro de La Paz, determinación que fue objeto de apelación incidental y confirmada en audiencia el 31 del mismo mes y año; sin embargo, hasta la fecha de interposición de la acción tutelar, no fue devuelto al juzgado de origen por falta de transcripción. Marcelo Fabián Flores, Secretario de la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, no presentó informe escrito ni se presentó a la audiencia de garantías pese a su legal notificación cursante a fs. 6. El Juez de Instrucción Penal, Anticorrupción y contra la Violencia hacia las Mujeres Decimosexto de la Capital del departamento de La Paz, constituido en Juez de Garantías, a través de la Resolución 242/2024 de 15 de junio, cursante de fs. 9 a 10, denegó la tutela con el fundamento de que la falta de presentación de prueba documental del accionante inviabiliza su solicitud de tutela.
En consecuencia, corresponde en revisión, determinar si tales argumentos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
En el marco del Plan de Descongestionamiento Procesal, este Tribunal Constitucional Plurinacional, en reunión de Sala Plena de 14 de enero de 2026, estableció el uso del Formato Corto de Resolución para todas las causas comprendidas en el Plan Piloto. Determinación ratificada posteriormente, a través del Acuerdo Jurisdiccional de Sala Plena TCP-SP 010/2026 de 17 de junio, en el que se estableció la resolución de causas, mediante sentencias de aplicación de jurisprudencia reiterada. Asimismo, a través del Acuerdo Jurisdiccional de Sala Plena TCP-SP 013/2026 de 30 de julio, se dispuso la reconformación de Salas del Tribunal Constitucional Plurinacional; en cumplimiento a dicha determinación, la Comisión de Admisión de este Tribunal, procedió al sorteo de la presente causa.
Sobre el particular, la SCP 0550/2021-S2 de 20 de septiembre, sostuvo que:
…se tendrán por probados los extremos denunciados cuando las autoridades denunciadas, no desvirtúen los hechos demandados, situación que concurre cuando no obstante su legal notificación no comparecen a la audiencia ni presten su informe de ley.
En lo concerniente a la acción de libertad en su modalidad traslativa o de pronto despacho, la SC 0224/2004-R de 16 de febrero, sostuvo que: “…toda autoridad que conozca de una solicitud en la que se encuentre involucrado el derecho a la libertad física, tiene el deber de tramitarla con la mayor celeridad posible, o cuando menos dentro de los plazos razonables, pues de no hacerlo podría provocar una restricción indebida del citado derecho, lo que no significa, que siempre tendrá que otorgar o dar curso a la solicitud en forma positiva, pues esto dependerá de las circunstancias y las pruebas que se aporten en cada caso, dado que se reitera la lesión del derecho a la libertad física, está en la demora o dilación indebida de una solicitud de tal naturaleza…” (las negrillas nos pertenecen). De otro lado, en cuanto a la devolución del cuaderno de apelación al juzgado de origen, la SCP 2077/2012 de 8 de noviembre, señala que: “…una vez remitido el expediente ante el Tribunal de apelación, éste ‘resolverá, sin más trámite y en audiencia, dentro de los tres días siguientes de recibidas las actuaciones, sin recurso ulterior’, debiendo incluirse dicho entendimiento bajo los argumentos expuestos del principio de celeridad, debido proceso y prohibición de dilación en el proceso, indicando que una vez el Tribunal de apelación dentro del plazo de tres días de recibidas las actuaciones, resuelva la apelación; deberá remitir el expediente, el acta y la Resolución correspondiente al Juzgado o Tribunal de origen dentro del plazo máximo de 24 horas” (las negrillas nos pertenecen).
La SCP 0336/2018-S2 de 18 de julio, sentencia sistematizadora de línea jurisprudencial, ha recogido los precedentes constitucionales sobre la legitimación pasiva en las acciones de libertad, así como la legitimación pasiva del personal judicial subalterno, concluyendo lo siguiente:
«…Ahora bien, a los fines de establecer la legitimación pasiva en la acción de libertad respecto a los servidores de apoyo judicial, se debe tener presente que, si la vulneración de los derechos tutelados por la presente acción de defensa emerge del incumplimiento o la inobservancia de las funciones y obligaciones conferidas al personal de apoyo jurisdiccional en los preceptos legales procedentemente referidos o del incumplimiento de las instrucciones u órdenes impartidas por el superior en grado, dicho servidor público adquiere la legitimación pasiva por lo que es plenamente viable dirigir la demanda contra ése funcionario, hasta establecer su responsabilidad si corresponde; habida cuenta que, el acto ilegal no es necesariamente el resultado del ejercicio de la función puramente jurisdiccional, sino que, las omisiones de carácter administrativo como: la falta o inoportuna elaboración del cuadernillo de apelación, el incumplimiento de plazos para la remisión de antecedentes al superior en grado, la falta o la inoportuna elaboración de actas, la falta o inoportuna notificación a las partes, tratándose en especial de audiencias de consideración de medidas cautelares, en fin, la inobservancia de las labores y obligaciones encomendadas al personal de apoyo, tiene la capacidad de repercutir negativamente en el ejercicio de los derechos fundamentales y garantías constitucionales del justiciable (las negrillas son añadidas)…»
De los antecedentes relevantes traídos en revisión, se advierte que el accionante se encuentra detenido preventivamente por un proceso penal por la supuesta comisión del delito de tráfico de sustancias controladas; decisión que, fue apelada incidentalmente por el Ministerio Público, remitida y resuelta por el Tribunal de alzada el 31 de mayo de 2024 (fs. 1); empero, hasta la fecha de interposición de la presente acción -15 de junio del mismo año-, no se devolvió antecedentes al juzgado de origen por la falta de transcripción del Auto de Vista.
Sobre el particular, de acuerdo a lo establecido en Fundamento Jurídico III.1 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, la presunción de veracidad resulta aplicable cuando la autoridad o funcionario demandado, pese a haber sido legalmente notificado con la acción de libertad, no comparece a la audiencia de garantías ni presenta el informe correspondiente para desvirtuar los hechos denunciados; en el caso concreto, se evidencia que el demandado fue notificado legalmente conforme acredita la diligencia cursante a fs. 6; no obstante, no se apersonó ni informó para controvertir lo denunciado por el impetrante de tutela; en consecuencia, corresponde tener por ciertos los hechos expuestos en la demanda tutelar. En ese contexto, conforme establece la jurisprudencia constitucional glosada en el Fundamento Jurídico III.2 de este fallo constitucional, con referencia a la devolución de los actuados de apelación de parte del Tribunal de alzada al juzgado de origen, se estableció un plazo máximo de veinticuatro horas. Ahora bien, conforme al Fundamento Jurídico III.3 de este fallo constitucional, los servidores públicos de apoyo jurisdiccional tienen legitimación pasiva cuando incurran en excesos que impliquen contradicción o alteración a las determinaciones de las autoridades jurisdiccionales o sus actos u omisiones relacionados con sus deberes, contribuyan o lesionen directamente derechos fundamentales de las personas; el cual, se aplica al presente caso; toda vez que, se evidencia que el Secretario demandado, no devolvió el legajo de apelación incidental ante el juzgado de origen, incurriendo en una dilación indebida de quince días, cuando el plazo máximo para la devolución de las apelaciones es de veinticuatro horas, mismo que resulta aplicable para el caso concreto. En consecuencia, el Juez de garantías, al denegar la tutela impetrada, no obró de forma correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución 242/2024 de 15 de junio, cursante de fs. 9 a 10, pronunciada por el Juez de Instrucción Penal, Anticorrupción y contra la Violencia hacia las Mujeres Decimosexto de la Capital del departamento de La Paz; y, en consecuencia: 1° Conceder la tutela solicitada, de acuerdo a los fundamentos jurídicos expuestos en esta Sentencia Constitucional Plurinacional; y,
2° Disponer que el Secretario demandado, cumpla con la transcripción del acta y proceda a la devolución del legajo de apelación al juzgado de origen, salvo que, por el transcurso del tiempo, se hubiera cumplido con dicha remisión. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Fdo. Ángel Edson Dávalos Rojas
MAGISTRADO
Fdo. Dra. Amalia Laura Villca
MAGISTRADA
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_1705_2026-S1.pdf · páginas 1 a 5.
Huella digital del PDF (SHA-256): e85d3fe90bb6faf09acfbbfdc088029371ab003216f6b947f683df33f50fcf74
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