Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Primera Especializada · 10 de agosto de 2026
Concede en parte la tutela
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 16/2024 de 11 de julio, cursante de fs. 49 a 52, pronunciada por el Juez de Sentencia Penal, Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Vigésimo Quinto de la Capital del departamento de La Paz; y, en consecuencia:
1° CONCEDER la tutela solicitada, de acuerdo a los fundamentos jurídicos expuestos en esta Sentencia Constitucional Plurinacional;
2° Exhortar a Juan Carlos Taco Espinal, Juez; y, Sandra Vargas Gutiérrez, Secretaria, ambos del Juzgado de Instrucción Penal, Anticorrupción y contra la Violencia hacia las Mujeres Sexto de El Alto del departamento de La Paz, a que en lo sucesivo tramiten con celeridad y diligencia los actuados vinculados con el derecho a la libertad; recordándoles que, en el marco de la tutela de la acción de libertad innovativa, es menester que a futuro no se repitan los actos lesivos denunciados en el presente fallo constitucional; y,
3º DENEGAR en cuanto a la solicitud de restablecer su libertad.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1704/2026-S1 Sucre, 10 de agosto de 2026 SALA PRIMERA ESPECIALIZADA Magistrado Relator: Ángel Edson Dávalos Rojas Acción de libertad Expediente: 65903-2024-132-AL Departamento: La Paz En revisión la Resolución 16/2024 de 11 de julio, cursante de fs. 49 a 52, pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Drushva Quispe Fernández en representación sin mandato de Luis Miguel Ramírez Pucho, contra Juan Carlos Taco Espinal, Juez; y, Sandra Vargas Gutiérrez, Secretaria ambos del Juzgado de Instrucción Penal, Anticorrupción y contra la Violencia hacia las Mujeres Sexto de El Alto del departamento de La Paz.
Por memorial presentado el 10 de julio de 2024, cursante de fs. 35 a 37 vta., el accionante a través de su representante, denunció la lesión del debido proceso y de sus derechos a la libertad y defensa; así como, del principio de celeridad; señalando que, dentro el proceso penal seguido en su contra por la presunta comisión del delito de estupro, la autoridad jurisdiccional ahora demandada, por Auto Interlocutorio 402/2023 de 15 de diciembre, le impuso detención preventiva por el lapso de seis meses, y siendo que conoció su causa durante el receso por vacación judicial debió remitirla al Juzgado de origen; sin embargo, no realizo tal labor ni tampoco revisó su situación jurídica al término de concluido el plazo para la referida medida cautelar. Por lo señalado, solicita se restablezca de inmediato su libertad y se disponga la remisión de su expediente penal en el plazo de veinticuatro horas. Juan Carlos Taco Espinal, Juez de Instrucción Penal, Anticorrupción y contra la Violencia hacia las Mujeres Sexto de El Alto del departamento de La Paz, por informe escrito de 10 de julio de 2024, cursante a fs. 42 y vta., solicitó se deniegue la tutela impetrada señalando que: a) El 15 de diciembre de 2023, pronunció el Auto Interlocutorio 402/2023, disponiendo la detención preventiva del impetrante de tutela y la remisión de su causa al Juzgado Público Mixto Civil y Comercial de Familia e Instrucción Penal Primera de Guaqui, concluyendo con ello, las funciones inherentes a su cargo; y, b) Al ser notificado con la presente acción tutelar, llamó severamente la atención a la Secretaria ahora codemandada; y, conminó al personal de apoyo, a que cumplan con la remisión del cuaderno a conocimiento del Juzgado correspondiente. Sandra Vargas Gutiérrez, Secretaria del Juzgado de Instrucción Penal, Anticorrupción y contra la Violencia hacia las Mujeres Sexto de El Alto del departamento de La Paz, por informe escrito de 10 de julio de 2024, cursante de fs. 45 a 46, solicitó se deniegue la tutela impetrada argumentando que el proceso penal seguido contra el accionante, fue atendido de turno, una vez fue impuesta la detención preventiva al solicitante de tutela, procedió a transcribir la resolución y el acta, para que de forma posterior entregar esa causa al Auxiliar del Despacho, junto con otras causas atendidas durante la vacación judicial, funcionario a quien le inquirió si remitió el proceso en cuestión, obteniendo como respuesta que previamente debía remitirse antecedentes al Juzgado de Ejecución Penal, y que en suma, aún estaba en su poder el merituado expediente; razón por la que, le llamó la atención severamente, logrando realizar el envió de esa causa, el 10 de julio de 2024. El Juez de Sentencia Penal, Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Vigésimo Quinto de la Capital del departamento de La Paz, constituido en Juez de garantías, por Resolución 16/2024 de 11 de julio, cursante de fs. 49 a 52, concedió la tutela impetrada, en relación a la Secretaria codemandada en la modalidad innovativa de la acción de libertad al haberse remitido el expediente en cuestión; y, denegó en relación al Juez demandado. En consecuencia, corresponde en revisión, determinar si tales argumentos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
En el marco del Plan de Descongestionamiento Procesal, este Tribunal Constitucional Plurinacional, en reunión de Sala Plena de 14 de enero de 2026, estableció el uso del Formato Corto de Resolución para todas las causas comprendidas en el Plan Piloto. Determinación ratificada posteriormente, a través del Acuerdo Jurisdiccional de Sala Plena TCP-SP 010/2026 de 17 de junio, en el que se estableció la resolución de causas, mediante sentencias de aplicación de jurisprudencia reiterada. Asimismo, a través del Acuerdo Jurisdiccional de Sala Plena TCP-SP 013/2026 de 30 de julio, se dispuso la reconformación de Salas del Tribunal Constitucional Plurinacional; en cumplimiento a dicha determinación, la Comisión de Admisión de este Tribunal, procedió al sorteo de la presente causa.
Recogiendo el sentido finalista de protección de la acción de libertad innovativa, la SCP 0266/2018-S2 de 25 de junio, sentencia sistematizadora de línea, concluyó lo siguiente:
[E]fectivamente, debe señalarse que la acción de libertad innovativa, radica fundamentalmente, en que todo acto contrario al régimen constitucional, que implique desconocimiento o comprometa la eficacia de los derechos tutelados por esta garantía jurisdiccional, debe ser repudiado por la justicia constitucional. Así, el propósito fundamental de la acción de libertad innovativa, es evitar que en el futuro se repitan y reproduzcan los actos contrarios a la eficacia y vigencia de los derechos a la vida, la libertad física y de locomoción. En ese sentido, no se protegen únicamente los derechos de la persona que interpuso la acción de libertad; sino, su vocación principal es que en lo sucesivo, no se repitan las acciones cuestionadas de ilegales; en razón a que, como lo entendió la jurisprudencia constitucional, la acción de libertad se activa no simplemente para proteger derechos desde una óptica subjetiva, sino también, desde una dimensión objetiva, evitando que se reiteren aquellas conductas que lesionan los derechos que se encuentran dentro del ámbito de su protección y que fundamentan todo el orden constitucional. […] Conforme al espíritu de esta línea jurisprudencial, la figura de la acción de libertad innovativa, debe ser entendida como el mecanismo procesal, por el cual, el juez constitucional asume un rol fundamental para la protección del derecho a la libertad personal, así como de los derechos a la vida, integridad física, debido proceso y libertad de locomoción; pues, si bien pueden haber cesado las vulneraciones a dichos derechos, empero, la ilegalidad fue consumada; por ello, a efecto de determinar la responsabilidad del caso y contribuir con la política criminal de prevención, corresponderá pronunciarse en el fondo de la problemática planteada, a efectos de determinar la responsabilidad de las autoridades, la comunidad o persona particular, cuya conducta sea contraria al orden constitucional y evitar futuras lesiones de derechos fundamentales y garantías constitucionales.
Sobre la temática en particular el Tribunal Constitucional Plurinacional, se ha pronunciado de manera reiterada; al respecto, la SCP 0800/2025-S3 de 24 de julio, determinó lo siguiente:
«Bajo ese razonamiento, la jurisprudencia constitucional desarrollada en la SC 0224/2004-R de 16 de febrero3, entre otras, ha sido uniforme al disponer que toda autoridad sea judicial o administrativa que conozca una solicitud que incida en el derecho a la libertad física de quien se halle privado de su ejercicio, tiene el deber de tramitarla con la mayor celeridad posible; por cuanto, la lesión de este derecho está en la demora o dilación indebida al resolver o atender una solicitud para la definición jurídica de los derechos del imputado o imputada, lo que no significa que deba dar curso a la solicitud en forma positiva; ya que, el resultado dependerá de las circunstancias del caso y la valoración jurídica que realice la autoridad conforme a la normativa aplicable; por cuanto, la lesión del derecho a la libertad física está en la demora o dilación indebida, al resolver o atender una solicitud; que más bien, debería ser efectuada con la debida celeridad».
La SCP 0336/2018-S2 de 18 de julio, sentencia sistematizadora de línea jurisprudencial, ha recogido los precedentes constitucionales sobre la legitimación pasiva en las acciones de libertad, así como la legitimación pasiva del personal judicial subalterno, concluyendo lo siguiente:
«…Ahora bien, a los fines de establecer la legitimación pasiva en la acción de libertad respecto a los servidores de apoyo judicial, se debe tener presente que, si la vulneración de los derechos tutelados por la presente acción de defensa emerge del incumplimiento o la inobservancia de las funciones y obligaciones conferidas al personal de apoyo jurisdiccional en los preceptos legales procedentemente referidos o del incumplimiento de las instrucciones u órdenes impartidas por el superior en grado, dicho servidor público adquiere la legitimación pasiva por lo que es plenamente viable dirigir la demanda contra ése funcionario, hasta establecer su responsabilidad si corresponde; habida cuenta que, el acto ilegal no es necesariamente el resultado del ejercicio de la función puramente jurisdiccional, sino que, las omisiones de carácter administrativo como: la falta o inoportuna elaboración del cuadernillo de apelación, el incumplimiento de plazos para la remisión de antecedentes al superior en grado, la falta o la inoportuna elaboración de actas, la falta o inoportuna notificación a las partes, tratándose en especial de audiencias de consideración de medidas cautelares, en fin, la inobservancia de las labores y obligaciones encomendadas al personal de apoyo, tiene la capacidad de repercutir negativamente en el ejercicio de los derechos fundamentales y garantías constitucionales del justiciable (las negrillas son añadidas)…»
De los antecedentes relevantes traídos en revisión, se advierte que el accionante enfrenta un proceso penal, que fue instaurado durante la vacación judicial; en el cual, el Juez ahora demandado le impuso detención preventiva; empero, incluso transcurridos los seis meses de su detención que se le impuso, no se revisó su situación jurídica al término del plazo ni se remitió su causa al Juzgado competente. Ahora bien, conforme a lo desarrollado en el Fundamento Jurídico III.2 de este fallo constitucional, dentro las modalidades que cuenta la acción de libertad, existe la traslativa o de pronto despacho cuya premisa busca acelerar trámites judiciales o administrativos a efectos de evitar dilaciones indebidas para resolver la situación jurídica de una persona que tenga comprometida su libertad.
En el caso de análisis, de los informes expuestos por los demandados, se tiene que el expediente penal del solicitante de tutela, no fue remitido sino hasta el 10 de julio de 2024 (fs. 43) al Juzgado Público Mixto e Instrucción Penal de Guaqui del departamento de La Paz, pese a que su causa penal fue formalizada 14 de diciembre de 2023 (fs. 6 a 9), habiéndose desarrollado la audiencia de consideración de medidas cautelares el 15 del indicado mes y año; momento desde el cual, debió ser puesta a conocimiento del citado Juzgado; empero, aquello no aconteció; lo que se traduce en una dilación indebida que derivó inclusive en la falta de celebración de la audiencia programada para revisar la situación jurídica del prenombrado al término de la detención preventiva impuesta; no siendo justificante suficiente, como señalaron el Juez y Secretaria demandados que a su vez, ordenaron a un funcionario de menor jerarquía se encargue del envió de esa causa sin realizar el control pertinente estando bajo su poder por más de siete meses el proceso en detrimento de los derechos denunciados por el accionante; por lo cual, concierne otorgar la protección solicitada ante la grosera demora provocada en la tramitación de esa causa penal con directa afectación al derecho a la libertad vinculado a la celeridad del prenombrado. En ese contexto, conforme al Fundamento Jurídico III.3 de este fallo constitucional, los servidores públicos de apoyo jurisdiccional tienen legitimación pasiva cuando incurran en excesos que impliquen contradicción o alteración a las determinaciones de las autoridades jurisdiccionales o sus actos u omisiones relacionados con sus deberes, contribuyan o lesionen directamente derechos fundamentales de las personas; el cual, resulta aplicable al presente caso en relación a la Secretaria codemandada conforme se advirtió en el párrafo anterior. Si bien, la remisión del expediente extrañado ya se efectivizó un día antes a la celebración de la audiencia tutelar, se constató que la indebida e ilegal dilación demandada constitucionalmente, si existió y fue provocada por la autoridad judicial y Secretaria ahora demandados, siendo aplicable lo explicitado por el Fundamento Jurídico III.1 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional; en ese marco, corresponde conceder la tutela impetrada bajo el ámbito de protección de la acción de libertad innovativa. Finalmente, en cuanto al petitorio que se restablezca su libertad de manera inmediata tal pretensión es inviable de considerar conforme la SCP 0281/2012 de 4 de junio resulta inviable por cuanto: “Teniendo presente que las medidas cautelares tienen carácter provisional, la resolución que la impuso no causa ejecutoria, dado que son revisables aún de oficio, pudiendo modificarse por otra que sea más o menos grave, o inclusive prescindir de ellas -art. 250 del CPP-. Por cuanto, la cesación de la medida cautelar, sólo será procedente cuando hubieren variado o cambiado los motivos o circunstancias que dieron lugar a su imposición -art. 239 del CPP-, determinación que será asumida previa compulsa de los mismos por el juez o tribunal que tenga a su cargo el control jurisdiccional de la investigación” (las negrillas son añadidas). En ese entendido corresponderá al Juez Público Mixto e Instrucción Penal de Guaqui del departamento de La Paz, que ahora detente el control jurisdiccional de la causa del impetrante de tutela, valorar aquel extremo considerando que se hubiera superado el plazo de la detención preventiva impuesta con anterioridad. En consecuencia, el Juez de garantías, al conceder en parte la tutela impetrada, obró de forma correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 16/2024 de 11 de julio, cursante de fs. 49 a 52, pronunciada por el Juez de Sentencia Penal, Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Vigésimo Quinto de la Capital del departamento de La Paz; y, en consecuencia:
1° CONCEDER la tutela solicitada, de acuerdo a los fundamentos jurídicos expuestos en esta Sentencia Constitucional Plurinacional;
2° Exhortar a Juan Carlos Taco Espinal, Juez; y, Sandra Vargas Gutiérrez, Secretaria, ambos del Juzgado de Instrucción Penal, Anticorrupción y contra la Violencia hacia las Mujeres Sexto de El Alto del departamento de La Paz, a que en lo sucesivo tramiten con celeridad y diligencia los actuados vinculados con el derecho a la libertad; recordándoles que, en el marco de la tutela de la acción de libertad innovativa, es menester que a futuro no se repitan los actos lesivos denunciados en el presente fallo constitucional; y,
3º DENEGAR en cuanto a la solicitud de restablecer su libertad. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Fdo. Ángel Edson Dávalos Rojas
MAGISTRADO
Fdo. Dra. Amalia Laura Villca
MAGISTRADA
1 En el Fundamento Jurídico III.1 de la citada Sentencia se expone el desarrollo completo de la línea jurisprudencial sobre la acción de libertad innovativa. Así también el Fundamento Jurídico III.2 de la SCP 1021/2019-S2 de 22 de noviembre.
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_1704_2026-S1.pdf · páginas 1 a 7.
Huella digital del PDF (SHA-256): 11812976ea624f2e75628081b5fb685ddd120297e95e7fcc159411c36a813425
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