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SCP 1681/2026-S1

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Primera Especializada · 10 de agosto de 2026

Deniega la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Primera Especializada
Fecha
10 de agosto de 2026
Acción
Acción de libertad
Magistrado relator
Ángel Edson Dávalos Rojas
Expediente
65667-2024-132-AL
Departamento
Santa Cruz
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de libertad — traslativa / pronto despacho

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 01/2024 de 12 de julio, cursante de fs. 31 vta. a 33 vta., pronunciada por la Jueza Pública, Mixta Civil y Comercial de Familia de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Segunda de Portachuelo del departamento de Santa Cruz; y, en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada, conforme los fundamentos jurídicos de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, sin ingresar al fondo de la problemática.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. El alcance de la protección de la acción de libertad traslativa o de pronto despacho
  2. III.2. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1681/2026-S1 Sucre, 10 de agosto de 2026 SALA PRIMERA ESPECIALIZADA Magistrado Relator: Ángel Edson Dávalos Rojas Acción de libertad Expediente: 65667-2024-132-AL Departamento: Santa Cruz En revisión la Resolución 01/2024 de 12 de julio, cursante de fs. 31 vta. a 33 vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Roger Ramírez Rivera en representación sin mandato de Rodrigo Rodríguez Mercado contra Juan Pablo Álvarez Orellana, Fiscal de Materia.

I. OBJETO PROCESAL

El accionante a través de memorial presentado el 11 de julio de 2024, cursante de fs. 2 a 4, señaló como lesionados sus derechos al debido proceso vinculado al principio de celeridad y a la libertad; toda vez que, dentro de la investigación que lleva adelante el Fiscal ahora demandado en su contra, por la presunta comisión del delito de abuso sexual, existen varios requerimientos solicitados que no fueron atendidos por esa autoridad y tampoco permitió a sus abogados acceder al cuaderno digital a través del sistema “JL2”, impidiendo de esta manera asumir una adecuada defensa ante una eventual medida cautelar, habiendo presentado imputación formal en su contra. Solicitando que en el día le otorguen los requerimientos fiscales solicitados y permita el acceso al cuaderno digital en el sistema “JL2”, prohibiendo al Fiscal hoy demandado incurrir a futuro en actos de retardación de justicia. Juan Pablo Álvarez Orellana, Fiscal de Materia, en audiencia de garantías, informó que, del cuaderno de investigaciones con Código Único de Denuncia (CUD) 710102092400971 se tiene que todos los memoriales presentados por el impetrante de tutela fueron decretados con la debida celeridad, entregándose los requerimientos a la defensa conforme consta en dicho cuaderno; en cuanto a la acción de libertad innovativa, que busca que a futuro no se incurra en los actos denunciados, no se ajusta al caso en el que no hubo vulneración alguna de derechos, por lo que solicitó la denegatoria de tutela.

La Jueza Pública, Mixta Civil y Comercial de Familia de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Segunda de Portachuelo del departamento de Santa Cruz, constituida en Jueza de garantías, por Resolución 01/2024 de 12 de julio, cursante de fs. 31 vta. a 33 vta., denegó la tutela solicitada, bajo el fundamento de que no existe un riesgo futuro o inminente a la libertad del accionante y tampoco un estado de total indefensión. En consecuencia, corresponde en revisión, determinar si tales argumentos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

II. Trámite Procesal en el Tribunal Constitucional Plurinacional

En el marco del Plan de Descongestionamiento Procesal, este Tribunal Constitucional Plurinacional, en reunión de Sala Plena de 14 de enero de 2026, estableció el uso del Formato Corto de Resolución para todas las causas comprendidas en el Plan Piloto. Determinación ratificada posteriormente, a través del Acuerdo Jurisdiccional de Sala Plena TCP-SP 010/2026 de 17 de junio, en el que se estableció la resolución de causas, mediante sentencias de aplicación de jurisprudencia reiterada. Asimismo, a través del Acuerdo Jurisdiccional de Sala Plena TCP-SP 013/2026 de 30 de julio, se dispuso la reconformación de Salas del Tribunal Constitucional Plurinacional; en cumplimiento a dicha determinación, la Comisión de Admisión de este Tribunal, procedió al sorteo de la presente causa.

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

III.1. El alcance de la protección de la acción de libertad traslativa o de pronto despacho

La SCP 0581/2025-S3 de 17 de junio, refiriéndose al alcance de la acción de libertad traslativa o de pronto despacho cuando el solicitante de tutela no se encuentra privado de libertad, señaló siguiente:

De la línea jurisprudencial citada es posible concluir que el alcance de protección de la acción de libertad en su modalidad traslativa o de pronto despacho opera frente a toda demora o dilación indebida al resolver o atender una solicitud que se encuentre vinculada con la libertad de quien la solicita, prueba de ello es que se ha establecido que toda autoridad sea judicial o administrativa que conozca una solicitud que incida en el derecho a la libertad física de quien se halle privado de su ejercicio, tiene el deber de tramitarla con la mayor celeridad posible; a contrario sensu, no procede cuando la libertad de la persona no se encuentre comprometida, ya sea porque no esté privada de libertad o el acto u omisión dilatorio no incida directa o indirectamente con su libertad; en estos casos corresponderá que el peticionante de tutela acuda previamente a los mecanismos intraprocesales que el ordenamiento jurídico prevé para el restablecimiento de los derechos considerados lesionados.

Cabe aclarar que el citado precedente constitucional no resulta aplicable en los casos de delitos de violencia, cuando es la víctima quien acude a la jurisdicción constitucional denunciando dilaciones procesales, supuestos en los cuales dicha problemática deberá ser analizada a partir de la observancia de los estándares nacionales e internacionales de debida diligencia.

III.2. Análisis del caso concreto

La denuncia se centra, en la supuesta falta de respuesta a los requerimientos solicitados por el accionante, a efectos de asumir una adecuada defensa en el proceso penal instaurado en su contra, vulnerando por ello el principio de celeridad y por ello el derecho a su libertad ante la imposición de una eventual medida cautelar, en virtud a la imputación formal emitida en su contra. De acuerdo a los antecedentes que cursan en obrados, se tiene que dentro del caso con CUD: 710102092400971, Caso FELCV-MONTERO 245/2024, el impetrante de tutela presentó ante el Fiscal demandado solicitud de requerimientos el 18 de abril de 2024, mereciendo decreto de igual fecha (fs. 10 a 12); de igual forma, por memorial presentado el 21 de mayo del mismo año, propuso diligencias de investigación, respondido por decreto de igual fecha por el Fiscal a cargo (fs. 13 a 19); cursa también requerimiento fiscal, para que una Notaría de Fe Pública realice la verificación domiciliaria y laboral del solicitante de tutela, de 3 de mayo de 2024, con cargo de recepción de -26 de mayo de 2024- del abogado de la defensa (fs. 24); de igual forma, mediante memorial de 31 de igual mes y año, propuso consultor técnico, respondido por resolución de igual fecha (fs. 25 a 26); y otro memorial con la misma fecha, de solicitud contra informe psicológico, contestado por decreto de idéntica fecha (fs. 27 y 28). En la audiencia de la presente acción de defensa, el accionante, señaló que no todos los requerimientos fiscales solicitados le fueron entregados, en especial el requerido para desvirtuar el riesgo procesal del art. 234.7 del Código de Procedimiento Penal (CPP), pidiendo que se verifique cuando fueron agregados al sistema “JL2” y su notificación con la imputación formal, a fin de que no se vuelva a incurrir en tales hechos. Por otra parte, del informe presentado por el Fiscal demandado y la documental adjunta, descrita precedentemente, se tiene que lo requerido por el impetrante de tutela fue absuelto a través de los decretos y resoluciones emitidos por la autoridad demandada. En el contexto descrito, tomando en cuenta que, de acuerdo a lo desarrollado en el Fundamento Jurídico III.1 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, la acción de libertad no procede cuando la libertad de la persona no se encuentre comprometida, ya sea porque no esté privada de libertad o el acto u omisión dilatorio no incida directa o indirectamente con su libertad; en cuyo caso, corresponderá que el solicitante de tutela acuda previamente a los mecanismos intraprocesales que el ordenamiento jurídico prevé para el restablecimiento de los derechos considerados lesionados y una vez agotados estos, interponga acción de amparo constitucional, salvo que se trate de causas vinculadas a delitos de violencia, cuando es la víctima quien acude a la jurisdicción constitucional denunciando dilaciones procesales, supuesto en el cual dicha problemática deberá ser analizada a partir de la observancia de los estándares nacionales e internacionales de debida diligencia. De ello, resulta que en el caso en cuestión, el impetrante de tutela circunscribe a denunciar negativas a las proposiciones de diligencias investigativas planteadas por su defensa, mismas que además fueron respondidas mediante resoluciones de 18 de abril, 21, 24 y 31 de mayo, todos de 2024; asimismo, señala que tampoco se permitió que sus abogados accedan al cuaderno digital a través del sistema JL2, impidiendo con ello -en su criterio- que pueda asumir una adecuada defensa ante una eventual medida cautelar, en virtud a la imputación formal emitida en su contra. Sin embargo, no existe constancia alguna que permita evidenciar a este Tribunal, que el accionante al momento de presentar la presente acción de tutela se encontraba privado de libertad; razón por la cual, no procede la acción de libertad de pronto despacho, correspondiendo en consecuencia denegar la tutela solicitada, sin ingresar al examen de fondo. En consecuencia, la Jueza de garantías, al denegar la tutela impetrada, obró de forma correcta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 01/2024 de 12 de julio, cursante de fs. 31 vta. a 33 vta., pronunciada por la Jueza Pública, Mixta Civil y Comercial de Familia de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Segunda de Portachuelo del departamento de Santa Cruz; y, en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada, conforme los fundamentos jurídicos de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, sin ingresar al fondo de la problemática. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Fdo. Ángel Edson Dávalos Rojas

MAGISTRADO Fdo. Dra. Amalia Laura Villca

MAGISTRADA

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_1681_2026-S1.pdf · páginas 1 a 5.

Huella digital del PDF (SHA-256): f38554a2d3b991f13eaa7daaace00579838439afb0421c70178274998733d413

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