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SCP 1680/2026-S1

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Primera Especializada · 10 de agosto de 2026

Concede la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Primera Especializada
Fecha
10 de agosto de 2026
Acción
Acción de libertad
Magistrado relator
Ángel Edson Dávalos Rojas
Expediente
65664-2024-132-AL
Departamento
La Paz
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de libertad — traslativa / pronto despacho

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 20/2024 de 12 de julio, cursante de fs. 25 a 26, pronunciada por el Juez de Sentencia Penal Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Décimo de la Capital del departamento de La Paz; y, en consecuencia, CONCEDER la tutela solicitada, disponiendo que, de no haberlo hecho, en el día, se proceda con los actos procesales de verificación domiciliaria.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. De la acción de libertad traslativa o de pronto despacho.
  2. III.2. Sobre los mandamientos de libertad
  3. III.3. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1680/2026-S1 Sucre, 10 de agosto de 2026 SALA PRIMERA ESPECIALIZADA Magistrado Relator: Ángel Edson Dávalos Rojas Acción de libertad Expediente: 65664-2024-132-AL Departamento: La Paz En revisión la Resolución 20/2024 de 12 de julio, cursante de fs. 25 a 26, pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Ceferino Condori Apaza contra Juan Ramos Solíz, Juez Público Civil y Comercial de Partido del Trabajo y Seguridad Social y de Sentencia Penal Primero de Coroico del departamento de La Paz.

I. OBJETO PROCESAL

Por memorial presentado el 11 de julio de 2024, cursante de fs. 1 a 4, el accionante denuncia la vulneración del debido proceso y su derecho a la libertad; así como, el principio a la celeridad; puesto que, dentro del proceso penal seguido en su contra por el delito violencia familiar y doméstica, fue privado de su libertad desde el 6 de abril de 2022, dictándose Sentencia Condenatoria el 17 de agosto de 2023; por la que, le sancionaron a dos años y tres meses de reclusión, misma que cumplió en el Centro Penitenciario San Pedro de La Paz, el 6 de julio de 2024; por lo que, el 10 del mes y año indicados, solicitó al Juez demandado, se expida en su favor mandamiento de libertad, sin que su pedido fuera atendido, además, que el expediente aún no fue enviado al Juzgado de Ejecución Penal de turno. Solicitando se resuelva su petición de libertad. Juan Ramos Solíz, Juez Público Civil y Comercial de Partido del Trabajo y Seguridad Social y de Sentencia Penal Primero de Coroico del departamento de La Paz, en audiencia de garantías informó que, el caso cuenta con Sentencia Condenatoria y Resolución de aplicación de salidas alternativas, respecto de esta última, resta el cumplimiento de la verificación de domicilio, que no pudo efectuarse hasta la fecha; aclarando que si bien el caso fue remitido al Juzgado de Ejecución Penal Primero de la Capital del departamento de La Paz, este fue devuelto a su despacho con algunas observaciones, el mismo que será enviado hasta el mediodía.

El Juez de Sentencia Penal Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Décimo de la Capital del departamento de La Paz, constituido en Juez de garantías, por Resolución 20/2024 de 12 de julio, cursante de fs. 25 a 26, concedió la tutela solicitada, al advertir que hubo, por parte de la autoridad ahora demandada dilación en la remisión de antecedentes al Juzgado de Ejecución Penal, disponiendo que en el día cumpla con dicho envío. En consecuencia, corresponde en revisión, determinar si tales argumentos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

II. Trámite Procesal en el Tribunal Constitucional Plurinacional

En el marco del Plan de Descongestionamiento Procesal, este Tribunal Constitucional Plurinacional, en reunión de Sala Plena de 14 de enero de 2026, estableció el uso del Formato Corto de Resolución para todas las causas comprendidas en el Plan Piloto. Determinación ratificada posteriormente, a través del Acuerdo Jurisdiccional de Sala Plena TCP-SP 010/2026 de 17 de junio, en el que se estableció la resolución de causas, mediante sentencias de aplicación de jurisprudencia reiterada. Asimismo, a través del Acuerdo Jurisdiccional de Sala Plena TCP-SP 013/2026 de 30 de julio, se dispuso la reconformación de Salas del Tribunal Constitucional Plurinacional; en cumplimiento a dicha determinación, la Comisión de Admisión de este Tribunal, procedió al sorteo de la presente causa.

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

III.1. De la acción de libertad traslativa o de pronto despacho.

La jurisprudencia constitucional desarrollada en la SC 0224/2004-R de 16 de febrero, entre otras, ha sido uniforme al disponer que:

[...] toda autoridad que conozca de una solicitud en la que se encuentre involucrado el derecho a la libertad física, tiene el deber de tramitarla con la mayor celeridad posible, o cuando menos dentro de los plazos razonables, pues de no hacerlo podría provocar una restricción indebida del citado derecho, lo que no significa, que siempre tendrá que otorgar o dar curso a la solicitud en forma positiva, pues esto dependerá de las circunstancias y las pruebas que se aporten en cada caso, dado que se reitera la lesión del derecho a la libertad física, está en la demora o dilación indebida de una solicitud de tal naturaleza, vale decir, que si la solicitud es negada de acuerdo a una compulsa conforme a Ley no es ilegal siempre que esa negativa se la resuelva con la celeridad que exige la solicitud.

En ese orden, la SC 0044/2010-R de 20 de abril, amplió los tipos de hábeas corpus -ahora acción de libertad- haciendo referencia al hábeas corpus restringido, ante limitaciones del ejercicio del derecho a la libertad, instructivo, cuando se trata del derecho a la vida, y al traslativo o de pronto despacho, precisando que a través de éste último "...lo que se busca es acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas, para resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad" (las negrillas son añadidas).

III.2. Sobre los mandamientos de libertad

La SCP 0619/2023-S4 de 12 de julio, estableció que: “En cuanto al mandamiento de libertad el art. 39 de la Ley de Ejecución Penal y Supervisión (LEPS) –Ley 2298 de 20 de diciembre de 2021–, señala que: “…cumplida la condena, concedida la libertad condicional o cuando cese la detención preventiva, el interno será liberado en el día, sin necesidad de trámite alguno. El funcionario que incumpla esa disposición, será pasible de responsabilidad penal, sin perjuicio de aplicarse las disposiciones penales que correspondan”. En ese orden cabe indicar que este Tribunal, a partir de la SC 0100/2010-R de 10 de mayo, reiteró el entendimiento asumido en la SC 0323/2003-R de 17 de marzo, con relación al art. 39 de la LEPS, estableciendo que;”’‘…ha determinado que, cuando ese precepto falta (...) señala que el interno será liberado en el día, sin necesidad de trámite alguno, se refiere a que el detenido con la sola presentación del mandamiento será dejado en libertad, empero, resulta implícito el deber jurídico que recae sobre la Gobernación de la Cárcel, de tomar las debidas previsiones para evitar que alguien pueda ser puesto en libertad teniendo otros mandamientos pendientes o que el mandamiento de libertad pueda contener alguna falsedad material o ideológica, lo cual le impele a tener que verificar y solicitar la información pertinente y revisar previamente los registros antes de dar curso al mandamiento…’, comprobación y consulta que deberá ser realizada inmediatamente, una vez recibido el mandamiento de libertad’ Entendimiento complementado por las SSCC 0192/2004-R y 1696/2004-R, entre otras’” (el resaltado es ilustrativo).

III.3. Análisis del caso concreto

A través de la acción tutelar el accionante reclama que permanece privado de su libertad, al no haberse librado el respectivo mandamiento de libertad, pese a que cumplió la pena a la que fue condenado. De los antecedentes adjuntos al proceso constitucional, se tiene que, por Sentencia 51/2023-P de 17 de agosto, el impetrante de tutela fue condenado a la pena de dos años y tres meses de reclusión, por la comisión del delito de violencia familiar y doméstica (fs. 10 a 13 vta.); seguidamente por Auto Interlocutorio 64/2023-P de 5 de octubre, se dispuso la aplicación de sanciones alternativas (fs. 14 a 15); ambas resoluciones pronunciadas por el Juez ahora demandado. Posteriormente y mediante decreto de 30 de enero de 2024, el Juez de Ejecución Penal Primero de la Capital del departamento de La Paz, dispuso que previo a la radicatoria del caso en ese despacho judicial, debían completarse algunas piezas procesales faltantes e indicar si el sentenciado se encontraba en libertad o aún estaba detenido, ordenando la devolución de actuados al Juzgado de origen, efectuado a través de Oficio de 1 de febrero de 2024 (fs. 20 vta. y 21); asimismo, cursa Informe de la Secretaria del Juzgado Público Civil y Comercial de Partido del Trabajo y Seguridad Social y Sentencia Penal Primero de Coroico del departamento de La Paz, sobre el Caso “214102122200057” de 11 de julio del mismo año, dirigido al Juez de ese despacho judicial, indicando en suma, que las sanciones alternativas impuestas, no fueron cumplidas y que el caso fue remitido siendo el que fue devuelto por observaciones (fs. 22). En ese contexto, se infiere que, en el caso en análisis, el expediente del caso en cuestión, al momento de la audiencia de garantías, aún se encontraba en poder del Juez ahora demandado; ya que, no obstante, de su remisión al Juzgado de Ejecución Penal Primero de la Capital del departamento de La Paz, este fue devuelto con observaciones que no fueron subsanadas. Ahora bien, en cuanto al reclamo efectuado por el solicitante de tutela a través de la presente acción de defensa, el mismo que se circunscribe a la emisión del mandamiento de libertad en su favor, debido a que ya habría cumplido con la condena que le fue impuesta, puesto que fue detenido en el Centro Penitenciario San Pedro de La Paz, el 6 de abril de 2022, extremo que no fue refutado, por la autoridad demandada, ello permite inferir que evidentemente el Juez ahora demandado, incurrió en una dilación indebida, al no librar en favor del accionante el mandamiento de libertad, conforme se tiene establecido en los fundamentos jurídicos citados precedentemente; ya que, independientemente de la aplicación de sanciones alternativas con la que fue beneficiado, correspondía en el caso de manera simultánea, verificar el tiempo que el impetrante de tutela, se encontraba privado de su libertad, a efectos de emitirse el mandamiento de libertad; dado que, de los datos del proceso la pena impuesta ya se habría cumplido el 6 de julio de 2024; en cambio continuaron, con las gestiones de la verificación del domicilio, que nunca se dio; aspectos éstos que permiten concluir, que la autoridad demandada vulneró los derechos invocados por el solicitante de tutela, quien permaneció privado de su libertad, sin que su pedido fuera atendido oportunamente. En consecuencia, el Juez de garantías, al conceder la tutela impetrada, obró de forma correcta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 20/2024 de 12 de julio, cursante de fs. 25 a 26, pronunciada por el Juez de Sentencia Penal Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Décimo de la Capital del departamento de La Paz; y, en consecuencia, CONCEDER la tutela solicitada, disponiendo que, de no haberlo hecho, en el día, se proceda con los actos procesales de verificación domiciliaria. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Fdo. Ángel Edson Dávalos Rojas

MAGISTRADO

Fdo. Dra. Amalia Laura Villca

MAGISTRADA

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_1680_2026-S1.pdf · páginas 1 a 5.

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