Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Tercera · 18 de diciembre de 2025
Concede en parte la tutela
Los accionantes a través de su representante, denuncian la lesión de sus derechos al debido proceso, a la libertad, al acceso a la justicia y a ser juzgados sin dilaciones indebidas, así como de los principios de celeridad, seguridad jurídica, legalidad y dirección judicial del proceso; señalando que las autoridades demandadas, no remitieron los antecedentes del recurso de apelación incidental interpuesto contra el Auto Interlocutorio de 18 de mayo de 2023, que dispuso medidas cautelares en su contra, a la Sala Penal de turno del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, pese a que cumplieron con el pago de los recaudos de Ley; por lo que, solicita se conceda la tutela y, en consecuencia, se ordene y conmine a las autoridades demandadas remitir la apelación incidental de la audiencia de medidas cautelares ante el Tribunal de alzada. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 11 de 9 de agosto, cursante de fs. 16 vta. a 18 vta., pronunciada por La Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, constituido en Tribunal de garantías; y, en consecuencia, 1° CONCEDER la tutela impetrada bajo la modalidad traslativa en los mismos términos dispositivos del Tribunal de garantías. 2° Llamar la atención a Simón Alarcón Vásquez, Juez; y, Nohelia Cuellar Soliz, Secretaria, ambos del Juzgado Público Mixto Civil y Comercial, de Familia, de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primero de Buena Vista del departamento de Santa Cruz, a tramitar con la máxima celeridad posible, las solicitudes en las cuales se encuentre comprometido el derecho a la libertad, bajo apercibimiento de remitir antecedentes ante la autoridad jurisdiccional correspondiente. 3° DENEGAR respecto a la responsabilidad civil o penal y el pago de costas judiciales.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1678/2025-S3 Sucre, 18 de diciembre de 2025 SALA TERCERA Magistrado Relator: Ángel Edson Dávalos Rojas Acción de libertad Expediente: 57975-2023-116-AL Departamento: Santa Cruz En revisión la Resolución 11 de 9 de agosto, cursante de fs. 16 vta. a 18 vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Renzo Estevez Saldaña en representación sin mandato de Patrick Cronembold Gutiérrez y Patrik Cromenbold Maldonado contra Simón Alarcón Vásquez, Juez; y, Nohelia Cuellar Soliz, Secretaria ambos del Juzgado Público Mixto Civil y Comercial, de Familia, de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primero de Buena Vista del departamento de Santa Cruz.
Por memorial presentado el 8 de agosto de 2023, cursante de fs. 2 a 12 vta., los accionantes a través de su representante, expresaron lo siguiente:
En el proceso penal seguido por el Ministerio Público en su contra por la presunta comisión del delito de violencia familiar y/o doméstica, previo a instalarse la audiencia pública de consideración de medidas cautelares, la “…parte civil…” (sic.), pidió la palabra e hizo conocer al Juez -ahora demandado- que presentaron con anterioridad un memorial solicitando la homologación de la conciliación promovida por la víctima y la extinción de la acción penal, adjuntando el acuerdo jurisdiccional debidamente reconocido ante la Notaría de Fe Pública; por lo que, pedían que se considere previamente la solicitud; sin embargo, el Juez demandado, de manera injustificada, abusiva e ilegal, no dio curso a lo peticionado; más aún, de forma arbitraria instaló la audiencia, en la cual, mediante Auto Interlocutorio de 18 de mayo de 2023, impuso de manera exagerada la aplicación de medidas cautelares conforme establece el art. 231 bis del Código de Procedimiento Penal (CPP). Razón por la cual, haciendo uso de los medios de impugnación de manera oral interpusieron recurso de apelación incidental contra la mencionada determinación y concluido el acto procesal entregaron a la Secretaria los recaudos de ley a efectos de que los antecedentes sean remitidos ante la Sala Penal de turno del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, conforme los plazos procesales previstos en el art. 251 del CPP. No obstante, hasta el 2 de agosto de 2023, el legajo procesal, no fue remitido ante el Tribunal de alzada, encontrándose peregrinando por la ilegal e indebida retardación de justicia y demora de la cual se consideran víctimas; toda vez que, cuando acudían al Juzgado a consultar sobre la remisión, la Secretaria les indicaba que el expediente se encontraba “…el acta se encuentra para que el Juez la revise…” o que “…ya la va a remitir…”; por lo que, no han podido acceder al cuaderno procesal ni saben si fue remitida o no.
Denunció la lesión de sus derechos al debido proceso, a la libertad, al acceso a la justicia y a ser juzgados sin dilaciones indebidas y de los principios de celeridad, de seguridad jurídica, de legalidad y de dirección judicial del proceso, citando al efecto los arts. 24, 64, 120, 125, 126 y 127 de la Constitución Política del Estado (CPE).
Solicitó se conceda la tutela y, en consecuencia, se ordene y conmine a la autoridad demandada remitir la apelación incidental de la audiencia de medidas cautelares ante el Tribunal de alzada.
Celebrada la audiencia el 9 de agosto de 2023, según consta en el acta cursante a fs. 16 y vta., se produjeron los siguientes actuados:
Los accionantes a través de su representante, ratificaron íntegramente los términos de su acción de libertad y ampliándola solicitaron el pago de costas, dado que, hasta la celebración de este mecanismo de defensa sus clientes continúan perjudicados al no tener una justicia pronta y oportuna.
Simón Alarcón Vásquez, Juez; y, Nohelia Cuellar Soliz, Secretaria, ambos del Juzgado Público Mixto Civil y Comercial, de Familia, de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primero de Buena Vista del departamento de Santa Cruz, no presentaron informe escrito alguno, ni asistieron a la audiencia de garantías, pese a su notificación cursante a fs. 15.
La Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, constituida en Tribunal de garantías, por Resolución 11 de 9 de agosto, cursante de fs. 16 vta. a 18 vta., concedió la tutela impetrada, disponiendo que el Juez Público Mixto Civil y Comercial, de Familia, de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primero de Buena Vista del departamento de Santa Cruz, que en el plazo de veinticuatro horas, sin excusa, remita la causa en grado de apelación ante el Tribunal de alzada, declarando que no se debía cancelar daños, costas, perjuicios ni responsabilidad civil por ser excusable; determinación, que fue asumida con base a los siguientes fundamentos: el hecho de que se ha evidenciado que las autoridades demandadas no han dado cumplimiento a la obligación de remitir la apelación dentro del plazo de veinticuatro horas, conforme establece el art. 251, parágrafo II del CPP, evidencia una demora injustificada que se constituye en una vulneración al debido proceso, en su vertiente de celeridad procesal.
Mediante Acuerdo Jurisdiccional de Sala Plena TCP-SP-003/2025-II de 26 de noviembre, se dispuso la reconformación de Salas del Tribunal Constitucional Plurinacional, en cumplimiento a dicha determinación, la Comisión de Admisión de este Tribunal, procedió al sortero de la presente causa.
De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. No consta documentación pertinente adjunta a la acción de libertad;
por lo que, esta Sala del Tribunal Constitucional Plurinacional emitirá su pronunciamiento considerando lo alegado por la parte accionante en su memorial de acción de libertad (fs. 2 a 12), lo manifestado en la respectiva audiencia de consideración (fs. 16 y vta.) y la Resolución 11 de 9 de agosto, cursante de fs. 16 vta. a 18 vta., emitida por la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, constituida en Tribunal de garantías.
Los accionantes a través de su representante, denuncian la lesión de sus derechos al debido proceso, a la libertad, al acceso a la justicia y a ser juzgados sin dilaciones indebidas, así como de los principios de celeridad, seguridad jurídica, legalidad y dirección judicial del proceso; señalando que las autoridades demandadas, no remitieron los antecedentes del recurso de apelación incidental interpuesto contra el Auto Interlocutorio de 18 de mayo de 2023, que dispuso medidas cautelares en su contra, a la Sala Penal de turno del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, pese a que cumplieron con el pago de los recaudos de Ley; por lo que, solicita se conceda la tutela y, en consecuencia, se ordene y conmine a las autoridades demandadas remitir la apelación incidental de la audiencia de medidas cautelares ante el Tribunal de alzada. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
La jurisprudencia constitucional de este Tribunal se ha pronunciado sobre las distintas modalidades de la acción de libertad y ha desarrollado una línea jurisprudencial en cuanto a su ámbito de protección y alcance. Así la SC 1579/2004-R de 1 de octubre se pronunció sobre sus diferentes modalidades refiriéndose al hábeas corpus -ahora acción de libertad-reparador cuando se trata de lesiones ya consumadas, preventivo para impedir una lesión a producirse y correctivo, cuando se intenta evitar el agravamiento de las condiciones de privación de libertad de una persona detenida. Posteriormente, la SC 0044/2010-R de 20 de abril, incorporó otras modalidades protectivas haciendo alusión al hábeas corpus restringido, al instructivo y al traslativo o de pronto despacho, respecto de este último precisó que a través de su ámbito de protección “…lo que se busca es acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas para resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad”. Bajo ese razonamiento, la jurisprudencia constitucional desarrollada en la SC 0224/2004-R de 16 de febrero, entre otras, ha sido uniforme al disponer que toda autoridad sea judicial o administrativa que conozca una solicitud que incida en el derecho a la libertad física de quien se halle privado de su ejercicio, tiene el deber de tramitarla con la mayor celeridad posible; por cuanto, la lesión de este derecho está en la demora o dilación indebida al resolver o atender una solicitud para la definición jurídica de los derechos del imputado o imputada, lo que no significa que deba dar curso a la solicitud en forma positiva; ya que, el resultado dependerá de las circunstancias del caso y la valoración jurídica que realice la autoridad conforme a la normativa aplicable; por cuanto, la lesión del derecho a la libertad física está en la demora o dilación indebida, al resolver o atender una solicitud; que más bien, debería ser efectuada con la debida celeridad. En el marco de dicho precedente constitucional la SCP 0581/2025-S3 de 17 de junio ha precisado el alcance de la acción de libertad traslativa o de pronto despacho señalando lo siguiente:
De la línea jurisprudencial citada es posible concluir que el alcance de protección de la acción de libertad en su modalidad traslativa o de pronto despacho opera frente a toda demora o dilación indebida al resolver o atender una solicitud que se encuentre vinculada con la libertad de quien la solicita, prueba de ello es que se ha establecido que toda autoridad sea judicial o administrativa que conozca una solicitud que incida en el derecho a la libertad física de quien se halle privado de su ejercicio, tiene el deber de tramitarla con la mayor celeridad posible; a contrario sensu, no procede cuando la libertad de la persona no se encuentre comprometida, ya sea porque no esté privada de libertad o el acto u omisión dilatorio no incida directa o indirectamente con su libertad; en estos casos corresponderá que el peticionante de tutela acuda previamente a los mecanismos intraprocesales que el ordenamiento jurídico prevé para el restablecimiento de los derechos considerados lesionados.
Entendimiento que fue asumido por la SCP 1021/2025-S3 de 28 de agosto.
Con relación al recurso de apelación incidental, la SCP 0281/2012 de 4 de junio, señala que cuando hubiere sido planteado oralmente en audiencia o por escrito, deberá ser concedido en el acto si fuere en audiencia y remitido inexcusablemente en el plazo improrrogable de veinticuatro horas, teniendo que resolver el tribunal de alzada dentro de las setenta y dos horas, lo contrario significa dilación indebida en el proceso, vulnerando con ello el derecho a la libertad o en su caso el derecho a la vida, en el entendido que la situación jurídica del afectado depende de la resolución que deberá ser emitida por el tribunal de apelación. Por su parte, las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 1907/2012 de 12 de octubre y 0142/2013 de 14 de febrero, entendieron que excepcionalmente es posible flexibilizar el plazo para la remisión del recurso de apelación y sus antecedentes, cuando exista una justificación razonable y fundada sobre las recargadas labores de la autoridad judicial, suplencias o pluralidad de imputados, plazo que no puede exceder de tres días, pasado el cual la omisión del juzgador se constituye en un acto dilatorio que puede ser denunciado a través de la acción de libertad traslativa o de pronto despacho. En ese entendido, la SCP 1975/2013 de 4 de noviembre, señaló que una vez formulado el recurso de apelación de manera escrita, el mismo debe ser providenciado en el plazo de veinticuatro horas por la autoridad judicial, de conformidad al art. 132 del CPP; providencia a partir de la cual se computan las veinticuatro horas previstas en el art. 251 del CPP. La SCP 2149/2013 de 21 de noviembre, en el Fundamento Jurídico III.3 sistematizó las subreglas señaladas anteriormente, conforme al siguiente entendimiento:
i) [I]nterpuesto el recurso de apelación contra las resoluciones que resuelven medidas cautelares, las actuaciones pertinentes deben ser remitidas en el plazo de veinticuatro horas previsto en el art. 251 del CPP; plazo que, por regla general, debe ser cumplido por las autoridades judiciales. ii) No obstante lo señalado precedentemente, es posible que el plazo de remisión de los antecedentes del recurso de apelación, de manera excepcional, y en situaciones en que exista una justificación razonable y fundada sobre las recargadas labores de la autoridad jurisdiccional, por las suplencias o la pluralidad de imputados, es posible flexibilizar dicho plazo a tres días, pasado el cual la omisión del juzgador se constituye en un acto ilegal. iii) Cuando el recurso de apelación previsto en el art. 251 del CPP, sea formulado de manera escrita, debe ser providenciado por la autoridad judicial en el plazo máximo de veinticuatro horas, de conformidad al art. 132 del CPP; providencia a partir de la cual se computan las veinticuatro horas previstas para la remisión de las actuaciones pertinentes ante el tribunal de apelación. iv) Cuando el recurso de apelación sea formulado de manera oral, corresponde que la autoridad judicial decrete su remisión en audiencia, para que a partir de dicha providencia se compute el plazo de veinticuatro horas previsto en el art. 251 del CPP; aclarándose que la fundamentación jurídica y expresión de agravios debe ser efectivizada en la audiencia de apelación. v) No corresponde condicionar la remisión de antecedentes del recurso de apelación al tribunal superior con el cumplimiento de la provisión de recaudos de ley dispuesta por la autoridad judicial, y menos puede computarse el plazo de veinticuatro horas previsto en el art. 251 del CPP, a partir que el recurrente otorga dichos recaudos, en virtud a los principios de gratuidad, pro actione, y los derechos de impugnación y acceso a la justicia. vi) No corresponde que el decreto de remisión de antecedentes al tribunal de apelación sea notificado personalmente y, en consecuencia, deberá notificarse en una de las formas previstas en los arts. 161 y 162 del CPP, en el plazo previsto en el art. 160 del citado Código; únicamente para efectos de conocimiento de las partes, sin que a partir de dicha notificación se compute el plazo de veinticuatro horas previsto por el art. 251 del CPP; pues, se reitera, el cómputo de ese plazo se inicia desde el decreto de remisión dictado por el juez y, en ese sentido, no se debe condicionar la remisión del recurso de apelación a una eventual contestación de la otra parte». La sistematización de los precedentes constitucionales que antecede, ha sido realizada en las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0036/2018-S2, 0068/2018-S2, 0105/2018-S2, entre otras, en las que se ha resuelto situaciones similares al ahora planteado.
La jurisprudencia constitucional entendió inicialmente a través de las SSCC 1068/00-R de 15 de noviembre de 2000 y 1388/2002-R de 18 de noviembre, entre otras, que para la concesión del entonces recurso de hábeas corpus -ahora acción de libertad-, debería existir prueba que demostrara las afirmaciones del accionante.
Posteriormente, a través de las SSCC 1164/2003-R de 19 de agosto y 0785/2010-R de 2 de agosto, se determinaron excepciones a la denegatoria de la acción de libertad por falta de pruebas, aplicando el principio de presunción de veracidad, en los siguientes supuestos: 1)
Cuando las autoridades demandadas no asistieron a la audiencia ni presentaron el informe correspondiente para desvirtuar las afirmaciones de la o el impetrante de tutela, supuestos en los cuales, se tienen por ciertas las afirmaciones contenidas en la demanda tutelar; y por ende, se concede la tutela; razonamiento aplicado por las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0224/2012, 1329/2012, 2498/2012 y 0029/2014-S1, entre otras; y, 2) Cuando las autoridades demandadas, a pesar de comparecer, no negaron los hechos alegados por la o el solicitante de tutela; razonamiento aplicado en las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 1974/2013, 0100/2014 y 0207/2014, entre otras (las negrillas nos corresponden).
En el mismo sentido, la SC 0038/2011-R de 7 de febrero, refiere sobre la presunción de veracidad de los hechos demandados por el accionante; estableciendo que, atendiendo a los principios constitucionales de compromiso e interés social, de responsabilidad que rigen la función pública y a la naturaleza de los derechos tutelados por la acción de libertad: “…cuando el sujeto pasivo es un funcionario público, éste tiene la obligación de presentar informe escrito o en su defecto concurrir a la audiencia a fin de desvirtuar los hechos o actos denunciados como lesivos a los derechos del accionante, pues de no hacerlo se presume la veracidad de los mismos”. Entendimiento que fue reiterado, entre otras, por las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0320/2016-S3 de 3 de marzo y 0037/2018-S2 de 6 de marzo.
6El FJ III.3, sostiene: “Según señala la doctrina del Derecho Administrativo, el servidor público ʽ…es la persona física, que desempeña un trabajo material, intelectual o físico dentro de alguno de los Poderes del Estado, bajo un régimen jurídico de derecho público, y que lleva como finalidad atender a necesidades sociales.´ (SÁNCHEZ GÓMEZ, citado en PÉREZ FERNÁNDEZ DEL CASTILLO, Bernardo. Ética del abogado y del servidor público. 12ª ed. Méjico, 2006. p. 127). Tradicionalmente, para garantizar el logro de los fines del Estado, la función pública ha implicado una posición de autoridad respecto a los administrados; sin embargo, conforme a la doctrina contemporánea del Derecho Administrativo, dicha autoridad no es un fin en sí misma, sino un medio para un efectivo servicio a la sociedad. Con esa orientación, el art. 232 de la CPE, establece que: ʽLa Administración Pública se rige por los principios de legitimidad, legalidad, imparcialidad, publicidad, compromiso e interés social, ética, transparencia, igualdad, competencia, eficiencia, calidad, calidez, honestidad, responsabilidad y resultados´ (negrillas agregadas) y el art. 235.1 de la misma Ley Fundamental, consagra que la primera y más importante obligación de las servidoras y servidores públicos, es cumplir la Constitución y las leyes. Partiendo del marco doctrinal y constitucional referido, se debe señalar que en el caso de la acción de libertad, atendiendo especialmente a los principios de compromiso e interés social y de responsabilidad que rigen la función pública, así como a la naturaleza de los derechos tutelados por esa garantía jurisdiccional, cuando el sujeto pasivo es un funcionario público, éste tiene la obligación de presentar informe escrito o en su defecto concurrir a la audiencia a fin de desvirtuar los hechos o actos denunciados como lesivos a los derechos del accionante, pues de no hacerlo se presume la veracidad de los mismos. En ese sentido, la SC 1164/2003-R de 19 de agosto de 2003 señaló: ʽLos hechos denunciados por el recurrente no han sido desvirtuados por la autoridad demandada al no haber concurrido a la audiencia de Ley ni haber presentado su informe no obstante de su legal citación (…) lo que determina la procedencia del recurso´ y la SC 0650/2004-R de 4 de mayo, determinó: `…el funcionario recurrido, una vez citado legalmente con el recurso no comparece a la audiencia del hábeas corpus y no presenta informe alguno, por lo mismo, no niega ni desvirtúa las denuncias formuladas por el recurrente; en ese caso, el silencio del recurrido será considerado como confesión de haber cometido el hecho ilegal o indebido denunciado en el recurso´; entendimientos reiterados, entre otras, por las SSCC 0141/2006-R, 020/2010-R y 0181/2010-R. Así, siguiendo esa línea la SC 0785/2010-R de 2 de agosto, refirió: ʽ…se tendrán por probados los extremos denunciados cuando las autoridades denunciadas, no desvirtúen los hechos demandados, situación que concurre cuando no obstante su legal notificación no comparecen a la audiencia ni presten su informe de ley´”.
En consecuencia, la parte demandada tiene la obligación, por su propio interés, de presentar la prueba necesaria y suficiente que permita desestimar una acción presentada en su contra, pues su negligencia puede dar lugar a determinarle responsabilidad; más aún cuando se trata de un servidor público, que tiene el deber de elevar un informe con la prueba suficiente ante el juez o tribunal de garantías y estar presente en la audiencia; pues de lo contrario, se presume la veracidad de los hechos o actos denunciados por la o el accionante.
La sistematización precedentemente desglosada ha sido desarrollada en las SSCCPP 0259/2018-S2 de 18 de junio y 0500/2018-S2 de 14 de septiembre, entre otras.
El Tribunal Constitucional Plurinacional a través de la SCP 0078/2018-S2 de 23 de marzo, asumió el siguiente entendimiento. Sobre la legitimación pasiva de los servidores públicos de apoyo judicial, que comprende a la conciliadora o el conciliador; la secretaria o el secretario; la o el auxiliar; y, la o el oficial de diligencias, de acuerdo a lo descrito en el art. 83 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ), la SC 1572/2003-R de 4 de noviembre, pronunciada dentro de una acción de amparo constitucional, establece inicialmente que dicho personal, carece de legitimación pasiva, excepto si estos hubieran incurrido en excesos contrariando o alterando las determinaciones de la autoridad judicial. En el mismo sentido, la SC 1093/2010-R de 27 de agosto, determina que si la autoridad judicial conoce el acto vulneratorio y no hace nada; es decir, convalida el procedimiento por omisión, se deslinda de responsabilidad al personal subalterno. Finalmente, modificando los entendimiento descritos anteriormente, la SCP 0427/2015-S2 de 29 de abril, dentro de una acción de 7El FJ III.2, expresa que: “… los secretarios, actuarios y oficiales de diligencias, no tienen facultades jurisdiccionales sino que están obligados a cumplir las órdenes o instrucciones del Juez, emergentes de sus decisiones, por lo que no tienen legitimación pasiva para ser demandados por cuanto no son los que asumen determinaciones de orden jurisdiccional dentro de los procesos, salvo que incurrieran en excesos contrariando o alterando esas determinaciones de la autoridad judicial”. 8 El FJ III.8, refiere: “… en consecuencia, para el caso en los cuales las autoridades jurisdiccionales reciban una petición de la persona detenida o privada de libertad, tienen la obligación de tramitarla con celeridad, sin necesidad de esperar al último día del cumplimiento de los plazos legalmente previstos; y, para el supuesto en los cuales no se tenga un plazo previsto, la absolución de la petición debe realizarse dentro de un plazo razonable. Actuar de manera distinta a la descrita, provoca dilaciones indebidas y dilatorias sobre la definición jurídica de las personas privadas de libertad y corresponde activar el hábeas corpus traslativo o de pronto despacho”. 9El FJ III.2, determina: “…si la vulneración de los derechos tutelados por la presente acción de defensa emerge del incumplimiento o la inobservancia de las funciones y obligaciones conferidas al personal de apoyo jurisdiccional en los preceptos legales procedentemente referidos o del incumplimiento de las instrucciones u órdenes impartidas por el superior en grado, dicho servidor público adquiere la legitimación pasiva por lo que es plenamente viable dirigir la demanda contra ése funcionario, hasta establecer su responsabilidad si corresponde; habida cuenta que, el acto ilegal no es necesariamente el resultado del ejercicio de la función puramente jurisdiccional, sino que, las omisiones de carácter administrativo como: la falta o inoportuna elaboración del cuadernillo de apelación, el incumplimiento de plazos para la remisión de antecedentes al superior en grado, la falta o la inoportuna libertad, definió que los servidores de apoyo jurisdiccional cuentan con legitimación pasiva para ser demandados, entendiendo que el acto lesivo puede derivar de actuaciones meramente administrativas como el incumplimiento de plazos para la remisión de antecedentes al superior en grado, la falta o inoportuna notificación a las partes, tratándose en especial de audiencias de consideración de medidas cautelares y otras obligaciones; empero, la autoridad judicial por las facultades de supervisión que ejerce sobre este personal, no deja de asumir responsabilidad sobre el juzgado. En similar línea jurisprudencial se pronuncio la SCP 0099/2025-S3 de 18 de marzo.
Los accionantes, denuncian la vulneración de sus derechos al debido proceso, a la libertad, al acceso a la justicia, a ser juzgados sin dilaciones indebidas y a los principios de celeridad, seguridad jurídica, legalidad y dirección judicial del proceso, toda vez que, concluida la audiencia de medidas cautelares de 18 de mayo de 2023, formularon recurso de apelación incidental contra el Auto Interlocutorio que dispuso medidas cautelares en su contra; empero, hasta la formulación de la presente acción de libertad, los demandados no remitieron su apelación ante el Tribunal de alzada, incurriendo en dilación indebida. Inicialmente, cabe aclarar que, si bien no cursa en antecedentes elementos probatorios que hubiesen acreditado el reclamo impetrado dentro de la presente acción de libertad, empero, este fallo constitucional se basará en los argumentos expuestos por la parte accionante y la Resolución del Tribunal de garantías; ahora bien, siendo que los demandados no presentaron informe ni se apersonaron a la audiencia de consideración de la acción tutelar, en virtud al precedente anotado en el Fundamento Jurídico III.3. de esta Sentencia Constitucional Plurinacional, se tendrán por probados los extremos denunciados por el impetrante de tutela en su memorial de formulación de esta acción de defensa, al tratarse de funcionarios judiciales y tomando en cuenta los principios que rigen la función judicial, así como la naturaleza de los derechos tutelados por esta acción tutelar, ya que, éstos tenían la obligación de presentar informe escrito o en su defecto, concurrir a la audiencia de garantías a fin de desvirtuar los hechos o actos denunciados como lesivos. En ese marco, no obstante, que los accionantes solicitaron la activación de la acción de libertad traslativa o de pronto despacho, en razón a la dilación en la remisión del legajo de su apelación incidental, empero, conforme se anotó en el Fundamento Jurídico III.1. del presente fallo constitucional, la acción de libertad traslativa o de pronto se activa cuando existe vulneración al principio de celeridad respecto a trámites judiciales o administrativos que se encuentren directamente vinculados a la libertad; es decir, cuando exista dilaciones indebidas que retardan o evitan resolver la situación jurídica de una persona, a contrario sensu, no procede cuando la libertad de la persona no se encuentre comprometida, ya sea porque no esté privada de libertad o el acto u omisión dilatoria no incida directa o indirectamente con su libertad. En ese marco, corresponde señalar que en este caso del contenido del memorial de formulación de la acción de libertad, si bien, no se advierte que lo impetrantes de tutela se encontraban privados de libertad, pues en ningún momento lo indicaron, lo que si, señalaron fue que, en la audiencia de 18 de mayo de 2023, se dispuso en su contra la aplicación de las medidas cautelares previstas en el art. 231 bis del CPP; revisada esta norma, se evidencia que este artículo está referido a las medidas cautelares de carácter personal, en ese marco, cabe señalar que conforme a la SCP 0339/2012 de 18 de junio, las medidas cautelares de carácter personal “…tienen como finalidad, el asegurar la presencia del imputado en el desarrollo del proceso y cuando corresponda, el cumplimiento de la resolución; medidas que se constituyen de mayor relevancia en el proceso penal boliviano, por cuanto suponen una afectación a la libertad…”, antecedente que nos permite establecer que la petición de los accionantes referida a la dilación en la remisión al tribunal del legajo procesal de apelación incidental contra el fallo que dispuso medidas cautelares de carácter personal en su contra, si está vinculado con la amenaza de restricción de su derecho a la libertad, por lo que, si es posible activar la acción de libertad traslativa o de pronto despacho en este caso. En el marco de lo señalado, cabe indicar que de la revisión del memorial de esta acción tutelar, lo manifestado en la audiencia, y de lo indicado en la Resolución del Tribunal de garantías, se tiene que a los accionantes, se les sigue un proceso penal por la presunta comisión de los delitos de violencia intrafamiliar o doméstica, por lo cual, en la audiencia de 18 de mayo de 2023, se les impuso las medidas cautelares previstas en el art. 231 bis del CPP y en esa misma audiencia, los prenombrados formularon recurso de apelación incidental contra el Auto Interlocutorio que ordenó la medida; sin embargo, hasta la formulación de esta acción tutelar el Juez demandado ni la Secretaria codemandada remitieron la apelación al Tribunal de alzada, a pesar de haber provisto los recaudos de ley para que el legajo procesal sea remitido ante la Sala Penal de turno del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz. Identificado el acto lesivo, debe analizarse la actuación de las dos autoridades por separado, a tal efecto se analizará primero si hubo vulneración de derechos por parte del Juez demandado para luego analizar el proceder de la Secretaria de Juzgado. 1) Con relación al Juez Público Mixto Civil y Comercial, de Familia, de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primero de Buena Vista del departamento de Santa Cruz En el marco de lo señalado por los impetrantes de tutela ut supra, resulta evidente la demora en la remisión del legajo procesal ante el Tribunal de alzada, toda vez que, se ha constatado que ésta fue solicitada de forma oral, en la audiencia de consideración de medidas cautelares celebrada el 18 de mayo de 2023; sin embargo, hasta la formulación de esta acción de defensa e incluso hasta la celebración de la audiencia tutelar de 9 de agosto del citado año, el legajo no fue remitido, extremo acreditado en la mencionada audiencia en la cual los accionantes, a través de su abogado se ratificaron in extenso en su solicitud constatándose que hasta ese momento habían transcurrido ochenta días sin que se hubiera cumplido con la remisión requerida. En este punto, es importante señalar que el Juez tiene el control jurisdiccional del despacho, por lo que, tenía conocimiento del proceso, de la apelación formulada y de las medidas cautelares de carácter personal impuestas a los impetrantes de tutela; en consecuencia, debió ordenar su remisión sin que ésta pueda dilatarse por más de veinticuatro horas, conforme dispone el art. 251 del CPP y fue desarrollado en el Fundamento Jurídico III.2 de este fallo constitucional, dado que, su incumplimiento se constituye en una dilación indebida que afecta el derecho a la libertad de los apelantes, más aún si se considera que por su investidura ejerce la dirección funcional de su despacho y tiene el deber de tramitar las solicitudes con la mayor celeridad posible, a fin de evitar la afectación al derecho a la libertad; no obstante, al no proceder de esta manera y por el contrario permitir que transcurran ochenta días, sin justificación alguna, ha generado una dilación indebida en la remisión del recurso de apelación incidental formulado por los accionantes que repercutió directamente en el derecho en su derecho a la libertad; por lo cual, corresponde conceder la tutela solicitada en su modalidad traslativa o de pronto despacho. 2) Respecto a la Secretaria codemandada Previamente al análisis de las actuaciones de la Secretaria hoy codemandada, es necesario efectuar una aclaración en cuanto a la legitimación pasiva de los funcionarios de apoyo jurisdiccional, a tal efecto, es necesario remitirse a la jurisprudencia contenida en el Fundamento Jurídico III.4., de este fallo constitucional que señala que dichos funcionarios adquieren tal legitimación cuando: “a) incurrieran en excesos contrariando o alterando las determinaciones de la autoridad judicial; b) la vulneración de los derechos tutelados a través de acciones de defensa emerjan de un evidente incumplimiento o desconocimiento de las funciones y obligaciones conferidas a estos; y, c) emerjan del incumplimiento de las instrucciones u órdenes impartidas por el superior en grado” (SCP 0043/2018-S1 de 12 de marzo); asimismo, aclarar que para las acciones de libertad dicha legitimación se activa en el caso de que la vulneración de derechos emerja del incumplimiento o la inobservancia de las funciones y obligaciones encomendadas a dichos servidores de apoyo jurisdiccional, entre éstas, el incumplimiento de plazos procesales para la remisión del legajo de apelación, o la falta o inoportuna elaboración del mismo. Con esa aclaración cabe señalar los y las Secretarios de Despacho en materia penal tienen obligaciones específicas, establecidas en los arts. 56 del CPP modificado por Ley de Abreviación Procesal Penal y de Fortalecimiento de la Lucha Integral Contra la Violencia a Niñas, Niños, Adolescentes y Mujeres -Ley 1173 de 3 de mayo de 2019-; y, 94.I.4, 5 y 15 de la Ley Orgánica Judicial (LOJ), donde de forma clara se encuentra regulado que estos servidores públicos tiene la obligación de labrar las actas de las audiencias, franquear los testimonio, cumplir con las comisiones que le encomiende el Juez de la causa y controlar a través del sistema informático de gestión de causas el cumplimiento de los plazos procesales, debiendo informar oportunamente a la jueza, juez o tribunal antes de su vencimiento. En ese marco, corresponde analizar el actuar de la Secretaria codemandada, evidenciando que ésta tenía la obligación de elaborar el Acta, lo cual efectivamente realizó, y conforme señalan los accionantes, lo habría remitido ante el Juez, cumpliendo así con una parte de sus funciones; sin embargo, su labor no concluía allí, pues esta servidora judicial también tenía el deber de controlar el cumplimiento de los plazos procesales. Esta función, según lo manifestado por los accionantes, no fue cumplida, ya que, cuando acudieron al Juzgado la Secretaria se limitaba a indicar que el Acta estaba “…en espera de firma…” y que “…saldría pronto…”, afirmaciones que denotan el incumplimiento de sus funciones y obligaciones. Este actuar contraviene las obligaciones impuestas por el art. 56 inc. 1 del CPP modificado por la Ley 1173, generando con ello que un cumplimiento de los plazos procesales y produciendo una dilación indebida que afectó directamente en la sustanciación de la situación jurídica de los accionantes, derivando en la vulneración de su derecho a la libertad, en estrecha vinculación con el principio de celeridad procesal; en consecuencia, corresponde conceder la tutela también con relación a esta funcionaria judicial. Respecto a la vulneración de sus derechos al debido proceso y al acceso a la justicia, así como de los principios de seguridad jurídica, legalidad y dirección judicial del proceso, alegados por los accionantes, esta Sala del Tribunal Constitucional Plurinacional no puede emitir pronunciamiento alguno, debido a que los impetrantes de tutela, se limitaron únicamente a citarlos, sin acreditar ningún extremo ni realizar ninguna fundamentación que respalde la citada vulneración; del mismo modo, en relación al petitorio de pago de costas procesales, los impetrantes de tutela se limitaron a mencionarlo, sin precisar ni sustentar su pretensión. En consecuencia, el Tribunal de garantías, al conceder la tutela impetrada, aunque con otros fundamentos, obró de forma parcialmente correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 11 de 9 de agosto, cursante de fs. 16 vta. a 18 vta., pronunciada por La Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, constituido en Tribunal de garantías; y, en consecuencia, 1° CONCEDER la tutela impetrada bajo la modalidad traslativa en los mismos términos dispositivos del Tribunal de garantías. 2° Llamar la atención a Simón Alarcón Vásquez, Juez; y, Nohelia Cuellar Soliz, Secretaria, ambos del Juzgado Público Mixto Civil y Comercial, de Familia, de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primero de Buena Vista del departamento de Santa Cruz, a tramitar con la máxima celeridad posible, las solicitudes en las cuales se encuentre comprometido el derecho a la libertad, bajo apercibimiento de remitir antecedentes ante la autoridad jurisdiccional correspondiente. 3° DENEGAR respecto a la responsabilidad civil o penal y el pago de costas judiciales. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Fdo. Ángel Edson Dávalos Rojas
MAGISTRADO
Fdo. Boris Wilson Arias López
MAGISTRADO
1 El FJ III.1, señala: “Del texto constitucional y legal referidos, se extrae que en el sentido de la Constitución, el recurso de hábeas corpus por violaciones a la libertad individual y /o locomoción, puede ser reparador si ataca una lesión ya consumada, preventivo si procura impedir una lesión a producirse o correctivo si intenta evitar que se agraven las condiciones en que se mantiene a una persona detenida”.
2 El FJ III.5, establece: “…se debe hacer referencia al hábeas corpus traslativo o de pronto despacho, a través del cual lo que se busca es acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas, para resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad. Este tipo de hábeas corpus, implícito en el art. 125 de la CPE, emerge directamente del art. 89 de la LTC, que establece que, también procede el hábeas corpus cuando se aleguen “…otras violaciones que tengan relación con la libertad personal en cualquiera de sus formas, y los hechos fueron conexos con el acto motivante del recurso, por constituir su causa o finalidad…”, e implícitamente fue reconocido por la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, cuando tuteló los supuestos de demora en la celebración de la audiencia de medidas cautelares (SSCC 1109/2004-R, 1921/2004-R),o cuando existieron notificaciones ilegales con las resoluciones de medidas cautelares que lesionan el derecho a la defensa, concretamente el derecho a recurrir, impidiendo que el tribunal superior revise la resolución del inferior (SC 826/2004-R)…”.
3 La citada Sentencia expresó que: “‘…toda autoridad que conozca de una solicitud en la que se encuentre involucrado el derecho a la libertad física, tiene el deber de tramitarla con la mayor celeridad posible, o cuando menos dentro de los plazos razonables, pues de no hacerlo podría provocar una restricción indebida del citado derecho, lo que no significa, que siempre tendrá que otorgar o dar curso a la solicitud en forma positiva, pues esto dependerá de las circunstancias y las pruebas que se aporten en cada caso, dado que se reitera la lesión del derecho a la libertad física, está en la demora o dilación indebida de una solicitud de tal naturaleza, vale decir, que si la solicitud es negada de acuerdo a una compulsa conforme a Ley no es ilegal siempre que esa negativa se la resuelva con la celeridad que exige la solicitud’.
4 La SCP 0281/2012, en el F.J III.4 refirió: “…cuando el recurso de apelación incidental, hubiere sido planteado oralmente en audiencia o por escrito, con o sin contestación de las partes que intervinieren en el proceso, deberá ser concedido en el acto si fuere en audiencia y remitido inexcusablemente en el plazo improrrogable de veinticuatro horas, y el tribunal de apelación deben resolver en setenta y dos horas; lo contrario significaría dilación indebida que vulnera el derecho a la libertad y en su caso a la vida, en el entendido que la variación de la situación jurídica del imputado depende de la ponderación que efectué el tribunal de apelación de los fundamentos de la medida cautelar, para disponer su revocatoria o confirmación”.
5 La SCP 1907/2012, en el F.J III.4 señaló: “…conforme al art. 251 del CPP, una vez interpuesto, las actuaciones pertinentes deben ser remitidas ante el ahora Tribunal departamental de Justicia en el término de veinticuatro horas, debiendo el tribunal de alzada resolver el recurso, sin más trámite y en audiencia, dentro de los tres días siguientes de recibidas las actuaciones, salvo justificación razonable y fundada, como ser las recargadas labores, suplencias, pluralidad de imputados, etc., casos en los que, la jurisprudencia otorgó un plazo adicional que no puede exceder de tres días, pasado el cual, el trámite se convierte en dilatorio y vulnera el derecho a la libertad del agraviado”.
elaboración de actas, la falta o inoportuna notificación a las partes, tratándose en especial de audiencias de consideración de medidas cautelares, en fin, la inobservancia de las labores y obligaciones encomendadas al personal de apoyo, tiene la capacidad de repercutir negativamente en el ejercicio de los derechos fundamentales y garantías constitucionales del justiciable…” (las negritas nos corresponden).
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_1678_2025-S3.pdf · páginas 1 a 15.
Huella digital del PDF (SHA-256): aa027899fb2c5f38919f0c6532c617bda1fe52db052cdd478e08fda36a81cd10
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