Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Primera Especializada · 10 de agosto de 2026
Deniega la tutela
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 20/2024 de 4 de julio, cursante de fs. 40 a 43 vta., pronunciada por el Juez de Sentencia Penal Decimoprimero de la Capital del departamento de La Paz; y, en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada, conforme a los fundamentos expuestos en el presente fallo constitucional.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1671/2026-S1 Sucre, 10 de agosto de 2026 SALA PRIMERA ESPECIALIZADA Magistrado Relator: Ángel Edson Dávalos Rojas Acción de libertad Expediente: 65470-2024-131-AL Departamento: La Paz En revisión la Resolución 20/2024 de 4 de julio, cursante de fs. 40 a 43 vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Diego Limpias Zeballos contra Marco Antonio Laurenty Titirico, Juez de Ejecución Penal Primero de El Alto del departamento de La Paz.
El accionante, por memorial presentado el 3 de julio de 2024, cursante a fs. 1 y 6 a 7 vta., denuncia la lesión de sus derechos al debido proceso, a la defensa, a la igualdad y a la tutela judicial efectiva; toda vez que, dentro del proceso penal seguido en su contra a instancias del Ministerio Público por la comisión del delito de homicidio, fue sentenciado a veinte años de reclusión el 10 de noviembre de 2023, por la Jueza de Instrucción Penal Segunda de la Capital del departamento de Santa Cruz; posteriormente, remitieron los antecedentes al Juzgado de Ejecución Penal Primero de El Alto del departamento de La Paz; en tal sentido, mediante memorial de 19 de febrero de 2024, planteó incidente de cambio de penitenciaria, mereciendo el decreto de no poder ser considerado por falta de documentación respecto a piezas procesales, remitiéndose el expediente a la ciudad de Santa Cruz de la Sierra para su complementación, que fue devuelto mediante comisión instruida de 25 de marzo de igual año; es así que, pidió que la autoridad demandada resuelva su solicitud planteada el 19 de febrero de 2024, dando estricto cumplimiento a lo establecido por el art. 132 del Código de Procedimiento Penal (CPP). Marco Antonio Laurenty Titirico, Juez de Ejecución Penal Primero de El Alto del departamento de La Paz, a través de informe escrito presentado el 4 de julio de 2024, cursante a fs. 17 y vta., refirió que el proceso penal seguido contra el accionante, fue remitido el 5 de enero de 2024 a su juzgado, disponiendo su devolución el 8 de igual mes y año, por no contar con la documentación pertinente para su legal radicatoria, observaciones que recién fueron corregidas y presentadas el 25 de marzo de ese año; posterior a la radicatoria, no existe ninguna solicitud de cambio de penitenciaria por parte del impetrante de tutela; por información de la Secretaria en suplencia legal, se tendría en la carpeta de memoriales sueltos, el presentado por el prenombrado el 19 de febrero de 2024, cuando la causa aún no estaba radicada en su despacho judicial, que fue atendido por decreto de 20 de igual mes y año, instruyendo que previamente, acompañe los antecedentes y esté pendiente a la devolución al Juzgado de Instrucción Penal Segundo de la Capital del departamento de Santa Cruz, sin que se haya impugnado el citado decreto o haya reiterado su solicitud de cambio de penitenciaria. El Juez de Sentencia Penal Decimoprimero de la Capital del departamento de La Paz, constituido en Juez de garantías, mediante Resolución 20/2024 de 4 de julio, cursante de fs. 40 a 43 vta., denegó la tutela solicitada, con el fundamento de que no se cumplió con el principio de subsidiariedad excepcional de la acción de libertad ni con la legitimación pasiva. En consecuencia, corresponde en revisión, determinar si tales argumentos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
En el marco del Plan de Descongestionamiento Procesal, este Tribunal Constitucional Plurinacional, en reunión de Sala Plena de 14 de enero de 2026, estableció el uso del Formato Corto de Resolución para todas las causas comprendidas en el Plan Piloto. Determinación ratificada posteriormente, a través del Acuerdo Jurisdiccional de Sala Plena TCP-SP 010/2026 de 17 de junio, en el que se estableció la resolución de causas, mediante sentencias de aplicación de jurisprudencia reiterada. Asimismo, a través del Acuerdo Jurisdiccional de Sala Plena TCP-SP 013/2026 de 30 de julio, se dispuso la reconformación de Salas del Tribunal Constitucional Plurinacional; en cumplimiento a dicha determinación, la Comisión de Admisión de este Tribunal, procedió al sorteo de la presente causa.
La SCP 0280/2025-S1 de 10 de abril, citando a la SC 0044/2010-R de 20 de igual mes, señaló que a través de la acción de libertad en su modalidad traslativa o de pronto de despacho: “…se busca acelerar los trámites judiciales o administrativos ante dilaciones indebidas, para resolver la situación jurídica de la persona privada de libertad y la concreción del valor libertad, de los principios de celeridad y respeto a los derechos (…).
Sobre la base de ese razonamiento, toda autoridad que conozca una solicitud en la que se encuentre involucrado el derecho a la libertad física, tiene el deber de tramitarla con la mayor celeridad posible, o cuando menos dentro de los plazos razonables, pues de no hacerlo, podría provocar una restricción indebida del citado derecho; (…) por cuanto, la lesión del derecho a la libertad física, está en la demora o dilación indebida, al resolver o atender una solicitud; que más bien, debería ser efectuada con la debida celeridad” (las negrillas nos corresponden).
De los antecedentes relevantes traídos en revisión, se advierte que el accionante denuncia que el 19 de febrero de 2024, habiendo planteado un incidente de cambio de penitenciaria ante el Juez de Ejecución Penal Primero de El Alto del departamento de La Paz -ahora demandado-, hasta la presentación de esta acción tutelar, no tuvo respuesta a su petición. En el caso presente, se advierte que dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público contra Diego Limpias Zeballos -ahora accionante- y otros, la Jueza de Instrucción Penal Segunda de la Capital del departamento de Santa Cruz, el 10 de noviembre de 2023, dictó la Sentencia 30/2023, declarando autor y culpable del delito de homicidio al prenombrado, condenándole a la pena de veinte años de reclusión a cumplir en el Centro Penitenciario Chonchocoro de La Paz (fs. 20 a 26 vta.), mediante decreto de 29 de diciembre de 2023, el Presidente del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, remitió la comisión instruida a la ventanilla única de la Oficina Gestora de Procesos, para el sorteo respectivo, cursa sello de recepción del Juzgado de Ejecución Penal Primero de Alto del mismo departamento de 5 de enero de 2024 (fs. 33); el Juez ahora demandado, por decreto de 8 de igual mes y año, devolvió obrados al Juzgado de origen ante la falta de documentación para el control de la condena, debiendo complementarse lo requerido previo a disponer la radicatoria (fs. 34); asimismo, mediante decreto de 26 de marzo de 2024, la prenombrada autoridad judicial, habiendo recibido la documentación extrañada, radicó los autos ejecutoriados del proceso penal, para fines de control (fs. 37 vta.). En ese orden de cosas, se tiene que el impetrante de tutela presentó memorial de incidente de cambio de penitenciaria el 19 de febrero de 2024, cuando el expediente habría sido devuelto al Juzgado de Instrucción Penal Segundo de la Capital del departamento de Santa Cruz, para que subsane las observaciones realizadas por el Juez demandado y aún no se encontraba radicado en el Juzgado de Ejecución Penal Primero de El Alto del departamento de La Paz; pese a ello, el memorial presentado por el accionante, obtuvo respuesta a través del decreto de 20 del referido mes y año, indicando textualmente: “Previamente venga con sus antecedentes y estese a las resueltas de la devolución del legajo de ejecución al Juzgado de Instrucción Penal 2° de la Capital de Santa Cruz instruido mediante el decreto de fecha 08 de enero de 2024” (sic); en tal sentido, se observa que se dio respuesta al memorial de 19 de febrero de 2024, lógicamente no resolvió el incidente planteado, por no encontrarse todavía, el legajo de ejecución radicado; en consecuencia, no se advierte que el Juez demandado haya vulnerado algún derecho del accionante, pues ante el decreto emitido, éste no lo impugnó, ni volvió a reiterar su incidente, planteando la presente acción tutelar después de cuatro meses, observándose de ello una dejadez, pretendiendo ahora que este Tribunal lo subsane, correspondiendo denegar la tutela. En consecuencia, el Juez de garantías, al denegar la tutela impetrada, obró de forma correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 20/2024 de 4 de julio, cursante de fs. 40 a 43 vta., pronunciada por el Juez de Sentencia Penal Decimoprimero de la Capital del departamento de La Paz; y, en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada, conforme a los fundamentos expuestos en el presente fallo constitucional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Fdo. Ángel Edson Dávalos Rojas
MAGISTRADO
Fdo. Dra. Amalia Laura Villca
MAGISTRADA
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_1671_2026-S1.pdf · páginas 1 a 5.
Huella digital del PDF (SHA-256): 2904b258619dc807b5496e1ea223d1ff38d175bac7547e6bff053bb62c858fb0
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