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SCP 1669/2026-S1

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Primera Especializada · 10 de agosto de 2026

Concede la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Primera Especializada
Fecha
10 de agosto de 2026
Acción
Acción de libertad
Magistrado relator
Ángel Edson Dávalos Rojas
Expediente
65443-2024-131-AL
Departamento
La Paz
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de libertad — traslativa / pronto despacho

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 16/2024 de 3 de julio, cursante de fs. 36 a 37 vta., pronunciada por la Jueza de Sentencia Penal, Anticorrupción y Contra la Violencia Hacia las Mujeres Quinta de la Capital del departamento de La Paz; y, en consecuencia, CONCEDER la tutela solicitada, conforme a los razonamientos expuestos en este fallo constitucional, y los términos dispuestos por la Jueza de garantías.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. Sobre la acción de libertad traslativa o de pronto despacho
  2. III.2. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1669/2026-S1 Sucre, 10 de agosto de 2026 SALA PRIMERA ESPECIALIZADA Magistrado Relator: Ángel Edson Dávalos Rojas Acción de libertad Expediente: 65443-2024-131-AL Departamento: La Paz En revisión la Resolución 16/2024 de 3 de julio, cursante de fs. 36 a 37 vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Grover Vladimir Rodriguez Bolo en representación sin mandato de Juan Tarquino Quispe contra Diego Boris Farrachol Pinto, Fiscal de Materia y Ariel Fernando Ulo Chinche, funcionario policial.

I. OBJETO PROCESAL

El accionante, a través de su representante, por memorial presentado el 2 de julio de 2024 cursante de fs. 1 a 3 vta., denuncia la lesión de su derecho a la libertad y principio de celeridad; toda vez que, en el proceso penal seguido en su contra, por la presunta comisión del delito de tráfico de sustancias controladas, habiéndose dispuesto el procedimiento inmediato, los demandados no presentaron el informe y requerimiento conclusivo correspondientes en el plazo establecido por ley; por tanto, solicita que, en el día, se presenten los mismos. Diego Boris Farrachol Pinto, Fiscal de Materia, -demandado-, en audiencia de garantías de 3 de julio de 2024, conforme al acta cursante de fs. 33 a 35, señaló que, ya se cuenta con el requerimiento conclusivo, faltando el informe ampliatorio del investigador asignado al caso, habiéndose emitido conminatoria correspondiente a fines de su presentación. Ariel Fernando Ulo Chinche, funcionario policial, -codemandado-; de igual manera en audiencia de garantías, informó que, el informe conclusivo ya fue presentado el viernes 28 de junio de 2024. La Jueza de Sentencia Penal Anticorrupción y Contra la Violencia Hacia las Mujeres Quinta de la Capital del departamento de La Paz, constituida en Jueza de garantías; mediante Resolución 16/2024 de 3 de julio, cursante de fs. 36 a 37 vta., concedió la tutela solicitada, con el fundamento que los demandados, no acreditaron la presentación del requerimiento ni informe conclusivo; disponiendo que, el Fiscal demandado presente el requerimiento conclusivo respecto del accionante en el plazo de cinco días y el funcionario policial codemandado remita y/o entregue los audios y videos del presente caso en el plazo de tres días. En consecuencia, corresponde en revisión, determinar si tales argumentos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

II. Trámite Procesal en el Tribunal Constitucional Plurinacional

En el marco del Plan de Descongestionamiento Procesal, este Tribunal Constitucional Plurinacional, en reunión de Sala Plena de 14 de enero de 2026, estableció el uso del Formato Corto de Resolución para todas las causas comprendidas en el Plan Piloto. Determinación ratificada posteriormente, a través del Acuerdo Jurisdiccional de Sala Plena TCP-SP 010/2026 de 17 de junio, en el que se estableció la resolución de causas, mediante sentencias de aplicación de jurisprudencia reiterada. Asimismo, a través del Acuerdo Jurisdiccional de Sala Plena TCP-SP 013/2026 de 30 de julio, se dispuso la reconformación de Salas del Tribunal Constitucional Plurinacional; en cumplimiento a dicha determinación, la Comisión de Admisión de este Tribunal, procedió al sorteo de la presente causa.

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

III.1. Sobre la acción de libertad traslativa o de pronto despacho

La jurisprudencia constitucional desarrollada en la SC 0224/2004-R de 16 de febrero, entre otras, ha sido uniforme al disponer que:

[...] toda autoridad que conozca de una solicitud en la que se encuentre involucrado el derecho a la libertad física, tiene el deber de tramitarla con la mayor celeridad posible, o cuando menos dentro de los plazos razonables, pues de no hacerlo podría provocar una restricción indebida del citado derecho, lo que no significa, que siempre tendrá que otorgar o dar curso a la solicitud en forma positiva, pues esto dependerá de las circunstancias y las pruebas que se aporten en cada caso, dado que se reitera la lesión del derecho a la libertad física, está en la demora o dilación indebida de una solicitud de tal naturaleza, vale decir, que si la solicitud es negada de acuerdo a una compulsa conforme a Ley no es ilegal siempre que esa negativa se la resuelva con la celeridad que exige la solicitud.

En ese orden, la SC 0044/2010-R de 20 de abril, amplió los tipos de hábeas corpus -ahora acción de libertad- haciendo referencia al hábeas corpus restringido, ante limitaciones del ejercicio del derecho a la libertad, instructivo, cuando se trata del derecho a la vida, y al traslativo o de pronto despacho, precisando que a través de éste último "...lo que se busca es acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas, para resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad" (las negrillas son añadidas).

III.2. Análisis del caso concreto

De los antecedentes traídos en revisión, el problema jurídico central radica en la presunta dilación en la presentación del informe conclusivo y el requerimiento fiscal dentro del proceso penal seguido contra el accionante por la presunta comisión del delito de tráfico de sustancias controladas, bajo las reglas del procedimiento inmediato.

De la compulsa procesal, se evidencia que la audiencia cautelar y de aplicación de procedimiento inmediato se celebró el 29 de mayo de 2024, fijándose el plazo correspondiente de treinta días conforme al art. 393 ter núm. 2 del Código de Procedimiento Penal (CPP) (fs. 14); no obstante, hasta la fecha de interposición de la presente acción tutelar -2 de julio de 2024-, ni el informe complementario del investigador asignado ni el requerimiento conclusivo del Fiscal de Materia fueron efectivizados oportunamente, si bien el funcionario policial codemandado presentó un informe el 27 de junio de 2024, este resultó incompleto al omitir actuaciones investigativas como el careo ordenado y los registros audiovisuales de la inspección técnico ocular y reconstrucción (fs. 27 a 32). La omisión advertida por parte de los demandados, generó una obstrucción directa en la definición de la situación jurídica del accionante, quien se encontraba cumpliendo su detención preventiva en el Centro Penitenciario San Pedro de La Paz y con audiencia fijada para el 1 de julio de igual año. En tal sentido, resulta aplicable al presente caso el Fundamento Jurídico III.1 de este fallo constitucional; el cual señala que, toda autoridad sea judicial o administrativa que conozca una solicitud que incida en el derecho a la libertad física de quien se halle privado de su ejercicio, tiene el deber de tramitarla con la mayor celeridad posible; por cuanto, la lesión de este derecho está en la demora o dilación indebida al resolver o atender una solicitud para la definición jurídica de los derechos del imputado o imputada, lo que no significa que deba dar curso a la solicitud en forma positiva; ya que, el resultado dependerá de las circunstancias del caso y la valoración jurídica que realice la autoridad conforme a la normativa aplicable; razón por la cual, corresponde conceder la tutela solicitada.

En consecuencia, la Jueza de garantías, al conceder la tutela impetrada, obró de forma correcta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 16/2024 de 3 de julio, cursante de fs. 36 a 37 vta., pronunciada por la Jueza de Sentencia Penal, Anticorrupción y Contra la Violencia Hacia las Mujeres Quinta de la Capital del departamento de La Paz; y, en consecuencia, CONCEDER la tutela solicitada, conforme a los razonamientos expuestos en este fallo constitucional, y los términos dispuestos por la Jueza de garantías. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Fdo. Ángel Edson Dávalos Rojas

MAGISTRADO

Fdo. Dra. Amalia Laura Villca

MAGISTRADA

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_1669_2026-S1.pdf · páginas 1 a 4.

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