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SCP 1667/2026-S1

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Primera Especializada · 10 de agosto de 2026

Concede la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Primera Especializada
Fecha
10 de agosto de 2026
Acción
Acción de libertad
Magistrado relator
Ángel Edson Dávalos Rojas
Expediente
65429-2024-131-AL
Departamento
Santa Cruz
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de libertad — traslativa / pronto despacho

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 01/2024 de 18 de enero, cursante de fs. 42 vta. a 44, pronunciada por el Tribunal de Sentencia Penal Primero de Montero del departamento de Santa Cruz; y, en consecuencia, CONCEDER la tutela solicitada, de acuerdo a los fundamentos jurídicos desarrollados en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional y en los mismos términos que el referido Tribunal de garantías.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. La acción de libertad traslativa o de pronto despacho y el plazo para la remisión de antecedentes ante el Tribunal de alzada, frente a un recurso de apelación incidental de medidas cautelares
  2. III.2. La legitimación pasiva del personal judicial subalterno en las acciones de libertad
  3. III.3. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1667/2026-S1 Sucre, 10 de agosto de 2026 SALA PRIMERA ESPECIALIZADA Magistrado Relator: Ángel Edson Dávalos Rojas Acción de libertad Expediente: 65429-2024-131-AL Departamento: Santa Cruz En revisión la Resolución 01/2024 de 18 de enero, cursante de fs. 42 vta. a 44, pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Juliana Ávalos Ysla contra Ysabel Sarita Maza Moruno y Verónica Arias Rivero, Jueza y Secretaria, ambas del Juzgado de Instrucción Penal Primero de Ichilo del departamento de Santa Cruz.

I. OBJETO PROCESAL

La accionante, por memorial presentado el 17 de enero de 2024, cursante a fs. 1 y 18 a 22 vta., denuncia la lesión del debido proceso en su componente de seguridad jurídica, derecho a la libertad, defensa y dignidad; toda vez que, en el proceso penal seguido en su contra por la presunta comisión del delito de asesinato, la autoridad judicial se desconectó de la audiencia virtual de medida cautelar de 22 de diciembre de 2023, antes de realizar la fundamentación de la resolución, presuntamente por agotarse la batería de su celular; sin embargo, dicha resolución fue apelada, y ante la apelación interpuesta, pasaron veinticuatro días sin que se labre el acta de audiencia ni se disponga la remisión de la apelación al superior en grado; por lo que, solicitó se elabore dicho actuado y se remita el legajo de apelación a la Sala Penal de turno del Tribunal departamental de Justicia de Santa Cruz. Ysabel Sarita Maza Moruno, Jueza de Instrucción Penal Primera de Ichilo del departamento de Santa Cruz -ahora demandada-, no presentó informe escrito alguno, ni asistió a la audiencia de garantías; sin embargo, se informó en dicho actuado procesal que, ante el envió de la notificación con los antecedentes de la acción tutelar a su celular, no existió constancia de su recepción y lectura, ya que el mismo estaba apagado.

Verónica Arias Rivero, Secretaria del Juzgado de Instrucción Penal Primero de Ichilo del departamento de Santa Cruz -ahora codemandada-, mediante informe escrito cursante de fs. 35 a 36, señaló que, la audiencia virtual de medida cautelar se encuentra arrimada al expediente, el cual se encuentra en despacho judicial, no en Secretaría, y al encontrarse el despacho en vacación, no se pudo contactar con la referida Jueza para remitir el expediente. El Tribunal de Sentencia Penal Primero de Montero del departamento de Santa Cruz, constituido en Tribunal de garantías; mediante Resolución 01/2024 de 18 de enero, cursante de fs. 42 vta. a 44, concedió la tutela solicitada, con el fundamento de que la funcionaria judicial codemandada no solo incumplió el art. 251 del Código de Procedimiento Penal (CPP), sino el instructivo o la circular respecto a las vacaciones judiciales, que dispone la obligación de remitir al juez de turno los expedientes con detenidos preventivos; disponiendo que, la prenombrada dentro de las veinticuatro horas de notificada con la Resolución, remita al superior en grado el legajo de apelación incidental de medida cautelar de 22 de diciembre de 2023, debiendo ponerse en contacto con la Jueza demandada; para lo cual, debe buscar información pertinente incluso en Secretaría del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz. En consecuencia, corresponde en revisión, determinar si tales argumentos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

II. Trámite Procesal en el Tribunal Constitucional Plurinacional

En el marco del Plan de Descongestionamiento Procesal, este Tribunal Constitucional Plurinacional, en reunión de Sala Plena de 14 de enero de 2026, estableció el uso del Formato Corto de Resolución para todas las causas comprendidas en el Plan Piloto. Determinación ratificada posteriormente, a través del Acuerdo Jurisdiccional de Sala Plena TCP-SP 010/2026 de 17 de junio, en el que se estableció la resolución de causas, mediante sentencias de aplicación de jurisprudencia reiterada. Asimismo, a través del Acuerdo Jurisdiccional de Sala Plena TCP-SP 013/2026 de 30 de julio, se dispuso la reconformación de Salas del Tribunal Constitucional Plurinacional; en cumplimiento a dicha determinación, la Comisión de Admisión de este Tribunal, procedió al sorteo de la presente causa.

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

III.1. La acción de libertad traslativa o de pronto despacho y el plazo para la remisión de antecedentes ante el Tribunal de alzada, frente a un recurso de apelación incidental de medidas cautelares

La SCP 2149/2013 de 21 de noviembre en el Fundamento Jurídico III.3 se ha pronunciado sobre el desarrollo jurisprudencial con relación a la acción de libertad traslativa de pronto despacho y el plazo para la remisión de antecedentes ante el Tribunal de alzada, frente a un recurso de apelación incidental de medidas cautelares, sistematizando las siguientes subreglas: i) [I]nterpuesto el recurso de apelación contra las resoluciones que resuelven medidas cautelares, las actuaciones pertinentes deben ser remitidas en el plazo de veinticuatro horas previsto en el art. 251 del CPP; plazo que, por regla general, debe ser cumplido por las autoridades judiciales. ii) No obstante lo señalado precedentemente, es posible que el plazo de remisión de los antecedentes del recurso de apelación, de manera excepcional, y en situaciones en que exista una justificación razonable y fundada sobre las recargadas labores de la autoridad jurisdiccional, por las suplencias o la pluralidad de imputados, es posible flexibilizar dicho plazo a tres días, pasado el cual la omisión del juzgador se constituye en un acto ilegal...»

III.2. La legitimación pasiva del personal judicial subalterno en las acciones de libertad

La SCP 0336/2018-S2 de 18 de julio, sentencia sistematizadora de línea jurisprudencial, ha recogido los precedentes constitucionales sobre la legitimación pasiva en las acciones de libertad, así como la legitimación pasiva del personal judicial subalterno, concluyendo lo siguiente:

«…Ahora bien, a los fines de establecer la legitimación pasiva en la acción de libertad respecto a los servidores de apoyo judicial, se debe tener presente que, si la vulneración de los derechos tutelados por la presente acción de defensa emerge del incumplimiento o la inobservancia de las funciones y obligaciones conferidas al personal de apoyo jurisdiccional en los preceptos legales procedentemente referidos o del incumplimiento de las instrucciones u órdenes impartidas por el superior en grado, dicho servidor público adquiere la legitimación pasiva por lo que es plenamente viable dirigir la demanda contra ése funcionario, hasta establecer su responsabilidad si corresponde; habida cuenta que, el acto ilegal no es necesariamente el resultado del ejercicio de la función puramente jurisdiccional, sino que, las omisiones de carácter administrativo como: la falta o inoportuna elaboración del cuadernillo de apelación, el incumplimiento de plazos para la remisión de antecedentes al superior en grado, la falta o la inoportuna elaboración de actas, la falta o inoportuna notificación a las partes, tratándose en especial de audiencias de consideración de medidas cautelares, en fin, la inobservancia de las labores y obligaciones encomendadas al personal de apoyo, tiene la capacidad de repercutir negativamente en el ejercicio de los derechos fundamentales y garantías constitucionales del justiciable (las negrillas son añadidas)…»

III.3. Análisis del caso concreto

Previamente a ingresar al análisis del caso, se debe considerar que si bien en audiencia de garantías la Secretaria codemandada, informó que, ante el envió de la notificación con los antecedentes de la acción tutelar al celular de la Jueza demandada, no existió constancia de su recepción y lectura por estar el mismo apagado, notificada la resolución del Tribunal de garantías, dicha autoridad puede incluso apersonarse a este Tribunal Constitucional Plurinacional a fines de hacer conocer su informe y descargos correspondientes; en tal sentido, considerando que se cuenta con el informe de la Secretaria codemandada a objeto de conocer las circunstancias por las que el legajo de apelación no fue remitido al superior en grado y que la presente acción tutelar no puede ser suspendida, se ingresa a resolver el fondo. De los antecedentes traídos en revisión, el problema jurídico versa en razón de que, ante la apelación incidental de medida cautelar de 22 de diciembre de 2023, pasaron veinticuatro días sin que se labre el acta de audiencia ni se disponga la remisión de la apelación al superior en grado.

Con tales antecedentes, debemos remitirnos a los entendimientos desarrollados en el Fundamento Jurídico III.1 de este fallo constitucional, con relación a la acción de libertad traslativa de pronto despacho y el plazo para la remisión de antecedentes ante el Tribunal de alzada, frente a un recurso de apelación incidental de medidas cautelares. Consiguientemente, en el caso de análisis, se tiene que, habiéndose desarrollado la audiencia de medida cautelar el 22 de diciembre de 2023, el plazo legal establecido para la remisión de las actuaciones pertinentes a la Sala Penal de turno del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz es de veinticuatro horas, conforme lo establece el art. 251 del CPP, y considerando que la acción tutelar fue presentada el 17 de enero de 2024 (fs. 1), existe un retraso considerable en el cumplimiento del plazo procesal referido, no siendo una justificación razonable el hecho de que el Juzgado se encuentre de vacación o que la autoridad jurisdiccional no haya podido ser encontrada por la Secretaria, pues al entrar en vacación, se deben tomar los recaudos pertinentes en los expedientes que cuentan con detenidos preventivos, conforme las circulares correspondientes que son emitidas de forma anual por los Tribunales Departamentales de Justicia, siendo responsabilidad de la jueza demandada, dejar a buen recaudo dichos expedientes procesales con los juzgados de turno correspondientes, pues la falta de remisión del legajo de apelación incide directamente en la libertad de la impetrante de tutela; debido a que, el superior en grado determinará la confirmación o revocatoria de su detención preventiva, evidenciándose en consecuencia una dilación indebida, sin que se haya tratado dicha solicitud con la celeridad correspondiente, al ser una petición de persona privada de libertad.

En ese contexto, conforme el Fundamento Jurídico III.2 de este fallo constitucional, la Secretaria codemandada cuenta con legitimación pasiva en el presente caso; toda vez que, en su condición de servidora de apoyo judicial, incumplió los deberes funcionales previstos en el art. 56 del CPP, consistentes en elaborar el acta de audiencia cautelar de forma oportuna y remitir de manera inmediata el legajo de la apelación incidental al Tribunal de apelación de turno, omisión administrativa que contribuyó de forma determinante al estado de dilación denunciado, en cuanto a la falta de remisión de actuados. Razón por la cual, al evidenciarse la ilegal dilación y consiguiente afectación de los derechos de la accionante, corresponde conceder la tutela solicitada. En consecuencia, el Tribunal de garantías, al conceder la tutela impetrada, obró de forma correcta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 01/2024 de 18 de enero, cursante de fs. 42 vta. a 44, pronunciada por el Tribunal de Sentencia Penal Primero de Montero del departamento de Santa Cruz; y, en consecuencia, CONCEDER la tutela solicitada, de acuerdo a los fundamentos jurídicos desarrollados en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional y en los mismos términos que el referido Tribunal de garantías. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Fdo. Ángel Edson Dávalos Rojas

MAGISTRADO

Fdo. Dra. Amalia Laura Villca

MAGISTRADA

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_1667_2026-S1.pdf · páginas 1 a 5.

Huella digital del PDF (SHA-256): f8c3e9c79d146d3da793a3bc0136e041b883dc62daa5fbbc80829174b339c8ec

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