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SCP 1654/2025-S3

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Tercera · 16 de diciembre de 2025

Concede la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Tercera
Fecha
16 de diciembre de 2025
Acción
Acción de libertad
Magistrado relator
Ángel Edson Dávalos Rojas
Expediente
58092-2023-117-AL
Departamento
La Paz
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de libertad — traslativa / pronto despacho

Qué se discutió

El accionante denuncia la lesión de sus derechos al debido proceso y al acceso a la justicia; toda vez que, con la finalidad de recobrar su libertad presentó recurso de apelación incidental contra el Auto Interlocutorio que rechazó su solitud de modificación de las medias cautelares dispuestas en su contra el 23 de febrero de 2023 -de detención domiciliaria-; sin embargo, la Secretaria demandada incluso hasta la fecha de interposición de la acción de libertad no señaló la audiencia de consideración de la impugnación interpuesta, negligencia que evitó sea resuelta su situación jurídica. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales argumentos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución 085/2023 de 17 de agosto, cursante de fs. 16 y vta., pronunciada por el Juez de Sentencia Penal y contra la Violencia hacia la Mujer Primero de la Capital del departamento de La Paz, en consecuencia: 1° CONCEDER la tutela solicitada en base a los fundamentos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, disponiendo que una vez remitido el testimonio de apelación a la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, cumpliendo el principio de celeridad el expediente sea puesto a conocimiento de la autoridad competente para el señalamiento de audiencia de consideración de la impugnación interpuesta, siempre y cuando por el transcurso del tiempo dicho actuado procesal ya hubiera sido desarrollado o la situación jurídica del impetrante de tutela hubiera cambiado. 2° Disponer que Augusta Castillo Ortiz, Secretaria de la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, en lo sucesivo observe lo dispuesto en la presente Sentencia Constitucional respecto a la celeridad que debe aplicarse en los trámites en los que se involucre solicitudes de privados de libertad, así como víctimas de violencia familiar o doméstica.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. Sobre la oportunidad del retiro de demanda en la acción de libertad
  2. III.2. Sobre la acción de libertad traslativa o de pronto despacho
  3. III.3 Supuestos para la legitimación pasiva del personal judicial subalterno en las acciones de libertad
  4. III.4. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1654/2025-S3 Sucre, 16 de diciembre de 2025 SALA TERCERA Magistrado Relator: Ángel Edson Dávalos Rojas Acción de libertad Expediente: 58092-2023-117-AL Departamento: La Paz En revisión la Resolución 085/2023 de 17 de agosto, cursante de fs. 16 y vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por José Ramiro Uriarte Ortiz y Pamela Rosse Mary Figueroa Selaez, en representación sin mandato de Ronal Chavez Navarro contra Augusta Castillo Ortiz, Secretaria de la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memorial presentado el 17 de agosto de 2023, cursantes de fs. 5 a 7, el accionante a través de su representante, señaló lo siguiente:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

En el proceso penal seguido por el Ministerio Público en su contra, por la presunta comisión del delito de violencia familiar, el 23 de febrero de 2023, en audiencia de medidas cautelares se dispuso su detección domiciliaria; motivo por el cual, mediante memorial dirigido al Juzgado Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Tercero de la Capital del departamento de La Paz -Juzgado de origen-, solicitó la modificación de dicha medida; por lo que, siendo rechazada interpuso recurso de apelación incidental, el cual fue remitido a la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, el 9 de agosto del referido año; sin embargo, pese a que sus abogados se apersonaron en reiteradas oportunidades a la referida Sala a efectos de conocer el día de celebración de la audiencia, los funcionarios de dicha oficina les solicitaron que retornen al día siguiente a efecto de que se les notifique con dicho señalamiento.

El 16 de agosto de 2023, sus abogados se apersonaron a la referida Sala; sin embargo, el personal del Juzgado les indicó que la audiencia no sería programada hasta horas 15:00 del referido día, motivo por el cual, apersonados a la referida hora, se les informó que no se efectuaría ningún señalamiento debido a que la Sala no cuenta con Auxiliar titular, situación que afectó a su derecho al debido proceso toda vez que la apelación remitida consideraba de una medida cautelar.

I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados

Denunció la lesión de sus derechos al debido proceso, y al acceso a la justicia, sin citar norma constitucional alguna.

I.1.3. Petitorio

Solicitó se conceda la tutela y, en consecuencia, se disponga que la demandada en el día, señale audiencia de consideración de la apelación de medida cautelar.

I.2. Audiencia y Resolución del Juez de garantías

Celebrada la audiencia virtual el 17 de agosto de 2023, según consta en el acta cursante a fs. 15, se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación de la acción

El accionante no asistió a la audiencia de garantías, pese a su notificación cursante a fs. 10.

I.2.2. Informe de la demandada

Augusta Castillo Ortiz, Secretaria de la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, a través de informe escrito presentado el 17 de agosto de 2023, cursante de fs. 13 a 14, solicitó se deniegue la tutela bajo los siguientes argumentos: a) Dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público contra el impetrante de tutela por el delito de violencia familiar, revisados los archivos de la Sala, se tiene que el legajo de la apelacion incidental de la medida cautelar remitido el 9 de agosto de 2023, fue observado mediante providencia de 10 de igual mes y año; debido a que se advirtió que el acta de la audiencia de 19 de julio de 2023, se encontraba labrada con punteo, y que si bien se adjuntó el Disco Compacto (CD) de dicho actuado procesal, ese medio magnético no se encontraba en formato legible o compatible; b) Debe tenerse presente la jerarquía de las normas jurídicas, así como los alcances del art. 56.I del Código de Procedimiento Penal (CPP), modificada por la Ley de Abreviación Procesal Penal y de Fortalecimiento de la Lucha Integral contra la Violencia a Niñas, Niños, Adolescentes y Mujeres -Ley 1173 de 3 de mayo de 2019- , que señala que los Secretarios están facultados para emitir providencias de mero trámite, que no sean pronunciadas en audiencia, por lo que, en cumplimiento de sus funciones y atribuciones conferidas por la Ley, realizó las observaciones respecto a la transcripción del acta, siendo la providencia emitida de mero trámite, por lo tanto no resuelve el fondo de la Resolución apelada; c) Es de conocimiento de los litigantes la carga procesal de la Salas de los Tribunales Departamentales de Justicia; en ese sentido, conforme dispone la SCP 0556/2021-S3 de 30 agosto de 2021, se tiene la facultad de efectuar observaciones a los legajos de apelación, para que una vez rectificadas las omisiones, el legajo sea remitido nuevamente a la Sala a efecto de que se señale audiencia y resuelva la impugnación planteada; d) La Sala Penal Tercera del referido Tribunal, no cuenta con Auxiliar, y, e) Al haberse devuelto el legajo de apelación al Juzgado de origen para la subsanación de las observaciones, conforme además advirtió el impetrante de tutela, ya no existiría razón de ser de la acción de libertad, debido a la sustracción de materia, o pérdida del objeto material que deviene de la desaparición de los supuestos fácticos que motivaron su activación, en tal sentido, ante la sustracción de materia o pérdida del objeto procesal, en la acción de libertad el petitorio deviene en insubsistente por la desaparición del hecho o supuesto que lo sustentaba, por lo que, debe inhibirse un pronunciamiento sobre el fondo de la pretensión, debido a la sustracción de materia; toda vez que, la concesión de la tutela se tornaría ineficaz e innecesaria, conforme lo dispuesto por las SCP 0593/2017-S3 de 26 de junio y 0744/2015-S3 de 29 de junio.

I.2.3. Resolución

El Juez de Sentencia Penal y contra la Violencia hacia la Mujer Primero de la Capital departamento de La Paz, constituido en Juez de garantías, mediante Resolución 085/2023 de 17 de agosto, cursante de fs. 16 y vta., denegó la tutela solicitada; determinación, asumida con base en los siguientes fundamentos: 1) Conforme dispone el art. 125 de la CPE, todo ciudadano puede promover una acción de libertad, cuando se encuentren restringidos suprimidos o amenazados de restringir o suprimir los derechos a la libertad o a la vida, sean a través de actos u omisiones de funcionarios públicos o particulares que afectan a los referidos derechos; 2) La autoridad jurisdiccional puede ingresar a analizar el fondo de la problemática planteada, cuando evidencie una demora innecesaria en la tramitación del proceso, y cuya demora se encuentre vinculada al derecho a la libertad, aplicándose en consecuencia la acción de libertad de pronto despacho; 3) Conforme establece la Jurisprudencia emitida por el Tribunal Constitucional Plurinacional, el accionante tiene la obligación de presentar la prueba respectiva que genere convicción de que el acto lesivo existió, hecho que no ocurrió en el presente caso; y, 4) La autoridad que conozca una acción de libertad tiene la obligación de resolverla pese a que se hubiere presentado el retito de la misma, por lo que, de acuerdo al informe emitido por la Secretaria demandada se tiene que el 10 de agosto de 2023, se observó el legajo del testimonio de apelación y emergente de esta observación se procedió a devolver el referido testimonio al Juzgado de origen, a efecto de que sean subsanadas las observaciones efectuadas, de lo que se concluye, que existían mecanismo intraprocesales los cuales no fueron ejercidos por el impetrante de tutela para efectivizar de manera pronta y oportuna el señalamiento de la audiencia, aspecto que no fue observado.

I.3. Trámite procesal en el Tribunal Constitucional Plurinacional

Mediante Acuerdo Jurisdiccional de Sala Plena TCP-SP-003/2025-II de 26 de noviembre, se dispuso la reconformación de Salas del Tribunal Constitucional Plurinacional, en cumplimiento a dicha determinación, la Comisión de Admisión de este Tribunal, procedió al sortero de la presente causa.

II. CONCLUSIONES

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público contra Ronal Chávez Navarro -accionante- por la presunta comisión el delito de violencia familiar o domestica; el 23 de febrero de 2023, se dispuso su detención domiciliaria; motivo por el cual, solicitó la modificación de la medida dispuesta, por lo que, al haber sido rechazada, interpuso recurso de apelación incidental, la cual fue remitida al Tribunal de alzada el 9 de agosto de 2023 (fs. 5 a 7). II.2. Cursa memorial de 17 de agosto de 2023, de retiro de acción de libertad, presentado por el impetrante de tutela, bajo el argumento de pérdida de objeto procesal al haberse conocido la disposición de la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, estimada en audiencia de consideración de la acción tutelar (fs. 11). II.3. Por Oficio Cite 1627/2023, dirigido al Juzgado Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Tercero de la Capital del departamento de La Paz, de devolución de actuados -testimonio de apelación- en cumplimiento a la providencia de 10 de agosto de 2023, con cargo de recepción de 17 de agosto de 2023 (fs. 12 y vta.).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

El accionante denuncia la lesión de sus derechos al debido proceso y al acceso a la justicia; toda vez que, con la finalidad de recobrar su libertad presentó recurso de apelación incidental contra el Auto Interlocutorio que rechazó su solitud de modificación de las medias cautelares dispuestas en su contra el 23 de febrero de 2023 -de detención domiciliaria-; sin embargo, la Secretaria demandada incluso hasta la fecha de interposición de la acción de libertad no señaló la audiencia de consideración de la impugnación interpuesta, negligencia que evitó sea resuelta su situación jurídica. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales argumentos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

III.1. Sobre la oportunidad del retiro de demanda en la acción de libertad

La Sentencia Constitucional Plurinacional 0597/2018-S2 de 8 de octubre, entre otras, se ha pronunciado sobre la oportunidad del retiro de demanda en la acción de libertad, estableciendo el siguiente razonamiento:

[La] oportunidad procesal para el retiro o desistimiento de la acción de libertad, tuvo diferentes entendimientos jurisprudenciales; sin embargo, a partir de la SCP 0103/2012 de 23 de abril, en el Fundamento Jurídico III.2.2 se establece que los mismos, únicamente pueden ser presentados hasta antes del señalamiento de día y hora de la audiencia pública, por las siguientes razones jurídicas: a) De orden procesal. Existe mandato constitucional expreso respecto al procedimiento al que debe sujetarse el juez o tribunal de garantías. Tiene el deber de señalar de inmediato día y hora de la audiencia pública, la que tendrá lugar dentro de las veinticuatro horas de interpuesta la acción (art. 126.I de la CPE), y -después de cumplidas las formalidades procesales- ésta (la audiencia pública) no puede suspenderse en ningún caso (art. 126.II de la CPE), por lo mismo, tiene la obligación de dictar sentencia en el fondo, incluso bajo responsabilidad (art. 126.III de la CPE), último aspecto que el legislador constituyente ha decidido incidir -a diferencia de la Constitución abrogada-.

b) De orden sustantivo. La Norma fundamental, establece y regula el procedimiento antes mencionado con mandatos expresos al juez o tribunal de garantías, incluso bajo responsabilidad, no como un fin en sí mismo, sino en razón a que la justicia constitucional a través de la acción de libertad se activa para proteger derechos subjetivos (disponibles) y además derechos en su dimensión objetiva, es decir, busca evitar la reiteración de conductas reñidas contra el orden público constitucional y los bienes constitucionales protegidos de tutela reforzada.

III.2. Sobre la acción de libertad traslativa o de pronto despacho

La jurisprudencia constitucional de este Tribunal se ha pronunciado sobre las distintas modalidades de la acción de libertad y ha desarrollado una línea jurisprudencial en cuanto a su ámbito de protección y alcance. Así la SC 1579/2004-R de 1 de octubre se pronunció sobre sus diferentes modalidades refiriéndose al hábeas corpus -ahora acción de libertad-1La oportunidad procesal para el retiro o desistimiento de la acción de libertad, tuvo diferentes entendimientos jurisprudenciales; sin embargo, a partir de la SCP 0103/2012 de 23 de abril, en el Fundamento Jurídico III.2.2 se establece que los mismos, únicamente pueden ser presentados hasta antes del señalamiento de día y hora de la audiencia pública, por las siguientes razones jurídicas: a) De orden procesal. Existe mandato constitucional expreso respecto al procedimiento al que debe sujetarse el juez o tribunal de garantías. Tiene el deber de señalar de inmediato día y hora de la audiencia pública, la que tendrá lugar dentro de las veinticuatro horas de interpuesta la acción (art. 126.I de la CPE), y -después de cumplidas las formalidades procesales- ésta (la audiencia pública) no puede suspenderse en ningún caso (art. 126.II de la CPE), por lo mismo, tiene la obligación de dictar sentencia en el fondo, incluso bajo responsabilidad (art. 126.III de la CPE), último aspecto que el legislador constituyente ha decidido incidir -a diferencia de la Constitución abrogada-.

b) De orden sustantivo. La Norma fundamental, establece y regula el procedimiento antes mencionado con mandatos expresos al juez o tribunal de garantías, incluso bajo responsabilidad, no como un fin en sí mismo, sino en razón a que la justicia constitucional a través de la acción de libertad se activa para proteger derechos subjetivos (disponibles) y además derechos en su dimensión objetiva, es decir, busca evitar la reiteración de conductas reñidas 2El FJ III.1, señala: “Del texto constitucional y legal referidos, se extrae que en el sentido de la Constitución, el recurso de hábeas corpus por violaciones a la libertad individual y /o locomoción, puede ser reparador si ataca una lesión ya consumada, preventivo si procura impedir una lesión a producirse o correctivo si intenta evitar que se agraven las condiciones en que se mantiene a una persona detenida”.

reparador cuando se trata de lesiones ya consumadas, preventivo para impedir una lesión a producirse y correctivo, cuando se intenta evitar el agravamiento de las condiciones de privación de libertad de una persona detenida. Posteriormente, la SC 0044/2010-R de 20 de abril, incorporó otras modalidades protectivas haciendo alusión al hábeas corpus restringido, al instructivo y al traslativo o de pronto despacho, respecto de este último precisó que a través de su ámbito de protección “…lo que se busca es acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas para resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad”. Bajo ese razonamiento, la jurisprudencia constitucional desarrollada en la SC 0224/2004-R de 16 de febrero, entre otras, ha sido uniforme al disponer que toda autoridad sea judicial o administrativa que conozca una solicitud que incida en el derecho a la libertad física de quien se halle privado de su ejercicio, tiene el deber de tramitarla con la mayor celeridad posible; por cuanto, la lesión de este derecho está en la demora o dilación indebida al resolver o atender una solicitud para la definición jurídica de los derechos del imputado o imputada, lo que no significa que deba dar curso a la solicitud en forma positiva; ya que, el resultado dependerá de las circunstancias del caso y la valoración jurídica que realice la autoridad conforme a la normativa aplicable; por cuanto, la lesión del derecho a la libertad física está en la demora o dilación indebida, al resolver o atender una solicitud; que más bien, debería ser efectuada con la debida celeridad.

III.3 Supuestos para la legitimación pasiva del personal judicial subalterno en las acciones de libertad

La SCP 0336/2018-S2 de 18 de julio, sistematizadora de línea jurisprudencial, en el marco del estándar jurisprudencial más alto, se ha pronunciado sobre 3El FJ III.5, establece: “…se debe hacer referencia al hábeas corpus traslativo o de pronto despacho, a través del cual lo que se busca es acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas, para resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad. Este tipo de hábeas corpus, implícito en el art. 125 de la CPE, emerge directamente del art. 89 de la LTC, que establece que, también procede el hábeas corpus cuando se aleguen “…otras violaciones que tengan relación con la libertad personal en cualquiera de sus formas, y los hechos fueron conexos con el acto motivante del recurso, por constituir su causa o finalidad…”, e implícitamente fue reconocido por la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, cuando tuteló los supuestos de demora en la celebración de la audiencia de medidas cautelares (SSCC 1109/2004-R, 1921/2004-R),o cuando existieron notificaciones ilegales con las resoluciones de medidas cautelares que lesionan el derecho a la defensa, concretamente el derecho a recurrir, impidiendo que el tribunal superior revise la resolución del inferior (SC 826/2004-R)…”. 4 La citada Sentencia expresó que: “‘…toda autoridad que conozca de una solicitud en la que se encuentre involucrado el derecho a la libertad física, tiene el deber de tramitarla con la mayor celeridad posible, o cuando menos dentro de los plazos razonables, pues de no hacerlo podría provocar una restricción indebida del citado derecho, lo que no significa, que siempre tendrá que otorgar o dar curso a la solicitud en forma positiva, pues esto dependerá de las circunstancias y las pruebas que se aporten en cada caso, dado que se reitera la lesión del derecho a la libertad física, está en la demora o dilación indebida de una solicitud de tal naturaleza, vale decir, que si la solicitud es negada de acuerdo a una compulsa conforme a Ley no es ilegal siempre que esa negativa se la resuelva con la celeridad que exige la solicitud’.

los supuestos para la legitimación pasiva, así como de los presupuestos de legitimación pasiva del personal judicial subalterno en las acciones de libertad, con el siguiente desarrollo jurisprudencial: «Respecto a la legitimación pasiva en acciones de libertad, la jurisprudencia contenida en la SC 691/01-R de 9 de julio 2001, la definió señalando que debe ser entendida como la coincidencia que se da entre la autoridad que presuntamente causó la violación a los derechos y aquella contra quien se dirige la acción. Posteriormente, a la luz de la Constitución Política del Estado vigente, a través de la SC 0010/2010-R de 6 de abril se estableció que es posible activar la acción de libertad contra un servidor público o un particular entendimiento ratificado por la SC 0900/2010-R de 10 de agosto. Más tarde, la SCP 0018/2012 de 16 de marzo, reforzó dicho entendimiento y precisó que para la procedencia de la acción de libertad es imprescindible que ésta se dirija contra el sujeto que cometió el acto ilegal o la omisión indebida, o contra la autoridad que impartió o ejecutó la orden que dio lugar a la persecución, aprehensión, detención, procesamiento o apresamiento indebido o ilegal; en concreto, se dijo que es la coincidencia entre la autoridad o persona particular que presuntamente causó la vulneración a los derechos enunciados y aquélla contra quien se dirige la acción. Con relación a la legitimación pasiva de funcionarios subalternos del Órgano Judicial, la SC 1572/2003-R de 4 de noviembre ratificada 5El Cuarto Considerando: señala: “…Por consiguiente, la demandada carece de legitimación pasiva, calidad que se adquiere por la coincidencia que se da entre la autoridad que presuntamente causó la violación a los derechos y aquélla contra quien se dirige la acción…”. 6El FJ III.5, indica: “En el caso que se analiza, se tienen dos normas referidas al ámbito de protección de la acción de libertad -antes recurso de hábeas corpus: La Constitución abrogada y la interpretación constitucional, que establecía que el recurso no procedía respecto a particulares, y la Constitución vigente que amplía la protección respecto con relación a particulares. Ahora bien, indudablemente que la norma que es más favorable al sistema de derechos fundamentales, es la contenida en la Constitución vigente, pues así se reconoce la eficacia horizontal de los derechos fundamentales…”. 7El FJ III.2, establece: “…los alcances y la naturaleza de la legitimación pasiva, que se encuentra en la autoridad o persona particular que incurrió en el acto ilegal o la omisión indebida y de cuya acción u omisión se advierta la vulneración del derecho a la vida, a la libertad física y de locomoción. En ese sentido, para la procedencia de la acción de libertad es imprescindible que esté dirigida contra el sujeto que cometió el acto ilegal o la omisión indebida, o contra la autoridad que impartió o ejecutó la orden que dio lugar a la persecución, aprehensión, detención, procesamiento o apresamiento indebidos o ilegales; en concreto es la coincidencia que se da entre la autoridad o persona particular que presuntamente causó la vulneración a los derechos enunciados y aquélla contra quien se dirige la acción, ahora bien, la inconcurrencia de este presupuesto neutraliza la acción tutelar e impide a este Tribunal ingresar al análisis de fondo de los hechos denunciados”. 8El FJ III.2, refiere: “…son los jueces los funcionarios que ejercen esa jurisdicción, entre tanto que los secretarios, actuarios y oficiales de diligencias, no tienen facultades jurisdiccionales sino que están obligados a cumplir las órdenes o instrucciones del Juez, emergentes de sus decisiones, por lo que no tienen legitimación pasiva para ser demandados por cuanto no son los que asumen determinaciones de orden jurisdiccional dentro de los procesos, salvo que incurrieran en excesos contrariando o alterando esas determinaciones de la autoridad judicial”.

posteriormente por la SC 0332/2010-R de 17 de junio y por las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0345/2012 de 22 de junio y 2171/2012 de 8 de noviembre, entre otras; estableció que éstas o éstos servidores públicos no tienen facultades jurisdiccionales y sus funciones se limitan a cumplir las órdenes o instrucciones de las autoridades jurisdiccionales; por lo que, carecen de legitimación pasiva en acciones de libertad, salvo que incurrieran en excesos que impliquen contradicción o alteración de las determinaciones de autoridades jurisdiccionales, o sus actos u omisiones relacionados a sus deberes, contribuyan o lesionen directamente derechos fundamentales de las personas, conforme lo determina la SCP 0427/2015-S2 de 29 de abril9, en el Fundamento Jurídico III.2, que establece: Ahora bien, a los fines de establecer la legitimación pasiva en la acción de libertad respecto a los servidores de apoyo judicial, se debe tener presente que, si la vulneración de los derechos tutelados por la presente acción de defensa emerge del incumplimiento o la inobservancia de las funciones y obligaciones conferidas al personal de apoyo jurisdiccional en los preceptos legales procedentemente referidos o del incumplimiento de las instrucciones u órdenes impartidas por el superior en grado, dicho servidor público adquiere la legitimación pasiva por lo que es plenamente viable dirigir la demanda contra ése funcionario, hasta establecer su responsabilidad si corresponde; habida cuenta que, el acto ilegal no es necesariamente el resultado del ejercicio de la función puramente jurisdiccional, sino que, las omisiones de carácter administrativo 9El FJ III.2, dice: “Con relación a la legitimación pasiva de los servidores de apoyo judicial, la jurisprudencia constitucional, contenida en la SC 0332/2010-R de 17 de junio, sostuvo que: `Con relación a la responsabilidad del personal subalterno de los Juzgados y Salas de las Cortes Superiores de Distrito y Corte Suprema de Justicia, la jurisprudencia constitucional estableció que la administración de justicia está encomendada a los órganos jurisdiccionales del Estado, de acuerdo con el art. 16.I, IV CPE y art. 3 de la Ley de Organización judicial (LOJ); en consecuencia son los jueces los funcionarios que ejercen esa jurisdicción entre tanto que los secretarios , actuarios y oficiales de diligencias, no tienen facultades jurisdiccionales sino que están obligados a cumplir las órdenes o instrucciones del Juez, emergentes de sus decisiones, por lo que no tienen legitimación pasiva para ser demandados por cuanto no son los que asumen determinaciones de orden jurisdiccional dentro de los procesos, salvo que incurrieran en excesos contrariando o alterando esas determinaciones de la autoridad judicial´. Posteriormente, la SC 1279/2011-R de 26 de septiembre, estableció la excepción a la regla anterior, declarando lo siguiente: `El personal subalterno puede ser demandado en los casos en los que contrarían lo dispuesto por dicha autoridad o cometieran excesos en sus funciones que pudieran vulnerar derechos fundamentales o garantías constitucionales; sin embargo si la autoridad judicial conocedora del acto vulneratorio de derechos y garantías no reconduce el procedimiento y lo convalida, se deslinda la responsabilidad del funcionario subalterno´; ahora bien, este Tribunal considera que el entendimiento asumido en ambas Sentencias Constitucionales citadas, no guarda coherencia con el razonamiento plenamente fundamentado contenido en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, puesto que conforme a la explicación realizada, la presente acción constitucional puede ser dirigida incluso contra particulares, entonces, con mayor razón podrá ser dirigida contra funcionarios de apoyo judicial o incluso de orden administrativos, pues a partir del momento en que las leyes les imponen deberes, y particularmente la Ley del Órgano Judicial en el caso de los funcionarios de apoyo judicial, son sujetos de responsabilidad por el incumplimiento de esos deberes, tal es así, que pueden ser objeto incluso de responsabilidad administrativa, civil o penal; consecuentemente, con mayor razón serán responsables, y por tanto, tendrán legitimación pasiva para ser demandados por esta vía, cuando sus actos u omisiones relacionados a sus deberes contribuyan o lesionen directamente derechos fundamentales de las personas, siendo así, no se puede concebir el razonamiento expuestos en dichas Sentencias que liberan de responsabilidad al funcionario de apoyo judicial, para cargar la misma únicamente sobre el juzgador cuando éste no reconduce el procedimiento y lo convalida, puesto que, si el incumplimiento de los deberes y funciones del personal de apoyo, no es reconducido por el juez, corresponderá establecer responsabilidad en relación a ambos funcionarios; es decir, el juez y el personal de apoyo judicial, cuyos actos u omisiones merezcan reproche en la vía constitucional. En base a los fundamentos supra expuestos, el entendimiento generado en el presente acápite implica cambio de línea jurisprudencial en relación a los razonamientos asumidos en las SSCC 0332/2010-R de 17 de junio y 1279/2011-R de 26 de septiembre, en las que se estableció que los servidores de apoyo judicial no tiene legitimación pasiva para ser demandados en las acciones de defensa”.

como: la falta o inoportuna elaboración del cuadernillo de apelación, el incumplimiento de plazos para la remisión de antecedentes al superior en grado, la falta o la inoportuna elaboración de actas, la falta o inoportuna notificación a las partes, tratándose en especial de audiencias de consideración de medidas cautelares, en fin, la inobservancia de las labores y obligaciones encomendadas al personal de apoyo, tiene la capacidad de repercutir negativamente en el ejercicio de los derechos fundamentales y garantías constitucionales del justiciable; sin embargo, el presente razonamiento no implica que el Juez como autoridad revestida de jurisdicción deje al desamparo la dirección del juzgado, por cuanto le asiste la facultad de impartir instrucciones al personal de apoyo judicial y de realizar el seguimiento correspondiente, puesto que de no cumplirse las mismas también asume la responsabilidad por ser la autoridad que finalmente tiene la responsabilidad del juzgado…». [las negrillas son añadidas]

III.4. Análisis del caso concreto

En el presente caso corresponde determinar si la omisión atribuida a la Secretaria demandada, consistente en no haber señalado audiencia de consideración del recurso de apelación incidental interpuesto por Ronal Chávez Navarro contra el Auto Interlocutorio que rechazó su solicitud de modificación de medidas cautelares, y permitir que transcurran más de siete días sin pronunciamiento, constituye una vulneración de los derechos fundamentales del accionante al debido proceso y al principio de celeridad debido a que dicha omisión incidió en que no se resuelva su situación jurídica.

Previamente a ingresar al análisis de fondo de la problemática planteada, es preciso señalar que mediante memorial de 17 de agosto de 2023, el accionante efectúo retiro de la acción de libertad presentada, manifestando que se perdió el objeto procesal, toda vez que se les hizo conocer la disposición de la Sala Penal Tercera; aspecto que a tiempo de resolverse la acción planteada fue considerada por el Juez de garantías, determinando que el retiro únicamente procede cuando el accionante presenta el mismo antes de que se admita la acción de libertad y se señale audiencia; en consecuencia, al haber considerado el análisis de fondo de la problemática planteada obró de forma correcta. Al respecto, incumbe precisar que conforme a la jurisprudencia glosada en el Fundamento Jurídico III.1 de esta Sentencia Constitucional Plurinacional, la oportunidad para el retiro y/o desistimiento de la acción de libertad, debe ser realizada con anterioridad al señalamiento de la audiencia pública; toda vez que, en caso de ser fijada, la audiencia no puede ser suspendida por ningún motivo, por el contrario debe llevarse adelante hasta dictarse sentencia por el juez, tribunal de garantías o sala constitucional, ello en razón al acceso a la justicia constitucional y resguardo de derechos subjetivos y derechos en su dimensión objetiva que protege esta acción tutelar; consiguientemente, con base en dicho precedente constitucional, en el caso en revisión, habiéndose señalado por decreto de admisión de 17 de agosto de 2022, la audiencia de consideración de esta acción tutelar para mismo día, antes de la presentación del memorial de retiro (Conclusión II.2), concierne continuar con su tramitación y analizar el fondo de la causa, en razón a que la justicia constitucional a través de la acción de libertad se activa para proteger derechos subjetivos, pero al mismo tiempo, desde una dimensión objetiva de protección, busca evitar la reiteración de conductas reñidas con el orden constitucional. En ese entendido, precisado el problema jurídico planteado, el cual versa en la falta de señalamiento de consideración de la apelación incidental, es pertinente precisar que a objeto de desvirtuar dicha denuncia, el 17 de agosto de 2023, la Secretaria de la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz -ahora demandada- manifestó que el legajo de impugnación de la medida cautelar fue remitida a la Sala en la que funge funciones como Secretaria, el 9 de agosto de 2023, de la cual al momento de realizar la revisión advirtió que el acta de la audiencia fue transcrita con puntuaciones y que el CD remitido no podía ser reproducido debido a que era incompatible; motivo por el cual, dispuso la devolución del testimonio de apelación a efecto de que se subsane dichas observaciones, remisión que conforme la documental presentada por la propia demandada se efectivizó el 17 de agosto de 2023.

Al respecto es necesario precisar que conforme lo dispuesto en el Fundamento Jurídico III.2 de este fallo constitucional la inactividad procesal, carente de justificación razonable, constituye un incumplimiento del deber de celeridad y prioridad que deben observar las autoridades judiciales así como el personal de apoyo jurisdiccional cuando se trata de recursos que inciden directamente en la situación jurídica de personas detenidas, pues conforme al precedente constitucional expuesto precedentemente, la omisión de resolver con prontitud una solicitud relativa a la libertad física configura una restricción indebida del derecho a la libertad; por lo que, desde una perspectiva constitucional, el lapso de siete días sin actuación efectiva -devolución del testimonio de apelación para ser subsanada- incidió directamente en que a la fecha de interposición de la acción de libertad la situación jurídica del impetrante de tutela no haya sido resuelta; en consecuencia, representa una dilación indebida atribuible a la Secretaria de la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz; toda vez que, si bien su persona no tiene la facultad de señalar la audiencia conforme dispone el art. 56 de la Ley 1173, conforme manifestó la propia demandada, fue quien emitió el decreto que disponía que el Juzgado a quo, subsane las observaciones efectuadas respecto a la transcripción del acta, siendo además, la funcionaria de apoyo judicial la encargada de la devolución de los actuados procesales al Juzgado de origen. En consecuencia, conforme dispone el Fundamento Jurídico III.3 de esta Sentencia Constitucional Plurinacional que señala que para que proceda la acción tutelar, es imprescindible que sea dirigida contra el sujeto que cometió el acto ilegal o la omisión indebida y, en el caso de servidores de apoyo jurisdiccional, éstos tienen legitimación pasiva cuando sus acciones y omisiones emerjan del incumplimiento o la inobservancia de las órdenes impartidas por el superior en grado, así como las funciones y obligaciones conferidas en la Ley del Órgano Judicial; en ese sentido, al haberse devuelto el testimonio de apelación siete días después de emitida la determinación que disponía la devolución del testimonio de impugnación al Juzgado de origen a efecto de que se subsanen las observaciones efectuadas, se constató que la Secretaria demandada, no le dio la debida celeridad al trámite correspondiente a efecto de que se resuelva el recurso de apelación incidental, pese a encontrarse el accionante privado de libertad, configurándose una vulneración a los derechos a la libertad física, al debido proceso y al principio de celeridad, correspondiendo por ello conceder la tutela solicitada, en aplicación a la jurisprudencia constitucional contenida en el Fundamento Jurídico III.2. del presente fallo constitucional, que obliga que toda solicitud o trámite en el que se encuentre vinculado el derecho a la libertad, debe ser atendida con la mayor celeridad posible, o cuando menos dentro de los plazos establecidos por ley. Por otro lado, los argumentos de sobrecarga procesal y acefalía que señala en su informe la demandada, no se constituye en una causa legítima para justificar una demora en la devolución del testimonio, ya que la jurisprudencia constitucional ha establecido que la carga laboral no exime el cumplimiento del principio de celeridad, así las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 1907/2012 de 12 de octubre y 0142/2013 de 14 de febrero, entendieron que excepcionalmente es posible flexibilizar los plazos cuando exista una justificación razonable y fundada sobre las recargadas labores de la autoridad judicial, suplencias o pluralidad de imputados, plazo que no puede exceder de tres días, pasado el cual la omisión del juzgador se constituye en un acto dilatorio que puede ser denunciado a través de la acción de libertad traslativa o de pronto despacho.

Adicionalmente, corresponde enfatizar que el presente caso se enmarca en un proceso penal seguido por la presunta comisión del delito de violencia familiar o doméstica, situación que impone a las autoridades judiciales, así como al personal de apoyo jurisdiccional el deber reforzado de actuar con mayor diligencia y sensibilidad, en cumplimiento de los principios establecidos en la Ley Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia -Ley 348 de 9 de marzo de 2013-; dicha norma, en sus arts. 4 inc. 4) y 13, establece de manera expresa el principio de trato digno y atención diferenciada, así como la obligación de todos los servidores públicos de intervenir en causas vinculadas a violencia de género con prontitud, eficacia y sin dilaciones indebidas, asegurando una respuesta institucional oportuna que evite la revictimización y garantice la protección integral de los derechos de las partes involucradas.

En ese sentido, la conducta omisiva y la falta de celeridad procesal atribuida a la Secretaria demandada resulta contraria a los citados principios, pues el retardo injustificado en la tramitación del recurso de apelación incidental debido a la falta de remisión oportuna de la observación a efecto de ser subsanada, no solo afectó el derecho a la libertad del accionante, sino que además, interfirió en la tutela judicial efectiva de los derechos fundamentales de la víctima de violencia, al demorar obstaculizar la materialización del acceso a la justicia y la protección judicial efectiva que garantiza la Ley 348.

En consecuencia, la inactividad procesal observada en el presente caso evidencia una doble vulneración: por un lado, al derecho a la libertad y al debido proceso y al principio de celeridad; y, por otro, al principio de atención diligente y trato digno que debe regir toda actuación judicial en materia de violencia de género, conforme al mandato constitucional de erradicar la violencia contra las mujeres y garantizarles una vida libre de todo tipo de agresión.

En consecuencia, el Juez de garantías, al denegar la tutela impetrada, no obró de forma correcta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución 085/2023 de 17 de agosto, cursante de fs. 16 y vta., pronunciada por el Juez de Sentencia Penal y contra la Violencia hacia la Mujer Primero de la Capital del departamento de La Paz, en consecuencia: 1° CONCEDER la tutela solicitada en base a los fundamentos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, disponiendo que una vez remitido el testimonio de apelación a la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, cumpliendo el principio de celeridad el expediente sea puesto a conocimiento de la autoridad competente para el señalamiento de audiencia de consideración de la impugnación interpuesta, siempre y cuando por el transcurso del tiempo dicho actuado procesal ya hubiera sido desarrollado o la situación jurídica del impetrante de tutela hubiera cambiado. 2° Disponer que Augusta Castillo Ortiz, Secretaria de la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, en lo sucesivo observe lo dispuesto en la presente Sentencia Constitucional respecto a la celeridad que debe aplicarse en los trámites en los que se involucre solicitudes de privados de libertad, así como víctimas de violencia familiar o doméstica. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Ángel Edson Dávalos Rojas

MAGISTRADO

Boris Wilson Arias López

MAGISTRADO

Notas al pie

10 La SCP 1907/2012, en el F.J III.4 señaló: “…conforme al art. 251 del CPP, una vez interpuesto, las actuaciones pertinentes deben ser remitidas ante el ahora Tribunal departamental de Justicia en el término de veinticuatro horas, debiendo el tribunal de alzada resolver el recurso, sin más trámite y en audiencia, dentro de los tres días siguientes de recibidas las actuaciones, salvo justificación razonable y fundada, como ser las recargadas labores, suplencias, pluralidad de imputados, etc., casos en los que, la jurisprudencia otorgó un plazo adicional que no puede exceder de tres días, pasado el cual, el trámite se convierte en dilatorio y vulnera el derecho a la libertad del agraviado”.

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_1654_2025-S3.pdf · páginas 1 a 13.

Huella digital del PDF (SHA-256): 0a4c5bff2cc3a3367010f13090110d49a2040dafe0109c0862d7117cddce60e6

La jurisprudencia puede ser modulada o cambiada por fallos posteriores: antes de citarla en un escrito, verificá que siga vigente. Esta página reproduce una resolución judicial pública; no es asesoramiento legal.

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