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SCP 1641/2026-S1

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Primera Especializada · 4 de agosto de 2026

Concede la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Primera Especializada
Fecha
4 de agosto de 2026
Acción
Acción de libertad
Magistrada relatora
Dra. Amalia Laura Villca
Expediente
57535-2023-116-AL
Departamento
La Paz
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de libertad — traslativa / pronto despacho

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera Especializada, en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución 226/2023 de 9 de agosto, cursante de fs. 18 a 19 vta., pronunciada por el Juez de Sentencia Anticorrupción Primero de la Capital del departamento de La Paz; y, en consecuencia: 1º CONCEDER la tutela solicitada, en la modalidad de acción de libertad traslativa o de pronto despacho e innovativa, conforme con los fundamentos jurídicos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional.

a) Exhortar a Janeth Elsa Aduviri Chamaca, Secretaria del Juzgado de Sentencia Penal y Anticorrupción Primero de la Capital del departamento de La Paz, a efectos de que en futuras actuaciones providencie los memoriales de apersonamiento de manera oportuna, evite dilaciones indebidas y obre con la celeridad que ameritan las solicitudes de las personas privadas de libertad, conforme con los fundamentos jurídicos expuestos en el presente fallo constitucional.

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1641/2026-S1 Sucre, 4 de agosto de 2026 SALA PRIMERA ESPECIALIZADA Magistrada Relatora: Dra. Amalia Laura Villca Acción de libertad Expediente: 57535-2023-116-AL Departamento: La Paz En revisión la Resolución 226/2023 de 9 de agosto, cursante de fs. 18 a 19 vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Marcio Maidana Deheza, Defensor Público del Servicio Plurinacional de Defensa Pública (SEPDEP) en representación sin mandato de Germán Andrés Rodríguez Barrios contra Janeth Elsa Aduviri Chamaca, Secretaria del Juzgado de Sentencia Penal y Anticorrupción Primero de la Capital del departamento de La Paz.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

El accionante a través de su representante sin mandato; por memorial presentado el 8 de agosto de 2023, cursante de fs. 4 a 5, manifestó lo siguiente:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

En el proceso penal seguido por el Ministerio Público contra Germán Andrés Rodríguez Barrios -accionante-, por la presunta comisión del delito de robo agravado, previsto y sancionado por el art. 332 del Código Penal (CP), su persona el 29 de junio de 2023 presentó memorial de apersonamiento ante el Juzgado de Sentencia Penal y Anticorrupción Primero de la Capital del departamento de La Paz, sin que “a la fecha” merezca providencia alguna, impidiéndole tenga acceso al cuaderno de control jurisdiccional a pesar de haber realizado varios intentos de seguimiento, lo que constituiría una flagrante vulneración de sus derechos fundamentales porque se encuentra detenido en el Centro Penitenciario San Pedro de La Paz y ello limita su capacidad para realizar y preparar su defensa de manera adecuada y efectiva, así como de informarse sobre las pruebas y alegatos presentados en su contra; puesto que, el retraso en la emisión de la providencia respectiva a su apersonamiento constituye incumplimiento a lo establecido por el art. 56.3 del Código de Procedimiento Penal (CPP); circunstancia que motivó la interposición de la presente acción tutelar traslativa o de pronto despacho.

I.1.2. Derechos, garantías y principios supuestamente vulnerados

El accionante a través de su representante sin mandato, denuncia la vulneración de sus derechos a una justicia pronta, oportuna y sin dilaciones y a la defensa; citando al efecto los arts. 24, 115 y 180 de la Constitución Política del Estado (CPE).

I.1.3. Petitorio

Solicita se conceda la tutela; y en consecuencia, se disponga en conformidad con los derechos que le fueron vulnerados.

I.2. Audiencia y Resolución del Juez de garantías

Celebrada la audiencia virtual el 9 de agosto de 2023, según consta el acta cursante de fs. 16 a 17, se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

El accionante a través de su abogado en audiencia, ratificó de manera íntegra el contenido del memorial de acción de libertad, y ampliándolo, manifestó que: a) El 29 de junio de 2023, presentó memorial de apersonamiento; sin embargo, desde esa fecha al presente -se entiende de interposición de la acción de defensa-, habiendo transcurrido casi un mes, la Secretaria ahora accionada, incumpliendo lo determinado por el art. 56.3 del CPP, de emitir las providencias de mero trámite, no lo decretó, vulnerando sus derechos fundamentales al imposibilitar que tenga acceso al cuaderno de control jurisdiccional para que asuma su defensa de manera efectiva; puesto que, se encuentra detenido en el Centro Penitenciario San Pedro de La Paz; y, b) La falta de providencia a su memorial de apersonamiento, constituye una flagrante vulneración al principio de celeridad procesal consagrado por la Constitución Política del Estado, teniendo presente que su abogado se constituyó permanentemente al Juzgado de Sentencia Penal y Anticorrupción Primero de la Capital del departamento de La Paz, a objeto de informarse de la respuesta, sin que hubiese obtenido respuesta alguna; reiterando por esas circunstancias, se conceda la tutela solicitada conforme a sus derechos vulnerados.

I.2.2. Informe de la funcionaria de apoyo jurisdiccional accionada

Janeth Elsa Aduviri Chamaca, Secretaria del Juzgado de Sentencia Penal y Anticorrupción Primero de la Capital del departamento de La Paz, mediante Informe de 9 de agosto de 2023, cursante a fs. 15 y vta., manifestó que: 1) En el proceso penal seguido por el Ministerio Público y Edwin Richard Guarachi Orellana contra el accionante, por la comisión del delito de robo agravado, cursa a fs. 76 de obrados un único memorial de apersonamiento de 29 de junio de igual año, recepcionado el 30 de igual mes y año, que se encuentra con su correspondiente decreto de 3 de julio del señalado año, fecha desde la que se encuentra en su “letra” para cualquier tipo de seguimiento o acto procesal que corresponda; y, 2) Hasta la fecha y durante el tiempo que se encuentra desempeñando sus funciones en Secretaría del Juzgado de Sentencia Penal y Anticorrupción Primero de la Capital del departamento de La Paz, en ningún momento se apersonó Marcio Maidana Deheza, abogado; para efectuar el seguimiento al referido proceso, menos para hacer notar su queja en el Libro de “Litigantes/Seguimiento”, o de manera personal ante su persona e inclusive el Juez; por lo que, al haber dado cumplimiento con lo establecido en el Código de Procedimiento Penal, no vulneró ningún derecho del accionante; solicitando por ello, se deniegue la presente acción de libertad.

I.2.3. Resolución

El Juez de Sentencia Anticorrupción Primero de la Capital del departamento de La Paz, constituido en Juez de garantías, mediante Resolución 226/2023 de 9 de agosto, cursante de fs. 18 a 19 vta., denegó la tutela solicitada, bajo los siguientes fundamentos: i) Respecto al escrito presentado el 29 de junio de 2023, de la documental acompañada se advirtió que el mismo fue recepcionado en el Juzgado de Sentencia Penal y Anticorrupción Primero de la Capital del mismo departamento, el 30 de igual mes y año, constando una providencia emitida por la Secretaria hoy accionada, cuya copia se encuentra debidamente legalizada, que dio cuenta que el memorial reclamado por su no atención en tiempo y forma hábil, se encontraba con el decreto correspondiente, no existiendo otro elemento que sustentaría el reclamo sobre la no consideración de esa solicitud de copias y un apersonamiento que hizo SEPDEP; y, ii) Sobre la imposibilidad del acceso al cuaderno de control jurisdiccional, se advirtió que a través del memorial de apersonamiento no se resolverá la situación jurídica del accionante, quien si bien mediante ese acceso podría tener información para ejercer su derecho a la defensa, se observó que más allá del reclamo mediante esta acción tutelar, no existió otro elemento idóneo y objetivo con la finalidad de generar certeza en el Juez de garantías de que sea cierta y se hubiese acreditado; contrariamente, la referida Secretaria sostuvo que el cuaderno de control jurisdiccional se encuentra a la vista y a la exposición de la parte acusada y que su abogado no se apersonó a revisarlo, no habiendo otro elemento que denote ser evidente lo aseverado, ni que se hubiese acudido al Consejo de la Magistratura a través de la Unidad de Control y Fiscalización, al ser inadmisible que un memorial de apersonamiento no sea providenciado por más de un mes, además de que el accionante podía sentar reclamo en el “Libro de Seguimiento o Litigante” o ante la autoridad jurisdiccional; es decir, que en este caso, la falta de carga probatoria que sustente lo denunciado por el accionante, permitió concluir que se cumplió con la atención del memorial respectivo y que se encuentra a expensas de revisión de SEPDEP, no habiéndose constatado la vulneración de derechos o garantías constitucionales.

I.3. Trámite procesal en el Tribunal Constitucional Plurinacional

Mediante Acuerdo Jurisdiccional de Sala Plena TCP-SC-003/2025-II de 26 de noviembre, se dispuso la reconformación de Salas del Tribunal Constitucional Plurinacional en cumplimiento a dicha determinación, la Comisión de Admisión de este Tribunal, procedió al sorteo de la presente causa. Por Acuerdo Jurisdiccional de Sala Plena TCP-SP-004/2025-II de 30 de diciembre, se dispuso la devolución a Comisión de admisión de los expedientes sorteados a los Magistrados cesados que se encontraban pendientes de resolución, a efecto de que se realice un nuevo sorteo, con la finalidad de que los actuales Magistrados asuman conocimiento y prosigan con la tramitación de dichas causas. Mediante decreto constitucional de 29 de junio de 2026, cursante a fs. 30, se dispuso la suspensión de plazo para la emisión de la correspondiente resolución a efectos de recabar documentación complementaria, reanudándose el mismo a partir del día siguiente de la notificación con el decreto constitucional de 3 de agosto del citado año, cursante a fs. 34; por lo que, la presente Sentencia Constitucional Plurinacional es emitida dentro del término legal.

II. CONCLUSIONES

De la revisión de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Cursa memorial presentado el 29 de junio de 2023, ante el Juez de Sentencia Penal y Anticorrupción Primero de la Capital del departamento de La Paz, Germán Andrés Rodríguez Barrios -ahora accionante-, mediante la cual se apersonó en el proceso penal seguido por el Ministerio Público contra su persona por la presunta comisión del delito de robo agravado (fs. 3). II.2. Cursa memorial presentado el 29 de junio de 2023, ante el Juez de Sentencia Penal y Anticorrupción Primero de la Capital del departamento de La Paz, mediante el cual el accionante se apersonó en el proceso penal seguido por el Ministerio Público contra su persona por la presunta comisión del delito de robo agravado (fs. 14), dicho memorial mereció en respuesta el decreto de 3 de julio de igual año, por el cual Janeth Elsa Aduviri Chamaca, Secretaria del Juzgado de Sentencia Penal y Anticorrupción Primero de la Capital del departamento de La Paz -hoy accionada-, señaló que: “Téngase por apersonado a GERMAN ANDRES RODRIGUEZ con el patrocinio de la Abog. Marcio Maidana Deheza, debiendo hacerle conocer ulteriores diligencias dentro del presente proceso penal. Al otrosí 1.- Por Secretaría extiéndase las fotocopias solicitadas, sea con nota de entrega al impetrante o abogado patrocinante. Al otrosí 2.- Por señalado su domicilio procesal y otros medios de comunicación” (sic [fs. 14 y vta.]).

III. FUNDAMENTOS JURIDÍCOS DEL FALLO

El accionante a través de su representante sin mandato, denuncia la vulneración de sus derechos a una justicia pronta, oportuna y sin dilaciones y a la defensa; puesto que, en el proceso penal seguido contra su persona, el 29 de junio de 2023 presentó memorial de apersonamiento, que hasta la fecha -se entiende de interposición de la presente acción tutelar-, no fue providenciado por la Secretaria ahora accionada, incumpliendo lo dispuesto por el art. 56.3 del CPP, e imposibilitando tenga acceso al cuaderno de control jurisdiccional para informarse de los antecedentes y asuma su defensa de manera efectiva. En consecuencia, corresponde determinar en revisión, si los hechos demandados son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada; para el efecto, se desarrollarán los siguientes temas: a) La acción de libertad traslativa o de pronto despacho; b) La acción de libertad innovativa; c) La legitimación pasiva en acción de libertad de los funcionarios de apoyo jurisdiccional; y, d) Análisis del caso concreto.

III.1 La acción de libertad traslativa o de pronto despacho

La SCP 0280/2025-S1 de 10 de abril, citando a la SC 0044/2010-R de 20 de igual mes, señala que: “traslativo o de pronto despacho; a través del que, se busca acelerar los trámites judiciales o administrativos ante dilaciones indebidas, para resolver la situación jurídica de la persona privada de libertad y la concreción del valor libertad, de los principios de celeridad y respeto a los derechos (…). Sobre la base de ese razonamiento, toda autoridad que conozca una solicitud en la que se encuentre involucrado el derecho a la libertad física, tiene el deber de tramitarla con la mayor celeridad posible, o cuando menos dentro de los plazos razonables, pues de no hacerlo, podría provocar una restricción indebida del citado derecho; (…) por cuanto, la lesión del derecho a la libertad física, está en la demora o dilación indebida, al resolver o atender una solicitud; que más bien, debería ser efectuada con la debida celeridad” (las negrillas nos corresponden).

III.2. La acción de libertad innovativa

La SCP 1628/2025-S1 de 29 de diciembre, citando la SCP 0703/2024-S3 de 22 de agosto, que reiterando el criterio señalado en la SCP 1016/2019-S2 de 22 de noviembre, establece que: “…la acción de libertad innovativa, radica fundamentalmente, en que todo acto que implique desconocimiento o comprometa la eficacia de los derechos tutelados por esta garantía constitucional, debe ser repudiado por la justicia constitucional; de esta manera, evitar que en el futuro se repitan y reproduzcan los actos contrarios a la eficacia y vigencia de los derechos a la vida, la libertad física y de locomoción. En ese sentido, no se protege únicamente los derechos de la persona que interpuso la acción de libertad; al contrario, su vocación principal es que en lo sucesivo no se repitan hechos cuestionados de ilegales; en razón a que, como entendió la jurisprudencia constitucional, la acción de libertad se activa, no simplemente para proteger derechos desde una óptica netamente subjetiva, sino también, desde su dimensión objetiva, evitando que se reiteren aquellas conductas que lesionan los derechos que se encuentran dentro del ámbito de su protección y que fundamentan todo el orden constitucional. (…) Conforme al espíritu de esta línea jurisprudencial, la acción de libertad innovativa debe ser entendida como el mecanismo procesal, por el cual el juez constitucional, asume un rol fundamental para el resguardo de los derechos que se encuentran dentro del ámbito de su protección -libertad personal, vida, integridad física, debido proceso y libertad de locomoción-; pues, si bien pueden haber cesado las vulneraciones a dichos derechos, empero, la ilegalidad fue consumada; por ello, a efectos de determinar la responsabilidad del caso y contribuir con la política criminal de prevención, corresponderá pronunciarse en el fondo de la problemática, para determinar la responsabilidad de las autoridades, la comunidad o personas particulares que transgredieron el o los derechos invocados como lesionados, al ser estas conductas contrarias al orden constitucional; evitando de esta forma, futuras conculcaciones de derechos fundamentales y garantías constitucionales. Más aún cuando nuestro ordenamiento jurídico expresamente establece la existencia de esta figura, en el art. 49.6 del Código Procesal Constitucional (CPCo), que determina: ‘Aun habiendo cesado las causas 7 que originaron la Acción de Libertad, la audiencia deberá realizarse en el día y hora señalados, a efectos de establecer las responsabilidades que correspondan’”.

III.3. La legitimación pasiva en acción de libertad de los funcionarios de apoyo jurisdiccional

La SCP 0043/2018-S1 de 12 de marzo, al respecto señala que: “…la SCP 0055/2012 de 9 de abril, estableció que: ʽ…se entiende que la acción de libertad se deberá plantear contra: a) La autoridad o funcionario público que amenace, restrinja o suprima los derechos fundamentales tutelados. b) La persona particular que amenace, restrinja o suprima los derechos tuteladosʼ. En ese mismo contexto, la SC 0691/2001-R de 9 de julio concluyó que la legitimación pasiva debe ser entendida como la coincidencia que se da entre la autoridad que presuntamente causó la violación a los derechos y aquella contra quien se dirige la acción; entendimiento que fue asumido por las SSCC 0817/2001-R, 0139/2002-R, 1279/2002-R y 1651/2004-R, entre o t r a s ; p o s t e r i o rm e n t e , s i g u i e r on e s e l i n e a mi e n t o l a s SSCC 0039/2010-R de 20 de abril y 0192/2010-R de 24 de mayo, y las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0714/2013 de 3 de junio, 0427/2015-S2 de 29 de abril y 0244/2016-S2 de 21 de marzo, entre otras; así la antedicha SCP 0244/2016-S2, citando a la SCP 0427/2015, expresa: ʽ…la legitimación pasiva recae sobre toda persona cuya acción u omisión se constituya en causal para la vulneración o amenaza en la integridad y eficacia de los derechos tutelados por la presente acción de defensa; más aún, si el texto constitucional deja abierta la posibilidad de dirigir la demanda inclusive contra personas particulares; por consiguiente, en virtud al principio de generalidad, la presente acción de defensa no reconocen fueros, privilegios ni inmunidades, por lo que es plenamente viable dirigir contra toda persona, indistintamente si es particular o servidor público, sea este jurisdiccional o de apoyo judicial, e incluso de orden administrativo, cual podrían ser funcionarios policiales o del régimen penitenciario, solo a manera de ejemploʼ. Bajo esa línea, el extinto Tribunal Constitucional y el Tribunal Constitucional Plurinacional, establecieron subreglas a la legitimación pasiva en las acciones tutelares; respecto a los funcionarios de apoyo jurisdiccional o subalternos, una de esas subreglas está expresada en la SC 1572/2003-R de 4 de noviembre, la misma que concluyó: ʽ…son los jueces los funcionarios que ejercen esa jurisdicción, entre tanto que los secretarios, actuarios y oficiales de diligencias, no tienen facultades jurisdiccionales sino que están obligados a cumplir las órdenes o instrucciones del Juez, emergentes de sus 8 decisiones, por lo que no tienen legitimación pasiva para ser demandados por cuanto no son los que asumen determinaciones de orden jurisdiccional dentro de los procesos, salvo que incurrieran en excesos contrariando o alterando esas determinaciones de la autoridad judicialʼ (citada por la SC 0332/2010-R de 17 de junio y por la SCP 1007/2017- S3 de 29 de septiembre, entre otras. En ese mismo sentido, la citada SC 0332/2010-R, respecto a la legitimación pasiva del personal de apoyo jurisdiccional o subalterno sostuvo que: ʽampliando este entendimiento, es necesario establecer que la responsabilidad o no del personal subalterno por contravenir lo dispuesto por la autoridad jurisdiccional será evaluada de conformidad a la actuación de esta, una vez prevenido de la omisión o comisión de la vulneración alegada, con el objetivo de reconducir el procedimiento y restituir los derechos o garantías vulnerados, puesto que si la autoridad jurisdiccional convalida la actuación, vulneradora o no del personal subalterno, automáticamente se deslinda de responsabilidad, con la consecuencia de asumirla por completoʼ.

Finalmente, el Tribunal Constitucional Plurinacional, a través de la SCP 0427/2015-S2 de 29 de abril, estableció que los funcionarios subalternos también pueden tener legitimación pasiva y ser codemandados ʽ…si la vulneración de los derechos tutelados por la presente acción de defensa emerge del incumplimiento o la inobservancia de las funciones y obligaciones conferidas al personal de apoyo jurisdiccional en los preceptos legales procedentemente referidos o del incumplimiento de las instrucciones u órdenes impartidas por el superior en grado, dicho servidor público adquiere la legitimación pasiva por lo que es plenamente viable dirigir la demanda contra ése funcionario, hasta establecer su responsabilidad si corresponde; (…); sin embargo, el presente razonamiento no implica que el Juez como autoridad revestida de jurisdicción deje al desamparo la dirección del juzgado, por cuanto le asiste la facultad de impartir instrucciones al personal de apoyo judicial y de realizar el seguimiento correspondiente, puesto que de no cumplirse las mismas también asume la responsabilidad por ser la autoridad que finalmente tiene la responsabilidad del juzgado; consiguientemente, el buen desempeño de las labores administrativas y jurisdiccionales involucra tanto a los servidores de apoyo y principalmente a las autoridades judiciales propiamente dichas, de ahí que las responsabilidades emergentes del incumplimiento de las funciones y obligaciones no pueden centralizarse en una sola persona u autoridad, ya que cada servidor público tiene el deber de desempeñar sus funciones en el estricto marco de las disposiciones normativas que regulan su labor, más aún si de ello surge 9 la lesión de los derechos objeto de protección de la presente garantía jurisdiccionalʼ. De la citadas líneas jurisprudenciales, respecto a la legitimación pasiva de funcionarios subalternos o de apoyo jurisdiccional, se concluye como subregla que los mismos carecen de legitimación pasiva para ser demandados en acciones tutelares, por cuanto no son los que asumen determinaciones de orden jurisdiccional dentro de los procesos; sin embargo, existe la excepción a esta subregla, es decir, que adquieren legitimación pasiva y por consiguiente pueden ser demandados en acciones tutelares en tres supuestos, cuando: a) incurrieran en excesos contrariando o alterando las determinaciones de la autoridad judicial; b) la vulneración de los derechos tutelados a través de acciones de defensa emerjan de un evidente incumplimiento o desconocimiento de las funciones y obligaciones conferidas a estos; y, c) emerjan del incumplimiento de las instrucciones u órdenes impartidas por el superior en grado; si concurren alguno de estos supuestos, los funcionaros subalternos o de apoyo jurisdiccional pueden ser sujetos de demanda puesto que se activa la excepción a la legitimidad pasiva” (las negrillas nos pertenecen).

III.4. Análisis del caso concreto

El accionante a través de su representante sin mandato, denuncia la vulneración de sus derechos a una justicia pronta, oportuna y sin dilaciones y a la defensa; puesto que, en el proceso penal seguido contra su persona, el 29 de junio de 2023 presentó memorial de apersonamiento, que hasta la fecha -se entiende de interposición de la presente acción tutelar-, no fue providenciado por la Secretaria ahora accionada, incumpliendo lo dispuesto por el art. 56.3 del CPP, e imposibilitando tenga acceso al cuaderno de control jurisdiccional para informarse de los antecedentes y asuma su defensa de manera efectiva.

Ahora bien, de la revisión de antecedentes se tiene la evidencia que cursa memorial presentado el 29 de junio de 2023, ante el Juez de Sentencia Penal y Anticorrupción Primero de la Capital del departamento de La Paz, mediante la cual el accionante se apersonó en el proceso penal seguido por el Ministerio Público contra su persona por la presunta comisión del delito de robo agravado (Conclusión II.1.); respecto al cual, cursa el decreto de 3 julio de igual año, emitido por la Secretaria ahora accionada por el que señaló: “Téngase por apersonado a GERMAN ANDRES RODRIGUEZ con el patrocinio de la Abog. Marcio Maidana Deheza, debiendo hacerle conocer ulteriores diligencias dentro del presente proceso penal. Al otrosí 1.- Por Secretaría extiéndase las fotocopias solicitadas, sea con nota de entrega al impetrante o abogado patrocinante. Al otrosí 2.- Por señalado su domicilio procesal y otros medios de comunicación” (sic [Conclusión II.2.]). En el contexto señalado se analizará la actuación de la Secretaria hoy accionada, a efectos de determinar si vulneró o no los derechos del accionante, quien denunció que dicha funcionaria de apoyo jurisdiccional vulneró sus derechos; puesto que, de conformidad con el art. 56.3 del CPP, tenía la facultad de emitir el decreto de apersonamiento del nombrado; en ese sentido, es necesario precisar que de conformidad con la jurisprudencia citada en el Fundamento Jurídico III.3. de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, los funcionarios de apoyo jurisdiccional adquieren legitimación pasiva en tres supuestos: 1) Incurrieran en excesos contrariando o alterando las determinaciones de la autoridad judicial; 2) La vulneración de los derechos tutelados a través de acciones de defensa que emerjan de un evidente incumplimiento o desconocimiento de las funciones y obligaciones conferidas a estos; y, 3) Emerjan del incumplimiento de las instrucciones u órdenes impartidas por el superior en grado. En ese sentido y descritos como se encuentran los antecedentes, es preciso remitirnos a la jurisprudencia citada en el Fundamento Jurídico III.1. de esta Sentencia Constitucional Plurinacional, la cual establece que la acción de libertad traslativa o de pronto despacho opera ante dilaciones injustificadas en el tratamiento de solicitudes vinculadas con la libertad, como en el caso de autos, que se reclama la falta de providencia al memorial de apersonamiento presentado por el accionante, que si bien cursa en obrados (Conclusión II.2.), el respectivo decreto de 3 de julio de 2023, emitido por la Secretaria ahora accionada, dando por apersonado al accionante, como disponiendo la extensión de fotocopias que solicitó, lo cual conllevaría a entender que el objeto de la presente acción de libertad desapareció; sin embargo, no es menos cierto, que no acreditó que dicha providencia hubiese sido notificada de manera oportuna al accionante en el domicilio y correo electrónico señalado, para que de esa manera se pudiera haber desvirtuado lo denunciado por el accionante que se constituyó permanentemente al Juzgado averiguando sobre la respuesta de su memorial; omisión por la que se infiere incurrió en una dilación indebida, lo que repercute para que el nombrado tenga acceso al cuaderno de control jurisdiccional para asumir conocimiento de los antecedentes que le permitan ejercer su derecho a la defensa; en consecuencia, corresponde aplicar lo establecido en la jurisprudencia citada en el Fundamento Jurídico III.2. de esta Sentencia Constitucional Plurinacional y conceder la tutela solicitada en la modalidad de acción de libertad innovativa, cuya finalidad es evitar que en el futuro, se reiteren dichas conductas u omisiones lesivas y dilatorias en perjuicio de las personas privadas de libertad. En consecuencia, el Juez de garantías, al denegar la tutela solicitada, obró de manera incorrecta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera Especializada, en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución 226/2023 de 9 de agosto, cursante de fs. 18 a 19 vta., pronunciada por el Juez de Sentencia Anticorrupción Primero de la Capital del departamento de La Paz; y, en consecuencia: 1º CONCEDER la tutela solicitada, en la modalidad de acción de libertad traslativa o de pronto despacho e innovativa, conforme con los fundamentos jurídicos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional.

a) Exhortar a Janeth Elsa Aduviri Chamaca, Secretaria del Juzgado de Sentencia Penal y Anticorrupción Primero de la Capital del departamento de La Paz, a efectos de que en futuras actuaciones providencie los memoriales de apersonamiento de manera oportuna, evite dilaciones indebidas y obre con la celeridad que ameritan las solicitudes de las personas privadas de libertad, conforme con los fundamentos jurídicos expuestos en el presente fallo constitucional.

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Fdo. Dra. Amalia Laura Villca

MAGISTRADA

Fdo. Ángel Edson Dávalos Rojas

MAGISTRADO

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_1641_2026-S1.pdf · páginas 1 a 11.

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