Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Primera Especializada · 4 de agosto de 2026
Deniega la tutela
El accionante a través de su representante sin mandato, denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad de locomoción, al debido proceso en sus elementos de celeridad y “administración de justicia”; puesto que, habiéndose emitido en su favor la Resolución de Rechazo R.R.C.Q. 0041/2021 de 24 de noviembre de 2022, el Fiscal de Materia hoy accionado, hasta la presentación de su acción tutelar, no notificó a todas las partes procesales del proceso penal con la referida Resolución de Rechazo, para que éstos puedan realizar las objeciones correspondientes, ni puso en conocimiento del Juez de control jurisdiccional; por lo que, ese actuar vulnera sus derechos; ya que, al encontrarse con detención preventiva no podría solicitar la cesación de la misma en otro proceso penal. En consecuencia, corresponde determinar en revisión, si los hechos demandados son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada; para el efecto, se desarrollarán los siguientes temas: i) La subsidiariedad excepcional de la acción de libertad frente a actos supuestamente ilegales cometidos por el Ministerio Público y/o funcionarios de la Policía Boliviana; y, ii) Análisis del caso concreto.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 305/2023 de 27 de octubre, cursante de fs. 36 a 38, pronunciada por el Juez de Sentencia contra la Violencia hacia la Mujer Cuarto de la Capital del departamento de La Paz; y, en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada, conforme con los fundamentos jurídicos expuestos en el presente fallo constitucional, con la aclaración que no se ingresó al fondo de la problemática planteada.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1640/2026-S1 Sucre, 4 de agosto de 2026 SALA PRIMERA ESPECIALIZADA Magistrada Relatora: Dra. Amalia Laura Villca Acción de libertad Expediente: 59609-2023-120-AL Departamento: La Paz En revisión la Resolución 305/2023 de 27 de octubre, cursante de fs. 36 a 38, pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Boris Choque Ayala en representación sin mandato de Rosendo Trujillo Cachi contra Rubén Ramiro Cadena Quispe, Fiscal de Materia.
El accionante a través de su representante sin mandato, por memorial presentado el 26 de octubre de 2023, cursante de fs. 29 a 30, manifestó lo siguiente:
En el proceso penal seguido por el Ministerio Público contra su persona y “otros” por la presunta comisión del delito de tráfico de sustancias controladas, previsto y sancionado por el art. 48 de la Ley del Régimen de la Coca y Sustancias Controladas -Ley 1008 de 19 de julio de 1998-, mediante Auto Interlocutorio de 5 de octubre de 2022, el Juez de Instrucción Penal Sexto de la Capital del departamento de Oruro, dispuso su detención preventiva por la concurrencia de los riesgos procesales de fuga y obstaculización, previsto por el art. 234.6 del Código de Procedimiento Penal (CPP); en razón de que existiría otro proceso penal instaurado contra su persona en la ciudad de El Alto del departamento de La Paz, caso signado con Código Único de Denuncia (CUD) 201502022205984, cuya dirección funcional de la investigación estaría a cargo del Fiscal de Materia ahora accionado.
En ese último proceso penal con CUD 201502022205984, se emitió en su favor la Resolución de Rechazo R.R.C.Q. 0041/2021 de 24 de noviembre de 2022, con la cual no fueron notificadas todas las partes procesales a objeto de que realicen las objeciones correspondientes conforme lo previsto por el art. 305 del CPP; es decir, hasta el momento de presentación de su acción tutelar, tales notificaciones no fueron realizadas por el Fiscal de Materia hoy accionado, y menos puso en conocimiento dicha Resolución al Juez de control jurisdiccional; pese a que presentó varios escritos para que el Fiscal de Materia ahora accionado se pronuncie al respecto; por lo que, se vulneró el principio de celeridad vinculado a su derecho a la libertad y de locomoción; ya que, al encontrarse con detención preventiva, no podría solicitar la cesación de dicha medida.
El accionante a través de su representante sin mandato, denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad de locomoción, al debido proceso en sus elementos celeridad y “administración de justicia”; citando al efecto los arts. 8.I, 115.I, y 178.I de la Constitución Política del Estado (CPE).
Solicita se conceda la tutela; y en consecuencia, se disponga: Ordenar que en el día se proceda la notificación de la Resolución de Rechazo R.R.C.Q. 0041/2021 de 24 de noviembre de 2022 a las partes procesales del proceso penal, y se informe al Juez de control jurisdiccional.
Celebrada la audiencia virtual el 27 de octubre de 2023, según consta el acta cursante de fs. 34 a 35, se produjeron los siguientes actuados:
El accionante a través de su abogado en audiencia, ratificó de manera íntegra el contenido del memorial de la acción de libertad.
Rubén Ramiro Cadena Quispe, Fiscal de Materia, no asistió a la audiencia de consideración de la acción de libertad, ni remitió informe alguno, pese a su citación cursante a fs. 32.
El Juez de Sentencia contra la Violencia hacia la Mujer Cuarto de la Capital del departamento de La Paz, constituido en Juez de garantías, mediante Resolución 305/2023 de 27 de octubre, cursante de fs. 36 a 38, denegó la tutela solicitada; bajo los siguientes fundamentos: a) El accionante adjunta a su demanda un memorial dirigido al Juez de Instrucción Penal Segundo de El Alto del departamento de La Paz, por el cual se presentó la Resolución de Rechazo R.R.C.Q. 0041/2021; b) Tuvo conocimiento solamente del memorial de acción de libertad en la que no se adjunta ninguna solicitud de control jurisdiccional por parte de la “autoridad contra la hora de derechos dentro de este caso por lo que la parte debe acudir a esta autoridad” (sic); para efectuar la solicitud referida, previo a la presentación de esta acción de defensa, siendo que la subsidiariedad se encuentra presente en este caso; y, c) Si bien esta acción de libertad fue presentada como traslativa o de pronto despacho; empero, no amerita pronunciamiento sobre el fondo de la misma.
Mediante Acuerdo Jurisdiccional TCP-SP-003/2025-II de 26 de noviembre, se dispuso la reconformación de Salas del Tribunal Constitucional Plurinacional en cumplimiento a dicha determinación, la Comisión de Admisión de este Tribunal, procedió al sorteo de la presente causa. Mediante decreto constitucional de 27 de mayo de 2026, cursante a fs. 46, se dispuso la suspensión de plazo para la emisión de la correspondiente resolución a efectos de recabar documentación complementaria, reanudándose el mismo a partir del día siguiente de la notificación con el decreto constitucional de 3 de agosto del citado año, cursante a fs. 50; por lo que, la presente Sentencia Constitucional Plurinacional es emitida dentro del término legal.
De la revisión de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Mediante Auto Interlocutorio de 5 de octubre de 2022, emitido por el Juez de Instrucción Penal Sexto de la Capital del departamento de Oruro, se dispuso la detención preventiva de Rosendo Trujillo Cachi -hoy accionante-, a cumplirse en el Centro Penitenciario San Pedro del referido departamento, por el plazo de tres meses, en el proceso penal seguido por el Ministerio Público contra su persona y “otros” por la presunta comisión del delito de tráfico de sustancias controladas; puesto que, tendría otra causa penal en la ciudad de El Alto del departamento de La Paz, por el mismo presunto hecho ilícito (fs. 2 a 7 vta.).
II.2. Por Resolución de Rechazo R.R.C.Q. 0041/2021 de 24 de noviembre de 2022, dirigido al Juez de Instrucción Penal Segundo de El Alto del departamento de La Paz; Rubén Ramiro Cadena Quispe, Fiscal de Materia -ahora accionado-, dispuso el rechazo de las actuaciones policiales iniciadas contra el accionante y “otros”, por la presunta comisión del delito de tráfico de sustancias controladas, en el caso signado con CUD 201502022205984 (fs. 8 a 17). II.3. Mediante memorial presentado el 26 de abril de 2023, ante el Fiscal de Materia ahora accionado; el accionante se apersonó al caso signado con CUD 201502022205984, y solicitó certificación bajo los siguientes datos: 1) Nombres y apellidos de las partes procesales; 2) Estado actual de la investigación; 3) Si se tiene resolución conclusiva de la etapa preliminar; y, 4) Si se tiene alguna objeción en contra de la resolución conclusiva de la etapa preliminar; en respuesta se emitió el decreto de 17 de mayo de 2023; por el cual, el Fiscal de Materia hoy accionado, señaló no ha lugar a lo solicitado, tomando en cuenta que la “Ley 260” prohíbe que emita ese tipo de certificación; ya que, al único que puede remitir alguna certificación es al superior inmediato (fs. 21 a 22).
El accionante a través de su representante sin mandato, denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad de locomoción, al debido proceso en sus elementos de celeridad y “administración de justicia”; puesto que, habiéndose emitido en su favor la Resolución de Rechazo R.R.C.Q. 0041/2021 de 24 de noviembre de 2022, el Fiscal de Materia hoy accionado, hasta la presentación de su acción tutelar, no notificó a todas las partes procesales del proceso penal con la referida Resolución de Rechazo, para que éstos puedan realizar las objeciones correspondientes, ni puso en conocimiento del Juez de control jurisdiccional; por lo que, ese actuar vulnera sus derechos; ya que, al encontrarse con detención preventiva no podría solicitar la cesación de la misma en otro proceso penal. En consecuencia, corresponde determinar en revisión, si los hechos demandados son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada; para el efecto, se desarrollarán los siguientes temas: i) La subsidiariedad excepcional de la acción de libertad frente a actos supuestamente ilegales cometidos por el Ministerio Público y/o funcionarios de la Policía Boliviana; y, ii) Análisis del caso concreto.
Público y/o funcionarios de la Policía Boliviana
La SCP 0430/2026-S1 de 19 de marzo, citando a su vez a la SCP 0441/2018-S2 de 27 de agosto, señala que: “…sentó la línea jurisprudencial sobre la subsidiariedad excepcional en la acción de libertad, determinando que en los supuestos en los que existan medios idóneos para reparar de manera urgente, pronta y eficaz el derecho a la libertad física ilegalmente restringido, los mismos deben ser utilizados antes de acudir a la justicia constitucional a través de la acción de libertad.
En el marco de dicho entendimiento, la SC 0181/2005-R de 3 de marzo señaló que en la etapa preparatoria del proceso penal, se deben impugnar las supuestas lesiones a derechos y garantías en los que puedan incurrir los órganos encargados de la persecución penal ante el juez de instrucción penal, no resultando compatible activar directamente o de manera simultánea, la justicia constitucional.
Por su parte, la SC 0054/2010-R de 27 de abril puntualizó que las denuncias de actos ilegales u omisiones indebidas en las que pudieran incurrir los fiscales y policías durante la etapa preparatoria, que implique vulneración de derechos fundamentales, deben ser presentadas ante el juez de instrucción penal, sin que sea admisible acudir directamente ante la jurisdicción constitucional... (…)
Posteriormente, la SCP 0482/2013 de 12 de abril, (…), sistematizó las reglas de la subsidiariedad excepcional en la acción de libertad, conforme a lo siguiente:
(…)
2. Cuando el fiscal da aviso del inicio de la investigación al Juez cautelar y ante la denuncia de una supuesta ilegal aprehensión, arresto u otra forma de restricción de la libertad personal o física por parte de un Fiscal o de la Policía, el accionante, previo a acudir a la jurisdicción constitucional debe en principio, denunciar todos los actos restrictivos de su libertad personal o física ante la autoridad que ejerce el control jurisdiccional.
(…)
En síntesis, es posible la presentación directa de la acción de libertad, en el primer supuesto señalado en la SCP 0482/2013, cuando: 1) La supuesta lesión o amenaza del derecho a la libertad física o personal no esté vinculada a un delito; 2) Cuando existiendo dicha vinculación: 2.i) No se informó al juez de instrucción penal sobre el inicio de las investigaciones, no obstante haber transcurrido los plazos establecidos para el efecto en el Código de Procedimiento Penal, o cuando: 2.ii) No habiendo transcurrido dichos plazos, se hubiere restringido el derecho a la libertad, al margen de los casos y formas establecidas por ley.
De conformidad a la sistematización de la línea jurisprudencial anotada, el juez de instrucción penal es la autoridad judicial encargada del control jurisdiccional de la investigación, desde los actos iniciales hasta la conclusión de la etapa preparatoria, siendo también, llamada por ley para atender cualquier denuncia de vulneración de derechos fundamentales y garantías constitucionales durante esta etapa” (las negrillas nos corresponden).
El accionante a través de su representante sin mandato, denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad de locomoción, al debido proceso en sus elementos de celeridad y “administración de justicia”; puesto que, habiéndose emitido en su favor la Resolución de Rechazo R.R.C.Q. 0041/2021 de 24 de noviembre de 2022, el Fiscal de Materia hoy accionado, hasta la presentación de su acción tutelar, no notificó a todas las partes procesales del proceso penal con la referida Resolución de Rechazo, para que éstos puedan realizar las objeciones correspondientes, ni puso en conocimiento del Juez de control jurisdiccional; por lo que, ese actuar vulnera sus derechos; ya que, al encontrarse con detención preventiva no podría solicitar la cesación de la misma en otro proceso penal.
Ahora bien, de la revisión de antecedentes, se tiene que, en el proceso penal seguido contra el accionante y “otros”, a instancia del Ministerio Público, por la presunta comisión del delito de tráfico de sustancias controladas, mediante Auto Interlocutorio de 5 de octubre de 2022, el Juez de Instrucción Penal Sexto de la Capital del departamento de Oruro, dispuso su detención preventiva en el Centro Penitenciario San Pedro de ese departamento, por el plazo de tres meses; puesto que, tendría otra causa penal en la ciudad de El Alto del departamento de La Paz, por el mismo presunto hecho ilícito (Conclusión II.1.).
Es así que, en el proceso penal de la ciudad de El Alto del departamento de La Paz, se tiene que por Resolución de Rechazo R.R.C.Q. 0041/2021, dirigido al Juez de Instrucción Penal Segundo de El Alto del departamento de La Paz; el Fiscal de Materia hoy accionado, dispuso el rechazo de las actuaciones policiales iniciadas contra el accionante y “otros”, por la presunta comisión del delito de tráfico de sustancias controladas; posteriormente, mediante memorial presentado el 26 de abril de 2023, ante dicha autoridad; el accionante se apersonó al caso y solicitó certificación bajo los siguientes datos: a) Nombres y apellidos de las partes procesales; b) Estado actual de la investigación; c) Si se tiene Resolución conclusiva de la etapa preliminar; y, d) Si se tiene alguna objeción en contra de la resolución conclusiva de la etapa preliminar (Conclusiones II.2. y II.3.).
Ahora bien, establecido el problema jurídico a resolver y descritos los antecedentes que cursan en obrados, se tiene que el accionante denuncia que sus derechos a la libertad de locomoción, al debido proceso en su elemento celeridad y “administración de justicia”, estarían siendo vulnerados, por la negligencia o falta de actuación del Fiscal de Materia hoy accionado, al no haber notificado hasta la presentación de su acción tutelar con la Resolución de Rechazo R.R.C.Q. 0041/2021 emitido en su favor, a todas las partes procesales para que puedan realizar las objeciones correspondientes, ni puso en conocimiento del Juez de control jurisdiccional, imposibilitando con ello solicitar la cesación de su detención preventiva dispuesta en otro proceso penal; en ese contexto, es necesario remitirnos a la jurisprudencia citada en el Fundamento Jurídico III.1. de este fallo constitucional, la cual establece que salvo en casos excepcionales debidamente delimitados, la acción de libertad no puede activarse de manera directa ante la jurisdicción constitucional sin previamente acudir ante la autoridad judicial competente; es decir, el juez de instrucción penal, quien es el que ejerce el control jurisdiccional durante la etapa preparatoria del proceso penal y es contralor del cumplimiento de garantías constitucionales y del resguardo de los derechos fundamentales. La exigencia de subsidiariedad responde a la necesidad de mantener el equilibrio y la complementariedad entre las jurisdicciones ordinaria y la constitucional; en ese sentido, únicamente se admite la presentación directa de la acción de libertad en casos en que la restricción a la libertad no esté vinculada a un delito, o cuando existiendo esa vinculación, no se hubiese informado a la autoridad judicial sobre el inicio de la investigación transcurridos los plazos legales; por lo que, en todos los demás otros casos, es indispensable agotar primero los mecanismos de control jurisdiccional ordinarios, impugnando los actos vulneradores de derechos y garantías constitucionales ante el juez de instrucción penal o utilizando los mecanismos intraprocesales de defensa dentro de los plazos establecidos previamente a recurrir a la jurisdicción constitucional mediante la acción de defensa.
En consecuencia, bajo ese entendimiento jurisprudencial, en el caso de autos, a más de advertirse que el accionante solicita que se ponga en conocimiento la Resolución de Rechazo R.R.C.Q. 0041/2021, ante el Juez de la causa, de obrados se tiene que la referida Resolución fue dirigida por el Fiscal de Materia ahora accionado, al Juez de Instrucción Penal Segundo de El Alto del departamento de La Paz, cuya autoridad judicial al tenerse bien identificada, es quien debió acudir el accionante previamente a efecto de denunciar las supuestas irregularidades ocasionadas por el mencionado Fiscal de Materia por la falta de notificación con la citada Resolución de Rechazo a todas las partes procesales, y poner en conocimiento a la autoridad de control jurisdiccional, siendo dicho Juez, la autoridad llamada por ley para reparar las mismas en resguardo de los derechos y garantías constitucionales. Por lo tanto, el accionante al acudir directamente a la jurisdicción constitucional incumplió el principio de subsidiariedad excepcional que rige esta acción de defensa, correspondiendo denegar la tutela solicitada, con la aclaración que no se ingresó al análisis de fondo de la problemática planteada. En consecuencia, el Juez de garantías, al denegar la tutela solicitada, obró de manera correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 305/2023 de 27 de octubre, cursante de fs. 36 a 38, pronunciada por el Juez de Sentencia contra la Violencia hacia la Mujer Cuarto de la Capital del departamento de La Paz; y, en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada, conforme con los fundamentos jurídicos expuestos en el presente fallo constitucional, con la aclaración que no se ingresó al fondo de la problemática planteada. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Fdo. Dra. Amalia Laura Villca
MAGISTRADA
Fdo. Ángel Edson Dávalos Rojas
MAGISTRADO
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_1640_2026-S1.pdf · páginas 1 a 8.
Huella digital del PDF (SHA-256): 57fc6001f91dd31c44b6d15083df63796fa207e07d0a67110315b32850d70140
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