Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Primera · 30 de diciembre de 2025
Concede en parte la tutela
El accionante, a través de su representante sin mandato, denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad, a la dignidad, al debido proceso en su elemento de celeridad; además del principio de seguridad jurídica; puesto que, en audiencia de 4 de agosto de 2023 y mediante memorial presentado el 24 de agosto de 2024, solicitó al Juez ahora accionado, audiencia de consideración de sanción alternativa conforme el art. 76 de la Ley 348; empero, dicho Juez no dio cumplimiento a los plazos establecidos en el Código de Procedimiento Penal, tampoco corrió traslado al Ministerio Público y a la parte denunciante para su conocimiento ya sea aceptando o rechazando dicha solicitud y no dispuso las notificaciones correspondientes .
para que esa audiencia se lleve a cabo con la celeridad posible, encontrándose el accionante en indefensión absoluta. En consecuencia, corresponde determinar en revisión, si los hechos demandados son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada; para el efecto, se desarrollarán los siguientes temas: a) La acción de libertad traslativa o de pronto despacho y la dilación indebida; b) Las sanciones alternativas previstas en la Ley 348; c) La acción de libertad innovativa; d) Sobre el trámite y resolución de salidas alternativas; y, e) Análisis del caso concreto.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 15/23 de 29 de agosto de 2023, cursante de fs. 26 vta. a 28, pronunciada por el Tribunal de Sentencia Penal Primero de la Capital del departamento de Santa Cruz; y, en consecuencia, 1º CONCEDER la tutela solicitada, en cuanto a los derechos a la libertad y al debido proceso en su elemento de celeridad, en las modalidades de acción de libertad traslativa de pronto despacho e innovativa, conforme con los fundamentos jurídicos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. 2º DENEGAR la tutela solicitada con relación al derecho a la dignidad;
además del principio de seguridad jurídica; asimismo, con relación a la solicitud de remisión de antecedentes ante el Consejo de la Magistratura, conforme con los fundamentos jurídicos expuestos en el presente fallo constitucional.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1637/2025-S1 Sucre, 30 de diciembre de 2025 SALA PRIMERA Magistrada Relatora: Dra. Amalia Laura Villca Acción de libertad Expediente: 57984-2023-116-AL Departamento: Santa Cruz En revisión la Resolución 15/23 de 29 de agosto de 2023, cursante de fs. 26 vta. a 28, pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Edilberto Mendoza Vaca en representación sin mandato de Ruber Durán Guatia contra José Orlando Rojas Baspineiro, Juez Público de Familia e Instrucción Penal Primero de Cotoca del departamento de Santa Cruz.
El accionante, a través de su representante sin mandato, por memorial presentado el 29 de agosto de 2023, cursante de fs. 5 a 7 vta., manifestó lo siguiente:
En el proceso penal seguido por el Ministerio Público contra Ruber Durán Guatia -accionante- por la presunta comisión del delito de violencia familiar o doméstica previsto y sancionado por el art. 272 bis del Código Penal (CP), el 4 de agosto de 2023, solicitó de manera verbal al Juez ahora accionado, señalamiento de audiencia de sanción alternativa, no obteniendo respuesta alguna. En ese entendido el citado Juez no tuvo la voluntad de celebrar dicha audiencia, dilatando el proceso penal; asimismo, debió disponer que se efectúen todas las notificaciones; puesto que, se estuvo “SIMULANDO JUSTICIA” (sic). Por otro lado, tampoco proporcionó a las partes el “libro de conocimiento” para exponer su queja, reflejando esa autoridad jurisdiccional una conducta nefasta y negligente en un sistema de derechos, vulnerándose su derecho al debido proceso vinculado directamente a la privación de su libertad, encontrándose en indefensión absoluta.
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Posteriormente, mediante memorial presentado el 24 de agosto de 2023, solicitó al Juez ahora accionado, señalamiento de audiencia a efectos de considerar el beneficio de la sanción alternativa, conforme lo previsto por el art. 76 de la Ley Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia -Ley 348 de 9 de marzo de 2013-. En razón a dicha petición y de acuerdo a lo referido por el art. 132 del Código de Procedimiento Penal (CPP), el Juez hoy accionado debió emitir un decreto “…aceptando y/o rechazando la solicitud…” (sic); así también, le correspondía correr traslado al Ministerio Publico y a la parte denunciante para su conocimiento en el plazo de veinticuatro horas; empero, “hasta la fecha” –se entiende de interposición de la acción de defensa–, el Juez ahora accionado no dio cumplimiento a los plazos procesales establecidos en el indicado Código, tampoco fue notificado con resolución alguna.
El accionante, a través de su representante sin mandato, denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad, a la dignidad, al debido proceso en su elemento de celeridad; además del principio de seguridad jurídica; citando al efecto los arts. 22, 115.II y 178.I de la Constitución Política del Estado (CPE).
Solicita se conceda la tutela; y en consecuencia, se disponga que: a) Se admita y se declare procedente la presente acción de libertad de pronto despacho, restituyendo sus derechos vinculados a la libertad, celeridad y a la dignidad; b) Se conmine de manera inmediata al Juez ahora accionado con relación al señalamiento de audiencia para considerar el beneficio de la sanción alternativa; emitiéndose el decreto correspondiente; asimismo, se realicen las diligencias a las partes procesales; y, c) Se remitan antecedentes al Consejo de la Magistratura a objeto de su conocimiento.
Celebrada la audiencia virtual el 29 de agosto de 2023, según consta en el acta cursante a fs. 26 y vta., se produjeron los siguientes actuados:
El accionante, a través de su representante sin mandato, en audiencia ratificó de manera íntegra el contenido del memorial de acción de libertad.
José Orlando Rojas Baspineiro, Juez Público de Familia e Instrucción Penal Primero de Cotoca del departamento de Santa Cruz, mediante informe presentado de 29 de agosto de 2023, cursante a fs. 25, manifestó que: 1) “La .
audiencia solicitada ya se encuentra señalada…” (sic), a pesar del accionar del funcionario de defensa pública que no permitió distinguir su pretensión; puesto que, en su memorial solicita por una parte la aplicación de sanciones alternativas y por otro lado el beneficio de la suspensión condicional de la pena, generando confusión en el personal de apoyo jurisdiccional de su Juzgado; 2) Debido a la recarga laboral la atención al litigante no es instantánea como el accionante pretende; ya que, los juzgados de provincia conocen dos o más materias a la vez lo que no siempre permite atender los requerimientos; y, 3) La acción de defensa interpuesta tiene la finalidad de generar mayor carga injustificada en las instancias jurisdiccionales; puesto que, sin verificar si su pretensión fue atendida o no, presentó la referida acción tutelar, lo que ocasionó una mayor demora en los trámites judiciales; por lo que, solicita se deniegue la tutela solicitada.
El Tribunal de Sentencia Penal Primero de la Capital del departamento de Santa Cruz, constituido en Tribunal de garantías, mediante Resolución 15/23 de 29 de agosto de 2023, cursante de fs. 26 vta. a 28, concedió la tutela solicitada, en su modalidad innovativa; bajo los siguientes fundamentos: i) El Juez ahora accionado dictó la Sentencia 10 de 4 de agosto de 2023; puesto que, el accionante se sometió a un procedimiento abreviado, siendo condenado a una pena de tres años de reclusión en el Centro Penitenciario Palmasola de Santa Cruz; asimismo, se declaró ejecutoriada dicha Sentencia; ii) El abogado defensor del accionante de en audiencia –de procedimiento abreviado de 4 del indicado mes y año–, solicitó sanción alternativa; empero, el Informe Psicológico fue remitido el 19 de ese mes y año, siendo dicho Informe un requisito para esa solicitud; iii) El 24 del indicado mes y año, el accionante presentó ante el Juez hoy accionado, memorial solicitando señalamiento de audiencia de sanción alternativa, el cual fue decretado por el referido Juez el 25 del mencionado mes y año, dentro del término de las veinticuatro horas, señalando audiencia para el “…Viernes 1 de septiembre de 2.023 a horas 09:00 a.m.” (sic); iv) Conforme lo previsto por el art. 314.II del CPP la audiencia de consideración de sanción alternativa debió señalarse dentro del plazo de tres días hábiles, y no así dentro de cinco días hábiles; asimismo, estando el accionante detenido preventivamente debió celebrarse la audiencia dentro del plazo de las cuarenta y ocho horas en atención a lo dispuesto por el art. 328.II del citado Código; y, v) Se señaló audiencia para el 1 de septiembre de 2023, habiéndose cumplido lo solicitado por el accionante aunque incumpliéndose los plazos previstos por ley.
Mediante Acuerdo Jurisdiccional de Sala Plena TCP-SP-003/2025-II de 26 de noviembre, se dispuso la reconformación de Salas del Tribunal Constitucional .
Plurinacional en cumplimiento a dicha determinación, la Comisión de Admisión de este Tribunal, procedió al sorteo de la presente causa. Mediante decreto constitucional de 5 de diciembre de 2025, cursante a fs. 38, se dispuso la suspensión de plazo para la emisión de la correspondiente resolución a efectos de recabar documentación complementaria, reanudándose el mismo a partir del día siguiente de la notificación con el decreto constitucional de 24 de diciembre del citado año, cursante a fs. 42; por lo que, la presente Sentencia Constitucional Plurinacional es emitida dentro del término legal.
De la revisión de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Cursa Sentencia 10 de 4 de agosto de 2023, emitida por José Orlando Rojas Baspineiro, Juez Público de Familia e Instrucción Penal Primero de Cotoca del departamento de Santa Cruz –ahora accionado–, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Publico a denuncia de Carla Lorena Calizaya Rojas contra Ruber Duran Guatia –hoy accionante–, declarando al nombrado culpable a través de un procedimiento abreviado por la comisión del delito de violencia familiar o doméstica, condenándolo a cumplir la pena de tres años de reclusión en el Centro Penitenciario Palmasola de Santa Cruz (fs. 15 vta. a 18). II.2. Mediante memorial presentado el 24 de agosto de 2023, ante el Juez ahora accionado, el accionante solicitó la aplicación de una sanción alternativa conforme el art. 76 de la Ley 348, al cumplir los requisitos exigidos, existiendo una sentencia condenatoria ejecutoriada y la suspensión condicional de la pena (fs. 23 y vta.); mereciendo en respuesta el decreto de 25 de dicho mes y año, emitido por el referido Juez, quien señaló audiencia virtual para el 1 de septiembre de igual año (fs. 24).
El accionante, a través de su representante sin mandato, denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad, a la dignidad, al debido proceso en su elemento de celeridad; además del principio de seguridad jurídica; puesto que, en audiencia de 4 de agosto de 2023 y mediante memorial presentado el 24 de agosto de 2024, solicitó al Juez ahora accionado, audiencia de consideración de sanción alternativa conforme el art. 76 de la Ley 348; empero, dicho Juez no dio cumplimiento a los plazos establecidos en el Código de Procedimiento Penal, tampoco corrió traslado al Ministerio Público y a la parte denunciante para su conocimiento ya sea aceptando o rechazando dicha solicitud y no dispuso las notificaciones correspondientes .
para que esa audiencia se lleve a cabo con la celeridad posible, encontrándose el accionante en indefensión absoluta. En consecuencia, corresponde determinar en revisión, si los hechos demandados son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada; para el efecto, se desarrollarán los siguientes temas: a) La acción de libertad traslativa o de pronto despacho y la dilación indebida; b) Las sanciones alternativas previstas en la Ley 348; c) La acción de libertad innovativa; d) Sobre el trámite y resolución de salidas alternativas; y, e) Análisis del caso concreto.
La SCP 1099/2025-S1 de 4 de septiembre, al respecto, citando a su vez a la SCP 0142/2018-S2 de 30 de abril, establece que: “La Constitución Política del Estado en su art. 23, establece que toda persona tiene derecho a la libertad física como un derecho fundamental de carácter primario para su desarrollo; por ello, el Estado tiene el deber primordial de respetarlo y protegerlo por constituir un derecho inviolable; razón por la que, la acción de libertad fue configurada de manera exclusiva, extraordinaria y sumarísima con el propósito que este derecho, goce de protección especial cuando se pretenda lesionarlo o esté siendo amenazado de lesión. A ese efecto, la jurisprudencia constitucional contenida en la SC 1579/2004-R de 1 de octubre, efectuó una clasificación del entonces recurso de hábeas corpus ante violaciones a la libertad individual y/o de locomoción, señalando que puede ser reparador, si ataca una lesión ya consumada; preventivo, si procura impedir una lesión a producirse o correctivo, si intenta evitar que se agraven las condiciones en que se mantiene a una persona detenida. Posteriormente, a través de la SC 0044/2010-R de 20 de abril, se amplió dicha clasificación, identificando además al hábeas corpus restringido, el que procede ante limitaciones del ejercicio del derecho a la libertad; dentro del que se encuentra el hábeas corpus instructivo, que se admite cuando el derecho a la libertad se encuentra vinculado con el derecho a la vida; y, traslativo o de pronto despacho, a través del cual se busca acelerar los trámites judiciales o administrativos ante dilaciones indebidas, para resolver la situación jurídica de la persona privada de libertad y la concreción del valor libertad, de los principios de celeridad y respeto a los derechos; debiendo ser tramitados, resueltos -SC 0224/2004-R de 16 de febrero- y efectivizados -SC 0862/2005-R de 27 de julio- con la mayor celeridad -SCP 0528/2013 de 3 de mayo-. Con ese razonamiento, toda autoridad judicial que conozca una solicitud en la que se encuentre involucrado el derecho a la .
libertad física, tiene el deber de tramitarla con la mayor celeridad posible, o cuando menos, dentro de los plazos razonables, pues de no hacerlo podría provocar una restricción indebida del citado derecho, lo que no significa otorgar o dar curso a la petición en forma positiva o negativa, ya que el resultado a originarse dependerá de las circunstancias y las pruebas que se aporten en cada caso, por cuanto la lesión del derecho a la libertad física está en la demora o dilación indebida, al resolver o atender una solicitud efectuada con la adecuada celeridad” (las negrillas nos corresponden).
La SCP 0222/2024-S3 de 24 de mayo, establece que:
ARTÍCULO 76. (APLICACIÓN DE SANCIONES ALTERNATIVAS)
I. En los delitos de violencia hacia las mujeres, siempre que el autor no sea reincidente, se podrán aplicar las sanciones alternativas a la privación de libertad, cuando:
1. La pena impuesta no sea mayor a tres años, en cuyo caso será reemplazada por una sanción alternativa de las señaladas en la presente Ley.
2. A solicitud del condenado a pena privativa de libertad superior a tres años que hubiera cumplido al menos la mitad de ésta, las sanciones alternativas no podrán superar el tiempo de la pena principal impuesta.
II. La autoridad judicial aplicará una sanción alternativa, junto a otras, cuando sea necesario para proteger a la mujer, hijos e hijas o el núcleo familiar en situación de violencia.
Del conjunto de disposiciones legales desarrolladas, a partir de un análisis integral de las mismas, se puede concluir que la normativa interna boliviana, en el marco de los derechos reconocidos en el art. 15 de la CPE y los estándares internacionales de protección, incluidas las recomendaciones efectuadas al Estado boliviano, hace especial énfasis en la persecución y la sanción de los agresores de violencia familiar o doméstica, buscando de ese modo, garantizar a las mujeres una vida digna y el ejercicio pleno de sus derechos.
III.1.3. Norma aplicable
Conforme al desarrollo anterior, se evidencia la existencia de una antinomia entre el Código de Procedimiento Penal y la Ley 348, en cuanto se refiere al cumplimiento de la sanción; así, el Código de .
Procedimiento Penal establece la posibilidad de suspender de modo condicional el cumplimiento de la pena, si se presentan los requisitos previstos en el art. 366 de la misma norma procesal, cuyo contenido y alcance de ese instituto fue desarrollado en el Fundamento Jurídico III.3.1, de este fallo constitucional.
En cambio la Ley 348, adopta medidas específicas para la prevención y la sanción de los delitos de violencia contra las mujeres, introduciendo regulaciones especiales con impacto directo en la protección especial a la mujer agredida, tendientes a evitar los altos niveles de impunidad y el mantenimiento de conductas discriminatorias hacia las mujeres, en aras de una igualdad procesal realmente efectiva. En ese entendido, en ningún caso los derechos del agresor pueden ser valorados judicialmente por encima de los derechos humanos de la mujer; es decir, a su integridad física y mental; y, a vivir libre de cualquier tipo de violencia”.
La SCP 0937/2025-S1 de 13 de agosto, que reitera lo referido por la SCP 1016/2019-S2 de 22 de noviembre, recogiendo el razonamiento realizado en la SCP 2491/2012 de 3 de diciembre, señala que: “…la acción de libertad innovativa, radica fundamentalmente, en que todo acto que implique desconocimiento o comprometa la eficacia de los derechos tutelados por esta garantía constitucional, debe ser repudiado por la justicia constitucional; de esta manera, evitar que en el futuro se repitan y reproduzcan los actos contrarios a la eficacia y vigencia de los derechos a la vida, la libertad física y de locomoción. En ese sentido, no se protege únicamente los derechos de la persona que interpuso la acción de libertad; al contrario, su vocación principal es que en lo sucesivo no se repitan hechos cuestionados de ilegales; en razón a que, como entendió la jurisprudencia constitucional, la acción de libertad se activa, no simplemente para proteger derechos desde una óptica netamente subjetiva, sino también, desde su dimensión objetiva, evitando que se reiteren aquellas conductas que lesionan los derechos que se encuentran dentro del ámbito de su protección y que fundamentan todo el orden constitucional.
(…) Conforme al espíritu de esta línea jurisprudencial, la acción de libertad innovativa debe ser entendida como el mecanismo procesal, por el cual el juez constitucional, asume un rol fundamental para el resguardo de los derechos que se encuentran dentro del ámbito de su protección -libertad personal, vida, integridad física, debido proceso y .
libertad de locomoción-; pues, si bien pueden haber cesado las vulneraciones a dichos derechos, empero, la ilegalidad fue consumada; por ello, a efectos de determinar la responsabilidad del caso y contribuir con la política criminal de prevención, corresponderá pronunciarse en el fondo de la problemática, para determinar la responsabilidad de las autoridades, la comunidad o personas particulares que transgredieron el o los derechos invocados como lesionados, al ser estas conductas contrarias al orden constitucional; evitando de esta forma, futuras conculcaciones de derechos fundamentales y garantías constitucionales. Más aún cuando nuestro ordenamiento jurídico expresamente establece la existencia de esta figura, en el art. 49.6 del Código Procesal Constitucional (CPCo), que determina: ‘Aun habiendo cesado las causas que originaron la Acción de Libertad, la audiencia deberá realizarse en el día y hora señalados, a efectos de establecer las responsabilidades que correspondan’” (las negrillas son nuestras).
La SCP 0537/2024-S3 de 22 de julio señala que: “El art. 328.II del CPP, modificado por el art. 11 de la Ley de Abreviación Procesal Penal y de Fortalecimiento de la Lucha Integral contra la Violencia a Niñas, Niños, Adolescentes y Mujeres -Ley 1173 de 3 de mayo de 2019-, señala que: ‘La aplicación de la suspensión condicional del proceso, el procedimiento abreviado o la conciliación, deberán resolverse en audiencia a llevarse a cabo dentro del plazo de diez (10) días siguientes de solicitadas. Cuando el imputado guarde detención preventiva, la audiencia deberá llevarse a cabo dentro del plazo de cuarenta y ocho (48) horas, debiendo habilitarse horas y días inhábiles. La audiencia no podrá ser suspendida si la víctima o querellante no asistiere, siempre que haya sido notificada, en tal caso la resolución asumida deberá ser notificada a la víctima o querellante”’ (las negrillas nos pertenecen). En cuanto a la tramitación de la sanción alternativa la SCP 0419/2025-S2 de 15 de mayo, señala que: “…debe sujetarse al establecido en el art. 328.II del CPP, por ser el más ágil para su resolución.”
El accionante, a través de su representante sin mandato, denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad, a la dignidad, al debido proceso en su elemento de celeridad; además del principio de seguridad jurídica; puesto que, en audiencia de 4 de agosto de 2023 y mediante memorial presentado el 24 de agosto de 2024, solicitó al Juez ahora accionado, audiencia de consideración de sanción alternativa conforme el art. 76 de la Ley 348; empero, dicho Juez no .
dio cumplimiento a los plazos establecidos en el Código de Procedimiento Penal, tampoco corrió traslado al Ministerio Público y a la parte denunciante para su conocimiento ya sea aceptando o rechazando dicha solicitud y no dispuso las notificaciones correspondientes para que esa audiencia se lleve a cabo con la celeridad posible, encontrándose el accionante en indefensión absoluta. De la revisión de los antecedentes se tiene que dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público a denuncia de Carla Lorena Calizaya Rojas contra el accionante, el Juez ahora accionado emitió la la Sentencia 10 de 4 de agosto de 2023, declarando al nombrado culpable, mediante un procedimiento abreviado, por la comisión del delito de violencia familiar o doméstica, condenándolo a cumplir la pena de tres años de reclusión en el Centro de Rehabilitación Santa Cruz “Palmasola” (Conclusión II.1.); asimismo, mediante memorial presentado el 24 de igual mes y año, ante el Juez hoy accionado, el accionante solicitó entre otros aspectos, la aplicación de una sanción alternativa conforme el art. 76 de la Ley 348, al cumplir los requisitos exigidos existiendo una sentencia condenatoria ejecutoriada, mereciendo en respuesta el decreto de 25 de dicho mes y año, emitido por el referido Juez, quien señaló audiencia para el 1 de septiembre de igual año (Conclusión II.2.). En ese sentido, del Informe de 29 de agosto de 2023, dirigido a los Jueces Técnicos del Tribunal de Sentencia Penal Primero de la Capital del departamento de Santa Cruz, por el Juez ahora accionado, señaló lo siguiente: “PRIMERO: La audiencia solicitada ya se encuentra señalada aunque el ofuscado accionar del funcionario de Defensa Publica no le permitió discernir con precisión respecto a la pretensión, pues en su memorial solicita por un lado la aplicación de sanciones alternativas y, por el otro, el beneficio de suspensión condicional de la pena, lo que motivo cierta confusión (…) El recargado trabajo que hostiga al servidor judicial impide que la atención sea instantánea como el litigante pretende (…) sin verificar si su pretensión fue o no atendida, presenta acción de libertad, ocasionando mayor demora en los trámites judiciales” (sic).
En ese contexto, de conformidad con el Fundamento Jurídico III.1. de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, toda autoridad judicial que conozca una solicitud en la que esté comprometido el derecho a la libertad personal tiene la obligación de tramitarla con la máxima prontitud posible o, al menos, dentro de un plazo razonable. De no hacerlo, podría generar una restricción injustificada de dicho derecho; asimismo, la acción de libertad traslativa o de pronto despacho, tiene como finalidad acelerar los trámites judiciales ante una dilación indebida en el proceso penal, siendo un mecanismo idóneo .
para operar en caso de existir vulneración a la celeridad cuando esté relacionada a la libertad de la persona. En ese sentido, mediante memorial presentado el 24 de agosto de 2023, el accionante solicitó “SANCION ALTERNATIVA” conforme el art. 76 de la Ley 348; empero, también se puede advertir que en el referido memorial pidió la “SUSPENSIÓN CONDICIONAL DE LA PENA” (fs. 23), generando una imprecisión en su pretensión de acuerdo a lo manifestado en el Informe de 29 del indicado mes y año por el Juez ahora accionado (fs. 25); sin embargo, mediante decreto de 25 de dicho mes y año, el Juez ahora accionado, señaló audiencia para el 1 de septiembre del mencionado año (fs. 13 y 24). En ese entendido, se tiene que el Juez de la causa, señaló audiencia dentro de las veinticuatro horas de presentado dicho memorial; sin embargo, al fijar el desarrollo audiencia para el 1 de septiembre de 2023, se advierte que lo hizo cinco días hábiles posteriores, superando el plazo establecido por el art. 328.II del CPP, que indica que cuando el solicitante se encuentra privado de libertad la audiencia debe llevarse a cabo dentro del plazo de cuarenta y ocho horas, conforme el Fundamento Jurídico III 4 del presente fallo constitucional. Al respecto la SCP 0142/2018-S2 de 30 de abril, señaló que “toda autoridad judicial que conozca una solicitud en la que se encuentre involucrado el derecho a la libertad física, tiene el deber de tramitarla con la mayor celeridad posible, o cuando menos, dentro de los plazos razonables…”. Bajo ese análisis, la autoridad ahora accionada, ocasionó una dilación injustificada, teniendo en cuenta lo establecido en el Fundamento Jurídico III. 2. de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional; ya que, al ser la pena impuesta al accionante no mayor a tres años, en audiencia pudo ser reemplazada por una sanción alternativa, lo que refuerza la vulneración del derecho a la libertad y al debido proceso en su elemento celeridad; correspondiendo conceder la tutela solicitada en la modalidad de acción de libertad traslativa o de pronto despacho. Respecto al argumento del Juez ahora accionado, en su Informe de 29 de agosto de 2023, sobre que los juzgados de provincia tienen una elevada recarga laboral al atender diversas materias, no constituye una justificación válida, más aún cuando el imputado se encontraba privado de libertad. En ese contexto, se evidencia que el accionar del Juez hoy accionado no estuvo revestido de celeridad; puesto que, si bien señaló audiencia a través del decreto de 25 de igual mes y año (fs. 24), lo hizo sin aplicar la celeridad correspondiente en cuanto a la fecha de señalamiento de audiencia; por lo que, corresponde conceder la tutela solicitada en aplicación a la acción de libertad innovativa, cuya finalidad es evitar que la conducta dilatoria en la que se incurrió no vuelva a .
repetirse en el futuro conforme al Fundamento Jurídico III.3. del presente fallo constitucional.
En relación a la solicitud del accionante de que se remitan antecedentes al Consejo de la Magistratura para el establecimiento de responsabilidad ante la dilación indebida generada, se aclara al nombrado que puede acudir directamente a esa instancia o a la que considere pertinente.
Finalmente, al no haberse fundamentado la vulneración de los derechos a la dignidad; además del principio de seguridad jurídica, por las determinaciones asumidas por el Juez ahora accionado, no corresponde emitir un pronunciamiento sobre los mismos, debiendo denegarse la tutela respecto a ellos. En consecuencia, el Tribunal de garantías, al conceder la tutela solicitada, obró de manera correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 15/23 de 29 de agosto de 2023, cursante de fs. 26 vta. a 28, pronunciada por el Tribunal de Sentencia Penal Primero de la Capital del departamento de Santa Cruz; y, en consecuencia, 1º CONCEDER la tutela solicitada, en cuanto a los derechos a la libertad y al debido proceso en su elemento de celeridad, en las modalidades de acción de libertad traslativa de pronto despacho e innovativa, conforme con los fundamentos jurídicos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. 2º DENEGAR la tutela solicitada con relación al derecho a la dignidad;
además del principio de seguridad jurídica; asimismo, con relación a la solicitud de remisión de antecedentes ante el Consejo de la Magistratura, conforme con los fundamentos jurídicos expuestos en el presente fallo constitucional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Fdo. Dra. Amalia Laura Villca
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MAGISTRADA
Fdo. Edson Ángel Dávalos Rojas
MAGISTRADO
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_1637_2025-S1.pdf · páginas 1 a 12.
Huella digital del PDF (SHA-256): a95b27957f06f60732f8ec9e20b6a91580ed61899955a3faac1f4f9e8260fc1e
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