Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Primera · 30 de diciembre de 2025
Concede en parte la tutela
El accionante a través de su representante sin mandato, denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad, a la presunción de inocencia y al debido proceso en sus elementos de fundamentación, motivación, congruencia y valoración razonable de la prueba objetiva e integral; así como, a los principios de favorabilidad y pro homine; puesto que, habiendo formulado recurso de apelación incidental contra el Auto Interlocutorio de 19 de agosto de 2023, que dispuso su detención preventiva, las Juezas hoy accionadas a su turno, no remitieron los actuados procesales al tribunal de alzada, dejando transcurrir superabundantemente el plazo al efecto, provocando una dilación que impide su resolución, actuando sin observar la jurisprudencia constitucional que obliga a que todo tipo de decisión judicial vinculada a la libertad personal deba tramitarse y resolverse con mayor celeridad. En consecuencia, corresponde determinar en revisión, si los hechos demandados son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada; para el efecto se desarrollarán, los siguientes temas: 1) La acción de libertad traslativa o de pronto despacho; 2) Principio de celeridad en las actuaciones procesales; 3) Sobre el término de remisión de antecedentes al tribunal de alzada frente a un recurso de apelación incidental de medidas cautelares; y, 4) Análisis del caso concreto.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR en parte la Resolución 149 de 24 de agosto de 2023, cursante de fs. 23 vta. a 25 vta., pronunciada por la Sala Constitucional Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz; y, en consecuencia: 1° CONCEDER la tutela solicitada, disponiendo la remisión de las actuaciones pertinentes del recurso de apelación incidental al Tribunal de alzada, tal cual dispuso la Sala Constitucional Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, conforme con los fundamentos jurídicos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional; y, 2° DENEGAR la tutela solicitada contra Livia Santa Alarcón Aranda, Jueza de Instrucción Penal Decimotercera de la Capital del departamento de Santa Cruz; así como, respecto de los derechos a la presunción de inocencia y al debido proceso en sus elementos de fundamentación, motivación, congruencia y valoración razonable de la prueba objetiva e integral; así también, a los principios de favorabilidad y pro homine, por las razones expuestas en la parte in fine del Fundamento Jurídico III.4. del presente fallo constitucional.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1633/2025-S1 Sucre, 30 de diciembre de 2025 SALA PRIMERA Magistrada Relatora: Dra. Amalia Laura Villca Acción de libertad Expediente: 57963-2023-116-AL Departamento: Santa Cruz En revisión la Resolución 149 de 24 de agosto de 2023, cursante de fs. 23 vta. a 25 vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Johnsiño Guardia Castillo en representación sin mandato de Julio Luis Deal Barrios contra Esther Estrella Montaño Ocampo, Jueza de Instrucción Penal Decimosegunda; y, Livia Santa Alarcón Aranda, Jueza de Instrucción Penal Decimotercera, ambas de la Capital del departamento de Santa Cruz.
El accionante a través de su representante sin mandato, por memorial presentado el 23 de agosto de 2023, cursante de fs. 2 a 6, manifestó que:
En el proceso penal que le sigue el Ministerio Público por la presunta comisión de los delitos de, asociación delictuosa, organización criminal, falsedad ideológica y uso de instrumento falsificado, tipificados en los arts. 132, 132 bis, 199 y 203 del Código Penal (CP), la Jueza hoy accionada -en turno semanal-, dispuso su detención preventiva mediante Auto Interlocutorio de 19 de agosto de 2023, sin fundamentar los hechos a la subsunción de los referidos tipos penales para fundar la probabilidad de autoría y los riesgos procesales de fuga y obstaculización. Contra dicha determinación, en virtud del art. 251 del Código de Procedimiento Penal (CPP), el 21 de agosto de 2023, interpuso recurso de apelación incidental, denunciando ausencia de fundamentación, motivación y defectuosa valoración de la prueba; sin embargo, “…a la fecha la autoridad demandada NO remitió ningún actuado procesal…” (sic), a pesar de haber transcurrido el plazo legal de veinticuatro horas para su remisión ante el tribunal de alzada, lo que provocó una dilación contraria a lo razonado por las SSCC 0224/2004-R de 16 de febrero y 0862/2005-R de 27 de julio, que establecieron que todo tipo de decisiones judiciales vinculadas a la libertad personal deben tramitarse, resolverse y efectivizarse con la mayor celeridad; y, a cuya demora puede activarse la acción de libertad traslativa o de pronto despacho.
El accionante a través de su representante sin mandato, denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad, a la presunción de inocencia y al debido proceso en sus elementos de fundamentación, motivación, congruencia y valoración razonable de la prueba objetiva e integral; así como, a los principios de favorabilidad y pro homine; citando al efecto los arts. 22, 23.I, 115, 178.I y 180.I de la Constitución Política del Estado (CPE); 8.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH); y, 14.3.inc. c) del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP).
Solicita se conceda la tutela; y en consecuencia, se disponga “…la remisión de los antecedentes del proceso al Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, para la consideración de la Apelación Incidental…” (sic).
Celebrada la audiencia virtual el 24 de agosto de 2023, según consta en el acta cursante de fs. 22 a 23 vta., se produjeron los siguientes actuados:
El accionante a través de su representante sin mandato, en audiencia, ratificó de manera íntegra el contenido del memorial de acción de libertad, y ampliándolo manifestó que; luego de haber formulado el recurso de apelación incidental contra el Auto Interlocutorio -19 de agosto de 2023- que dispuso su detención preventiva, solicitó se proporcione fotocopia legalizada del “expediente judicial”, sin “a la fecha” tener acceso al mismo, atentándose su derecho a la defensa; por lo que, pide se conceda la tutela solicitada, ordenando la otorgación de las fotocopias legalizadas y acceso al cuaderno procesal.
Esther Estrella Montaño Ocampo, Jueza de Instrucción Penal Decimosegunda de la Capital del departamento de Santa Cruz, mediante informe presentado el 23 de agosto de 2023, cursante a fs. 20 y vta., manifestó que: a) Llevó a cabo la audiencia de medidas cautelares contra el accionante por turno semanal el 19 de igual mes y año, siendo el Juzgado de origen el Decimotercero de Instrucción Penal a cargo de la Jueza hoy coaccionada; ante la cual, no se pudo todavía remitir el Acta, a consecuencia de encontrarse en elaboración por Beimar Gómez Molina -Secretario del Juzgado Instrucción Penal Decimosegundo de la Capital del mencionado departamento-, conforme refiere en su informe; y, b) En turno semanal el 19, 20 y 21 de dicho mes y año, celebró más de veinte audiencias de medidas cautelares con aprehendidos, lo que constituye una carga procesal en su Juzgado y si bien tiene obligación de cumplir los plazos procesales y procedimientos de los procesos que viene tramitando, en virtud del art. 180.I de la CPE, debe observarse el principio de verdad material frente a la verdad formal, conforme establecieron las “SCP 1262/2012 y 1388/2013”; además, el recurso de apelación incidental interpuesto el 21 de agosto de 2023, por el accionante, recién fue de su conocimiento con oficio remitido por la Jueza hoy coaccionada con posterioridad a la notificación con la presente acción tutelar y el informe del Secretario. Por lo expuesto, siendo que su persona no incurrió en dilación alguna, pidió se deniegue la tutela solicitada. Livia Santa Alarcón Aranda, Jueza de Instrucción Decimotercera de la Capital del departamento de Santa Cruz, no asistió a la audiencia de consideración de esta acción de libertad, ni remitió informe alguno, pese a su citación cursante a fs. 8.
La Sala Constitucional Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, mediante Resolución 149 de 24 de agosto de 2023, cursante de fs. 23 vta. a 25 vta., concedió la tutela solicitada, disponiendo que la Jueza ahora accionada, en el plazo de cuarenta y ocho horas remita los antecedentes al Tribunal de apelación y otorgue las fotocopias legalizadas solicitadas hasta la última actuación, sustentándose en el siguiente fundamento: la audiencia de medidas cautelares se llevó a cabo el 19 de igual mes y año, en la que se determinó la detención preventiva del accionante; ante la cual, se interpuso recurso de apelación incidental el 21 de ese mes y año, que en virtud del art. 251 del CPP, debió ser remitido en el término de veinticuatro horas, plazo inobservado por la autoridad que ejercía el control jurisdiccional del proceso, para cuyas circunstancias se encuentra prevista la acción de libertad traslativa o de pronto despacho, a objeto de tramitar cualquier asunto con la mayor celeridad posible y dentro de los plazos establecidos en la norma.
Mediante Acuerdo Jurisdiccional de Sala Plena TCP-SP-003/2025-II de 26 de noviembre, se dispuso la reconformación de Salas del Tribunal Constitucional Plurinacional en cumplimiento a dicha determinación, la Comisión de Admisión de este Tribunal, procedió al sorteo de la presente causa. Asimismo por decreto constitucional de 9 de diciembre de 2025, cursante a fs. 28, se dispuso la suspensión de plazo para la emisión de la correspondiente resolución a efectos de recabar documentación complementaria, reanudándose el mismo a partir del día siguiente de la notificación con el decreto constitucional de 24 del citado mes y año, cursante a fs. 32; por lo que, la presente Sentencia Constitucional Plurinacional es emitida dentro del término legal.
De la revisión de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Por memorial presentado el 21 de agosto de 2023, ante Livia Santa Alarcón Aranda, Jueza de Instrucción Penal Decimotercera de la Capital del departamento de Santa Cruz -hoy coaccionada-, Julio Luis Deal Barrios -ahora accionante- formulo recurso de apelación incidental, contra el Auto Interlocutorio de 19 de ese mes y año, emitido por Esther Estrella Montaño Ocampo, Jueza de Instrucción Penal Decimosegunda de la Capital del referido departamento -hoy accionada-, dentro del proceso penal que le sigue el Ministerio Público por la presunta comisión de los delitos de asociación delictuosa, organización criminal, falsedad ideológica y uso de instrumento falsificado (fs. 11 y vta.). II.2. Mediante Oficio con Cite: TDJ-SC/JIP13°/LSAA/ 1047/2023 de 22 de agosto, suscrita por la Jueza hoy coaccionada, dirigida a la Jueza ahora accionada, conminó a esta última a que remita los actuados de la audiencia de medidas cautelares sobre el caso del accionante, constante como fecha de recepción el 23 de agosto de 2023 a horas 13:00 (fs. 13 y vta.). II.3. Se tiene Informe presentado por Beimar Gómez Molina, Secretario del Juzgado de Instrucción Penal Decimosegundo de la Capital del departamento de Santa Cruz, a través del cual hace conocer que: “…a la fecha se encuentra elaborando el acta de audiencia de Medida Cautelar de fecha 19/08/2023, toda vez que en turno semanal, hemos llevado más de veinte audiencias de Medida Cautelar con aprehendidos, concluyendo el día lunes a las 16:30 pm…” (sic [fs. 15]). II.4. Consta Nota con CITE: TDJ-SC/JICP13°/CMOR/N 1048/2023 de 23 de agosto, suscrita por el Secretario del Juzgado de Instrucción Penal Decimotercero de la Capital del departamento de Santa Cruz, ante la Sala Constitucional Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, haciendo conocer que hubiese recibido los antecedentes de la causa penal, pidiendo se deniegue tutela solicitada por sustracción del objeto (fs. 14 y vta.).
El accionante a través de su representante sin mandato, denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad, a la presunción de inocencia y al debido proceso en sus elementos de fundamentación, motivación, congruencia y valoración razonable de la prueba objetiva e integral; así como, a los principios de favorabilidad y pro homine; puesto que, habiendo formulado recurso de apelación incidental contra el Auto Interlocutorio de 19 de agosto de 2023, que dispuso su detención preventiva, las Juezas hoy accionadas a su turno, no remitieron los actuados procesales al tribunal de alzada, dejando transcurrir superabundantemente el plazo al efecto, provocando una dilación que impide su resolución, actuando sin observar la jurisprudencia constitucional que obliga a que todo tipo de decisión judicial vinculada a la libertad personal deba tramitarse y resolverse con mayor celeridad. En consecuencia, corresponde determinar en revisión, si los hechos demandados son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada; para el efecto se desarrollarán, los siguientes temas: 1) La acción de libertad traslativa o de pronto despacho; 2) Principio de celeridad en las actuaciones procesales; 3) Sobre el término de remisión de antecedentes al tribunal de alzada frente a un recurso de apelación incidental de medidas cautelares; y, 4) Análisis del caso concreto.
La Constitución Política del Estado en su art. 23.I, establece que: “Toda persona tiene derecho a la libertad y seguridad personal. La libertad personal sólo podrá ser restringida en los límites señalados por la ley, para asegurar el descubrimiento de la verdad histórica en la actuación de las instancias jurisdiccionales”. Por su parte, la jurisprudencia constitucional, a través de la SC 1579/2004-R de 1 de octubre, efectuó una clasificación del entonces recurso de hábeas corpus ante violaciones a la libertad individual y/o de locomoción, estableciendo que puede ser: “…reparador, si ataca una lesión ya consumada; preventivo, si procura impedir una vulneración a producirse; o, correctivo, si intenta evitar que se agraven las condiciones en las que se mantiene a una persona detenida. Posteriormente, a partir de dicha clasificación del entonces recurso de hábeas corpus, la SC 0044/2010-R de 20 de abril, amplía los tipos de hábeas corpus, haciendo referencia al hábeas corpus restringido, al instructivo y al traslativo o de pronto despacho, precisando que a través de este último “…lo que se busca es acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas para resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad”. Por su parte, la SCP 0259/2018-S2 de 18 de junio, estableció que, a través d la acción de libertad traslativo o de pronto despacho: “…se busca acelerar los trámites judiciales o administrativos ante dilaciones indebidas, para resolver la situación jurídica de la persona privada de libertad y la concreción del valor libertad, de los principios de celeridad y respeto a los derechos, debiendo ser tramitados, resueltos -SC 0224/2004-R de 16 de febrero- y efectivizados -SC 0862/2005-R de 27 de julio- con la mayor celeridad -SCP 0528/2013 de 3 de mayo-.
Sobre la base de ese razonamiento, toda autoridad que conozca una solicitud en la que se encuentre involucrado el derecho a la libertad física, tiene el deber de tramitarla con la mayor celeridad posible, o cuando menos dentro de los plazos razonables, pues de no hacerlo, podría provocar una restricción indebida del citado derecho; lo que no significa, otorgar o dar curso a la solicitud en forma positiva o negativa, ya que el resultado a originarse, dependerá de las circunstancias y las pruebas que se aporten en cada caso; por cuanto, la lesión del derecho a la libertad física está en la demora o dilación indebida, al resolver o atender una solicitud; que más bien, debería ser efectuada con la debida celeridad ”.
La 0207/2025-S1 de 25 de marzo, reiterando los entendimientos de la SCP 0613/2018-S2 de 8 de octubre, señala que: “En cuanto al principio de celeridad, el art. 178.I de la CPE, dispone que: ‘La potestad de impartir justicia emana del pueblo boliviano y se sustenta en los principios de independencia, imparcialidad, seguridad jurídica, publicidad, probidad, celeridad, gratuidad, pluralismo jurídico, interculturalidad, equidad, servicio a la sociedad, participación ciudadana, armonía social y respecto a los derechos’; asimismo, el art. 180.I de la Ley Fundamental expresa: ‘La jurisdicción ordinaria se fundamenta en los principios procesales de gratuidad, publicidad, transparencia, oralidad, celeridad, probidad, honestidad, legalidad, eficacia, eficiencia, accesibilidad, inmediatez, verdad material, debido proceso e igual de las partes ante el juez’; ambos artículos se encuentran relacionados a lo establecido en el art. 115.II de la misma Norma Suprema al señalar que: ‘El Estado garantiza el derecho al debido proceso, a la defensa y a una justicia plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones’. Complementando lo señalado, la SC 0010/2010-R de 6 de abril, razonó que la eficacia supone el cumplimiento de las disposiciones legales y que los procedimientos logren su finalidad, y la eficiencia persigue acortar el tiempo de duración de los procesos y obtener una mayor certeza en las resoluciones; de manera que, las personas obtengan un oportuno reconocimiento de sus derechos, ratificado dicho entendimiento en la SCP 0023/2013 de 4 de enero. Posteriormente, la SCP 0953/2015-S3 de 6 de octubre, respecto a la aplicación del principio de celeridad en trámites judiciales, alegó que la celeridad se constituye en un elemento integrante del debido proceso, su observancia obliga a quienes administran justicia, al deber jurídico de despachar los asuntos sometidos a su conocimiento sin dilaciones indebidas en cumplimento de los plazos establecidos en la norma, en ese sentido el art. 3.7 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ), determina que la celeridad comprende el ejercicio oportuno y sin dilaciones en la administración de justicia.
Asimismo, el citado principio como elemento del debido proceso se encuentra interrelacionado con otros principios, derechos y garantías. Entendimiento reiterado en la SCP 1156/2016-S3 de 25 de octubre” (las negrillas nos pertenecen).
La SC 0224/2004-R de 16 de febrero, establece que: “…toda autoridad que conozca de una solicitud en la que se encuentre involucrado el derecho a la libertad física, tiene el deber de tramitarla con la mayor celeridad posible, o cuando menos dentro de los plazos razonables, pues de no hacerlo podría provocar una restricción indebida del citado derecho, lo que no significa, que siempre tendrá que otorgar o dar curso a la solicitud en forma positiva, pues esto dependerá de las circunstancias y las pruebas que se aporten en cada caso, dado que se reitera la lesión del derecho a la libertad física, está en la demora o dilación indebida de una solicitud de tal naturaleza…” (las negrillas son nuestras).
La SCP 0116/2025-S1 de 20 de marzo, reiterando los fundamentos establecidos en la SCP 0105/2018-S2 de 11 de abril y este a su vez de la SC 0384/2011-R de 7 de abril, que incluye dentro de los supuestos de procedencia de la acción de libertad traslativa o de pronto despacho a la dilación en el trámite de apelación de la resolución que rechazó la solicitud de cesación de la detención preventiva, entendiendo que: “‘…d) Interpuesto el recurso de apelación contra la resolución que rechaza la solicitud de cesación de detención preventiva, los antecedentes de la apelación no son remitidos por el juez a quo dentro del plazo legal de veinticuatro horas establecido por el art. 251 del CPP -salvo justificación razonable y fundada- ante el tribunal de apelación, o se imprima un procedimiento o exigencias al margen de la ley’. De manera específica, con relación al recurso de apelación incidental, la SCP 0281/201[7] de 4 de junio señala que cuando hubiere sido planteado oralmente en audiencia o por escrito, deberá ser concedido en el acto si fuere en audiencia y remitido inexcusablemente en el plazo improrrogable de veinticuatro horas, teniendo que resolver el Tribunal de alzada dentro de las setenta y dos horas, lo contrario significa dilación indebida en el proceso, vulnerando con ello el derecho a la libertad o en su caso el derecho a la vida, en el entendido que la situación jurídica del afectado depende de la resolución que deberá ser emitida por el Tribunal de apelación. Por su parte, las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 1907/2012 de 12 de octubre y 0142/2013 de 14 de febrero, entienden que excepcionalmente es posible flexibilizar el término para la remisión del recurso de apelación y sus antecedentes, cuando exista una justificación razonable y fundada sobre las recargadas labores de la autoridad judicial, suplencias o pluralidad de imputados, plazo que no puede exceder de tres días, pasado el cual la omisión del juzgador se constituye en un acto dilatorio que puede ser denunciado a través de la acción de libertad traslativa o de pronto despacho. En ese entendido, la SCP 1975/2013 de 4 de noviembre señala que una vez formulado el recurso de apelación incidental de manera escrita, el mismo debe ser providenciado en el plazo de veinticuatro horas por la autoridad judicial, de conformidad con el art. 132 del Código de Procedimiento Penal (CPP); decreto a partir del cual, se computan las veinticuatro horas previstas en el art. 251 del CPP. La SCP 2149/2013 de 21 de noviembre, sistematizó las subreglas señaladas anteriormente, conforme al siguiente entendimiento efectuado en el Fundamento Jurídico III.3: i) Interpuesto el recurso de apelación contra las resoluciones que resuelven medidas cautelares, las actuaciones pertinentes deben ser remitidas en el plazo de veinticuatro horas previsto en el art. 251 del CPP; plazo que, por regla general, debe ser cumplido por las autoridades judiciales. ii) No obstante lo señalado precedentemente, es posible que el plazo de remisión de los antecedentes del recurso de apelación, de manera excepcional, y en situaciones en que exista una justificación razonable y fundada sobre las recargadas labores de la autoridad jurisdiccional, por las suplencias o la pluralidad de imputados, es posible flexibilizar dicho plazo a tres días, pasado el cual la omisión del juzgador se constituye en un acto ilegal” (las negrillas y el subrayado nos corresponden).
El accionante a través de su representante sin mandato, denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad, a la presunción de inocencia y al debido proceso en sus elementos de fundamentación, motivación, congruencia y valoración razonable de la prueba objetiva e integral; así como, a los principios de favorabilidad y pro homine; puesto que, habiendo formulado recurso de apelación incidental contra el Auto Interlocutorio de 19 de agosto de 2023, que dispuso su detención preventiva, las Juezas hoy accionadas a su turno, no remitieron los actuados procesales al tribunal de alzada, dejando transcurrir superabundantemente el plazo al efecto, provocando una dilación que impide su resolución, actuando sin observar la jurisprudencia constitucional que obliga a que todo tipo de decisión judicial vinculada a la libertad personal deba tramitarse y resolverse con mayor celeridad.
Para sustentar dicha pretensión, constan antecedentes del proceso penal seguido al accionante donde fue dispuesta su detención preventiva por la Jueza ahora accionada a través del Auto Interlocutorio de 19 de agosto de 2023, formulando recurso de apelación incidental presentado el 21 de agosto de 2023, ante la Jueza hoy coaccionada (Conclusión II.1.); así también, Informe presentado por el Secretario del Juzgado de Instrucción Penal Decimosegundo de la Capital del departamento de Santa Cruz, comunicando que “…a la fecha se encuentra elaborando el acta de audiencia de Medida Cautelar de fecha 19/08/2023, toda vez que en turno semanal, hemos llevado más de veinte audiencias de Medida Cautelar con aprehendidos, concluyendo el día lunes a las 16:30 pm…” (sic [Conclusión II.3.]); asimismo, por Oficio con Cite: TDJ-SC/JIP13°/LSAA/ 1047/2023, a través del cual, la Jueza ahora coaccionada, conminó a su homóloga Decimosegunda -Jueza hoy accionada- para que remita los actuados de la audiencia de medidas cautelares, cuya fecha de recepción es de 23 de agosto de 2023 a las 13:00 horas y Nota con Cite: TDJ-SC/JICP13°/CMOR/N 1048/2023, suscrita por el Secretario del Juzgado de Instrucción Penal Decimotercero de la Capital del departamento de Santa Cruz, ante la Sala Constitucional Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, haciendo conocer que hubiese recibido los antecedentes de la causa penal, pidiendo se deniegue tutela solicitada, por sustracción del objeto (Conclusiones II.2. y II.4.). En ese contexto fáctico y documental, en virtud de la jurisprudencia sentada en el Fundamento Jurídico III.1. de esta Sentencia Constitucional Plurinacional, la acción de libertad traslativa o de pronto despacho se constituye en el mecanismo procesal con el objetivo de acelerar los procedimientos judiciales y/o administrativos para resolver la situación jurídica de una persona privada de libertad frente a demoras y dilaciones indebidas, precisamente para la concreción del valor libertad, el principio de celeridad y el respeto a los derechos fundamentales atribuibles a toda autoridad que conozca un asunto en el que involucre una limitación de la libertad y quien tiene el deber de tramitarla con la mayor prontitud posible, o cuando menos dentro de los plazos razonables, pues de no hacerlo podría provocar una restricción indebida del citado derecho (Fundamento Jurídico III.2. precedente). Ahora bien, en el caso objeto de análisis, se advierte que el accionante, demanda a dos autoridades jurisdiccionales que según el tuvieron participación en la trasgresión de sus derechos, ameritando a partir de dicha sindicación e identificación, efectuar un análisis por separado de cada una de ellas: Sobre la Jueza de Instrucción Penal Decimosegunda de la Capital del departamento de Santa Cruz -hoy accionada- En el proceso penal instaurado al accionante por el Ministerio Público por la presunta comisión de los delitos de asociación delictuosa, organización criminal, falsedad ideológica y uso de instrumento falsificado, tipificados en los arts. 132, 132 bis, 199 y 203 del CP, se determinó su detención preventiva mediante Auto Interlocutorio de 19 de agosto de 2023, emitido por la Jueza ahora accionada, que atendió la audiencia de medidas cautelares cuando estuvo de turno, llevado a cabo dicho acto procesal un sábado, finalizando dicho turno el lunes; fecha en la cual, el accionante por su parte, interpuso recurso de apelación incidental contra aquella determinación de privación de libertad ante la Jueza de Instrucción Decimotercera de la Capital del departamento de Santa Cruz, a cargo de Livia Santa Alarcón Aranda -hoy coaccionada-, Juzgado en el que radicaba regularmente la causa. En ese contexto, se evidencia que la receptora de aquella impugnación, tras percatarse de la falta de remisión de los antecedentes y actuaciones pertinentes de la audiencia de medidas cautelares, conminó a la Jueza ahora accionada mediante Oficio con Cite: TDJ-SC/JIP13°/LSAA/ 1047/2023 para que remita los mismos, constando fecha de recepción el 23 de agosto de 2023, a las 13:00 horas; sin embargo, la aludida, a pesar de haber transcurrido un término considerable, la remisión del legajo al tribunal de alzada no fue efectivizado; más al contrario, en su defensa, alega en su informe remitido como efecto de la presente acción tutelar, donde no solo reconoce que no se pudo aún remitir el Acta de audiencia por encontrarse en elaboración por el Secretario de su Juzgado, sino que “En este turno semanal sábado 19, domingo 20 y lunes 21 llevamos más de 20 audiencias de Medida Cautelar con aprehendidos; ésta carga procesal a la que hago referencia se ha visto marcada durante éste periodo de las 72 hs...” (sic), aceptando que no remitió las actuaciones pertinentes a la Jueza de origen -Jueza hoy coaccionada- para su respectiva tramitación, demora que en los hechos ocasionó una dilación al no devolver los antecedentes ante la autoridad jurisdiccional de origen -Juzgado de Instrucción Decimotercera de la Capital del departamento de Santa Cruz a objeto de remitir al Tribunal de alzada-, a pesar de estar previsto el plazo de veinticuatro horas que prevé el art. 251 del CPP, ocasionando la inobservancia del principio de celeridad, evidenciándose una actuación sin la necesaria previsibilidad de su parte, y que provocó el diferimiento e irresolución de la situación jurídica del accionante. Asimismo, dicha negligencia de la Jueza ahora accionada fue corroborada por el Secretario del Juzgado del que es titular, quien a través de su informe de 23 de agosto de 2023 (ver Conclusión II.3.), consintió que todavía se encuentra elaborando el acta de audiencia de medida cautelar, debido a que llevaron a cabo: “…más de veinte audiencias de Medida Cautelar con aprehendidos, concluyendo el día lunes a las 16:30 pm…” (sic), asintiendo la actuación dilatoria en la que incurrió la titular del mismo, que no puede constituir razón o justificativo el hecho de la carga procesal más allá de tres días sentada, como plazo de flexibilización por la jurisprudencia constitucional -parte in fine del Fundamento Jurídico III.3. precedente-, al sostener que; “…excepcionalmente es posible flexibilizar el término para la remisión del recurso de apelación y sus antecedentes, cuando exista una justificación razonable y fundada sobre las recargadas labores de la autoridad judicial, suplencias o pluralidad de imputados, plazo que no puede exceder de tres días, pasado el cual la omisión del juzgador se constituye en un acto dilatorio que puede ser denunciado a través de la acción de libertad traslativa o de pronto despacho”; sin embargo en el caso, si bien se alega un conjunto de casos y audiencias cautelares atendidos, dicha demora supera la razonabilidad; puesto que, habiendo celebrado la audiencia el 19 de agosto, recién fueron remitidos los antecedentes al Juzgado de origen el 23 de ese mes y año; es decir, cuatro días después; además, la permisibilidad dada es para la remisión y materialización de la remisión de dicho legajo de apelación ante el Tribunal de alzada y procede de manera excepcional y en situaciones en que exista una justificación fundado sobre las recargadas labores de la autoridad jurisdiccional, lo que en el caso no acontece, siendo que se encuentra dentro del margen de los tres días ni se efectivizó tal remisión al tribunal de alzada, dilación que se constituye en un acto ilegal. Por consiguiente, la Jueza hoy accionada, al no remitir el legajo y antecedentes al Juzgado de origen a objeto de despachar el recurso de apelación al Tribunal de alzada, demoró de forma injustificada el curso procesal del expediente que fue objeto del recurso de apelación por el accionante, provocando se incumpla el plazo de veinticuatro horas que establece el art. 251 del CPP, incurriendo en un accionar negligente que ocasionó la vulneración del derecho a la libertad del accionante, quien se encuentra privado de libertad, haciendo asequible la acción de libertad en su modalidad traslativa o de pronto despacho; correspondiendo, la concesión de la tutela solicitada.
Respecto de la Jueza de Instrucción Penal Decimotercera de la Capital del departamento de Santa Cruz -ahora coaccionada-La jurisprudencia constitucional, haciendo referencia a la legitimación pasiva en acciones de tutela constitucional, estableció que restitución de derechos denunciados le corresponde: “…al juez, tribunal u órgano que inicialmente ejecutó el acto o asumió la decisión lesiva a los derechos fundamentales de la parte recurrente, así como al juez o tribunal u órgano que tiene competencia para revisar y corregir esa actuación…” (SC 0253/2010-R de 31 de mayo); del problema jurídico demandado en la presente acción tutelar, no se tiene cómo la Jueza hoy coaccionada hubiese intervenido y que con ello resulte en la transgresora de los derechos que se denuncian; puesto que, si bien esta se constituiría en la autoridad de origen que radica la causa del accionante; empero, fue su homóloga Segunda -Jueza ahora accionada- quien incurrió en la demora para efectos de la remisión de los antecedentes al tribunal de alzada. Por consiguiente, no se advierte el incumplimiento de alguna obligación o función atribuible a su persona y, con ello la lesión de derechos del accionante, más aun si esta mediante Oficio con Cite: TDJ-SC/JIP13°/LSAA/ 1047/2023, requirió y conminó a la Jueza ahora accionada remita los actuados de la audiencia de medidas cautelares del proceso contra el accionante (Conclusión II.2.); por lo que, contra dicha autoridad judicial amerita denegar la tutela solicitada. Por último, con relación a los derechos a la presunción de inocencia y al debido proceso en sus elementos de fundamentación, motivación, congruencia y valoración razonable de la prueba objetiva e integral; así como, los principios de favorabilidad y pro homine, fueron mencionados de forma genérica, sin acreditar en qué medida hubiesen sufrido menoscabo con trascendencia en la problemática o de qué manera hubiese operado su vulneración vinculados con la libertad, cuya restricción deviene del cumplimiento a una media cautelar dentro del proceso penal instaurado en su contra, correspondiendo la denegatoria de la tutela solicitada sobre los mismos. En consecuencia, la Sala Constitucional al conceder la tutela solicitada, obró de manera parcialmente correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR en parte la Resolución 149 de 24 de agosto de 2023, cursante de fs. 23 vta. a 25 vta., pronunciada por la Sala Constitucional Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz; y, en consecuencia: 1° CONCEDER la tutela solicitada, disponiendo la remisión de las actuaciones pertinentes del recurso de apelación incidental al Tribunal de alzada, tal cual dispuso la Sala Constitucional Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, conforme con los fundamentos jurídicos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional; y, 2° DENEGAR la tutela solicitada contra Livia Santa Alarcón Aranda, Jueza de Instrucción Penal Decimotercera de la Capital del departamento de Santa Cruz; así como, respecto de los derechos a la presunción de inocencia y al debido proceso en sus elementos de fundamentación, motivación, congruencia y valoración razonable de la prueba objetiva e integral; así también, a los principios de favorabilidad y pro homine, por las razones expuestas en la parte in fine del Fundamento Jurídico III.4. del presente fallo constitucional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Fdo. Dra. Amalia Laura Villca
MAGISTRADA
Fdo. Ángel Edson Dávalos Rojas
MAGISTRADO
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_1633_2025-S1.pdf · páginas 1 a 13.
Huella digital del PDF (SHA-256): 12ca182ecdf0b42b0b788443748cbb252910cbd3424b461c335a996b7b4f4b3a
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