Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Tercera · 25 de noviembre de 2025
Deniega la tutela
El accionante, a través de sus representantes sin mandato, denunció la lesión de sus derechos a la libertad, al debido proceso, a la defensa, al acceso a la justicia; y, al principio de celeridad; por cuanto, a pesar que el recurso de apelación incidental interpuesto contra el Auto Interlocutorio 435/2023 de 21 de julio, que determinó su detención preventiva, fue remitido a la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, el 9 de agosto de 2023, hasta la fecha de interposición de la acción tutelar, no se programó la audiencia para la consideración del recurso; por lo que, solicitó se conceda la tutela, ordenando a la secretaria demandada, señale, en el día, la audiencia de apelación a medidas cautelares.
En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicita.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 40/2023 de 17 de agosto, cursante de fs. 17 a 18 vta., pronunciada por el Juez de Sentencia Penal, Anticorrupción y contra la Violencia hacia las Mujeres Decimosexto de la Capital del departamento de La Paz; y, en consecuencia: 1° DENEGAR la tutela impetrada, con base en los fundamentos jurídicos de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional; y, 2º Exhortar al Vocal de la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, a cargo del conocimiento del caso, el cumplimiento del plazo establecido en el art. 251 del CPP, en la resolución de los recursos de apelación de medidas cautelares.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1630/2025-S3 Sucre, 25 de noviembre de 2025 SALA TERCERA Magistrado Relator: Ángel Edson Dávalos Rojas Acción de libertad Expediente: 57752-2023-116-AL Departamento: La Paz En revisión la Resolución 40/2023 de 17 de agosto, cursante de fs. 17 a 18 vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por José Ramiro Uriarte Ortiz y Pamela Rosse Mary Figueroa Selaez en representación sin mandato de Javier Facio Parra contra Augusta Castillo Ortiz, secretaria de la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz.
Por memorial presentado el 17 de agosto de 2023, cursante a fs. 2 y 10 a 11 vta., el accionante, a través de sus representantes sin mandato, manifestó lo siguiente:
El recurso de apelación; interpuesto contra el Auto Interlocutorio 435/2023 de 21 de julio, emitido por el Juez de Instrucción Penal, Anticorrupción y contra la Violencia hacia las Mujeres Primero de la Capital del departamento de La Paz; que ordenó su detención preventiva; fue sorteado y remitido el 9 de agosto del mismo año, a la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz; instancia ante la cual, su defensa, en reiteradas oportunidades, se apersonó, con objeto de conocer, el señalamiento de audiencia, recibiendo como respuesta del personal de apoyo de la referida Sala, que la misma aún no fue señalada y que vuelvan al día siguiente; el 16 del mismo mes y año, el personal les indicó que a horas 15:00 saldría dicho señalamiento; empero, a la hora establecida les informaron que no habrá señalamiento, porque la Sala no contaba con auxiliar titular; esta omisión, le impide el acceso a la justicia y al debido proceso, más aún al no señalarse la audiencia, donde tendría que resolverse la apelación de la medida cautelar.
Denunció la lesión de sus derechos a la libertad, al debido proceso, a la defensa, al acceso a la justicia, y al principio de celeridad; sin citar norma constitucional alguna.
Solicitó se conceda la tutela, disponiendo: Se señale, en el día, la audiencia de apelación a medidas cautelares.
Celebrada la audiencia virtual el 17 de agosto de 2023, según consta en acta cursante a fs. 16 y vta., se produjeron los siguientes actuados:
El accionante, a través de sus representantes sin mandato, ratificaron íntegramente los términos de su acción tutelar y ampliándola, señalaron que: a) De acuerdo a la Ley de Abreviación Procesal Penal y de Fortalecimiento de la Lucha Integral Contra la Violencia a Niñas, Niños, Adolescentes y Mujeres -Ley 1173 de 3 de mayo de 2019-, es facultad de los secretarios la emisión de simples decretos, como señalar audiencia; y, b) El día de ayer -debe entenderse 16 de agosto de 2023- fueron a revisar a la referida Sala y no estaba cargado el señalamiento ni el Auto de Vista; que como resultado de la acción de libertad estaría emitido; motivo por el cual solicitó modular a la acción de libertad innovativa, debido a que no existe ningún documento que afirme la existencia de Auto de Vista referido. Ante la consulta efectuada por el Juez de garantías, respecto a si al apersonarse a la Sala revisó el libro correspondiente; respondió que, sí, y que a la secretaria le ganaron otra acción de libertad por el mismo motivo, y además presentaron tres acciones de libertad más en su contra.
Augusta Castillo Ortiz, secretaria de la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, a través de informe escrito presentado el 17 de agosto de 2023, cursante a fs. 15 y vta., solicitó se deniegue la tutela y señaló que: 1) El legajo de apelación del caso referido, fue remitido mediante sorteo de sistema informático, el 9 de agosto de 2023; y, 2) Revisados los archivos de Sala, se dictó el Auto de Vista 703/2023 de 10 de agosto.
El Juez de Sentencia Penal, Anticorrupción y contra la Violencia hacia las Mujeres Decimosexto de la Capital del departamento de La Paz, constituido en Juez de garantías, por Resolución 40/2023 de 17 de agosto, cursante de fs. 17 a 18 vta., denegó la tutela solicitada. Decisión asumida con base en los siguientes fundamentos: i) El informe presentado por la secretaria, que está respaldado por una labor fedataria, da cuenta que el 10 de agosto de 2023, se emitió Auto de Vista 703/2023, quien señaló que los extremos deducidos en la acción de libertad, no guardan relación con las actuaciones; ii) De lo cual dedujo, que existiría una omisión, por parte de la ahora demandada quien no registró o no controló que se registren en los libros respectivos, existiendo una omisión por parte de estos funcionarios, aspecto que surge de una información extraoficial, por cuanto no se señaló que hubiera conversado con la secretaria abogada; y, iii) La carga probatoria correspondía a la parte demandante, como señaló la SC 0102/2003-R de 27 de enero, quien debió demostrar la existencia de actos lesivos que lesionaron sus derechos. En la vía de aclaración, el accionante pidió, complemente cual es la obligación de los secretarios, como personal de apoyo, respecto a recibir a todas las partes; al mismo el Juez de garantías; complementó que, su obligación es cumplir las funciones encomendadas y también el mandato de los arts. 94 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ) y 56 del Código de Procedimiento Penal (CPP).
De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1 Dentro del proceso penal, seguido contra el accionante, por la presunta comisión del delito de abuso sexual, a través del Auto Interlocutorio 435/2023 de 21 de julio, se dispuso su detención preventiva; por lo que, en el mismo acto procesal, formuló recurso de apelación incidental (fs. 6 a 9 vta.).
El accionante, a través de sus representantes sin mandato, denunció la lesión de sus derechos a la libertad, al debido proceso, a la defensa, al acceso a la justicia; y, al principio de celeridad; por cuanto, a pesar que el recurso de apelación incidental interpuesto contra el Auto Interlocutorio 435/2023 de 21 de julio, que determinó su detención preventiva, fue remitido a la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, el 9 de agosto de 2023, hasta la fecha de interposición de la acción tutelar, no se programó la audiencia para la consideración del recurso; por lo que, solicitó se conceda la tutela, ordenando a la secretaria demandada, señale, en el día, la audiencia de apelación a medidas cautelares.
En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicita.
La jurisprudencia constitucional de este Tribunal se ha pronunciado sobre las distintas modalidades de la acción de libertad y ha desarrollado una línea jurisprudencial en cuanto a su ámbito de protección y alcance. Así la SC 1579/2004-R de 1 de octubre se pronunció sobre sus diferentes modalidades refiriéndose al hábeas corpus -ahora acción de libertad-reparador cuando se trata de lesiones ya consumadas, preventivo para impedir una lesión a producirse y correctivo, cuando se intenta evitar el agravamiento de las condiciones de privación de libertad de una persona detenida. Posteriormente, la SC 0044/2010-R de 20 de abril, incorporó otras modalidades protectivas haciendo alusión al hábeas corpus restringido, al instructivo y al traslativo o de pronto despacho, respecto de este último precisó que a través de su ámbito de protección“…lo que se busca es acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas para resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad”. Bajo ese razonamiento, la jurisprudencia constitucional desarrollada en la SC 0224/2004-R de 16 de febrero3, entre otras, ha sido uniforme al disponer que toda autoridad sea judicial o administrativa que conozca una solicitud que incida en el derecho a la libertad física de quien se halle privado de su ejercicio, tiene el deber de tramitarla con la mayor celeridad posible; por cuanto, la lesión de este derecho está en la demora o dilación indebida al resolver o atender una solicitud para la definición jurídica de los derechos del imputado o imputada, lo que no significa que deba dar curso a la solicitud en forma positiva; ya que, el resultado dependerá de las circunstancias del caso y la valoración jurídica que realice la autoridad conforme a la normativa aplicable; por cuanto, la lesión del derecho a la libertad física está en la demora o dilación indebida, al resolver o atender una solicitud; que más bien, debería ser efectuada con la debida celeridad. Jurisprudencia extraída de la SCP 0800/2025-S3 de 24 de julio.
Respecto a la legitimación pasiva en acciones de libertad, la jurisprudencia contenida en la SC 691/01-R de 9 de julio definió la legitimación pasiva, señalando que ésta debe ser entendida como la coincidencia que se da entre la autoridad que presuntamente causó la violación a los derechos y aquella contra quien se dirige la acción. Posteriormente, a la luz de la Constitución Política del Estado vigente, a través de la SC 0010/2010-R de 6 de abril se estableció que es posible activar la acción de libertad contra un servidor público o un particular, entendimiento ratificado por la SC 0900/2010-R de 10 de agosto. Luego, en la SCP 0018/2012 de 16 de marzo se reforzó el razonamiento antes señalado y se precisó que para la procedencia de la acción de libertad, es imprescindible que ésta se dirija contra el sujeto que cometió el acto ilegal o la omisión indebida o contra la autoridad que impartió o ejecutó la orden que dio lugar a la persecución, aprehensión, detención, procesamiento o apresamiento indebido o ilegal; en concreto, se dijo que es la coincidencia que se da entre la autoridad o persona particular que presuntamente causó la vulneración a los derechos enunciados y aquélla contra quien se dirige la acción. Con relación a la legitimación pasiva de funcionarios subalternos del Órgano Judicial, la SC 1572/2003-R de 4 de noviembre ratificada 3El Cuarto Considerando, refiere: “…Por consiguiente, la demandada carece de legitimación pasiva, calidad que se adquiere por la coincidencia que se da entre la autoridad que presuntamente causó la violación a los derechos y aquélla contra quien se dirige la acción…”. 4El FJ III.5, menciona: “En el caso que se analiza, se tienen dos normas referidas al ámbito de protección de la acción de libertad -antes recurso de hábeas corpus-: La Constitución abrogada y la interpretación constitucional, que establecía que el recurso no procedía respecto a particulares, y la Constitución vigente que amplía la protección respecto con relación a particulares. Ahora bien, indudablemente que la norma que es más favorable al sistema de derechos fundamentales, es la contenida en la Constitución vigente, pues así se reconoce la eficacia horizontal de los derechos fundamentales…”. 5El FJ III.2, establece: “…los alcances y la naturaleza de la legitimación pasiva, que se encuentra en la autoridad o persona particular que incurrió en el acto ilegal o la omisión indebida y de cuya acción u omisión se advierta la vulneración del derecho a la vida, a la libertad física y de locomoción. En ese sentido, para la procedencia de la acción de libertad es imprescindible que esté dirigida contra el sujeto que cometió el acto ilegal o la omisión indebida, o contra la autoridad que impartió o ejecutó la orden que dio lugar a la persecución, aprehensión, detención, procesamiento o apresamiento indebidos o ilegales; en concreto es la coincidencia que se da entre la autoridad o persona particular que presuntamente causó la vulneración a los derechos enunciados y aquélla contra quien se dirige la acción, ahora bien, la inconcurrencia de este presupuesto neutraliza la acción tutelar e impide a este Tribunal ingresar al análisis de fondo de los hechos denunciados”. 6El FJ III.2, señala: “…son los jueces los funcionarios que ejercen esa jurisdicción, entre tanto que los secretarios, actuarios y oficiales de diligencias, no tienen facultades jurisdiccionales sino que están obligados a cumplir las órdenes o instrucciones del Juez, emergentes de sus decisiones, por lo que no tienen legitimación pasiva para ser demandados por cuanto no son los que asumen determinaciones de orden jurisdiccional dentro de los procesos, salvo que incurrieran en excesos contrariando o alterando esas determinaciones de la autoridad judicial”.
posteriormente por la SC 0332/2010-R de 17 de junio y por las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0345/2012 de 22 de junio y 2171/2012 de 8 de noviembre, entre otras; estableció que estas o estos servidores públicos no tienen facultades jurisdiccionales y sus funciones se limitan a cumplir las órdenes o instrucciones de las autoridades jurisdiccionales; por lo que, carecen de legitimación pasiva en acciones de libertad. No obstante, la SC 0332/2010-R de 17 de junio estableció una excepción a esta regla, señalando que el personal subalterno puede ser demandado en los casos en los que contradigan lo dispuesto por la autoridad judicial o cometieran excesos en sus funciones que pudieran lesionar derechos fundamentales o garantías constitucionales, pero si la autoridad judicial conocedora del acto vulneratorio de derechos y garantías, no reconduce el procedimiento y lo convalida, se deslinda la responsabilidad del funcionario subalterno.
Más tarde, el Tribunal Constitucional Plurinacional a través de la SCP 0427/2015-S2 de 29 de abril indicó que los funcionarios subalternos tienen legitimación pasiva cuando incurran en excesos que impliquen contradicción o alteración a las determinaciones de las autoridades jurisdiccionales o sus actos u omisiones relacionados a sus deberes, contribuyan o lesionen directamente derechos fundamentales de las personas.
7El FJ III.4, señala que: “Ampliando este entendimiento, es necesario establecer que la responsabilidad o no del personal subalterno por contravenir lo dispuesto por la autoridad jurisdiccional será evaluada de conformidad a la actuación de esta, una vez prevenido de la omisión o comisión de la vulneración alegada, con el objetivo de reconducir el procedimiento y restituir los derechos o garantías vulnerados, puesto que si la autoridad jurisdiccional convalida la actuación, vulneradora o no del personal subalterno, automáticamente se deslinda de responsabilidad, con la consecuencia de asumirla por completo”. 8El FJ III.2, define: “Con relación a la legitimación pasiva de los servidores de apoyo judicial, la jurisprudencia constitucional, contenida en la SC 0332/2010-R de 17 de junio, sostuvo que: ʽCon relación a la responsabilidad del personal subalterno de los Juzgados y Salas de las Cortes Superiores de Distrito y Corte Suprema de Justicia, la jurisprudencia constitucional estableció que la administración de justicia está encomendada a los órganos jurisdiccionales del Estado, de acuerdo con el art. 16.I, IV CPE y art. 3 de la Ley de Organización judicial (LOJ); en consecuencia son los jueces los funcionarios que ejercen esa jurisdicción entre tanto que los secretarios , actuarios y oficiales de diligencias, no tienen facultades jurisdiccionales sino que están obligados a cumplir las órdenes o instrucciones del Juez, emergentes de sus decisiones, por lo que no tienen legitimación pasiva para ser demandados por cuanto no son los que asumen determinaciones de orden jurisdiccional dentro de los procesos, salvo que incurrieran en excesos contrariando o alterando esas determinaciones de la autoridad judicial´. Posteriormente, la SC 1279/2011-R de 26 de septiembre, estableció la excepción a la regla anterior, declarando lo siguiente: ʽEl personal subalterno puede ser demandado en los casos en los que contrarían lo dispuesto por dicha autoridad o cometieran excesos en sus funciones que pudieran vulnerar derechos fundamentales o garantías constitucionales; sin embargo si la autoridad judicial conocedora del acto vulneratorio de derechos y garantías no reconduce el procedimiento y lo convalida, se deslinda la responsabilidad del funcionario subalterno´; ahora bien, este Tribunal considera que el entendimiento asumido en ambas Sentencias Constitucionales citadas, no guarda coherencia con el razonamiento plenamente fundamentado contenido en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, puesto que conforme a la explicación realizada, la presente acción constitucional puede ser dirigida incluso contra particulares, entonces, con mayor razón podrá ser dirigida contra funcionarios de apoyo judicial o incluso de orden administrativos, pues a partir del momento en que las leyes les imponen deberes, y particularmente la Ley del Órgano Judicial en el caso de los funcionarios de apoyo judicial, son sujetos de responsabilidad por el incumplimiento de esos deberes, tal es así, que pueden ser objeto incluso de responsabilidad administrativa, civil o penal; consecuentemente, con mayor razón serán responsables, y por tanto, tendrán legitimación pasiva para ser demandados por esta vía, cuando sus actos u omisiones relacionados a sus deberes contribuyan o lesionen directamente derechos fundamentales de las personas, siendo así, no se puede concebir el razonamiento expuestos en dichas Sentencias que liberan de responsabilidad al funcionario de apoyo judicial, para cargar la misma únicamente sobre el juzgador cuando éste no reconduce el procedimiento y lo convalida, puesto que, si el incumplimiento de los deberes y funciones del personal de apoyo, no es reconducido por el juez, corresponderá establecer responsabilidad en relación a ambos funcionarios; es decir, el juez y el personal de apoyo judicial, cuyos actos u omisiones merezcan reproche en la vía constitucional. En base a los fundamentos supra expuestos, el entendimiento generado en el presente acápite implica cambio de línea jurisprudencial en relación a los razonamientos asumidos en las SSCC 0332/2010-R de 17 de junio y 1279/2011-R de 26 de septiembre, en las que se estableció que los servidores de apoyo judicial no tienen legitimación pasiva para ser demandados en las acciones de defensa”.
Como se puede advertir, la jurisprudencia emanada de este Tribunal, señala que el personal subalterno al no contar con poder de decisión jurisdiccional que pueda definir la situación jurídica de las partes en un proceso, carece de legitimación pasiva, entendiendo que su actuar se circunscribe a obedecer las órdenes del juez que tiene el control jurisdiccional; sin embargo, esta regla tiene su excepción en los casos en los cuales este personal, comete excesos en su labor o contradice lo dispuesto por las autoridades superiores o sus actos u omisiones vulneran derechos fundamentales o garantías constitucionales de las partes, casos en los cuales, tendría legitimación pasiva para ser demandado (el énfasis es añadido). La sistematización jurisprudencial fue desarrollada por las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0178/2018-S2 de 14 de mayo, entre otras. Jurisprudencia extraída de la SCP 0241/2025-S3 de 11 de abril.
De la revisión de antecedentes y conforme los datos consignados en las conclusiones del presente fallo constitucional; se advierte que, dentro del proceso penal seguido contra el accionante por la presunta comisión del delito de abuso sexual, a pesar que el recurso de apelación incidental que interpuso contra el Auto Interlocutorio 435/2023, que determinó su detención preventiva, fue remitido a la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, el 9 de agosto de 2023, hasta la fecha de interposición de la acción tutelar, no se programó la audiencia para la consideración del recurso.
Se corrobora que; el 21 de julio de 2023, en audiencia de consideración de aplicación de medidas cautelares, el Juez de Instrucción Penal, Anticorrupción y contra la Violencia hacia las Mujeres Primero de la Capital del departamento de La Paz, determinó la detención preventiva del accionante; decisión contra la cual, interpuso apelación incidental; el cual, de acuerdo a lo informado por la demandada, fue remitido a la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, el 9 de agosto del mismo año.
En principio; cabe señalar que, conforme lo desarrollado en el Fundamento Jurídico III.2 de este fallo constitucional, por el que se establece, que los servidores públicos de apoyo judicial, excepcionalmente pueden ser demandados mediante acción de libertad, cuando la vulneración de los derechos tutelados emerja del incumplimiento o la inobservancia de las funciones y obligaciones conferidas en la Ley del Órgano Judicial; así como de las instrucciones u órdenes impartidas por el superior en grado.
En la presente acción tutelar, el accionante atribuye, a la secretaria, como la responsable de la omisión del señalamiento de la audiencia de consideración del recurso de apelación que interpuso, con el criterio basado que le correspondería emitir el decreto con tal fin; sobre el particular, si bien es evidente que el art. 56.I.3 del Código de Procedimiento Penal (CPP), otorga a los secretarios la facultad de “Emitir las providencias de mero trámite que no sean pronunciadas en audiencia”; sin embargo, el señalamiento de audiencias, no es un acto de mero trámite, sino un acto de dirección procesal y gestión del despacho reservado única y exclusivamente a la autoridad jurisdiccional, por mandato del art. 239 del CPP; que en una interpretación extensiva de esta norma, debe entenderse que alcanza también a los vocales y en lo relativo a audiencias vinculadas a la aplicación, modificación, sustitución y apelación de medidas cautelares; en todo caso, el acto de señalar audiencia, además comprende la labor de dirección del proceso y gestión del despacho, que está encargada a la autoridad jurisdiccional, quien en ejercicio de sus facultades y poderes, eventualmente, debe resolver solicitudes de suspensión y justificación de inasistencia a audiencias. Un entendimiento contrario, implicaría inobservancia del parágrafo II del la misma norma legal que dispone: “En ningún caso las secretarias y los secretarios pueden realizar tareas propias de la función jurisdiccional. La delegación de funciones jurisdiccionales en estos funcionarios hará inválidas las actuaciones realizadas y hará responsable directamente a la jueza o al juez” (las negrillas son nuestras).
De lo expuesto, se corrobora que la demandada carece de legitimidad pasiva; por cuanto, no se encuentra dentro de sus obligaciones ni atribuciones señalar audiencias, sino, asistir con la debida diligencia a la autoridad jurisdiccional, en el cumplimiento de sus actos jurisdiccionales; y, tampoco incumplió orden superior, porque no le fue encomendada, por la autoridad jurisdiccional, el señalamiento de la audiencia de consideración del recurso de apelación; por este motivo, corresponde denegar la tutela, sin el análisis de fondo del problema jurídico planteado.
Es pertinente considerar que; la secretaria demandada, en su informe alegó que se emitió el Auto de Vista 703/2023, que se hubiera dictado el 10 de agosto; sin embargo, al no acreditar tales extremos, no podemos dar por evidente esa información; al respecto, se corrobora el transcurso de más de siete días, desde la remisión del recurso de apelación hasta la fecha de presentación de la acción tutelar, ocurrida el 17 del indicado mes y año, sin que se haya resuelto el mismo, dentro del plazo legal de tres días, establecido por el art. 251 del CPP; de ahí que existe una dilación indebida, respecto del Vocal de la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz; debiendo tomar en cuenta además, que el accionante se encontraba privado de libertad, cumpliendo detención preventiva; omisión que incumple lo dispuesto en el Fundamento Jurídico III.1 del presente fallo constitucional, debido a que retardó la consideración del recurso de apelación interpuesta; y por ende, la definición de la situación jurídica del accionante, que debió ser corregido por esta autoridad; por lo que corresponde exhortarle al respecto, sin responsabilidad por no haber sido demandado en esta acción de libertad. En consecuencia, el Juez de garantías, al denegar la tutela impetrada, aunque con otros fundamentos, actuó de forma correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 40/2023 de 17 de agosto, cursante de fs. 17 a 18 vta., pronunciada por el Juez de Sentencia Penal, Anticorrupción y contra la Violencia hacia las Mujeres Decimosexto de la Capital del departamento de La Paz; y, en consecuencia: 1° DENEGAR la tutela impetrada, con base en los fundamentos jurídicos de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional; y, 2º Exhortar al Vocal de la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, a cargo del conocimiento del caso, el cumplimiento del plazo establecido en el art. 251 del CPP, en la resolución de los recursos de apelación de medidas cautelares. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Ángel Edson Dávalos Rojas
MAGISTRADO
Paola Verónica Prudencio Candia
MAGISTRADA
1 El FJ III.1, señala: “Del texto constitucional y legal referidos, se extrae que, en el sentido de la Constitución, el recurso de hábeas corpus por violaciones a la libertad individual y /o locomoción, puede ser reparador si ataca una lesión ya consumada, preventivo si procura impedir una lesión a producirse o correctivo si intenta evitar que se agraven las condiciones en que se mantiene a una persona detenida”. 2El FJ III.5, establece: “…se debe hacer referencia al hábeas corpus traslativo o de pronto despacho, a través del cual lo que se busca es acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas, para resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad. Este tipo de hábeas corpus, implícito en el art. 125 de la CPE, emerge directamente del art. 89 de la LTC, que establece que, también procede el hábeas corpus cuando se aleguen “…otras violaciones que tengan relación con la libertad personal en cualquiera de sus formas, y los hechos fueron conexos con el acto motivante del recurso, por constituir su causa o finalidad…”, e implícitamente fue reconocido por la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, cuando tuteló los supuestos de demora en la celebración de la audiencia de medidas cautelares (SSCC 1109/2004-R, 1921/2004-R),o cuando existieron notificaciones ilegales con las resoluciones de medidas cautelares que lesionan el derecho a la defensa, concretamente el derecho a recurrir, impidiendo que el tribunal superior revise la resolución del inferior (SC 826/2004-R)…”.
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_1630_2025-S3.pdf · páginas 1 a 9.
Huella digital del PDF (SHA-256): 077ae5b2f23bad5848f682cdf2b9468a3a53b7d40b36bed27134c894a97fe28e
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