Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Primera · 29 de diciembre de 2025
Deniega la tutela
El accionante a través de su representante sin mandato, denuncia la vulneración de sus derechos a la vida, a la salud, a la libre locomoción y atención médica; puesto que, el 4 de agosto de 2023, presentó un memorial a la Jueza hoy accionada solicitando orden de salida para el 10 de igual mes y año, desde horas de la mañana hasta su conclusión, para tratarse en la especialidad de Radiología dental en el Centro Medico “CDVIR”, sin que hasta la interposición de esta acción de defensa la referida solicitud hubiese sido respondida por la citada autoridad judicial. En consecuencia, corresponde determinar en revisión, si los hechos demandados son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada; para el efecto, se desarrollarán los siguientes temas: 1) La acción de libertad traslativa o de pronto despacho; 2) La acción de libertad innovativa; 3) La tutela del derecho a la vida vía acción de libertad; y, 4) Análisis del caso concreto.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 16/2023 de 11 de agosto, cursante de fs. 23 a 25, pronunciada por la Sala Constitucional Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba; y en consecuencia: 1° DENEGAR la tutela solicitada, conforme a los Fundamentos Jurídicos expuestos en este fallo constitucional. 2° Exhortar a Luz Nahir Acebey Arispe, Jueza; y, Maritza Cartagena Terrazas, Secretaria, ambas del Juzgado de Ejecución Penal Segundo de la Capital del departamento de Cochabamba, que en el marco de sus competencias y en futuras actuaciones vinculadas a las solicitudes de atención médica externa de servicios de salud del Régimen Penitenciario, procedan con la debida celeridad en cumplimiento de la norma procesal penal, bajo responsabilidad.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1620/2025-S1 Sucre, 29 de diciembre de 2025 SALA PRIMERA Magistrada Relatora: Dra. Amalia Laura Villca Acción de libertad Expediente: 57846-2023-116-AL Departamento: Cochabamba En revisión la Resolución 16/2023 de 11 de agosto, cursante de fs. 23 a 25, pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Oscar Roberto Pérez Ninavia en representación sin mandato de Carlos Anthony Poma Zambrana contra Luz Nahir Acebey Arispe, Jueza; y, Maritza Cartagena Terrazas, Secretaria, ambas del Juzgado de Ejecución Penal Segundo de la Capital del departamento de Cochabamba.
El accionante a través de su representante sin mandato, por memorial presentado el 10 de agosto de 2023, cursante de fs. 3 a 5, manifestó lo siguiente:
En el proceso penal seguido por el Ministerio Público contra su persona por la presunta comisión del delito de robo agravado, previsto y sancionado por el art. 332.1 del Código Penal (CP), el 4 de agosto de 2023, solicitó a la Jueza hoy accionada, orden de salida médica para el 10 de igual mes y año, desde horas de la mañana hasta su conclusión, con el motivo de tratarse en la especialidad de radiología dental en el Centro Medico “CDVIR”, para ser atendido del mal que padece; empero, hasta la interposición de esta acción de defensa, dicha autoridad judicial no emitió respuesta alguna, menos notificó al Centro Penitenciario El Abra de Cochabamba. El 9 de agosto de 2023, en horas de la tarde, su defensa técnica realizó el respectivo seguimiento en el Juzgado de Ejecución Penal Segundo de la Capital del departamento de Cochabamba, en cuanto a la solicitud de orden de salida, y la Secretaria ahora coaccionada, le indicó que se le notificaría a su defensa técnica y al Centro Penitenciario El Abra de Cochabamba, evidenciando que existe demora por la Jueza y Secretaria hoy accionadas; no obstante, el 10 del referido mes y año, a las 8:30 horas, su defensa técnica nuevamente se apersonó consultando sobre esa solicitud; empero, la mencionada Secretaria le indicó que la fecha a esa orden de salida la pone la Jueza –ahora accionada–; a pesar del reclamo que efectuó pidió audiencia con la nombrada autoridad judicial, quien le indicó que se les notificaría de manera urgente, descuidando de manera negligente ese pedido con relación al derecho a la salud. Además, la importancia y prioridad de atender su pedido de salida médica coarta sus derechos a la vida, a la locomoción y de acceso a una atención médica; más aún, cuando se trata de una persona detenida preventivamente que padece la enfermedad de base del “VH SIDA” (sic). Citando también a la acción de libertad en sus modalidades de pronto despacho, innovativa e instructiva y explicando la función de cada una; ya que, la inobservancia de la Jueza y Secretaria ahora accionadas, incide en sus derechos a la libre locomoción y a la atención médica; puesto que, ese descuido ante el tipo de solicitudes efectuadas, tiene que ser priorizado.
El accionante a través de su representante sin mandato, denuncia la vulneración de sus derechos a la vida, a la salud, a la libre locomoción y atención médica; citando al efecto los arts. 35, 36 y 37 de la Constitución Política del Estado (CPE).
Solicitó se conceda la tutela, y en consecuencia, se disponga que: a) Se ordene a la Jueza ahora accionada, emita decreto y auto con la finalidad que en el día se disponga la salida con carácter de urgencia, por tratarse de una persona con enfermedad de base; y, b) Se recomiende a la Jueza y Secretaria accionadas, que no incurran en similares casos que atenten contra la vida de los privados de libertad.
Celebrada la audiencia virtual el 10 de agosto de 2023, según consta en el acta cursante a fs. 22 y vta., se produjeron los siguientes actuados:
El accionante a través de su abogado en audiencia, ratificó de manera íntegra el contenido del memorial de acción de libertad.
Luz Nahir Acebey Arispe, Jueza de Ejecución Penal Segunda de la Capital del departamento de Cochabamba, mediante informe presentado el 11 de agosto de 2023, cursante a fs. 20 a 21 vta., manifestó que: 1) Los Abogados de Defensa Pública no tienen respeto a las decisiones de las autoridades judiciales de la jurisdicción ordinaria; ya que, de manera recurrente a través de acciones de libertad buscan modificar sus decisiones para justificar su trabajo, actitud desleal y antiética que ya fue advertida pidiendo que se tomen las medidas pertinentes para sancionar esas vulneraciones a los principios de gratuidad y economía procesal del Órgano Judicial; 2) El Tribunal Constitucional Plurinacional mediante la SC 0044/2010-R de 20 de abril, hace referencia a la acción de libertad de pronto despacho, a través de la cual, se pretende acelerar trámites administrativos y judiciales cuando existen dilaciones indebidas, para resolver la situación jurídica del privado de libertad; no obstante, en este caso no existió ninguna vinculación jurídica de la persona que se encuentra privada de su libertad; y, 3) La SCP de Avocación 0001/2022 de 31 de marzo, señala que en todos los Centros Penitenciarios, los servicios de asistencia médica deben funcionar las veinticuatro horas, solo en casos de emergencia particular o la necesidad específica de tratamiento especializado, el galeno solicitará de forma inmediata al director del recinto; sin embargo, en este caso el Odontólogo del Centro Penitenciario El Abra de Cochabamba, pidió la orden de salida médica vía judicial sin cumplir el carácter vinculante de la citada Sentencia, el art. 92 de la Ley de Ejecución Penal y Supervisión (LEPS) -Ley 2298 de 20 de diciembre de 2001- ni acompañar documental alguna que acredite la enfermedad de “VH Sida” (sic) alegada; ya que, esa solicitud era para la atención del dentista, no para su enfermedad de base; por lo que, pide se deniegue la tutela solicitada. Maritza Cartagena Terrazas, Secretaria del Juzgado de Ejecución Penal Segundo de la Capital del departamento de Cochabamba, mediante informe presentado el 11 de agosto de 2023, cursante a fs. 14 y vta., manifestó que: i) El 10 de igual mes y año, “…la ventanilla de la Gestoría de Procesos la Lic. Lena Verduguez…” (sic) se rehusó en recibir las diligencias de notificaciones generadas por el citado Juzgado, alegando que no se encontraban derivadas las cartillas de notificación, bajando nuevamente la cantidad de diligencias entre ellas la del accionante; empero, dicha funcionaria solo recibió algunas cartillas de notificación como las urgentes, rechazando el resto señalando que “no están derivados vente mañana” (sic), a pesar que fueron derivadas en su momento; y, ii) El 1 de junio de igual año, recién asumió el cargo de Secretaria del indicado Juzgado y se encuentra regularizando una cantidad de procesos, generando notificaciones y actas de audiencias que dejó pendiente el anterior funcionario de apoyo jurisdiccional.
La Sala Constitucional Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, mediante Resolución 16/2023 de 11 de agosto, cursante de fs. 23 a 25, denegó la tutela solicitada; bajo los siguientes fundamentos: a) De antecedentes se tiene que el 4 de igual mes de 2023, a las 8:49 horas, ingresó por plataforma el memorial presentado por el accionante con referencia “Solicita orden de salida médica”, con fecha de recepción en el Juzgado de Ejecución Penal Segundo de la Capital del departamento de Cochabamba, la misma fecha a las 15:13 horas; que en respuesta mereció el decreto de 9 de dicho mes y año, emitido por la Jueza y Secretaria ahora accionadas; b) La solicitud efectuada el 4 de ese mes año, no cumple con la finalidad de la acción de libertad que tiene por objeto garantizar, proteger o tutelar derechos a la vida, a la integridad física, a la libertad personal, física y de circulación de toda persona; debido a que, ninguno de esos aspectos fue fundamentado menos expuesto por el accionante; c) Esta acción tutelar se presentó bajo la modalidad de pronto despacho, instructiva e innovativa; sin embargo, en lo que hace a la naturaleza jurídica de la acción de defensa, que si bien guarda el derecho a la locomoción; empero, el accionante no refirió de qué manera o con qué acto ese derecho fue vulnerado ante la ausencia de una respuesta a su solicitud; y, d) Si bien la acción de libertad instructiva resguarda el derecho a la salud que debe tener estricta relación con el derecho a la vida; es decir, que se hubiese negado una atención médica del accionante poniendo en peligro su vida; empero, en el caso concreto del Informe de salida odontológico de 3 de agosto de 2023, se advierte que si bien se comunicó la orden de salida a un centro odontológico, señalando el día y la hora, al cual la Jueza hoy accionada no hubiese otorgado una respuesta oportuna; sin embargo, esta acción tutelar no es la vía idónea para ese efecto; puesto que, no tiene relación con poner en riesgo la salud y la vida del accionante, existiendo otros mecanismos establecidos por el ordenamiento jurídico.
Mediante Acuerdo Jurisdiccional de Sala Plena TCP-SP-003/2025-II de 26 de noviembre, se dispuso la reconformación de Salas del Tribunal Constitucional Plurinacional en cumplimiento a dicha determinación, la Comisión de Admisión de este Tribunal, procedió al sorteo de la presente causa. Mediante decreto constitucional de 5 de diciembre de 2025, cursante a fs. 32, se dispuso la suspensión de plazo para la emisión de la correspondiente resolución a efectos de recabar documentación complementaria, reanudándose el mismo a partir del día siguiente de la notificación con el decreto constitucional de 24 de diciembre de igual año, cursante a fs. 36; por lo que, la presente Sentencia Constitucional Plurinacional es emitida dentro del término legal.
De la revisión de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Cursa Informe con CITE: MG/DGRP/DDRP/CBBA/ODONTO 050/2023 de 3 de agosto, emitido por el Odontólogo del Régimen Penitenciario del Centro Penitenciario El Abra de Cochabamba; en el que, recomendó la salida odontológica de Carlos Anthony Poma Zambrana -ahora accionante-, al Centro Odontológico “CDVIR”; ya que, se reservó consulta para el 10 de ese mes de 2023; además, de una radiografía periapical en el Centro Radiológico CERPAX para un mejor diagnóstico y tratamiento (fs. 16). II.2. Mediante memorial presentado el 4 de agosto de 2023, ante Luz Nahir Acebey Arispe, Jueza de Ejecución Penal Segunda de la Capital del departamento de Cochabamba -hoy accionada-, el accionante solicitó orden de salida médica desde horas de la mañana hasta su conclusión, para el Centro Odontológico “CDVIR” y al Centro Radiológico CERPAX, para el 10 de agosto de 2023 (fs. 17 a 18). II.3. A través de la impresión de un detalle de diligencias de notificaciones generadas, derivadas a la Oficina Gestora del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, por el Juzgado de Ejecución Penal Segundo de la Capital del indicado departamento, de 10 de agosto de 2023; en el que consta que en la citada fecha, de 13:43 a 13:52 horas, se hubiesen derivado las notificaciones a la referida Oficina Gestora para que se notifiquen a las partes procesales (fs. 12). Cursa captura de pantalla del Sistema Integrado de Registro Judicial (SIREJ); en el que, el citado Juzgado cargó el decreto (-)-24415326 al indicado Sistema el 9 de igual mes y año, a las 17:46 horas y que el 10 de dicho mes ya año, se hubiesen derivado esas notificaciones a la citada Oficina Gestora (fs. 13). II.4. Consta decreto de 9 de agosto de 2023, emitido por la Jueza ahora accionada; en el que, observó la solicitud de orden de salida médica del accionante, para que el Odontólogo del Régimen Penitenciario del Centro Penitenciario El Abra de Cochabamba, complemente su informe y subsane las observaciones efectuadas (fs. 19).
El accionante a través de su representante sin mandato, denuncia la vulneración de sus derechos a la vida, a la salud, a la libre locomoción y atención médica; puesto que, el 4 de agosto de 2023, presentó un memorial a la Jueza hoy accionada solicitando orden de salida para el 10 de igual mes y año, desde horas de la mañana hasta su conclusión, para tratarse en la especialidad de Radiología dental en el Centro Medico “CDVIR”, sin que hasta la interposición de esta acción de defensa la referida solicitud hubiese sido respondida por la citada autoridad judicial. En consecuencia, corresponde determinar en revisión, si los hechos demandados son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada; para el efecto, se desarrollarán los siguientes temas: 1) La acción de libertad traslativa o de pronto despacho; 2) La acción de libertad innovativa; 3) La tutela del derecho a la vida vía acción de libertad; y, 4) Análisis del caso concreto.
La SCP 1054/2025-S1 de 1 de septiembre, citando a la SCP 0259/2018-S2 de 18 de junio, establece que: “La Constitución Política del Estado en su art. 23.I, establece que toda persona tiene derecho a su libertad física, constituido como un derecho fundamental de carácter primario para su desarrollo; por ello, el Estado tiene el deber primordial de respetarlo y protegerlo, por ser inviolable; razón por la que, la acción de libertad fue configurada de manera exclusiva, extraordinaria y sumarísima, con el propósito que la libertad física goce de protección especial, cuando se pretenda lesionarla o esté siendo amenazada de vulneración. A ese efecto, la SC 1579/2004-R de 1 de octubre efectuó una clasificación del entonces recurso de hábeas corpus ante violaciones a la libertad individual y/o de locomoción, señalando que puede ser reparador, si ataca una lesión ya consumada; preventivo, si procura impedir una vulneración a producirse; o, correctivo, si intenta evitar que se agraven las condiciones en las que se mantiene a una persona detenida.
Posteriormente, a través de la SC 0044/2010-R de 20 de abril se amplió dicha clasificación, identificando además al hábeas corpus restringido, que procede ante limitaciones del ejercicio del derecho a la libertad; dentro del cual, se encuentra el hábeas corpus instructivo, que procede cuando el derecho a la libertad se encuentra vinculado al derecho a la vida; y, traslativo o de pronto despacho, a través del que, se busca acelerar los trámites judiciales o administrativos ante dilaciones indebidas, para resolver la situación jurídica de la persona privada de libertad y la concreción del valor libertad, de los principios de celeridad y respeto a los derechos, debiendo ser tramitados, resueltos -SC 0224/2004-R de 16 de febrero- y efectivizados -SC 0862/2005-R de 27 de julio- con la mayor celeridad -SCP 0528/2013 de 3 de mayo-.
Sobre la base de ese razonamiento, toda autoridad que conozca una solicitud en la que se encuentre involucrado el derecho a la libertad física, tiene el deber de tramitarla con la mayor celeridad posible, o cuando menos dentro de los plazos razonables, pues de no hacerlo, podría provocar una restricción indebida del citado derecho; lo que no significa, otorgar o dar curso a la solicitud en forma positiva o negativa, ya que el resultado a originarse, dependerá de las circunstancias y las pruebas que se aporten en cada caso; por cuanto, la lesión del derecho a la libertad física está en la demora o dilación indebida, al resolver o atender una solicitud; que más bien, debería ser efectuada con la debida celeridad”.
La citada SCP 1054/2025-S1 de 1 de septiembre, citando a su vez a la SCP 0970/2019-S2 de 21 de octubre, señala que: “Es una acción tutelar, cuyo propósito es proteger, restablecer y/o restituir el derecho a la libertad física o de locomoción, así como el derecho a la vida, cuando se hallan en peligro como consecuencia de la supresión o restricción a la libertad personal; disponiendo el cese de la persecución indebida, el restablecimiento de las formalidades legales y/o la remisión del caso al juez competente, la restitución del derecho a la libertad física, o la protección de la vida misma.
En este marco, la línea jurisprudencial sobre la posibilidad de presentar la acción de libertad, aun hubiere cesado la restricción del derecho a la libertad física, conocida en la doctrina como recurso de hábeas corpus innovativo, tiene el siguiente desarrollo jurisprudencial: El Tribunal Constitucional, en la SC 92/02-R de 24 de enero de 2002, sostuvo que era posible el planteamiento del hábeas corpus -ahora acción de libertad- cuando el accionante ya había sido liberado, pues dicha liberación ‘…no desvirtúa la ilegalidad del acto ni libera de responsabilidad a los recurridos…’, de forma que en tales casos, se evitaba la reiteración de la conducta; es decir, que el interés en la resolución de la temática, trascendía del caso particular para convertirse en uno de interés general.
Posteriormente, sin modificarse oficialmente aquella línea, la SC 1489/2003-R de 20 de octubre estableció que promovido el recurso de habeas corpus -ahora acción de libertad-, no procedía cuando el hecho conculcador ya había cesado, puesto que dicho acto adquiría características que lo hacían punible en la instancia ordinaria penal; por lo que, se debería acudir a esa jurisdicción para conseguir la respectiva sanción.
A través de la SC 0327/2004-R de 10 de marzo, se cambió dicho entendimiento jurisprudencial, sosteniendo que las lesiones del derecho a la libertad, encuentran protección dentro del ámbito del hábeas corpus, en los casos en los que se constate la existencia de una ilegal privación de libertad, a pesar de haber cesado la detención antes de la interposición del recurso; supuesto en el cual, la concesión de la tutela debe establecer la responsabilidad de los servidores públicos que efectuaron la indebida privación de libertad; razonamiento que fue adoptado como línea jurisprudencial hasta la gestión 2010.
Con la SC 0451/2010-R de 28 de junio, se recondujo el entendimiento jurisprudencial al anterior contenido en la SC 1489/2003-R, estableciendo que cuando se alega o denuncia una privación de libertad personal ilegal o indebida, debe interponerse la acción de libertad mientras persista la lesión, no cuando hubiere cesado; lo cual fue confirmado por el Tribunal Constitucional Plurinacional a través de la SCP 0201/2012 de 24 de mayo, entre otras.
La SC 0895/2010-R de 10 de agosto, complementó el entendimiento previamente asumido y señaló que cuando sea imposible plantear la acción de libertad por situaciones debidamente justificadas durante la privación de libertad, es posible su interposición inmediatamente después de haber cesado la misma. La jurisprudencia glosada fue reconducida a través de la SCP 2491/2012 de 3 de diciembre; en la que, sobre la base de la SC 0327/2004-R, dispone que procede la acción de libertad -bajo la modalidad de innovativa-, aun hubiere cesado el acto ilegal en cualquiera de las modalidades protectivas de la acción de libertad; es decir, la amenaza al derecho a la vida, la privación de libertad, la persecución indebida, o en su caso, el indebido procesamiento vinculado con el derecho a la libertad física o personal. En efecto, la SCP 2491/2012 consagra la acción de libertad denominada innovativa; entendimiento que fue seguido de manera uniforme por este Órgano encargado del control de constitucionalidad, a través de las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0640/2013 de 28 de mayo y 2075/2013 de 18 de noviembre, entre otras.
Efectivamente, debe señalarse que la acción de libertad innovativa, radica fundamentalmente, en que todo acto que implique desconocimiento o comprometa la eficacia de los derechos tutelados por esta garantía constitucional, debe ser repudiado por la justicia constitucional; de esta manera, evitar que en el futuro se repitan y reproduzcan los actos contrarios a la eficacia y vigencia de los derechos a la vida, la libertad física y de locomoción. En ese sentido, no se protege únicamente los derechos de la persona que interpuso la acción de libertad; al contrario, su vocación principal es que en lo sucesivo no se repitan hechos cuestionados de ilegales; en razón a que, como entendió la jurisprudencia constitucional, la acción de libertad se activa, no simplemente para proteger derechos desde una óptica netamente subjetiva, sino también, desde su dimensión objetiva, evitando que se reiteren aquellas conductas que lesionan los derechos que se encuentran dentro del ámbito de su protección y que fundamentan todo el orden constitucional.
En ese marco, corresponde la aplicación de la SCP 2491/2012, en cuyo Fundamento Jurídico III.1, establece:
…de acuerdo a la nueva coyuntura constitucional imperante desde febrero de 2009, nuestro país atraviesa un proceso de constitucionalización en sus instituciones jurídicas y políticas. No se encuentra al margen la justicia constitucional, que acoge parámetros interpretativos y de amparo más garantistas y favorables a la protección de los derechos y de los derechos humanos.
En ese sentido, la interpretación que debe hacerse respecto del art. 125 constitucional, no debe recorrer un camino restrictivo, en el sentido de que únicamente la acción de libertad pueda ser interpuesta cuando la persona se encuentre privada de libertad, pues partiendo de un criterio amplio y garantista como se tiene anotado, este mecanismo puede operar cuando efectivamente ha cesado la vulneración al derecho protegido. Este criterio se justifica, al análisis de lo dispuesto por el art. 256 de la CPE, que de forma expresa reconoce criterios de interpretación más favorables que los contenidos en nuestra propia Ley Fundamental y que se encuentran contenidos en los Tratados Internacionales de Derechos Humanos. Conforme al espíritu de esta línea jurisprudencial, la acción de libertad innovativa debe ser entendida como el mecanismo procesal, por el cual el juez constitucional, asume un rol fundamental para el resguardo de los derechos que se encuentran dentro del ámbito de su protección -libertad personal, vida, integridad física, debido proceso y libertad de locomoción-; pues, si bien pueden haber cesado las vulneraciones a dichos derechos, empero, la ilegalidad fue consumada; por ello, a efectos de determinar la responsabilidad del caso y contribuir con la política criminal de prevención, corresponderá pronunciarse en el fondo de la problemática, para determinar la responsabilidad de las autoridades, la comunidad o personas particulares que transgredieron el o los derechos invocados como lesionados, al ser estas conductas contrarias al orden constitucional; evitando de esta forma, futuras conculcaciones de derechos fundamentales y garantías constitucionales” (las negrillas nos corresponden).
La SCP 0363/2018-S2 de 24 de julio, establece que: “El contenido del derecho a la vida consagrado en innumerables artículos de la Constitución Política del Estado y de las normas del bloque de constitucionalidad, se extiende no solo a representar la interdicción de la muerte arbitraria, sino que implica la creación de condiciones de vida digna, que involucra, en lo conducente a la acción de libertad, a otros derechos conexos e interdependientes que no se encuentran en el ámbito de su protección, como por ejemplo: 1) El derecho a la salud y la integridad personal de los privados de libertad (…).
El alcance amplio que se otorgó al derecho a la vida, su concepción como derecho autónomo, empero también interdependiente con otros derechos en virtud del art. 13.I de la CPE, dio lugar a que este Tribunal emita numerosas Sentencias favoreciendo el acceso a la justicia constitucional a través de la acción de libertad, cuando se invoca este derecho como lesionado, señalando que: i) La protección del derecho a la vida a través de la acción de libertad es posible, aun no exista vinculación directa ni indirecta con el derecho a la libertad física, personal o de locomoción -por todas, la SCP 2468/2012 de 22 de noviembre-, superando una tradición jurisprudencial que persistía en la necesidad de su vinculación; ii) Tratándose del derecho a la vida, la parte accionante es la que debe asumir la decisión de formular una; acción de libertad o de amparo constitucional, así refiere la SCP 1278/2013 de 2 de agosto; y, iii) Respecto al derecho a la vida, de cuyo ejercicio depende el goce de otros derechos, con ningún argumento puede aplicarse la subsidiariedad excepcional -por las demás, las SSCC 0008/2010-R, 0080/2010-R y 0589/2011-R-. Los señalados precedentes constitucionales son vinculantes conforme lo dispuesto por el art. 203 de la CPE y dan concreción al principio de informalismo que rige la acción de libertad, con contenidos favorables y progresivos que protegen de mejor forma el derecho de acceso a la justicia constitucional; es decir, son lineamientos jurisprudenciales mínimos para los jueces y tribunales de garantías, a partir de los cuales, en el marco de los principios de favorabilidad contenido en los arts. 13.IV y 256 de la CPE; y, de progresividad de los derechos y prohibición de regresividad de los mismos, resguardados en el art. 13.I de la CPE, pueden ser reforzados y ampliados, máxime si la obligación de vinculatoriedad a los lineamientos jurisprudenciales mínimos, tanto respecto del derecho de acceso a la justicia como los emitidos en protección de los derechos individuales y colectivos, forman parte también del cumplimiento de las obligaciones generales del Estado, previstas en el art. 1.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH)” (las negrillas nos corresponden).
El accionante a través de su representante sin mandato, denuncia la vulneración de sus derechos a la vida, a la salud, a la libre locomoción y atención médica; puesto que, el 4 de agosto de 2023, presentó un memorial a la Jueza hoy accionada solicitando orden de salida para el 10 de igual mes y año, desde horas de la mañana hasta su conclusión, para tratarse en la especialidad de Radiología dental en el Centro Medico “CDVIR”, sin que hasta la interposición de esta acción de defensa la referida solicitud hubiese sido respondida por la citada autoridad judicial.
Ahora bien, de la revisión de antecedentes, se tiene el Informe con CITE: MG/DGRP/DDRP/CBBA/ODONTO 050/2023 de 3 de agosto, emitido por el Odontólogo de Régimen Penitenciario del Centro Penitenciario El Abra de Cochabamba; en el que, recomendó la salida odontológica del accionante al Centro Odontológico “CDVIR”; ya que, se reservó consulta para el 10 de ese mes de 2023; además, de una radiografía periapical en el Centro Radiológico CERPAX para un mejor diagnóstico y tratamiento (Conclusión II.1); por lo que, por memorial presentado el 4 de agosto de 2023, ante la Jueza hoy accionada, el accionante solicitó orden de salida médica desde horas de la mañana hasta su conclusión, para el referido Centro Odontológico y Radiológico, para el 10 de dicho mes y año (Conclusión II.2). Asimismo, cursa impresión de un detalle de diligencias de notificaciones generadas, derivadas a la Oficina Gestora del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, por el Juzgado de Ejecución Penal Segundo de la Capital del indicado departamento, de 10 de agosto de 2023; en el que consta que, en la citada fecha, de 13:43 a 13:52 horas, se hubiesen derivado las notificaciones a la referida Oficina Gestora para que se notifiquen a las partes procesales. Cursa captura de pantalla del SIREJ; en el que, el citado Juzgado cargó el decreto (-)-24415326 al indicado Sistema, el 9 de igual mes y año, a 17:46 horas y que el 10 de dicho mes y año, se hubiesen derivado esas notificaciones a la citada Oficina Gestora (Conclusión II.3); y, consta el decreto de la referida fecha, emitido por la Jueza ahora accionada; en el que, observó la solicitud de orden de salida médica del accionante, para que el Odontólogo de Régimen Penitenciario del Centro Penitenciario El Abra de Cochabamba, complemente su informe y subsane las observaciones efectuadas (Conclusión II.4).
En el caso en análisis, se advierte que el accionante denuncia que desde el 4 de agosto de 2023, fecha en la que presentó su memorial de solicitud de orden de salida médica ante la Jueza ahora accionada, la misma hasta la fecha de interposición de la acción tutelar, no fue respondida, a pesar que su defensa técnica se hubiese apersonado al Juzgado de Ejecución Penal Segundo de la Capital del departamento de Cochabamba, de manera reiterada el 9 y 10 de ese mes y año, haciendo seguimiento a la referida solicitud sin obtener una respuesta oportuna a dicho memorial; por lo que, se vulneraron sus derechos a la vida, a la salud, a la libre locomoción y atención médica. Asimismo, en la audiencia de consideración de la acción de libertad, la Sala Constitucional Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, señaló que el 9 de igual mes y año, la Jueza y Secretaria -hoy accionadas- emitieron el decreto de dicha fecha; además, que la referida solicitud efectuada el 4 del citado mes y año, no cumple con la finalidad de la acción de libertad que tiene por objeto garantizar, proteger o tutelar derechos a la vida, a la integridad física, a la libertad personal, física y de circulación de toda persona; ya que, ninguno de esos aspectos fue fundamentado menos expuesto por el accionante.
En ese contexto, el presente caso no es impedimento para que la jurisdicción constitucional pueda analizar la problemática planteada; puesto que, es posible activar la acción de libertad traslativa o de pronto despacho e innovativa; ya que, la misma busca acelerar trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas, para resolver la situación jurídica de la persona privada de libertad; pudiendo ser tutelada, incluso cuando ésta ya cesó, a efectos de no dejar en la impunidad el actuar lesivo de quien ha vulnerado el derecho a la libertad, evitando que en el futuro se reiteren dichas conductas u omisiones vulneratorias y dilatorias que afectan y que se encuentran al margen del ordenamiento jurídico vigente, conforme establece el Fundamento Jurídico III.1 y III.2 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional; por lo que, se ingresará a examinar las actuaciones efectuadas en el presente caso. En ese marco, resulta evidente que la Jueza ahora accionada, emitió el decreto de 9 de agosto de 2023 y cargó en la referida fecha a las 17:46 horas al SIREJ, la respuesta al memorial presentado por el accionante el 4 de igual mes y año, de solicitud de orden de salida médica, cuya falta de respuesta oportuna fue el motivo de la interposición de la acción de defensa; puesto que, se advierte que ya se otorgó una respuesta a la solicitud efectuada mediante el indicado decreto, aunque con dilación indebida, porque ese acto procesal debió ser atendido y resuelto en el plazo de veinticuatro horas, conforme prevé el art. 212.I del Código de Procedimiento Civil (CPC); por lo que, la Jueza hoy accionada transgredió el principio de celeridad previsto en la Norma Suprema y los instrumentos internacionales que forman parte del bloque de constitucionalidad que son principalmente los Tratados y Convenios Internacionales de Derechos Humanos (DDHH), al no efectivizar la referida solicitud de salida médica con la prontitud y efectividad que ameritaba; motivo por el cual, en el presente caso, corresponde aplicar la acción de libertad innovativa, cuya finalidad es tutelar derechos fundamentales desde una dimensión objetiva a efectos de evitar que en lo futuro, se reitere el indicado acto denunciado.
Asimismo, de acuerdo a lo citado en el Fundamento Jurídico III.3 de este fallo constitucional, respecto al resguardo del derecho a la vida con otros derechos conexos como los derechos a la salud y a la integridad personal de los privados de libertad, resulta que en el caso concreto, el accionante no alegó de qué manera o con qué actos se vulneraron sus derechos a la vida, a la salud, a la libre locomoción y atención médica, con la demora de la respuesta a su solicitud de orden de atención médica con el motivo de tratarse en la especialidad de radiología dental en el Centro Odontológico “CDVIR”; y, al Centro Radiológico CERPAX; ya que, no existe ningún elemento y tampoco presentó prueba alguna que respalde lo señalado, siendo insuficiente que los mencionados derechos sean simplemente citados dentro de la acción de libertad; considerando que de las conclusiones a las que se llegó en el presente fallo constitucional, solamente se acreditó que existió demora en la otorgación de respuesta al memorial presentado el 4 de agosto de 2023, respecto a la solicitud de orden de salida médica; por tal motivo, corresponde denegar la tutela solicitada respecto a los derechos a la vida, a la salud, a la libre locomoción y atención médica del accionante.
Finalmente, con relación a la Secretaria del Juzgado de Ejecución Penal Segundo de la Capital del departamento de Cochabamba – ahora coaccionada en el presente mecanismo de defensa–; revisados los argumentos, se advierte que el accionante sólo se limitó a consignar el nombre de dicha funcionaria de apoyo jurisdiccional, sin especificar cuál el reclamo o vulneración atribuible a la misma; por lo que, corresponde denegar la tutela solicitada con relación a ella. En consecuencia, la Sala Constitucional, al denegar la tutela solicitada, aunque con otros fundamentos, obró de manera correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 16/2023 de 11 de agosto, cursante de fs. 23 a 25, pronunciada por la Sala Constitucional Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba; y en consecuencia: 1° DENEGAR la tutela solicitada, conforme a los Fundamentos Jurídicos expuestos en este fallo constitucional. 2° Exhortar a Luz Nahir Acebey Arispe, Jueza; y, Maritza Cartagena Terrazas, Secretaria, ambas del Juzgado de Ejecución Penal Segundo de la Capital del departamento de Cochabamba, que en el marco de sus competencias y en futuras actuaciones vinculadas a las solicitudes de atención médica externa de servicios de salud del Régimen Penitenciario, procedan con la debida celeridad en cumplimiento de la norma procesal penal, bajo responsabilidad. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Dra. Amalia Laura Villca
MAGISTRADA
Ángel Edson Dávalos Rojas MAGISTRADO
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_1620_2025-S1.pdf · páginas 1 a 14.
Huella digital del PDF (SHA-256): 9b19fd2bce4d7b70a00e944e3fc470944534e56a65ef076ceb4318a27132fcde
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