Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Tercera · 25 de noviembre de 2025
Concede la tutela
El accionante, denuncia la vulneración de sus derechos a una justicia pronta, oportuna y sin dilaciones; y, al principio de celeridad; señalando que, dentro del proceso que le sigue el Ministerio Público por la presunta comisión del delito de suministro se sustancias controladas; el 26 de junio de 2023, se llevó a cabo audiencia de apelación incidental -según refiere-; sin embargo, transcurridos más de treinta días desde dicho actuado procesal hasta la fecha de interposición de la presente acción tutelar, el cuaderno de apelación no fue devuelto al Juzgado de origen; hecho que, imposibilitó se resuelva su solicitud de someterse a procedimiento abreviado. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución 35/2023 de 28 de julio, cursante de fs. 12 a 13, pronunciada por el Juez de Sentencia Penal Primero de la Capital del Departamento de la Paz; y en consecuencia, CONCEDER la tutela impetrada en la modalidad innovativa, respecto a la demandada, por haber incurrido en dilación injustificada; exhortándole a que no vuelva a incurrir en los actos condenados en este fallo constitucional; más aún cuando de por medio, se encuentre vinculado con la libertad de los sujetos procesales.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1606/2025-S3 Sucre, 25 de noviembre de 2025 SALA TERCERA Magistrado Relator: Ángel Edson Dávalos Rojas Acción de libertad Expediente: 57254-2023-115-AL Departamento: La Paz En revisión la Resolución 35/2023 de 28 de julio, cursante de fs. 12 a 13, pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Elsa Blanco Castro en representación sin mandato de Juan Martín Chura Murillo contra Brenda Laura Choque Villca, Auxiliar de la Sala Penal Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz.
Por memorial presentado el 28 de julio de 2023, cursante de fs. 1 a 3, el accionante a través de su representante refirió que:
Dentro del proceso penal que sigue el Ministerio Público, por la presunta comisión del delito de suministro de sustancias controladas a Juan Martín Chura Murillo -ahora accionante- que se encuentra en el Recinto Penitenciario de Qalahuma de La Paz; y, debido a una apelación incidental que interpuso el cuaderno procesal, fue remitido a la Sala Penal Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia del citado departamento, señalándose audiencia de consideración de su recurso para el 26 de junio de 2023, emitiéndose la respectiva resolución; sin embargo, hasta la fecha de interposición de la presente acción de defensa, el cuaderno de apelación no fue devuelto al Juzgado de Instrucción Penal, Anticorrupción y contra la Violencia hacia las Mujeres Primero de la Capital del departamento de La Paz -Juzgado de origen-, omisión que paralizó la continuidad del proceso, sin considerar que permanece privado de su libertad desde el 29 de septiembre de 2022, sin que se defina su situación jurídica al existir una solicitud de procedimiento abreviado que formuló ante la Fiscal de Materia, la cual no pudo ser tramitada debido a que el proceso no se encuentra radicado en el Juzgado de origen. Agregó que esta omisión constituye una dilación indebida, que afectó su derecho fundamental a una justicia pronta, oportuna y sin dilaciones debido a la prolongada demora en la remisión del cuaderno procesal, lo que justifica la interposición de la acción de libertad en su modalidad de traslativa de pronto despacho vinculada a su libertad.
Denunció la vulneración de sus derechos a una justicia pronta, oportuna y sin dilaciones; y, al principio de celeridad, citando al efecto los arts. 24, 115 y 180 de la Constitución Política del Estado (CPE); 8.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH); y, 14.3.c) del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP)
Solicitó se conceda la tutela y, en consecuencia, se disponga la remisión del cuaderno de control jurisdiccional a la sala de origen.
Celebrada la audiencia virtual el 28 de julio de 2023, según consta en acta cursante a fs. 11, se produjeron los siguientes actuados:
El accionante a través de su abogada, ratificó íntegramente los términos de su acción tutelar y ampliándola, señaló que: a) Además de la demora generada por el Juzgado de Instrucción Penal, Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Primero de la Capital del departamento de La Paz; la Sala Penal Cuarta del Tribunal Departamental del mencionado departamento, mantuvo el cuaderno procesal por más de un mes después de haber celebrado la audiencia de apelación incidental y no dispuso su remisión al juzgado de origen; y, b) Tanto el demandante como la Fiscal de Materia solicitaron de manera reiterada, se lleve a cabo la audiencia de procedimiento abreviado previa devolución de antecedentes, a objeto de que se pueda resolver su situación jurídica.
Brenda Laura Choquevillaca Mamani, Auxiliar de la Sala Penal Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, a través de informe escrito cursante a fs. 10, manifestó que: 1) Cumple la función de Auxiliar dactilógrafa de la prenombrada de Sala Penal; y, sus funciones se limitan a la transcripción de las resoluciones emitidas por los Vocales que componen las mismas, y no se le puede atribuir responsabilidad por labores que no estuvieron a su cargo; 2) A la fecha en la que presentó su informe, el cuaderno procesal fue devuelto al Juzgado de Instrucción Penal, Anticorrupción y contra la Violencia hacia las Mujeres Primero del departamento de La Paz, circunstancia que acreditó con la fotocopia del libro de altas y bajas; y, 3) No se configuraron las causales de conculcación de derechos fundamentales, lo que hace inviable la interposición de la presente acción tutelar, conforme a las previsiones contenidas en los arts. 125 de la CPE, 46 y 47 del Código Procesal Constitucional (CPCo) por lo que solicitó, se deniegue la tutela impetrada e informó que no asistirá a la audiencia virtual porque se encuentra cumpliendo funciones en otra Sala.
El Juez de Sentencia Penal Primero de la Capital del departamento de La Paz, constituido en Juez de garantías, mediante Resolución 35/2023 de 28 de julio, cursante de fs. 12 a 13, denegó la tutela impetrada; sin embargo, exhortó a la Auxiliar de la Sala Penal Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de citado departamento a que, en caso de no haber cumplido con la remisión de antecedentes, procediera de manera inmediata, a efectos de evitar dilaciones en la tramitación del proceso; decisión asumida con base en los siguientes fundamentos: i) De conformidad con lo previsto por el art. 125 de la CPE, la acción de libertad resguarda los derechos a la vida, integridad y libertad personal; en concordancia con los arts. 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos (DUDH) y 25.1 de la CADH; ii) La apelación incidental tramitada ante la Sala Penal Cuarta del referido Tribunal Departamental, fue resuelta y el cuaderno procesal devuelto al Juzgado de origen, bajo el rótulo de “no corresponde”; asimismo, respecto a la responsabilidad del personal subalterno de juzgados y salas del Tribunal, manifestó que la administración de justicia se encuentra encomendada a los órganos jurisdiccionales del Estado y son los Jueces, quienes ejercen dicha jurisdicción, mientras que los secretarios y auxiliares no tienen esa facultad jurisdiccional, sino que se encuentran obligados a cumplir las órdenes impartidas por Jueces y Vocales; iii) El accionante no demostró que hubiera presentado reclamo alguno ante el Presidente o los Vocales de la Sala Penal Cuarta; y, iv) La demandada informó que el proceso ya había sido remitido al Juzgado a quo, conforme se demostró en la fotostática del libro de altas y bajas.
De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Cursa en antecedentes fotostática del libro de altas y bajas en la que se observa que el expediente del proceso penal seguido contra Juan Martín Chura Murillo -ahora accionante-, fue devuelto por la Sala Penal Cuarta del Tribunal Departamental de La Paz al Juzgado de Instrucción Penal, Anticorrupción y contra la Violencia hacia las Mujeres Primero del mismo departamento, el 27 de julio de 2023 a horas 16:25 (fs. 9).
El accionante, denuncia la vulneración de sus derechos a una justicia pronta, oportuna y sin dilaciones; y, al principio de celeridad; señalando que, dentro del proceso que le sigue el Ministerio Público por la presunta comisión del delito de suministro se sustancias controladas; el 26 de junio de 2023, se llevó a cabo audiencia de apelación incidental -según refiere-; sin embargo, transcurridos más de treinta días desde dicho actuado procesal hasta la fecha de interposición de la presente acción tutelar, el cuaderno de apelación no fue devuelto al Juzgado de origen; hecho que, imposibilitó se resuelva su solicitud de someterse a procedimiento abreviado. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
Sobre el tema la SCP 1112/2025-S3 de 12 de septiembre, preciso lo siguiente: «La SCP 0011/2014 de 3 enero, señaló que: “…La acción de libertad traslativa o de pronto despacho, extraída de la declaración del objeto y finalidad de la acción de libertad (art. 125 de la CPE) cuya comprensión se encuentra recogida en las SSCCPP 0017/2012 y 0112/2012, entre otras, en razón al desarrollo que hicieron las SSCC 1579/2004-R, 0465/2010-R y 0044/2010-R; busca acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas, para resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad, precisamente para la concreción del valor libertad, el principio celeridad y el respeto a los derechos. (…) Ahora bien, existen supuestos en los cuales posteriormente a las dilaciones indebidas y ante la formulación de la acción de libertad, la autoridad judicial demandada resuelve inmediatamente la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad; sin embargo, este aspecto no elimina la posibilidad que mediante esta acción se evalúe la actividad de la autoridad demandada, en cuanto la acción de libertad se configura también bajo la modalidad innovativa. La misma que procede a efectos de tutelar una situación de dilación indebida cuando ésta ya ha cesado, a efectos de no dejar en impunidad el actuar lesivo de quien ha vulnerado el derecho a la libertad. (…) Recogiendo el espíritu de ésta Sentencia Constitucional; asimismo, la construcción doctrinal del voto disidente de 22 de julio de 2010, respecto de la SC 0451/2010-R de 28 de junio -que estableció que la acción de libertad debe ser interpuesta cuando la lesión al derecho a la libertad existe, caso contrario, se desnaturalizaría su esencia-, entiéndase la figura de la acción de libertad innovativa o habeas corpus innovativo como el mecanismo procesal, por el cual el juez constitucional asume un rol fundamental para la protección del derecho a la libertad personal, y por ello, en la Sentencia que pronuncie debe realizar una declaración sobre la efectiva existencia de lesión al derecho a la libertad física o personal, aunque la misma hubiera desaparecido, advirtiendo a la comunidad y al funcionario o persona particular, que esa conducta es contraria al orden constitucional, en esta Sentencia también se debe emitir una orden al funcionario o particular que lesionó el derecho en sentido que, en el futuro, no vuelva a cometer ese acto, con relación a la misma persona que activó la justicia constitucional o con otras que se encuentren en similares circunstancias”» (las negrillas fueron añadidas).
La SCP 0372/2022-S2 de 24 de mayo sobre lo enunciado preciso lo siguiente: La SCP 2077/2012 de 8 de noviembre, sostuvo que: “…respecto a la procedencia de la acción de libertad, cuando existan actos, los cuales estén vinculados directamente con el derecho a la libertad o a la locomoción, la citada SCP 111/2012, estableció: ‘…la acción de libertad, podrá alegarse procesamiento ilegal indebido, cuando dicha lesión afecte a alguno de sus elementos constitutivos y se encuentre directamente relacionada con la amenaza, restricción o supresión de la libertad física o de locomoción del actor; toda vez que otras formas de procesamiento indebido o ilegal que no encuentren vinculación directa con el derecho a la libertad, deben compulsarse dentro del ámbito de la acción de amparo constitucional’.
De esta forma, se puede establecer que el debido proceso y la dilación indebida o la falta de celeridad procesal, pueden ser reclamados a través de la acción de libertad, siempre que se vinculen con el derecho a la libertad.
En ese entendido, y retornando al tema principal de la presente acción, respecto a la falta de remisión del expediente principal por el Tribunal de apelación hacia el juzgado de origen, habiéndose llevado a cabo la audiencia de apelación, existiendo una Resolución y un acta, no se justifica que a más de un mes el Tribunal ad quem, no haya devuelto dicho expediente, y tal como referimos que el art. 251, modificado e incorporado por la Disposición final segunda de la LSNSC, señala que una vez remitido el expediente ante el Tribunal de apelación, éste ‘resolverá, sin más trámite y en audiencia, dentro de los tres días siguientes de recibidas las actuaciones, sin recurso ulterior’, debiendo incluirse dicho entendimiento bajo los argumentos expuestos del principio de celeridad, debido proceso y prohibición de dilación en el proceso, indicando que una vez el Tribunal de apelación dentro del plazo de tres días de recibidas las actuaciones, resuelva la apelación; deberá remitir el expediente, el acta y la Resolución correspondiente al Juzgado o Tribunal de origen dentro del plazo máximo de 24 horas” (las negrillas corresponden al texto original).
Respecto a la legitimación pasiva en acciones de libertad, la jurisprudencia contenida en la SC 691/01-R de 9 de julio 2001, la definió señalando que debe ser entendida como la coincidencia que se da entre la autoridad que presuntamente causó la violación a los derechos y aquella contra quien se dirige la acción. Posteriormente, a la luz de la Constitución Política del Estado vigente, a través de la SC 0010/2010-R de 6 de abril se estableció que es posible activar la acción de libertad contra un servidor público o un particular. Más tarde, la SCP 0018/2012 de 16 de marzo, reforzó dicho entendimiento y precisó que para la procedencia de la acción de libertad es imprescindible que ésta se dirija contra el sujeto que cometió el acto ilegal o la omisión indebida, o contra la autoridad que impartió o ejecutó la orden que dio lugar a la persecución, aprehensión, detención, procesamiento o apresamiento indebido o ilegal; en concreto, se dijo que es la coincidencia entre la autoridad o persona particular que presuntamente causó la vulneración a los derechos enunciados y aquélla contra quien se dirige la acción. Con relación a la legitimación pasiva de funcionarios subalternos del Órgano Judicial, la SC 1572/2003-R de 4 de noviembre ratificada posteriormente por la SC 0332/2010-R de 17 de junio y por las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0345/2012 de 22 de junio y 2171/2012 de 8 de noviembre, entre otras; estableció que éstas o éstos servidores públicos no tienen facultades jurisdiccionales y sus funciones se limitan a cumplir las órdenes o instrucciones de las autoridades jurisdiccionales; por lo que, carecen de legitimación pasiva en acciones de libertad. No obstante, la línea jurisprudencial a través de la SC 0332/2010-R, estableció una excepción a esta regla, señalando que el personal subalterno puede ser demandado en los casos en los que contradigan lo dispuesto por la autoridad judicial o cometieran excesos en sus funciones, que pudieran vulnerar derechos fundamentales o garantías constitucionales, pero si la autoridad judicial conocedora del acto vulneratorio de derechos y garantías, no reconduce el procedimiento y lo convalida, se deslinda la responsabilidad del funcionario subalterno. Más tarde, el Tribunal Constitucional Plurinacional a través de la SCP 0427/2015-S2 de 29 de abril, indicó que los funcionarios 4El FJ III.3, refiere: “…son los jueces los funcionarios que ejercen esa jurisdicción, entre tanto que los secretarios, actuarios y oficiales de diligencias, no tienen facultades jurisdiccionales sino que están obligados a cumplir las órdenes o instrucciones del Juez, emergentes de sus decisiones, por lo que no tienen legitimación pasiva para ser demandados por cuanto no son los que asumen determinaciones de orden jurisdiccional dentro de los procesos, salvo que incurrieran en excesos contrariando o alterando esas determinaciones de la autoridad judicial”. 5El FJ III.3, manifiesta: “Ampliando este entendimiento, es necesario establecer que la responsabilidad o no del personal subalterno por contravenir lo dispuesto por la autoridad jurisdiccional será evaluada de conformidad a la actuación de esta, una vez prevenido de la omisión o comisión de la vulneración alegada, con el objetivo de reconducir el procedimiento y restituir los derechos o garantías vulnerados, puesto que si la autoridad jurisdiccional convalida la actuación, vulneradora o no del personal subalterno, automáticamente se deslinda de responsabilidad, con la consecuencia de asumirla por completo”. 6El FJ III.3, expresa: “Con relación a la legitimación pasiva de los servidores de apoyo judicial, la jurisprudencia constitucional, contenida en la SC 0332/2010-R de 17 de junio, sostuvo que: ʽCon relación a la responsabilidad del personal subalterno de los Juzgados y Salas de las Cortes Superiores de Distrito y Corte Suprema de Justicia, la jurisprudencia constitucional estableció que la administración de justicia está encomendada a los órganos jurisdiccionales del Estado, de acuerdo con el art. 16.I, IV CPE y art. 3 de la Ley de Organización judicial (LOJ); en consecuencia son los jueces los funcionarios que ejercen esa jurisdicción entre tanto que los secretarios, actuarios y oficiales de diligencias, no tienen facultades jurisdiccionales sino que están obligados a cumplir las órdenes o instrucciones del Juez, emergentes de sus decisiones, por lo que no tienen legitimación pasiva para ser demandados por cuanto no son los que asumen determinaciones de orden jurisdiccional dentro de los procesos, salvo que incurrieran en excesos contrariando o alterando esas determinaciones de la autoridad judicial´. Posteriormente, la SC 1279/2011-R de 26 de septiembre, estableció la excepción a la regla anterior, declarando lo siguiente: ʽEl personal subalterno puede ser demandado en los casos en los que contrarían lo dispuesto por dicha autoridad o cometieran excesos en sus funciones que pudieran vulnerar derechos fundamentales o garantías constitucionales; sin embargo si la autoridad judicial conocedora del acto vulneratorio de derechos y garantías no reconduce el procedimiento y lo convalida, se deslinda la responsabilidad del funcionario subalterno´; ahora bien, este Tribunal considera que el entendimiento asumido en ambas Sentencias Constitucionales citadas, no guarda coherencia con el razonamiento plenamente fundamentado contenido en la presente Sentencia subalternos tienen legitimación pasiva, cuando incurran en excesos que impliquen contradicción o alteración de las determinaciones de las autoridades jurisdiccionales, o sus actos u omisiones relacionados a sus deberes, contribuyan o lesionen directamente derechos fundamentales.
Finalmente, modificando los entendimiento descritos anteriormente, la SCP 0427/2015-S2, dentro de una acción de libertad, definió que los servidores de apoyo jurisdiccional cuentan con legitimación pasiva para ser demandados, entendiendo que el acto lesivo puede derivar de actuaciones meramente administrativas como el incumplimiento de plazos para la remisión de antecedentes al superior en grado, la falta o inoportuna notificación a las partes, tratándose en especial de audiencias de consideración de medidas cautelares y otras obligaciones; empero, la autoridad judicial por las facultades de supervisión que ejerce sobre este personal, no deja de asumir responsabilidad del juzgado.
Identificado el objeto procesal en el presente caso, que converge en la dilación indebida en la que hubiere incurrido la Auxiliar de la Sala Penal Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, ahora demandada, quién desde la fecha en la que se celebró la audiencia de apelación incidental -26 de junio de 2023-, hasta la presentación de esta acción de libertad -28 de julio de igual año-, no devolvió antecedentes al Juzgado de origen, impidiendo se resuelva su solicitud de someterse a procedimiento abreviado; omisión que, vulneró sus derechos a una justicia Constitucional Plurinacional, puesto que conforme a la explicación realizada, la presente acción constitucional puede ser dirigida incluso contra particulares, entonces, con mayor razón podrá ser dirigida contra funcionarios de apoyo judicial o incluso de orden administrativos, pues a partir del momento en que las leyes les imponen deberes, y particularmente la Ley del Órgano Judicial en el caso de los funcionarios de apoyo judicial, son sujetos de responsabilidad por el incumplimiento de esos deberes, tal es así, que pueden ser objeto incluso de responsabilidad administrativa, civil o penal; consecuentemente, con mayor razón serán responsables, y por tanto, tendrán legitimación pasiva para ser demandados por esta vía, cuando sus actos u omisiones relacionados a sus deberes contribuyan o lesionen directamente derechos fundamentales de las personas, siendo así, no se puede concebir el razonamiento expuestos en dichas Sentencias que liberan de responsabilidad al funcionario de apoyo judicial, para cargar la misma únicamente sobre el juzgador cuando éste no reconduce el procedimiento y lo convalida, puesto que, si el incumplimiento de los deberes y funciones del personal de apoyo, no es reconducido por el juez, corresponderá establecer responsabilidad en relación a ambos funcionarios; es decir, el juez y el personal de apoyo judicial, cuyos actos u omisiones merezcan reproche en la vía constitucional.
En base a los fundamentos supra expuestos, el entendimiento generado en el presente acápite implica cambio de línea jurisprudencial en relación a los razonamientos asumidos en las SSCC 0332/2010-R de 17 de junio y 1279/2011-R de 26 de septiembre, en las que se estableció que los servidores de apoyo judicial no tiene legitimación pasiva para ser demandados en las acciones de defensa”. 7El FJ III. 3, señaló que: “…si la vulneración de los derechos tutelados por la presente acción de defensa emerge del incumplimiento o la inobservancia de las funciones y obligaciones conferidas al personal de apoyo jurisdiccional en los preceptos legales procedentemente referidos o del incumplimiento de las instrucciones u órdenes impartidas por el superior en grado, dicho servidor público adquiere la legitimación pasiva por lo que es plenamente viable dirigir la demanda contra ése funcionario, hasta establecer su responsabilidad si corresponde; habida cuenta que, el acto ilegal no es necesariamente el resultado del ejercicio de la función puramente jurisdiccional, sino que, las omisiones de carácter administrativo como: la falta o inoportuna elaboración del cuadernillo de apelación, el incumplimiento de plazos para la remisión de antecedentes al superior en grado, la falta o la inoportuna elaboración de actas, la falta o inoportuna notificación a las partes, tratándose en especial de audiencias de consideración de medidas cautelares, en fin, la inobservancia de las labores y obligaciones encomendadas al personal de apoyo, tiene la capacidad de repercutir negativamente en el ejercicio de los derechos fundamentales y garantías constitucionales del justiciable…” (las negrillas son nuestras).
pronta, oportuna y sin dilaciones; y, al principio de celeridad vinculados a su libertad. Previo a ingresar al análisis de la problemática planteada, resulta necesario verificar en primer término, si la Auxiliar de la Sala Penal Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, cuenta con legitimación pasiva para ser demandada en la presente acción. Con relación a la legitimación pasiva de los servidores de apoyo jurisdiccional, la jurisprudencia estableció que cuentan con la misma, los funcionarios subalternos, cuando el acto lesivo denunciado emerge de sus actuaciones administrativas, entre ellas, el incumplimiento de plazos en la remisión de antecedentes ante la instancia de apelación, como en la devolución de antecedentes a los jueces o tribunales de origen. En el caso analizado, la demandada se le atribuye la dilación en la devolución oportuna de antecedentes ante el Juzgado a quo, actuación de carácter administrativo que incidió directamente en la tramitación del proceso; y, en la definición de la situación jurídica del impetrante de tutela; quien además, se encuentra privado de su libertad. En ese sentido, si bien la jurisprudencia constitucional referida en el Fundamento Jurídico III.3 de este fallo constitucional, ha establecido como regla general que el personal subalterno del Órgano Judicial carece de legitimación pasiva por no ejercer funciones jurisdiccionales ni contar con poder de decisión, también ha reconocido, de manera expresa, que dicho personal sí cuenta con legitimación pasiva cuando el acto lesivo deriva del incumplimiento de deberes administrativos, como la remisión de actuados dentro de los plazos legales, en especial cuando esta omisión genera dilación indebida y afecta derechos fundamentales, como la libertad personal. Bajo ese entendimiento, y atendiendo a que el incumplimiento atribuido no se vincula con una orden jurisdiccional, sino con una obligación funcional propia, se configura la excepción jurisprudencial que habilita la legitimación pasiva de la demandada; por lo tanto, corresponde a continuación, ingresar al análisis de fondo de lo reclamado, a efectos de verificar si en efecto, se lesionaron los derechos del accionante.
En ese orden, conforme al entendimiento desarrollado en el Fundamento Jurídico III.1 precedente, se establece que toda autoridad judicial o administrativa, así como los funcionarios subalternos que tengan bajo su control, un cuaderno procesal del cual dependa la definición de la situación jurídica de un privado de libertad, tienen el deber ineludible de tramitar su remisión; así como, proceder a su devolución con la mayor celeridad posible.
A lo que se suma, lo desarrollado en el Fundamento Jurídico III.2 del presente fallo, el cual reconoce que la dilación indebida y la inobservancia del principio de celeridad pueden ser reclamadas a través de la acción de libertad cuando inciden de manera directa en la restricción de la libertad, siendo exigible por ello, al Tribunal de alzada no solo dictar la resolución del recurso dentro del plazo legal, sino también, la devolución del expediente, el acta y la resolución correspondiente al Juzgado de Instrucción Penal, Anticorrupción y contra la Violencia hacia las Mujeres dentro del plazo máximo de veinticuatro horas.
En la especie, de lo señalado por las partes procesales, se tiene que la audiencia de apelación incidental fue celebrada ante el Tribunal de alzada, el 26 de junio de 2023, en tanto que la devolución del legajo procesal, se efectuó recién el 27 de julio del mismo año, evidenciándose una dilación superior a treinta días en la devolución del expediente; y si bien, en el libro de altas y bajas, se constata que el cuaderno jurisdiccional fue devuelto un día antes de la interposición de la presente acción tutelar, tal circunstancia no desvirtúa la dilación injustificada previamente producida, pues la demora prolongada en la restitución del expediente impidió la prosecución oportuna del trámite, dada la declaración del accionante de someterse a un procedimiento abreviado. En ese contexto, corresponde precisar que la presente acción de libertad reviste de carácter innovativo; dado que, aun cuando la actuación omisiva de la demandada cesó antes de su interposición, sin embargo, subsiste la necesidad de emitir un pronunciamiento respecto a la vulneración ocasionada, a fin de restablecer el derecho lesionado y evitar su reiteración, configurándose así la transgresión del principio de celeridad con relevancia constitucional.
En consecuencia, el Juez de garantías al denegar la tutela impetrada, no obró de forma correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución 35/2023 de 28 de julio, cursante de fs. 12 a 13, pronunciada por el Juez de Sentencia Penal Primero de la Capital del Departamento de la Paz; y en consecuencia, CONCEDER la tutela impetrada en la modalidad innovativa, respecto a la demandada, por haber incurrido en dilación injustificada; exhortándole a que no vuelva a incurrir en los actos condenados en este fallo constitucional; más aún cuando de por medio, se encuentre vinculado con la libertad de los sujetos procesales.
Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Ángel Edson Dávalos Rojas
MAGISTRADO
Paola Verónica Prudencio Candia
MAGISTRADA
1 El Cuarto Considerando: señala: “…Por consiguiente, la demandada carece de legitimación pasiva, calidad que se adquiere por la coincidencia que se da entre la autoridad que presuntamente causó la violación a los derechos y aquélla contra quien se dirige la acción…”. 2El FJ III.3, indica: “En el caso que se analiza, se tienen dos normas referidas al ámbito de protección de la acción de libertad -antes recurso de hábeas corpus: La Constitución abrogada y la interpretación constitucional, que establecía que el recurso no procedía respecto a particulares, y la Constitución vigente que amplía la protección respecto con relación a particulares. Ahora bien, indudablemente que la norma que es más favorable al sistema de derechos fundamentales, es la contenida en la Constitución vigente, pues así se reconoce la eficacia horizontal de los derechos fundamentales…”. 3El FJ III.3, establece: “…los alcances y la naturaleza de la legitimación pasiva, que se encuentra en la autoridad o persona particular que incurrió en el acto ilegal o la omisión indebida y de cuya acción u omisión se advierta la vulneración del derecho a la vida, a la libertad física y de locomoción. En ese sentido, para la procedencia de la acción de libertad es imprescindible que esté dirigida contra el sujeto que cometió el acto ilegal o la omisión indebida, o contra la autoridad que impartió o ejecutó la orden que dio lugar a la persecución, aprehensión, detención, procesamiento o apresamiento indebidos o ilegales; en concreto es la coincidencia que se da entre la autoridad o persona particular que presuntamente causó la vulneración a los derechos enunciados y aquélla contra quien se dirige la acción, ahora bien, la inconcurrencia de este presupuesto neutraliza la acción tutelar e impide a este Tribunal ingresar al análisis de fondo de los hechos denunciados”.
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_1606_2025-S3.pdf · páginas 1 a 11.
Huella digital del PDF (SHA-256): 487a0c6555f0913f57089ac1795ee9512fffba0e15d52fa38fd20f4a17b1b4eb
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