Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Tercera · 25 de noviembre de 2025
Concede la tutela
El accionante denuncia la lesión su derecho a una justicia pronta, oportuna y sin dilaciones; toda vez que el Secretario demandado, incurre en dilación indebida al exigirle que, previamente a expedir el mandamiento de libertad, acredite un domicilio, incumpliendo de esta manera lo dispuesto mediante la Resolución 224/2023, que dispuso su libertad inmediata.
En consecuencia, corresponde en revisión determinar si tales argumentos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela impetrada.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y los arts. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución 198/2023 de 13 de julio, cursante de fs. 50 a 51 vta., pronunciada por el Juez de Sentencia Anticorrupción Primero de la Capital del departamento de La Paz; y, en consecuencia: 1° CONCEDER la tutela impetrada, conforme a los Fundamentos Jurídicos de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. 2° Exhortar al demandado Rubén Osvaldo Mamani Condori, Secretario del Juzgado de Instrucción Penal Sexto de la Capital del departamento de La Paz, a cumplir debidamente y con celeridad las órdenes judiciales que ordenan la libertad de los encausados y todas las que emanen de la autoridad judicial, si como el cumplimiento diligente de sus funciones, bajo apercibimiento de que en caso de reiterarse esta conducta se remitirá antecedentes al Consejo de la Magistratura.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1593/2025-S3 Sucre, 25 de noviembre de 2025 SALA TERCERA Magistrado Relator: Ángel Edson Dávalos Rojas Acción de libertad Expediente: 56947-2023-114-AL Departamento: La Paz En revisión la Resolución 198/2023 de 13 de julio, cursante de fs. 50 a 51 vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Arminda Paulina Lascano López en representación sin mandato de José Luis Montenegro Montenegro contra Rubén Osvaldo Mamani Condori, Secretario del Juzgado de Instrucción Penal Sexto de la Capital del departamento de La Paz.
Por memorial presentado el 12 de julio de 2023, cursante a fs. 2 a 3 vta., el accionante, a través de su representante sin mandato, manifestó lo siguiente:
Desde el 13 de junio de 2023, se encuentra aprehendido en celdas de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) de La Paz, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público a instancia de Fany Antonia Copana Quispe, por el delito de robo. Una vez que se produjo su aprehensión mediante una acción directa y que fue puesto a disposición del Juez de Instrucción Penal Sexto de la Capital del departamento de La Paz, se llevó a cabo la audiencia de medidas cautelares el 16 de junio de 2023; en la cual, por Auto Interlocutorio 200/2023 de misma fecha, la autoridad judicial, dispuso las medidas cautelares de detención domiciliaria, la presentación de un garante personal y otras condiciones que debían ser cumplidas una vez se encuentre libre, entre las que se encontraba la presentación de fianza de una persona y la acreditación de domicilio. Ante la imposibilidad de presentar un garante ni contar con apoyo familiar no se pudo efectivizar la detención domiciliaria; por lo cual, el 28 de junio de 2023, solicitó la modificación de las medidas cautelares, adjuntando el Informe Social SEPDEP-T.S.-H.I.H. 60/2023 de 27 de junio, que da constancias de las dificultades personales que atravesaba. Dicho pedido fue resuelto a través del Resolución 224/2023 de 7 de julio, determinando la modificación de las medidas con relación a la detención domiciliaria, y que esto debería ser demostrado una vez se disponga su libertad, ya que no se le podía tener más tiempo en celdas, además de modificar la fianza personal por una juratoria que debía prestar al día después de ser puesto en libertad; y, otras medidas que persistieron, otorgándole el plazo de tres días para su cumplimiento, disponiendo su libertad inmediata. Sin embargo, hasta el presente no se emitió el mandamiento de libertad, incumpliendo lo ordenado por el señalado Juez; puesto que cuando se apersonó la pasante Sara Flores al Juzgado el 11 de julio del 2023, a objeto de corroborar la emisión del mandamiento de libertad dispuesto por la Resolución 224/2023; no existía dicho mandamiento de libertad; y ante el reclamo efectuado, le respondieron que previamente se debe cumplir con la acreditación domiciliaria, aspecto que ya fue resuelto, además que se adjuntó la documentación pertinente en la solicitud de modificación de medidas cautelares, pues si el caso ameritara no tendría sentido la solicitud realizada y lo dispuesto por el Juez mencionado, haciendo viable la interposición de la acción de libertad traslativa o de pronto despacho en contra del Secretario del mismo Juzgado.
Denunció la lesión de sus derechos a una justicia pronta, oportuna y sin dilaciones, citando al efecto los arts. 24 y 115 de la Constitución Política del Estado (CPE); y, 8 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos (CADH).
No formuló petitorio expreso.
Celebrada la audiencia pública el 13 de julio de 2023, según consta en el acta cursante de fs. 48 a 49, se produjeron los siguientes actuados:
El solicitante de tutela por intermedio de su representante sin mandato ratificó los argumentos expuestos en su memorial de la presente acción de defensa y ampliando, como petitorio solicitó la inmediata extensión del mandamiento de libertad.
Rubén Osvaldo Mamani Condori, Secretario del Juzgado de Instrucción Penal Sexto de la Capital del departamento de La Paz, en audiencia explicó que en el cuaderno de control jurisdiccional cursa el mandamiento de libertad ya diligenciado el 11 de julio de 2023 con sello de la FELCC y la fianza juratoria, a pesar que hasta el día de hoy no se cumplieron con las demás medidas cautelares dispuestas, además de que la representante sin mandato del accionante, en calidad de defensora pública, hasta el día de hoy no se apersonó para hacer cumplir lo dispuesto, limitándose a mandar pasantes, correspondiendo se deniegue la tutela.
El Juez de Sentencia Anticorrupción Primero de la Capital del departamento de La Paz, constituido en Juez de garantías, a través de la Resolución 198/2023 de 13 de julio de 2023, cursante a fs. 50 a 51 vta., denegó la tutela solicitada y exhorto a la representante sin mandato del accionante a realizar un seguimiento diligente a las causas que asiste, evitando la formulación de acciones de defensa sobre circunstancias que ya tienen una actuación y de esa forma evitar el dispendio jurisdiccional, y de advertirse la persistencia de la conducta, que se hará conocer a la Máxima Autoridad Ejecutiva (MAE) del Servicio Plurinacional de Defensa Pública (SEPDEP) con fines disciplinarios; todo esto con los siguientes motivos y fundamentos: a) De los antecedentes se observa que el 11 de julio de 2023, el impetrante de tutela solicitó la expedición del mandamiento de libertad, mereciendo el decreto de 11 la misma fecha, señalando la existencia de la Resolución 224/2023; b) Cursa el mandamiento de libertad con sello de recepción de la FELCC de 11 igual fecha, a horas 18:30, así como un acta de fianza juratoria, pudiéndose advertir que lo pretendido en la acción de libertad ya fue cumplido, lo que denota que el solicitante de tutela ya se encuentra en libertad para suscribir dicha acta, lo cual ya fue cumplido; y, c) Llama la atención la interposición innecesaria de esta acción de defensa el 12 de julio de 2023, dado que la atención de la defensa pública debe ser directa y con la debida diligencia, pues no se consultó y no verificó las circunstancias acontecidas respecto a su representado.
De la revisión de antecedentes, que cursan en el expediente se establece lo siguiente:
II.1. Consta Resolución 200/2023 de 16 de junio, emitida por el Juez de Instrucción Penal Sexto de la Capital del departamento de La Paz, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público contra José Luís Montenegro Montenegro -ahora accionante- por el delito de robo, resolvió la aplicación de varias medidas cautelares, entre las que se encontraba su detención domiciliaria en un domicilio que pueda acreditar, debiendo dicho Juzgado realizar previamente la verificación (fs. 20 a 21 vta.). II.2. Se tiene Resolución 224/2023 de 7 de julio, emitida por el Juez de Instrucción Penal Sexto de la Capital del departamento de La Paz, modificando las medidas cautelares impuestas al accionante, disponiendo entre otras, la fianza juratoria una vez sea puesto en libertad y su detención domiciliaria para que solamente se ofrezca un domicilio donde se lo pueda encontrar, haciendo un croquis y que el personal del mismo Juzgado pueda constatar su existencia (fs. 26 a 27). II.3. Cursa memorial presentado el 11 de julio de 2023, mediante el cual el impetrante de tutela pide con urgencia se extienda el mandamiento de libertad en cumplimiento de la Resolución 224/2023, indicando que el 28 de junio del mismo año, ya adjuntó documentación en originales para acreditar un domicilio, siendo contradictorio que se le exija nuevamente este extremo (fs. 28). II.4. Mediante decreto de 11 de julio de 2023, el Juez de Instrucción Penal Sexto de la Capital del departamento de La Paz, dispuso que el solicitante de tutela este a la Resolución 224/2023 (fs. 29). II.5. Se tiene mandamiento de libertad de 7 de julio de 2023, emitido por dicho Juez a favor del accionante, dirigido al encargado de celdas de la FELCC de la Capital del departamento de La Paz, conforme se tiene ordenado por la Resolución 224/2023, con cargo de recepción de 11 de julio de 2023, a horas 18:30 (fs. 30). II.6. Consta Acta de Fianza Juratoria por parte del accionante ante el mencionado Juzgado, quien se comprometió a cumplir las medidas cautelares dispuestas en la Resolución 224/2023 (fs. 31 y vta.).
El accionante denuncia la lesión su derecho a una justicia pronta, oportuna y sin dilaciones; toda vez que el Secretario demandado, incurre en dilación indebida al exigirle que, previamente a expedir el mandamiento de libertad, acredite un domicilio, incumpliendo de esta manera lo dispuesto mediante la Resolución 224/2023, que dispuso su libertad inmediata.
En consecuencia, corresponde en revisión determinar si tales argumentos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela impetrada.
La SCP 2491/2012 de 3 de diciembre, sobre la base de la SC 0327/2004-R de 8 de junio, recoge el estándar alto de protección respecto a la posibilidad de presentar la acción de libertad, aun hubiere cesado el acto ilegal en cualquiera de las modalidades protectivas de este mecanismo de defensa; es decir, la amenaza al derecho a la vida, la privación de libertad, la persecución indebida, o en su caso, el indebido procesamiento vinculado con el derecho a la libertad física o personal. Al respecto, el Fundamento Jurídico III.1, de la citada Sentencia establece:
[D]e acuerdo a la nueva coyuntura constitucional imperante desde febrero de 2009, nuestro país atraviesa un proceso de constitucionalización en sus instituciones jurídicas y políticas. No se encuentra al margen la justicia constitucional, que acoge parámetros interpretativos y de amparo más garantistas y favorables a la protección de los derechos y de los derechos humanos. En ese sentido, la interpretación que debe hacerse respecto del art. 125 constitucional, no debe recorrer un camino restrictivo, en el sentido de que únicamente la acción de libertad pueda ser interpuesta cuando la persona se encuentre privada de libertad, pues partiendo de un criterio amplio y garantista como se tiene anotado, este mecanismo puede operar cuando efectivamente ha cesado la vulneración al derecho protegido. Este criterio se justifica, al análisis de lo dispuesto por el art. 256 de la CPE, que de forma expresa reconoce criterios de interpretación más favorables que los contenidos en nuestra propia Ley Fundamental y que se encuentran contenidos en los Tratados Internacionales de Derechos Humanos. Recogiendo el sentido finalista de protección de la acción de libertad innovativa, la SCP 0266/2018-S2 de 25 de junio, sentencia sistematizadora de línea, concluyó lo siguiente:
[E]fectivamente, debe señalarse que la acción de libertad innovativa, radica fundamentalmente, en que todo acto contrario al régimen constitucional, que implique desconocimiento o comprometa la eficacia de los derechos tutelados por esta garantía jurisdiccional, debe ser repudiado por la justicia constitucional. Así, el propósito fundamental de la acción de libertad innovativa, es evitar que en el futuro se repitan y reproduzcan los actos contrarios a la eficacia y vigencia de los derechos a la vida, la libertad física y de locomoción. En ese sentido, no se protegen únicamente los derechos de la persona que interpuso la acción de libertad; sino, su vocación principal es que en lo sucesivo, no se repitan las acciones cuestionadas de ilegales; en razón a que como lo entendió la jurisprudencia constitucional, la acción de libertad se activa no simplemente para proteger derechos desde una óptica subjetiva, sino también, desde una dimensión objetiva, evitando que se reiteren aquellas conductas que lesionan los derechos que se encuentran dentro del ámbito de su protección y que fundamentan todo el orden constitucional. […] Conforme al espíritu de esta línea jurisprudencial, la figura de la acción de libertad innovativa, debe ser entendida como el mecanismo procesal, por el cual, el juez constitucional asume un rol fundamental para la protección del derecho a la libertad personal, así como de los derechos a la vida, integridad física, debido proceso y libertad de locomoción; pues, si bien pueden haber cesado las vulneraciones a dichos derechos, empero, la ilegalidad fue consumada; por ello, a efecto de determinar la responsabilidad del caso y contribuir con la política criminal de prevención, corresponderá pronunciarse en el fondo de la problemática planteada, a efectos de determinar la responsabilidad de las autoridades, la comunidad o persona particular, cuya conducta sea contraria al orden constitucional y evitar futuras lesiones de derechos fundamentales y garantías constitucionales.
La Constitución Política del Estado, reconoce la inviolabilidad del derecho a la libertad dentro del catálogo de los derechos civiles y políticos; lo que trae como corolario, la obligación para el Estado de protegerlo por su vital importancia en el desarrollo de la personalidad; y al ser un valor inspirador del orden social y jurídico sirve de sustento a la construcción y vigencia del modelo de Estado Unitario Social de Derecho Plurinacional. Una de las dimensiones en las que se manifiesta este derecho, es la libertad física, reconocido en el art. 23 de CPE, que establece:
I. Toda persona tiene derecho a la libertad y seguridad personal. La libertad personal sólo podrá ser restringida en los límites señalados por la ley, para asegurar el descubrimiento de la verdad histórica en la actuación de las instancias jurisdiccionales (…) III. Nadie podrá ser detenido, aprehendido o privado de su libertad, salvo en los casos y según las formas establecidas por la ley (…)
De estas disposiciones se puede extraer, que el sistema jurídico y político boliviano, instituyó la reserva legal como garantía de este derecho; es decir, que de acuerdo a la voluntad del constituyente, es el legislador quien se halla facultado para limitar el ejercicio del mismo; de igual modo, otorgó a la persona garantías jurisdiccionales para el resguardo de dicho derecho, entre las que se halla la acción de libertad, configurada como un mecanismo de defensa para lograr su protección, en caso de ser restringido u amenazado de restricción; así lo establece el art. 125 de la CPE:
Toda persona que considere que su vida está en peligro, que es ilegalmente perseguida, o que es indebidamente procesada o privada de libertad personal, podrá interponer Acción de Libertad y acudir, de manera oral o escrita, por sí o por cualquiera a su nombre y sin ninguna formalidad procesal, ante cualquier juez o tribunal competente en materia penal, y solicitará que se guarde tutela a su vida, cese la persecución indebida, se restablezcan las formalidades legales o se restituya su derecho a la libertad.
Ahora bien, a partir de la clasificación del entonces hábeas corpus -ahora acción de libertad-, desarrollada por la SC 1579/2004-R de 1 de octubre y la SC 0044/2010-R de 20 de abril, se hizo alusión al hábeas corpus traslativo o de pronto despacho, amplió los tipos de hábeas corpus, haciendo referencia al hábeas corpus restringido, al instructivo y al traslativo o de pronto despacho, precisando que a través de este último “…lo que se busca es acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas para resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad” (las negrillas nos corresponden).
Bajo ese razonamiento, toda autoridad sea judicial o administrativa que conozca una solicitud que incida en el derecho a la libertad física de quien se halle privado de su ejercicio, tiene el deber de tramitarla con la mayor celeridad posible; por cuanto, la lesión de este derecho está en la 3 El FJ III.1, señala: “Del texto constitucional y legal referidos, se extrae que en el sentido de la Constitución, el recurso de hábeas corpus por violaciones a la libertad individual y /o locomoción, puede ser reparador si ataca una lesión ya consumada, preventivo si procura impedir una lesión a producirse o correctivo si intenta evitar que se agraven las condiciones en que se mantiene a una persona detenida”. 4 El FJ III.5, establece: “…se debe hacer referencia al hábeas corpus traslativo o de pronto despacho, a través del cual lo que se busca es acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas, para resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad. Este tipo de hábeas corpus, implícito en el art. 125 de la CPE, emerge directamente del art. 89 de la LTC, que establece que, también procede el hábeas corpus cuando se aleguen “…otras violaciones que tengan relación con la libertad personal en cualquiera de sus formas, y los hechos fueron conexos con el acto motivante del recurso, por constituir su causa o finalidad…”, e implícitamente fue reconocido por la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, cuando tuteló los supuestos de demora en la celebración de la audiencia de medidas cautelares (SSCC 1109/2004-R, 1921/2004-R),o cuando existieron notificaciones ilegales con las resoluciones de medidas cautelares que lesionan el derecho a la defensa, concretamente el derecho a recurrir, impidiendo que el tribunal superior revise la resolución del inferior (SC 826/2004-R)…”.
demora o dilación indebida al resolver o atender una solicitud para la definición jurídica de los derechos del imputado o imputada, lo que no significa que deba dar curso a la solicitud en forma positiva; ya que, el resultado dependerá de las circunstancias del caso y la valoración que realice el juez del acervo normativo que se produzca, conforme a la normativa legal; por cuanto, la lesión del derecho a la libertad física está en la demora o dilación indebida, al resolver o atender una solicitud; que más bien, debería ser efectuada con la debida celeridad. La sistematización precedentemente glosada fue desarrollada en la Sentencia Constitucional Plurinacional 0032/2019-S2 de 25 de marzo, entre otras.
El accionante denuncia la lesión su derecho a una justicia pronta, oportuna y sin dilaciones; toda vez que el Secretario demandado, incurre en dilación indebida al exigirle que, previamente a expedir el mandamiento de libertad, acredite un domicilio, incumpliendo de esta manera lo dispuesto mediante Resolución 224/2023, que dispuso su libertad inmediata. Si bien es cierto que, de acuerdo a los antecedentes, se advierte que se ha expedido el mandamiento de libertad, con fecha de libramiento 7 de julio de 2023, el cual fue ejecutado a horas 18:30 del de 11 de julio de 2023 (Conclusión II.5); es decir que, al momento de interponerse esta acción de tutela, que data del 12 del mismo mes y año, ya había desaparecido el acto lesivo denunciado en la presente acción libertad; empero, en el marco del entendimiento establecido por la jurisprudencia constitucional citada en el Fundamento Jurídico III.1 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, corresponde ingresar al examen de fondo, puesto que la acción de libertad en su modalidad innovativa, se activa no solamente para la protección de los derechos desde una óptica subjetiva, sino también, desde una dimensión objetiva, para evitar que se reiteren aquellas conductas que lesionan los derechos protegidos a través de la acción de libertad; consecuentemente, no obstante de que ya cesó la vulneración del derecho, al haberse ya consumado la ilegalidad, a efecto de determinar la responsabilidad del caso, corresponde el pronunciamiento de fondo. En dicho cometido, de la revisión de los documentos cursantes en el expediente constitucional, se advierte que dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público contra el impetrante de tutela, por la supuesta comisión del delito de robo, mediante Auto Interlocutorio 200/2023, el Juez de Instrucción Penal Sexto de la Capital del departamento de La Paz, impuso medidas cautelares contra el peticionante de tutela, entre otras, la detención domiciliaria y fianza económica (Conclusión II.1.). En razón a que el imputado, hoy accionante, no pudo cumplir las mismas, a su pedido, por Resolución 224/2023, la mencionada autoridad judicial, modificó las medidas cautelares, disponiendo que el imputado José Luis Montenegro Montenegro, hoy accionante, cumpla con su presentación ante el Ministerio Público; la prohibición de concurrir al mercado Lanza; la prohibición de acercarse a la víctima o alguno de sus familiares; la prohibición de comunicarse con la víctima; la firma de registro de garantías unilaterales a favor de la víctima y sus familiares; la presentación de fianza juratoria una vez puesto en libertad; el ofrecimiento de un domicilio donde se lo pueda encontrar, debiendo hacerse un croquis y se pueda constatar por algún personal del Juzgado la existencia del domicilio; asimismo dispuso que estas medidas cautelares tienen que ser cumplidas en el plazo de noventa y seis horas por ser todas sujetas a cumplimiento en libertad, y “…DISPONE LA LIBERTAD del mismo sin mayor trámite…” (Conclusión II.2.). Posteriormente, el solicitante de tutela presentó un memorial el 11 de julio de 2023, solicitando se extienda el mandamiento de libertad en cumplimiento de la Resolución 224/2023 e indicando que al solicitar la modificación de las medidas cautelares ya acreditó un domicilio, adjuntando documentación en originales, siendo contradictorio que se le exija cumplir dicho extremo nuevamente (Conclusión II.3.). En respuesta a ese pedido, el mencionado Juez pronunció el decreto de 11 de julio de 2023, disponiendo que se esté la Resolución 224/2023 (Conclusión II.4.). Así mismo se advierte la expedición del mandamiento de libertad a favor del peticionante de tutela con fecha de libramiento de 7 de julio de 2023, el cual fue ejecutado el 11 de julio de 2023, a horas 18:30 (Conclusión II.5.). Por otra parte, conforme se desarrolla en el Fundamento Jurídico III.4 de éste fallo constitucional, en mérito al precedente constitucional referido a la presunción de la veracidad de los hechos afirmados por el accionante cuando el funcionario público demandado no niega ni desvirtúa tales hechos, se tiene por cierto que el Secretario demandado exigió que previamente se proceda a la verificación de domicilio del imputado antes de emitir el mandamiento de libertad y que ya se había adjuntado la documentación pertinente en el memorial de 28 de julio del 2023, puesto que tales afirmaciones no han sido negadas y menos aún desvirtuadas por dicho demandado en su informe prestado en audiencia de consideración de esta acción de tutela. Ahora bien, de la relación de actuados procesales efectuada, se advierte que no obstante de que el Juez de Instrucción Penal Sexto de la Capital del departamento de La Paz, mediante Resolución 224/2023, dispuso que el imputado José Luis Montenegro Montenegro, hoy accionante, sea puesto en libertad sin mayor trámite; es decir, de forma inmediata, dicha determinación ha sido cumplida recién el 11 del mismo mes y año; al cuarto día de haberse asumido dicha determinación. Ello implica que el Secretario demandado ha incumplido con la orden judicial que dispuso la inmediata libertad del imputado -hoy accionante-, puesto que la expedición del mandamiento respectivo no se hallaba supeditada a ningún trámite previo, ya que, en la mencionada Resolución, la propia autoridad judicial, aclaró que todas las medidas -cautelares- estaban sujetas a su cumplimiento en libertad, por lo cual dispuso su libertad sin mayor trámite. Dicho incumplimiento hace que el mencionado funcionario, adquiera legitimación pasiva en esta acción de tutela, puesto que conforme establece la jurisprudencia constitucional citada en el Fundamento Jurídico III.3 de este fallo constitucional, el personal subalterno adquiere legitimación pasiva, entre otras circunstancias, cuando la vulneración de los derechos se produce por el incumplimiento de las instrucciones u órdenes impartidas por el superior en grado. Toda vez que, con dicho incumplimiento ha provocado la dilación en la materialización de la libertad personal del peticionante de tutela, evidentemente, ha vulnerado el derecho a una justicia pronta, oportuna y sin dilaciones, que corresponde tutelar a través de la acción de libertad de pronto despacho, en el marco del entendimiento jurisprudencial citado en el Fundamento Jurídico III.2 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, razón por la cual corresponde conceder la tutela solicitada. En consecuencia, el Juez de garantías, al denegar la tutela solicitada, no obró de forma correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y los arts. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución 198/2023 de 13 de julio, cursante de fs. 50 a 51 vta., pronunciada por el Juez de Sentencia Anticorrupción Primero de la Capital del departamento de La Paz; y, en consecuencia: 1° CONCEDER la tutela impetrada, conforme a los Fundamentos Jurídicos de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. 2° Exhortar al demandado Rubén Osvaldo Mamani Condori, Secretario del Juzgado de Instrucción Penal Sexto de la Capital del departamento de La Paz, a cumplir debidamente y con celeridad las órdenes judiciales que ordenan la libertad de los encausados y todas las que emanen de la autoridad judicial, si como el cumplimiento diligente de sus funciones, bajo apercibimiento de que en caso de reiterarse esta conducta se remitirá antecedentes al Consejo de la Magistratura. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Ángel Edson Dávalos Rojas
MAGISTRADO
Paola Verónica Prudencio Candia MAGISTRADA
1 En el Fundamento Jurídico III.1 de la citada Sentencia se expone el desarrollo completo de la línea jurisprudencial sobre la acción de libertad innovativa. Así también el Fundamento Jurídico III.2 de la SCP 1021/2019-S2 de 22 de noviembre.
2 El art. 8.II de la CPE, dispone: “El Estado se sustenta en los valores de unidad, igualdad, inclusión, dignidad, libertad…”.
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_1593_2025-S3.pdf · páginas 1 a 11.
Huella digital del PDF (SHA-256): 37825a44c1d1a96a648e7b20c5192f7375e41444fd276a16b3834c3e4da97cc1
La jurisprudencia puede ser modulada o cambiada por fallos posteriores: antes de citarla en un escrito, verificá que siga vigente. Esta página reproduce una resolución judicial pública; no es asesoramiento legal.
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