Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Primera Especializada · 3 de agosto de 2026
Concede la tutela
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 007/2024 de 1 de marzo, cursante de fs. 22 a 26 vta., pronunciada por la Jueza de Partido del Trabajo y Seguridad Social y Sentencia Penal Primera de Montero del departamento de Santa Cruz, constituida en Jueza de garantías; y, en consecuencia, CONCEDER la tutela solicitada en los mismos términos que la Jueza de garantías; aclarando que en el presente caso no se dispone la libertad del accionante.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1588/2026-S1 Sucre, 3 de agosto de 2026 SALA PRIMERA ESPECIALIZADA Magistrada Relatora: Dra. Amalia Laura Villca Acción de libertad Expediente: 62478-2024-125-AL Departamento: Santa Cruz En revisión la Resolución 007/2024 de 1 de marzo, cursante de fs. 22 a 26 vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Renato Mendoza Llovio en representación sin mandato de Abel Condori Laruta contra Mary Ruth Guerra Martínez y Roger Gonzales Cardozo, Juez y Secretario del Juzgado de Instrucción Penal Primero de Warnes del departamento de Santa Cruz.
Por memorial presentado el 29 de febrero de 2024, cursante de fs. 1 a 4 vta., el accionante a través de su representante sin mandato, denunció la vulneración del debido proceso en sus elementos de acceso a la justicia, celeridad, derecho a la libertad, puesto que, en el proceso penal seguido en su contra por la presunta comisión del delito de violencia familiar o doméstica, encontrándose privado de libertad se presentó el requerimiento conclusivo de Acusación Fiscal; sin embargo, los accionados no remitieron el expediente procesal al Juzgado de Sentencia Penal Primero de Warnes del departamento de Santa Cruz para la prosecución del proceso y resolver su situación jurídica a través de alguna salida alternativa, habiendo transcurrido cinco meses y veintidós días. Por lo que solicitó, se remita el expediente procesal al Juzgado de Sentencia Penal Primero de Warnes del departamento de Santa Cruz en el plazo de veinticuatro horas a objeto de resolver las pretensiones que le franquea la Ley. Los accionados no presentaron informe escrito alguno, ni asistieron a la audiencia de garantías pese de su notificación de fs. 13 y 15. La Jueza de Partido del Trabajo y Seguridad Social y Sentencia Penal Primera de Montero del departamento de Santa Cruz, constituida en Jueza de garantías; mediante Resolución 007/2024 de 1 de marzo, cursante de fs. 22 a 26 vta., concedió la tutela solicitada, disponiendo la remisión de antecedentes de los accionados al Consejo de la Magistratura y que en el plazo de veinticuatro horas remitan el expediente a la Jueza de Sentencia Penal Primero de Warnes del departamento de Santa Cruz. En consecuencia, corresponde en revisión, determinar si tales argumentos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
En el marco del Plan Piloto de Descongestionamiento Procesal, este Tribunal Constitucional Plurinacional en reunión de Sala Plena de 14 de enero de 2026, estableció el uso del Formato Corto de Resolución, para todas las causas comprendidas en el citado Plan Piloto. Determinación ratificada posteriormente mediante Acuerdo Jurisdiccional de Sala Plena, TCP-SP 010/2026 de 17 de junio. Por lo que, el formato del presente fallo, se ajusta a lo precedentemente determinado.
El art. 115.II de la Constitución Política del Estado (CPE), instituye que: “El Estado garantiza el derecho al debido proceso, a la defensa y a una justicia plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones” (el resaltado es añadido); en ese entendido, se reconoce el principio de celeridad como un componente esencial del debido proceso, que tiene como premisa establecer que los trámites dentro de cualquier causa sea esta de índole judicial o administrativa se efectúen sin demoras innecesarias, en armonía con los arts. 178.I y 180.I de la Norma Suprema que instituyen de manera taxativa la aplicación del citado principio en la potestad de impartir justicia. Ahora bien en lo concerniente a la acción de libertad en su modalidad traslativa o de pronto despacho, la SC 0224/2004-R de 16 de febrero, sostuvo que: “…toda autoridad que conozca de una solicitud en la que se encuentre involucrado el derecho a la libertad física, tiene el deber de tramitarla con la mayor celeridad posible, o cuando menos dentro de los plazos razonables, pues de no hacerlo podría provocar una restricción indebida del citado derecho, lo que no significa, que siempre tendrá que otorgar o dar curso a la solicitud en forma positiva, pues esto dependerá de las circunstancias y las pruebas que se aporten en cada caso, dado que se reitera la lesión del derecho a la libertad física, está en la demora o dilación indebida de una solicitud de tal naturaleza…” (las negrillas nos pertenecen).
De los antecedentes traídos en revisión, el problema jurídico versa en razón de que, presentada la Acusación Fiscal los accionados no remitieron el expediente procesal al Juzgado de Sentencia Penal Primero de Warnes del departamento de Santa Cruz para la prosecución del proceso, habiendo transcurrido cinco meses y veintidós días. Con tales antecedentes debemos remitirnos al Fundamento Jurídico III.1 de este fallo constitucional, el cual señala que, toda autoridad que conozca y resuelva peticiones concernientes al derecho a la libertad física del accionante, debe tramitarla con la mayor celeridad posible, o cuando menos dentro de los plazos razonables a objeto de no incurrir en una restricción indebida del señalado derecho. Consiguientemente, en el caso de análisis, encontrándose presentada la Acusación Fiscal los accionados debieron remitir, el expediente procesal en el plazo de veinticuatro horas conforme lo dispone el art. 325 del Código de Procedimiento Penal (CPP); sin embargo, sin explicación alguna dentro de esta acción tutelar no cumplieron con tal disposición legal incurriendo en una excesiva e ilegal dilación, al no actuar con la debida celeridad tratándose de una persona que se encuentra privada de libertad conforme los razonamientos del señalado Fundamento Jurídico III.1, incurriendo en una dilación indebida que perjudica de sobremanera en el normal desarrollo del proceso penal del solicitante de tutela, razón por la cual corresponde conceder la tutela solicitada. En consecuencia, la Jueza de garantías, al conceder la tutela solicitada, obró de manera correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 007/2024 de 1 de marzo, cursante de fs. 22 a 26 vta., pronunciada por la Jueza de Partido del Trabajo y Seguridad Social y Sentencia Penal Primera de Montero del departamento de Santa Cruz, constituida en Jueza de garantías; y, en consecuencia, CONCEDER la tutela solicitada en los mismos términos que la Jueza de garantías; aclarando que en el presente caso no se dispone la libertad del accionante. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Fdo. Dra. Amalia Laura Villca
MAGISTRADA
Fdo. Ángel Edson Dávalos Rojas
MAGISTRADO
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_1588_2026-S1.pdf · páginas 1 a 4.
Huella digital del PDF (SHA-256): 663af1382b75f7399e6ef780cbacf0f49e8d2a35482abc7ddfd35d2ecda33adb
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