B.IA.LEGAL

SCP 1580/2025-S3

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Tercera · 25 de noviembre de 2025

Concede la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Tercera
Fecha
25 de noviembre de 2025
Acción
Acción de libertad
Magistrada relatora
Paola Verónica Prudencio Candia
Expediente
57760-2023-116-AL
Departamento
La Paz
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de libertad — traslativa / pronto despacho

Qué se discutió

La accionante denunció la vulneración de su derecho a la libertad; toda vez que, habría trascurrido más de un mes y diez días desde la emisión del decreto de 3 de julio de 2023, emitido por el Juzgado de Sentencia Penal de Partido de Trabajo y Seguridad Social de la localidad de Copacabana del departamento de La Paz, mediante el cual se dispuso la remisión de fotocopias legalizadas y la Sala Penal Segunda del Tribunal de Justicia del referido departamento, no dio cumplimiento a la determinación de remitir fotocopias legalizadas a ese Juzgado de origen. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución 041/2023 de 17 de agosto, cursante de fs. 11 a 13, pronunciada por el Juez de Sentencia Penal Décimo Sexto de la Capital del departamento de La Paz; y, en consecuencia: 1º CONCEDER la tutela solicitada, conforme a los fundamentos precedentes, exhortando al demandado que en un futuro actúe con la debida celeridad en aquellas cuestiones que involucren el derecho a la libertad de las personas. 2º Llamar severamente la atención al Secretario de Cámara de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, de acuerdo al Fundamento Jurídico III.3 de este fallo constitucional.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. De la acción de libertad traslativa o de pronto despacho
  2. III.2. La acción de libertad innovativa
  3. III.3. Análisis del caso concreto
  4. III.3. Otras consideraciones

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1580/2025-S3 Sucre, 25 de noviembre de 2025 SALA TERCERA Magistrada Relatora: Paola Verónica Prudencio Candia Acción de libertad Expediente: 57760-2023-116-AL Departamento: La Paz En revisión la Resolución 041/2023 de 17 de agosto, cursante de fs. 11 a 13, pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Vladimir Alexander Apaza Limachi en representación sin mandato de Eliana Guachalla Surco contra Yuri Jesús Gómez Pérez, Secretario de Cámara de la Sala Penal Segunda del Tribunal de Justicia del departamento de La Paz.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memorial presentado el 17 de agosto de 2023, cursante a fs. 1 y, 3 y vta., la accionante a través de su representante, expresó lo siguiente:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Se encuentra cumpliendo detención preventiva por la presunta comisión del delito de tráfico de sustancias controladas, en el Centro Penitenciario de Orientación Femenina de Obrajes de la ciudad de Nuestra Señora de La Paz; el 19 de octubre de 2022, interpuso recurso de apelación restringida contra la Sentencia 107/2023, emitida por el Juzgado de Sentencia Penal de Partido de Trabajo y Seguridad Social de la localidad de Copacabana del departamento de La Paz, remitiéndose en originales todo el cuaderno de control jurisdiccional ante la Sala Penal Segunda del Tribunal de Justicia del citado departamento. Mediante memorial de 29 de junio de 2023, solicitó que la Sala mencionada envíe fotocopias legalizadas del cuaderno original al referido Juzgado de Sentencia Penal de Copacabana, considerando que su defensa técnica solicitó la cesación de su detención preventiva, pronunciándose el decreto de 3 de julio de igual año; disponiendo esta remisión.

Denunció como vulnerado su derecho a la libertad; toda vez que, habría transcurrido más de un mes y diez días desde la emisión del decreto señalado y una vez apersonado su representante legal ante la mencionada Sala Penal, de forma reiterada los auxiliares y el Secretario de Sala, le manifestaron que todavía no se habrían enviado estas fotocopias legalizadas del cuaderno original al Juzgado de origen.

I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerado

Denunció como lesionado su derecho a la libertad, sin citar norma constitucional alguna.

I.1.3. Petitorio

Solicitó se conceda la tutela y se disponga que en el plazo de veinticuatro horas se remitan fotocopias legalizadas del cuaderno original al Juzgado de Sentencia Penal de Partido de Trabajo y Seguridad Social de la localidad de Copacabana del departamento de La Paz.

I.2. Audiencia y Resolución del Juez de garantías

Celebrada la audiencia pública virtual el 17 de agosto de 2023, según consta en acta cursante a fs. 10 y vta., se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación de la acción

La accionante mediante su representante sin mandato, ratificó la acción de libertad de manera íntegra, solicitando se le conceda la tutela

I.2.2. Informe del demandado

Yuri Jesús Gómez Pérez, Secretario de Cámara de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, mediante informe escrito presentado el 17 de agosto de 2023, cursante a fs. 9 y vta., señaló que: a) Se debe tener en cuenta que esta instancia no contaba con personal subalterno -auxiliar- y que éste recién fue posesionado el 15 de ese mes y año; b) Se puso en contacto con el personal de apoyo jurisdiccional del Juzgado de Sentencia Penal Partido de Trabajo y Seguridad Social de la localidad de Copacabana -Juzgado de origen- quien no se apersonó; y, c) En esa data -17 de agosto de 2023-, se remitió vía Presidencia actuados en fotocopias legalizadas, como se podría advertir en oficio adjunto.

I.2.3 Resolución

El Juez de Sentencia Penal Décimo Sexto de la Capital del departamento de La Paz, constituido en Juez de garantías, mediante Resolución 041/2023 de 17 de agosto, cursante de fs. 11 a 13, denegó la tutela solicitada, con base en los siguientes fundamentos: 1) La parte hoy demandante de tutela mediante memorial debió haber solicitado directamente ante la Sala Penal correspondiente las fotocopias legalizadas y ante el incumplimiento tenía la facultad de acudir a las instancias administrativas e incluso a la autoridad superior; en este caso, a los vocales para que sea conminada su entrega; 2) Se cumplió con la pretensión de la parte accionante; es decir que, el Secretario remitió a las instancias correspondientes el legajo respectivo; por lo que la impetrante de tutela tendría que hacer el seguimiento en Presidencia del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz; 3) Recomendar a los Secretarios, que deben cumplir su función en mérito a los principios procesales que manda nuestra Constitución Política del Estado; y, 4) El Secretario abogado o cualquier otro funcionario tiene la obligación de cumplir con su responsabilidad, ello a mérito que a tiempo de ser designado, el mismo cumple con las formalidades y se somete a exámenes de oposición. En audiencia, el abogado de la accionante solicitó explicación y enmienda respecto a que se complemente a qué hora y fecha cursa el oficio o la remisión al Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, si la misma fue anterior o posterior a la acción de defensa; asimismo, se señaló que no existe el principio de pronto despacho y más bien innovativa, ordenando que en futuras actuaciones el funcionario judicial no vuelva a incurrir este actuar. El Juez de garantías respondió señalando que: A la solicitud de complementación el funcionario ha sido notificado a horas 10:55 y el legajo que hubiera sido remitido es de esa fecha sin poder advertir la hora que se hubiere presentado a Presidencia del referido Tribunal Departamental de Justicia, la parte tendrá que hacer el seguimiento respectivo a través de Presidencia. En cuanto al otro aspecto, en la fundamentación se desarrolló los aspectos que hacen a una acción innovativa, que tiene otro fin, por lo cual se deniega esta demanda de acción de libertad, sin perjuicio que la parte demandante pueda realizar el seguimiento correspondiente y en caso que advierta alguna omisión le faculta procedimiento acudir a la vía respectiva.

II. CONCLUSIÓN

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Dentro del proceso penal seguido a instancia del Ministerio Público por el supuesto delito de tráfico de sustancias controladas, la ahora demandante de tutela se encuentra cumpliendo detención preventiva, en el Centro Penitenciario de Orientación Femenina de Obrajes de la ciudad de Nuestra Señora de La Paz; el 19 de octubre de 2022, interpuso recurso de apelación restringida contra la Sentencia 107/2023, emitida por el Juzgado de Sentencia Penal de Partido de Trabajo y Seguridad Social de la localidad de Copacabana, remitiéndose en originales todo el cuaderno de control jurisdiccional ante la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz. Que, mediante memorial de 29 de junio de 2023, solicitó que la Sala mencionada envíe fotocopias legalizadas del cuaderno original al mencionado Juzgado de Sentencia Penal de Copacabana, considerando que su defensa técnica solicitó la cesación de su detención preventiva, pronunciándose el decreto de 3 de julio de igual año; disponiendo esta remisión -extracto obtenido del contenido de la acción de libertad- (fs. 3 y vta.). II.2. Cursa informe de 17 de agosto de 2023, remitido por Yuri Jesús Gómez Pérez, Secretario de Cámara de la Sala Penal Segunda del Tribunal de Justicia del departamento de La Paz -demandado-, por el que se consigna que los actuados solicitados mediante decreto de 3 de julio de 2023, ya fueron remitidos, vía presidencia del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz (fs. 9 y vta.).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

La accionante denunció la vulneración de su derecho a la libertad; toda vez que, habría trascurrido más de un mes y diez días desde la emisión del decreto de 3 de julio de 2023, emitido por el Juzgado de Sentencia Penal de Partido de Trabajo y Seguridad Social de la localidad de Copacabana del departamento de La Paz, mediante el cual se dispuso la remisión de fotocopias legalizadas y la Sala Penal Segunda del Tribunal de Justicia del referido departamento, no dio cumplimiento a la determinación de remitir fotocopias legalizadas a ese Juzgado de origen. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

III.1. De la acción de libertad traslativa o de pronto despacho

Respecto a la acción de libertad de pronto despacho, la SCP 0212/2019-S4 de 9 de mayo, entendió que: «La SC 0011/2010-R de 6 de abril, estableció lo siguiente: “La acción de libertad, es una acción jurisdiccional de defensa que tiene por finalidad proteger y/o restablecer el derecho a la libertad física o humana, y también el derecho a la vida (…) sea disponiendo el cese de la persecución indebida, el restablecimiento de las formalidades legales y/o la remisión del caso al juez competente, la restitución del derecho a la libertad física, o la protección de la vida misma, motivo por el cual se constituye en una acción tutelar preventiva, correctiva y reparadora de trascendental importancia que garantiza como su nombre lo indica, la libertad, derecho consagrado por los arts. 22 y 23.I de la CPE”.

Respecto a la acción de libertad traslativa o de pronto despacho, la SCP 791/2015-S3 de 10 de julio, estableció que: “El entonces Tribunal Constitucional, mediante la SC 1579/2004-R de 1 de octubre, realizó la clasificación doctrinal del recurso de hábeas corpus -ahora acción de libertad, a saber: a) Reparador, si ataca una lesión que ya fue consumada;

b) Preventivo, cuando procura impedir una lesión a producirse; y, c) Correctivo, si intenta evitar que se agraven las condiciones en que se mantiene a una persona detenida; posteriormente, a través de la SC 0044/2010-R de 20 de abril, se amplió dicha clasificación identificando al hábeas corpus: 1) Restringido, ante limitaciones del ejercicio del derecho a la libertad; 2) Instructivo, que procede cuando el derecho a la libertad se encuentra vinculado al derecho a la vida; y, 3) Traslativo o de pronto despacho, a través del cual se busca acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas, para resolver la situación jurídica de la persona privada de libertad.

Respecto a esta última -la ahora acción de libertad traslativa o de pronto despacho-, el Tribunal Constitucional Plurinacional a través de la SCP 0011/2014 de 3 de enero, se pronunció señalando que esta: '…busca acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas para resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad, precisamente para la concreción del valor libertad, el principio de celeridad y el respeto a los derechos '.

Además, enfatizó que: ‘…todo tipo de decisiones judiciales vinculadas al derecho a la libertad personal, tienen que ser: tramitadas, resueltas (SC 0224/2004-R de 16 de febrero) y efectivizadas (SC 0862/2005-R de 27 de julio) con la mayor celeridad (SCP 528/2013 de 3 de mayo)’”.

Por su parte, la SC 0465/2010-R de 5 de julio, concluyó que: “…los tipos de hábeas corpus precedentemente aludidos, también pueden ser identificados en la nueva Ley Fundamental, e inclusive ampliados. Así dentro de la tipología desarrollada por la jurisprudencia del Tribunal Constitucional citada líneas precedentes, se agregó el hábeas corpus restringido, el hábeas corpus instructivo y al hábeas corpus traslativo o de pronto despacho (SC 0044/2010-R de 20 de abril).

Conforme la doctrina constitucional sentada por este Tribunal, por medio del hábeas corpus traslativo o de pronto despacho, se busca acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas, para resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad”» (las negrillas corresponden al texto original).

Criterio asumido del mismo modo por las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0021/2019-S4 de 1 de abril, 0026/2019-S4 de 1 de abril, 0109/2019-S4 de 17 de abril, 0112/2019-S4 de 17 de abril y 0391/2019- S4 de 24 de junio, entre otras.

De lo que se colige, que el mecanismo idóneo para la reclamación de derechos fundamentales, cuando éstos hubieren dilatado el trámite procesal sin razón, es la acción de libertad traslativa o de pronto despacho, que tiene como propósito evitar lesiones causadas por acciones u omisiones indebidas que tienen vinculación con el principio de celeridad, ya sea de parte de servidores públicos como de personas particulares.

III.2. La acción de libertad innovativa

La SCP 0141/2018-S2 de 30 de abril, sobre la acción de libertad innovativa estableció que: “…la SC 1489/2003-R de 20 de octubre estableció que promovido el recurso de habeas corpus -ahora acción de libertad-, no procedía cuando el hecho conculcador ya había cesado, puesto que dicho acto adquiría características que lo hacían punible en la instancia ordinaria penal; por lo que, se debería acudir a esa jurisdicción para conseguir la respectiva sanción.

A través de la SC 0327/2004-R de 10 de marzo, se cambió dicho entendimiento jurisprudencial, sosteniendo que las lesiones del derecho a la libertad, encuentran protección dentro del ámbito del hábeas corpus, en los casos en los que se constate la existencia de una ilegal privación de libertad, a pesar de haber cesado la detención antes de la interposición del recurso; supuesto en el cual, la concesión de la tutela debe establecer la responsabilidad de los servidores públicos que efectuaron la indebida privación de libertad; razonamiento que fue adoptado como línea jurisprudencial hasta la gestión 2010.

(…)

…la SCP 2491/2012 de 3 de diciembre… sobre la base de la SC 0327/2004-R, dispone que procede la acción de libertad -bajo la modalidad de innovativa-, aun hubiere cesado el acto ilegal en cualquiera de las modalidades protectivas de la acción de libertad; es decir, la amenaza al derecho a la vida, la privación de libertad, la persecución indebida, o en su caso, el indebido procesamiento vinculado con el derecho a la libertad física o personal.

(…)

Efectivamente, debe señalarse que la acción de libertad innovativa, radica fundamentalmente, en que todo acto que implique desconocimiento o comprometa la eficacia de los derechos tutelados por esta garantía constitucional, debe ser repudiado por la justicia constitucional; de esta manera, evitar que en el futuro se repitan y reproduzcan los actos contrarios a la eficacia y vigencia de los derechos a la vida, la libertad física y de locomoción. En ese sentido, no se protege únicamente los derechos de la persona que interpuso la acción de libertad; al contrario, su vocación principal es que en lo sucesivo no se repitan hechos cuestionados de ilegales; en razón a que, como entendió la jurisprudencia constitucional, la acción de libertad se activa, no simplemente para proteger derechos desde una óptica netamente subjetiva, sino también, desde su dimensión objetiva, evitando que se reiteren aquellas conductas que lesionan los derechos que se encuentran dentro del ámbito de su protección y que fundamentan todo el orden constitucional.

En ese marco… la SCP 2491/2012...establece:

…de acuerdo a la nueva coyuntura constitucional imperante desde febrero de 2009, nuestro país atraviesa un proceso de constitucionalización en sus instituciones jurídicas y políticas. No se encuentra al margen la justicia constitucional, que acoge parámetros interpretativos y de amparo más garantistas y favorables a la protección de los derechos y de los derechos humanos.

En ese sentido, la interpretación que debe hacerse respecto del art. 125 constitucional, no debe recorrer un camino restrictivo, en el sentido de que únicamente la acción de libertad pueda ser interpuesta cuando la persona se encuentre privada de libertad, pues partiendo de un criterio amplio y garantista como se tiene anotado, este mecanismo puede operar cuando efectivamente ha cesado la vulneración al derecho protegido. Este criterio se justifica, al análisis de lo dispuesto por el art. 256 de la CPE, que de forma expresa reconoce criterios de interpretación más favorables que los contenidos en nuestra propia Ley Fundamental y que se encuentran contenidos en los Tratados Internacionales de Derechos Humanos.

Conforme al espíritu de esta línea jurisprudencial, la acción de libertad innovativa debe ser entendida como el mecanismo procesal, por el cual el juez constitucional, asume un rol fundamental para el resguardo de los derechos que se encuentran dentro del ámbito de su protección -libertad personal, vida, integridad física, debido proceso y libertad de locomoción-; pues, si bien pueden haber cesado las vulneraciones a dichos derechos, empero, la ilegalidad fue consumada; por ello, a efectos de determinar la responsabilidad del caso y contribuir con la política criminal de prevención, corresponderá pronunciarse en el fondo de la problemática, para determinar la responsabilidad de las autoridades, la comunidad o personas particulares que transgredieron el o los derechos invocados como lesionados, al ser estas conductas contrarias al orden constitucional; evitando de esta forma, futuras conculcaciones de derechos fundamentales y garantías constitucionales.

Más aún cuando nuestro ordenamiento jurídico expresamente establece la existencia de esta figura, en el art. 49.6 del Código Procesal Constitucional (CPCo), que determina: “Aun habiendo cesado las causas que originaron la Acción de Libertad, la audiencia deberá realizarse en el día y hora señalados, a efectos de establecer las responsabilidades que correspondan” (las negrillas nos corresponden).

III.3. Análisis del caso concreto

En el caso concreto, la accionante denunció la vulneración de su derecho a la libertad; toda vez que, habría trascurrido más de un mes y diez días desde la emisión del decreto de 3 de julio de 2023, emitido por el Juzgado de Sentencia Penal de Partido de Trabajo y Seguridad Social de la localidad de Copacabana del departamento de La Paz, mediante el cual ante el pedido de cesación de su detención preventiva, se dispuso que la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, remita fotocopias legalizadas del cuaderno original del proceso penal seguido en su contra y, al no cumplir esta determinación se vulneró su derecho a la libertad.

Como se observa en el presente caso la accionante no acompaña ninguna documental que pueda ser compulsada, simplemente se tiene el informe del demandado, Secretario de Cámara de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, quien lejos de desvirtuar la dilación acusada, pretendió justificarla. Con base en esos actuados y lo manifestado por la peticionante de tutela en su memorial de acción de libertad se analizará el presente caso. Conforme al Fundamento Jurídico III.2 del presente fallo constitucional, se establece que, la acción de libertad innovativa procede cuando ha cesado el acto ilegal o la omisión incurrida por la autoridad judicial, con la finalidad de evitar que en futuros actuados se incurra nuevamente en transgresiones al ordenamiento jurídico establecido. Bajo ese contexto, es evidente el incumplimiento en la remisión de las fotocopias legalizadas del cuaderno original al Juzgado de Sentencia Penal Partido de Trabajo y Seguridad Social de la localidad de Copacabana del departamento de La Paz; toda vez que, conforme obrados, mediante decreto de 3 de julio de 2023 se dispuso esta remisión; misma que se efectivizó cuarenta y tres días después del plazo establecido. En ese entendido, no se brindó la debida celeridad al actuado procesal; más aún cuando se encontraba comprometida la situación jurídica de la peticionante de tutela, quien requirió la cesación de la medida restrictiva de su libertad, solicitud que fue dilatada; por lo que, es evidente la transgresión a lo previsto en los arts. 178.I y 180.I de la Constitución Política del Estado (CPE), en concordancia con el art. 30 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ) -Ley 025 de 24 de junio de 2010-, relacionado con el principio de celeridad. Por consiguiente, debido a la actitud dilatoria e indebida del Secretario de Cámara demandado, se abre la tutela otorgada por la acción de libertad traslativa o de pronto despacho, correspondiendo conceder la tutela.

Como se advierte trató de justificar su negligencia con el argumento de que no existía auxiliar en la Sala Penal mencionada, lo que no es óbice para que cumpla sus funciones, más aun se tenía ordenada la remisión de las fotocopias legalizadas; en consecuencia, este funcionario es responsable de la dilación indebida, quien incumplió con su deber de remitir dentro de plazo prudencial al Juzgado de Sentencia Penal de Partido de Trabajo y Seguridad Social de la localidad de Copacabana del departamento de La Paz, labor que está como parte de sus obligaciones en aplicación del art. 94.I.15 la LOJ, que establece que son deberes de los Secretarios de Juzgados: “15. Cumplir todas las comisiones que el tribunal o juzgado le encomiende dentro del marco de sus funciones”.

III.3. Otras consideraciones

En este caso, el Secretario de Cámara demandado debía remitir dichas fotocopias legalizadas, posteriores al decreto de 3 de julio de 2023; sin embargo, recién lo hizo el 17 de agosto de igual año, es decir, cuarenta y tres días después del citado decreto; en mérito a ello, corresponde llamar la atención severamente a Yuri Jesús Gómez Pérez, Secretario de Cámara de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, para que en un futuro ciña su actuar conforme a normativa; y toda vez que, ya se realizó la remisión de las fotocopias señaladas, no se exime de las responsabilidades correspondientes, adecuando la concesión de la tutela en su modalidad innovativa. Consecuentemente, el Juez de garantías al haber denegado la tutela impetrada, obró de forma incorrecta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución 041/2023 de 17 de agosto, cursante de fs. 11 a 13, pronunciada por el Juez de Sentencia Penal Décimo Sexto de la Capital del departamento de La Paz; y, en consecuencia: 1º CONCEDER la tutela solicitada, conforme a los fundamentos precedentes, exhortando al demandado que en un futuro actúe con la debida celeridad en aquellas cuestiones que involucren el derecho a la libertad de las personas. 2º Llamar severamente la atención al Secretario de Cámara de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, de acuerdo al Fundamento Jurídico III.3 de este fallo constitucional.

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Fdo. Paola Verónica Prudencio Candia

MAGISTRADA

Fdo. Ángel Edson Dávalos Rojas

MAGISTRADO

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_1580_2025-S3.pdf · páginas 1 a 10.

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