B.IA.LEGAL

SCP 1574/2025-S3

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Tercera · 25 de noviembre de 2025

Concede en parte la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Tercera
Fecha
25 de noviembre de 2025
Acción
Acción de libertad
Magistrada relatora
Paola Verónica Prudencio Candia
Expediente
57603-2023-116-AL
Departamento
La Paz
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de libertad — innovativa

Qué se discutió

El accionante a través de su representante sin mandato, denunció la lesión de sus derechos a la libertad, a la dignidad, a la vida y a la seguridad personal; alegando que, el Juez de Instrucción Anticorrupción y contra la violencia hacia la Mujer Tercero de la Capital del departamento de La Paz, no remitió el testimonio de apelación a la Sala Penal de turno -sobre la modificación de medidas cautelares, efectuada el 14 de junio de 2023-, dentro del plazo que dispone el art. 251 del CPP; tampoco aplicó el principio de gratuidad y celeridad, pues dispuso que los costos de la elaboración del testimonio correrían a su cargo; sin considerar que, al estar cumpliendo la detención domiciliaria, no cuenta con recursos económicos para cubrir los gastos necesarios para la remisión del expediente. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR en parte la Resolución 081/2023 de 4 de agosto, cursante de fs. 14 a 15, pronunciada por el Juez de Sentencia Penal y contra la Violencia hacia la Mujer Primero de la Capital del departamento de La Paz; en consecuencia: 1° CONCEDER en parte, únicamente en cuanto al derecho a la libertad de locomoción, sin ordenar nada debido a que el reclamo ya fue subsanado, remitiéndose la apelación; y, 2° DENEGAR en relación a los derechos a la dignidad, a la vida y a la seguridad personal, conforme a los Fundamentos Jurídicos expuestos en el presente fallo constitucional.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. La acción de libertad traslativa o de pronto despacho
  2. III.2. La detención domiciliaria en el Código de Procedimiento Penal
  3. III.3. Respecto a la acción de libertad innovativa
  4. III.4. Análisis del caso concreto

¿Tenés un caso parecido?

B.IA.Legal lee esta sentencia junto con tu expediente, te dice en qué te sirve y te ayuda a redactar el memorial con la cita exacta, sacada del texto del Tribunal.

Probá 6 consultas gratis con registro y foto en tiempo real, y tu matrícula del RPA

¿No sos abogado? Hacé tu consulta legal gratis →

Texto completo

Texto tal como la publicó el Tribunal Constitucional Plurinacional, leído de su PDF oficial. Se sacaron solo los números de página.

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1574/2025-S3 Sucre, 25 de noviembre de 2025 SALA TERCERA Magistrada Relatora: Paola Verónica Prudencio Candia Acción de libertad Expediente: 57603-2023-116-AL Departamento: La Paz En revisión la Resolución 081/2023 de 4 de agosto, cursante de fs. 14 a 15, pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Sergio Vicente Rivera Renner y Jhosseline Ximena Calle Quispe en representación sin mandato de Marco Acarapi Rodríguez contra Heber Gonzalo Torrejón Siñani, Juez de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Tercero de la Capital del departamento de La Paz.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memorial presentado el 3 de agosto de 2023, cursante de fs. 2 a 6, el accionante a través de su representante sin mandato, expresó:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público en su contra, por la presunta comisión del delito de abuso sexual, radicado en el Juzgado de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Tercero de la Capital del departamento de La Paz; el 14 de junio de 2023, pese a la existencia de una Resolución de sobreseimiento, se llevó a cabo audiencia de modificación de medidas cautelares, en la cual se emitió el Auto Interlocutorio 399/2023, denegando su petitorio; contra esta Resolución planteó recurso de apelación incidental en aplicación al art. 251 del Código de Procedimiento Penal (CPP); no obstante, la autoridad judicial -ahora demandada- dispuso que el costo emergente de las copias del expediente, corrían a cargo del recurrente -accionante-, sin siquiera aplicar el principio de gratuidad, ni considerar su falta de recursos económicos.

Desde que tuvo lugar la indicada audiencia -(14 de junio de 2023)-, hasta la fecha de presentación de la acción de libertad -3 de agosto de 2023-, el testimonio de apelación no fue remitido a la Sala Penal de turno; por lo que, existió una vulneración al derecho a la libertad; asimismo, de los principios de celeridad y gratuidad; toda vez que, transcurrieron cincuenta días sin darse cumplimiento al plazo establecido en la norma adjetiva penal y sin tomar en cuenta que cumple detención domiciliaria.

I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados

Denunció la lesión de sus derechos a la libertad, a la dignidad, a la vida y a la seguridad personal, citando al efecto los arts. 22, 23.I, 178.I y 180.I de la Constitución Política del Estado (CPE); 3, 9 y 10 de la Declaración Universal de Derechos Humanos (DUDH); 9, 14 y 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP); 7 y 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH).

I.1.3. Petitorio

Solicitó se conceda la tutela impetrada y se disponga: a) La remisión del testimonio de apelación al Tribunal de alzada de turno, en un plazo de veinticuatro horas, aplicando el principio de gratuidad y celeridad; y, b) La remisión de antecedentes al Juzgado Disciplinario de turno para el respectivo procesamiento.

I.2. Audiencia y Resolución del Juez de garantías

Celebrada la audiencia pública virtual el 4 de agosto de 2023, según consta en el acta cursante a fs. 13 y vta., se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

El accionante a través de su abogada, ratificó el contenido íntegro de la acción de libertad.

I.2.2. Informe del demandado

Heber Gonzalo Torrejón Siñani, Juez de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Tercero de la Capital del departamento de La Paz, por informe escrito, cursante a fs. 11, solicitó se deniegue la tutela, manifestando lo siguiente: 1) De acuerdo al informe emitido por Secretaria de ese despacho, el testimonio de apelación ya fue remitido a la Sala Penal Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz; en constancia, adjuntó copia del oficio de remisión; y, 2) No existió la vulneración de ningún derecho o garantía constitucional.

I.2.3. Resolución

El Juez de Sentencia Penal y contra la Violencia hacia la Mujer Primero de la Capital del departamento de La Paz, mediante Resolución 081/2023 de 4 de agosto de 2023, cursante de fs. 14 a 15, concedió la tutela impetrada bajo la modalidad de la acción de libertad innovativa, con base en los siguientes fundamentos: i) Dentro del presente caso, el testimonio de apelación ya fue remitido el mismo día de la audiencia de garantías, a horas 10:00 -siendo lo correcto 10:08- emergente de la acción tutelar; ii) Existió la vulneración al derecho a la libertad; toda vez que, el ahora accionante cumplía con la detención domiciliaria; por lo que, los funcionarios de apoyo judicial del Juzgado de origen, debieron informar de la demora y las razones de la falta de remisión del expediente al Tribunal de alzada; inclusive, el Juez demandado debió remitir el testimonio de apelación con los actuados judiciales originales; iii) Otorgó la tutela solicitada, en la modalidad innovativa, recomendando al Juez demandado que, en el caso de no existir las copias respectivas, se proceda con el envío del expediente en original, a objeto de no vulnerar los derechos de las personas privadas de libertad; y, iv) Respecto a la acción disciplinaria, “…será la instancia que tiene interés al respecto acudir a la vía correspondiente para su ejercicio y acreditación de la misma” (sic).

II. CONCLUSIONES

De la atenta revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. La acción de libertad se planteó el 3 de agosto de 2023, a horas 15:23 (fs.

1). II.2. Mediante Oficio con suma “REMISIÓN DE CUADERNO DE CONTROL JURISDICCIONAL EN FOTOCOPIAS LEGALIZADAS“ (sic), de 3 de agosto de 2023, Roció Helen Balboa Llusco, Secretaria del Juzgado de Instrucción Anticorrupción y contra la violencia hacia la Mujer Tercero de la Capital del departamento de La Paz, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público contra Marco Acarapi Rodríguez -ahora accionante-, por la presunta comisión del delito de abuso sexual, remitió testimonio de apelación contra el Auto Interlocutorio 399/2023 de 14 de junio a la Sala Penal Cuarta del citado Tribunal Departamental de Justicia de La Paz. En su reverso, consta sello de recepción del mencionado Tribunal de alzada de 4 del mismo mes y año, a horas 10:08 (fs. 10 y vta.). II.3. Por informe de 4 de agosto de 2023, Roció Helen Balboa Llusco, Secretaria del Juzgado de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Tercero de la Capital del departamento de La Paz, manifestó que: En la resolución -signada 399/2023- del Juez demandado, se estableció que “…para que la remisión y armado del legajo de APELACIÓN LA PARTE APELANTE Y SOLICITANTE deberá COADYUVAR con el sacado de copias necesarias para el armado del legajo de apelación, las cuales hasta la fecha no fueron otorgadas por la parte apelante, por tal motivo el presente cuaderno fue remitido en copias la cual la suscrita proporcionó con las copias necesarias y de la misma manera fue remitido ante la Sala Penal 4º” (sic [fs. 12]).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

El accionante a través de su representante sin mandato, denunció la lesión de sus derechos a la libertad, a la dignidad, a la vida y a la seguridad personal; alegando que, el Juez de Instrucción Anticorrupción y contra la violencia hacia la Mujer Tercero de la Capital del departamento de La Paz, no remitió el testimonio de apelación a la Sala Penal de turno -sobre la modificación de medidas cautelares, efectuada el 14 de junio de 2023-, dentro del plazo que dispone el art. 251 del CPP; tampoco aplicó el principio de gratuidad y celeridad, pues dispuso que los costos de la elaboración del testimonio correrían a su cargo; sin considerar que, al estar cumpliendo la detención domiciliaria, no cuenta con recursos económicos para cubrir los gastos necesarios para la remisión del expediente. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

III.1. La acción de libertad traslativa o de pronto despacho

La SCP 0115/2024-S3 de 29 de abril, estableció que: «La SCP 0988/2015-S3 de 12 de octubre, citando a la SCP 1874/2014 de 25 de septiembre, sostuvo que: “…La acción de libertad traslativa o de pronto despacho, se encuentra desarrollada por la jurisprudencia de este Tribunal, entendida como el medio procesal idóneo para que las partes de un proceso puedan obtener la celeridad necesaria en los trámites judiciales o administrativos cuando en los mismos exista dilaciones innecesaria o indebidas y como efecto se prolonga una restricción al derecho a la libertad, criterio este que va en conjunción con el principio de celeridad reconocido en los arts. 178 y 180.I de la CPE, al indicar: 'La jurisdicción ordinaria se fundamenta en los principios procesales de gratuidad, publicidad, transparencia, oralidad, celeridad, probidad, honestidad, legalidad, eficacia, eficiencia, accesibilidad, inmediatez…' (art. 180.I); por ende todo administrador de justicia en ejercicio de sus funciones, se encuentra constreñido a observar los indicados principio, evitando dilaciones indebidas o innecesarias que sólo generen perjuicio al derecho a la vida o la libertad de los procesados, criterio que es concordante con instrumentos internacionales, así los arts. 8.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 14.3 inc. c) del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), que señalan el derecho que tiene toda persona a ser juzgada en un proceso sin dilaciones indebidas.

En ese sentido, este tipo de acción se activa para reparar las lesiones al derecho a la libertad ante demoras injustificadas que perjudican a la persona privada de la misma, es así que la importancia de la acción de libertad de pronto despacho se encuentra, entre otras, en la SCP 0011/2014 de 3 de enero, que sobre el tema indicó que esta acción: '…busca acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas para resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad, precisamente para la concreción del valor libertad, el principio de celeridad y el respeto a los derechos”’ (las negrillas corresponden al texto original).

III.2. La detención domiciliaria en el Código de Procedimiento Penal

La SCP 0367/2018-S1 de 3 de agosto, estableció que: «La SCP 1166/2016-S2 de 7 de noviembre, citando la SCP 1664/2014, que emitió jurisprudencia inherente a la naturaleza jurídica, finalidad y procedencia, entre otros, del instituto jurídico de la detención domiciliaria, señaló que: “‘La limitación al derecho a la libertad personal, ha sido prevista, con carácter excepcional, tanto en los Tratados y Acuerdos Internacionales como en la Constitución Política del Estado y leyes procesales ordinarias; de ahí que, sólo en los casos estrictamente necesarios y establecidos por la ley, el Estado está facultado para restringir este derecho fundamental; es así que, a través del art. 23.I, nuestra Norma Fundamental expresa: «Toda persona tiene derecho a la libertad y seguridad personal…» y que esta libertad personal «…sólo podrá ser restringida en los límites señalados por la ley, para asegurar el descubrimiento de la verdad histórica en la actuación de las instancias jurisdiccionales»; entendimiento que guarda coherencia con los arts. 7 y 221 del CPP, mismos que de forma inequívoca condicionan la privación de libertad del imputado, sólo en tanto esté dirigida a la averiguación de la verdad, el desarrollo del proceso y la aplicación de la ley, reafirmando el principio de favorabilidad en lo referente a la aplicación de medidas cautelares y restrictivas; «La aplicación de medidas cautelares establecidas en este Código será excepcional. Cuando exista duda en la aplicación de una medida cautelar o de otras disposiciones que restrinjan derechos o facultades del imputado, deberá estarse a lo que sea más favorable a éste» (art. 7 del CPP). Ahora bien, la detención domiciliaria se encuentra prevista en el art. 240.1 del CPP, el cual a su texto señala: «Artículo 240. (Medidas Sustitutivas a la Detención Preventiva). Cuando sea improcedente la detención preventiva y exista peligro de fuga u obstaculización del procedimiento, el juez o tribunal mediante resolución fundamentada, podrá disponer la aplicación de una o más de las siguientes medidas sustitutivas: 1. La detención domiciliaria, en su propio domicilio o en el de otra persona, sin vigilancia alguna o con la que el tribunal disponga. Si el imputado no puede proveer a sus necesidades económicas o a las de su familia o si se encuentra en situación de indigencia, el juez podrá autorizar que se ausente durante la jornada laboral; 2. Obligación de presentarse periódicamente ante el juez, tribunal o autoridad que se designe; 3. Prohibición de salir del país, de la localidad en la cual reside o del ámbito territorial que fije el juez o tribunal, sin su autorización, ordenando el arraigo a las autoridades competentes; 4. Prohibición de concurrir a determinados lugares; 5. Prohibición de comunicarse con personas determinadas, siempre que no se afecte su derecho de defensa; y, 6. Fianza juratoria, personal o económica. La fianza económica podrá ser prestada por el imputado o por otra persona mediante depósito de dinero, valores, constitución de prenda o hipoteca. Al resolver la aplicación de las medidas enumeradas anteriormente, el juez determinará las condiciones y reglas que deberá cumplir el imputado, con la expresa advertencia de que la comisión de un nuevo delito o el incumplimiento de las reglas impuestas, dará lugar a la revocatoria de la medida y su sustitución por otra más grave incluso la detención preventiva cuando esta sea procedente pudiendo la víctima hacer uso de la palabra». III.2.1 Naturaleza jurídica y finalidad Como puede advertirse, la detención domiciliaria se erige como un instituto jurídico excepcional inmerso dentro de las medidas cautelares previstas en el código procesal penal, esta previsión legal a su vez, se subsume dentro del catálogo de medidas sustitutivas a la detención preventiva, de ahí que se constituye en una medida cautelar de carácter personal, misma que al igual que las demás medidas cautelares se encuentra caracterizada por ser: a) Excepcional, dada su aplicación solo en casos extremos, b) Temporal, al tener una vigencia en tanto se desarrolle la sustanciación del proceso penal; y, c) Variable, pues puede ser susceptible de modificación. Por otra parte la detención domiciliaria responde al principio de legalidad, pues tiene como base un dispositivo legal concebido de manera antelada (art. 240.1 del CPP); al principio de jurisdiccionalidad, ya que únicamente será el Juez o Tribunal Penal quien tendrá la facultad de imponerla; al principio de instrumentalidad, al ser un instrumento para los fines del proceso; y, finalmente al principio de proporcionalidad, al estar en estricta relación con el hecho que se imputa y con lo que se busca garantizar. Bajo ese contexto, la detención domiciliaria se configura en la segunda medida cautelar más gravosa prevista por nuestro ordenamiento jurídico, toda vez que, al igual que la detención preventiva, ésta limita el derecho a la libertad personal del imputado, consecuentemente, materializa la facultad restrictiva estatal al derecho primario de la libertad, aspecto diferenciador de las demás medidas cautelares personales o de carácter real; sin embargo, esta limitación generada por la detención domiciliaria, responde a la necesidad procesal prevista por el legislador, que encuentra su fundamento y finalidad en la propia naturaleza jurídica de esta medida cautelar, la cual se funda en la peligrosidad procesal latente, es decir, la existencia de los riesgos procesales prescritos en los artículos 234 y 235 del CPP (riesgo de fuga y peligro de obstaculización), mientras que su finalidad, radica esencialmente en asegurar la presencia del imputado en el proceso y su no interferencia en el normal desarrollo en el esclarecimiento de la verdad; al respecto la SCP 0289/2011 de 29 de marzo, indicó: «La detención domiciliaria responde al principio de presunción de inocencia y a la doctrina del derecho penal de última ratio, por cuanto al ser un instrumento jurídico, excepcional y transitorio durante la tramitación del proceso, el imputado no necesariamente debe estar detenido en un recinto penitenciario, sino también en un domicilio propio o ajeno, con vigilancia o sin ella, e inclusive con la posibilidad de poder ausentarse a su fuente laboral; siendo su finalidad la de asegurar su presencia en el proceso y/o juicio y que el mismo se desarrolle con normalidad; es decir, la detención domiciliaria busca materializar la facultad punitiva del Estado, por cuanto sólo se da en los casos en que si bien no procede la detención preventiva del imputado; empero, está latente el peligro de fuga o de obstaculización del procedimiento, como también su sustitución a la cesación de detención preventiva por ser menos gravosa, pero que sigue justificando su existencia como medida cautelar. También debe tomarse en cuenta que otra de las finalidades de la detención domiciliaria es que entre tanto dure el proceso penal, el detenido, al margen de coadyuvar al desarrollo del proceso, conserve su entorno familiar o doméstico, e inclusive el vínculo laboral, en algunos casos. Decisión que debe ser debidamente justificada y fundamentada ponderándose aspectos integrales del imputado». En efecto, la detención domiciliaria tiene como finalidad principal, asegurar la presencia del imputado durante la sustanciación del proceso penal, sin que ello conlleve un fin sancionatorio o el cumplimiento de una pena anticipada, pues este tipo de detención, no tiene como objeto la simple restricción de la libertad del imputado en un lugar físico distinto al de un centro penitenciario, pues en realidad, esta medida cautelar propende a que el procesado, dentro del marco de su situación jurídica, pueda desarrollar sus actividades con el menor grado posible de menoscabo en el ejercicio de sus demás derechos, de ahí que la norma prevé el cumplimiento de la detención domiciliaria sin vigilancia alguna o incluso con permiso para ausentarse durante la jornada laboral, previsiones que no han sido incorporadas de forma casual, toda vez que guardan coherencia con la finalidad de esta medida cautelar que, como manifestamos anteriormente, sólo es de carácter precautorio ante la existencia de riesgos procesales». III.2.2. De su aplicación Ahora bien, con relación a la aplicación de la detención domiciliaria, vemos que el legislador ha establecido varias formas en las cuales puede cumplirse esta medida cautelar, toda vez que el art. 240.1 del CPP, abre la posibilidad que el imputado pueda cumplir la detención domiciliaria en: i) En su propio domicilio; ii) En el domicilio de otra persona, iii) Sin vigilancia alguna o con la que se disponga; y, iv) Con ausencia durante la jornada laboral. A prima fase, estas formas de cumplimiento de la detención domiciliaria, no revisten mayor dificultad, pues se entiende que por previsión legal, las mismas están a disposición de la autoridad jurisdiccional competente, para que ésta, en base a su sana crítica pueda aplicarlas, valorando cada circunstancia en particular, sin embargo, esta atribución no puede estar sujeta a la discrecionalidad del juzgador, dado que en realidad se deberán tomar ciertos criterios para poder determinar la viabilidad de cada una de estas formas de cumplimiento de la detención domiciliaria, razonamiento que este Tribunal manifestó a través de la SCP 0289/2011, la cual refirió: «Partiendo de su finalidad que es asegurar la presencia del imputado en el proceso y su no interferencia en el normal desarrollo en el esclarecimiento de la verdad, una vez concedida esta medida cautelar sustitutiva, la autoridad jurisdiccional, debe tener certeza sobre la existencia del inmueble constituido en domicilio, el cual es entendido como morada o vivienda familiar y/o individual, propia o ajena y que habitará en el mismo, debiendo la parte interesada acreditar dichos aspectos por los medios legales a su alcance; asimismo, puede ser con vigilancia o sin ella. (…)»’”. De lo expuesto ut supra, en estricta observancia del art. 40.1 del CPP, en relación al art. 23.I de la CPE y la jurisprudencia aplicable al caso concreto, se tiene por establecido que la medida sustitutiva de la detención domiciliaria es restrictiva del derecho a la libertad, toda vez que tiene como finalidad principal asegurar la presencia del imputado durante la sustanciación del proceso penal y su no interferencia en el normal desarrollo del esclarecimiento de la verdad, cuyo cumplimiento puede efectuarse en su propio domicilio o en el de otra persona sin vigilancia alguna o con la que el juez o tribunal disponga; y, cuando dicha medida no pueda materializarse por alguna casual sobreviniente como en el caso en examen, su efectivización, previo cumplimiento de la formalidades, deberá ser dispuesta por la Jueza cautelar en otro domicilio acreditado legalmente (las negrillas corresponden al texto original).

III.3. Respecto a la acción de libertad innovativa

La SCP 0904/2025-S3 de 11 de agosto, estableció que: «Sobre el particular, la SCP 2075/2013 de 18 de noviembre dejó establecido que: “La doctrina constitucional ha desarrollado diferentes modalidades o tipos de habeas corpus -ahora acción de libertad-, así, entre ellos se tiene el habeas corpus innovativo, lo que en el régimen constitucional vigente equivale a la acción de libertad innovativa. Su naturaleza principal radica en que, la jurisdicción constitucional, a través de esta garantía, tiene la facultad de tutelar la vida, libertad física y de locomoción, frente a las acciones y omisiones que restrinjan, supriman o amenacen de restricción o supresión, aun cuando las mismas hubieran cesado o desaparecido. En ese contexto argumentativo, la acción de libertad -innovativa- permite al agraviado o víctima de la vulneración acudir a la instancia constitucional pidiendo su intervención con el propósito fundamental de evitar que, en lo sucesivo, se reiteren ese tipo de conductas por ser reñidas con el orden constitucional; pues, conforme lo ha entendido la jurisprudencia, en la SCP 0103/2012 de 23 de abril, 'la justicia constitucional a través de la acción de libertad se activa para proteger derechos subjetivos (disponibles) y además derechos en su dimensión objetiva, es decir, busca evitar la reiteración de conductas reñidas contra el orden público constitucional y los bienes constitucionales protegidos de tutela reforzada'. Ahora bien, está claro que el propósito de la acción de libertad innovativa, radica, fundamentalmente, en que todo acto contrario al régimen constitucional que implique desconocimiento o comprometa la eficacia de los derechos tutelados por esta garantía jurisdiccional, debe ser repudiado por la justicia constitucional. Así, el propósito fundamental de la acción de libertad innovativa, tiene la misión fundamental de evitar que en el futuro se repitan y reproduzcan los actos contrarios a la eficacia y vigencia de los derechos a la vida, la libertad física y de locomoción. En ese sentido, no se protegen únicamente los derechos de la persona que interpuso la acción de libertad; al contrario, su vocación principal es que en lo sucesivo no se repitan las acciones cuestionadas de ilegales, en razón a que, como ha entendido la jurisprudencia constitucional, la acción de libertad se activa no simplemente para proteger derechos desde una óptica netamente subjetiva, más al contrario, este mecanismo de defensa constitucional tutela los derechos también en su dimensión objetiva, evitando que se reiteren aquellas conductas que lesionan los derechos que se encuentran dentro del ámbito de protección de la acción de libertad y que fundamentan todo el orden constitucional. (…) '…entiéndase la figura de la acción de libertad innovativa o habeas corpus innovativo como el mecanismo procesal, por el cual el juez constitucional asume un rol fundamental para la protección del derecho a la libertad personal, y por ello, en la Sentencia que pronuncie debe realizar una declaración sobre la efectiva existencia de lesión al derecho a la libertad física o personal, aunque la misma hubiera desaparecido, advirtiendo a la comunidad y al funcionario o persona particular, que esa conducta es contraria al orden constitucional, en esta Sentencia también se debe emitir una orden al funcionario o particular que lesionó el derecho en sentido que, en el futuro, no vuelva a cometer ese acto, con relación a la misma persona que activó la justicia constitucional o con otras que se encuentren en similares circunstancias'. (…) Consiguientemente, a partir de la SCP 2491/2012, queda clara la reconducción de la jurisprudencia al entendimiento contenido en la SC 0327/2004-R, en sentido que procede la acción de libertad -bajo la modalidad innovativa- aún hubiere cesado el acto ilegal en cualquiera de las modalidades protectivas de la acción de libertad; es decir, la amenaza al derecho a la vida, la privación de libertad, la persecución indebida o, en su caso el indebido procesamiento vinculado con el derecho a la libertad física o personal. (…) En ese contexto, el propósito fundamental de la acción de libertad no es únicamente el de reparar o disponer el cese del hecho conculcador, sino también de advertir a la comunidad en su conjunto, sean autoridades, servidores públicos o personas particulares, que las conductas de esa naturaleza contravienen el orden constitucional y, por consiguiente, son susceptibles de sanción, no pudiendo quedar en la impunidad, así, el acto lesivo haya desaparecido”» (las negrillas corresponde al texto original).

III.4. Análisis del caso concreto

De los antecedentes del presente caso, se tiene que, el 14 de junio de 2023, en la audiencia de modificación de medidas cautelares, se emitió el Auto Interlocutorio 399/2023, denegando el petitorio del accionante; contra esta resolución planteó recurso de apelación incidental; no obstante, el Juez demandado dispuso que el costo emergente de las copias del expediente, debían ser cubiertas por el recurrente -impetrante de tutela-; sin aplicar el principio de gratuidad, ni considerar su falta de recursos económicos. Desde que se concedió el recurso de apelación incidental hasta la fecha que se interpuso la acción tutelar, no se cumplió con el acto de remisión al Tribunal de alzada. Con respecto a las Conclusiones citadas supra, se advierte que, la acción de libertad fue planteada el 3 de agosto de 2023; posteriormente, mediante sello de recepción de 4 de igual mes y año, a horas 10:08, la Sala Penal Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, recepcionó el cuaderno de control jurisdiccional en fotocopias legalizadas, correspondiente al recurso de apelación contra el Auto Interlocutorio 399/2023 de 14 de junio; no obstante, esa misma fecha, mediante informe, la Secretaria del Juzgado de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Tercero del citado departamento, expresó que “…para que la remisión y armado del legajo de APELACIÓN LA PARTE APELANTE Y SOLICITANTE deberá COADYUVAR con el sacado de copias necesarias para el armado del legajo de apelación, las cuales hasta la fecha no fueron otorgadas por la parte apelante, por tal motivó el presente cuaderno fue remitido en copias la cual la suscrita proporcionó con las copias necesarias y de la misma manera fue remitido ante la Sala Penal 4º” (Conclusiones II.1, II.2 y II.3). Ahora bien, resalta que, procede la acción de libertad bajo la modalidad innovativa aún hubiera cesado el acto ilegal en cualquiera de sus modalidades protectivas de la acción tutelar; es decir, la amenaza al derecho a la vida, la privación de libertad, la persecución indebida o, en su caso el indebido procesamiento vinculado con el derecho a la liberad física o personal. Sobre el particular, la jurisprudencia citada en el Fundamento Jurídico III.3 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, refiere que, la finalidad de la acción de libertad innovativa, radica específicamente, en que todo acto que sea contrario al régimen constitucional establecido, que implique desconocimiento o comprometa la eficacia de los derechos tutelados por esta garantía jurisdiccional, debe ser reprochado por la justicia constitucional. Por consiguiente, se impide que en la posterioridad se reiteren actos opuestos a la eficacia y vigencia de los derechos a la libertad y de locomoción, pues no solo se protegen los derechos del impetrante de tutela; sino que en lo futuro se repitan iguales o similares actos transgresivos. Realizadas dichas precisiones, en el análisis del caso concreto, se advierte que, mediante informe escrito de 4 de agosto de 2023, el Juez demandado expresó que, la Secretaria de su despacho judicial, esa misma fecha, a horas 10:08, dio cumplimiento con la remisión del testimonio de apelación a la Sala Penal Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz; aspecto que fue constatado con el sello de recepción del citado Tribunal de alzada (Conclusión II.2); no obstante, si bien cumplió con dicho extremo, no lo absuelve de haber incurrido en dilación; toda vez que, dio cumplimiento a la remisión después de haber transcurrido aproximadamente cincuenta días, vale decir, desde que se otorgó el recurso de apelación incidental -14 de junio de 2023-, hasta su remisión al Tribunal de alzada -4 de agosto de 2023-; en ese entendido, corresponde aplicar la acción de libertad innovativa, con la finalidad de evitar actos u omisiones dilatorias indebidas o innecesarias a futuro; por lo que, la autoridad jurisdiccional debe cumplir con el plazo previsto en el art. 251 del CPP, en actuados de remisión del testimonio de apelación al Tribunal de alzada; por consiguiente, corresponde conceder la tutela solicitada, en la modalidad innovativa; toda vez que, la vulneración de los derechos fueron cesados en la misma fecha -4 de agosto de 2023- que se efectuó la audiencia de garantías. Concerniendo aclarar que, al encontrarse el accionante con detención domiciliaria, el derecho transgredido es la libertad de locomoción, único respecto al que concierne la concesión, debiendo denegar la tutela en cuanto a los derechos a la dignidad, a la vida y a la seguridad personal, respecto a los que no se explicó la forma en que hubieran sido transgredidos. En consecuencia, el Juez de garantías al haber concedido la tutela, obró de manera parcialmente correcta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR en parte la Resolución 081/2023 de 4 de agosto, cursante de fs. 14 a 15, pronunciada por el Juez de Sentencia Penal y contra la Violencia hacia la Mujer Primero de la Capital del departamento de La Paz; en consecuencia: 1° CONCEDER en parte, únicamente en cuanto al derecho a la libertad de locomoción, sin ordenar nada debido a que el reclamo ya fue subsanado, remitiéndose la apelación; y, 2° DENEGAR en relación a los derechos a la dignidad, a la vida y a la seguridad personal, conforme a los Fundamentos Jurídicos expuestos en el presente fallo constitucional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Fdo. Paola Verónica Prudencio Candia

MAGISTRADA

Fdo. Ángel Edson Dávalos Rojas

MAGISTRADO

Más sobre Acción de libertad — innovativa

Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_1574_2025-S3.pdf · páginas 1 a 13.

Huella digital del PDF (SHA-256): 784f76b9899634da67a71c6c0915bcd501f38b5ae74ee8fef1b10e3f065c7e42

La jurisprudencia puede ser modulada o cambiada por fallos posteriores: antes de citarla en un escrito, verificá que siga vigente. Esta página reproduce una resolución judicial pública; no es asesoramiento legal.

Ver las sentencias más consultadas por abogados bolivianos →