Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Tercera · 25 de noviembre de 2025
Concede la tutela
El accionante a través de sus representantes denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad y la tutela judicial efectiva; y del principio de celeridad; toda vez que, en reiteradas oportunidades solicitó audiencia de cesación a la detención preventiva sin que el Tribunal ahora demandado haya cumplido su deber de programar dicho acto procesal dentro de las cuarenta y ocho horas, omitiendo resolver su situación jurídica. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela impetrada.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución 14 de 21 de julio de 2023, cursante de fs. 20 vta. a 23 vta., pronunciada por la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, y en consecuencia: CONCEDER la tutela, en los términos dispuestos por el Tribunal de garantías, salvo que por el transcurso del tiempo, la situación jurídica del accionante sea distinta.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1571/2025-S3 Sucre, 25 de noviembre de 2025 SALA TERCERA Magistrada Relatora: Paola Verónica Prudencio Candia Acción de libertad Expediente: 57527-2023-116-AL Departamento: Santa Cruz En revisión la Resolución 14 de 21 de julio de 2023, cursante de fs. 20 vta. a 23 vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Luis René Alejandro Sauciri Urrelo y René Sauciri Choque en representación sin mandato de Herlan Dolea Rodriguez contra Carlos René Roca Rivero, Raúl Lizarazu Alurralde y Lily Salazar Valverde, Jueces del Tribunal de Sentencia Penal Tercero de la Capital del departamento de Santa Cruz.
Por memorial presentado el 21 de julio de 2023, cursante a fs. 12 y vta., el accionante, a través de sus representantes expresó que:
Dentro de proceso penal seguido por el Ministerio Público en su contra por la presunta comisión del delito previsto en el art. 252 del Código Penal (CP), se encuentra privado de su libertad desde el 13 de noviembre de 2020, habiendo sido sentenciado por el Tribunal de Sentencia Penal Tercero de la Capital del departamento de Santa Cruz, imponiéndole una pena de quince años de presidio. Agrega que, con el objeto de recobrar su libertad solicitó reiteradamente señalamiento de audiencia de cesación a la detención preventiva conforme prevé el art. 239.1 del Código de Procedimiento Penal (CPP), sin que el Tribunal ahora demandado haya cumplido el precepto legal descrito, que establece el deber de programar dicho acto procesal dentro de las cuarenta y ocho horas; puesto que, su abogado y el personal de su oficina peregrinaban mañana y tarde en ventanillas del Tribunal en busca del señalamiento de audiencia impetrado, sin respuesta; peor aún, cuando ésta finalmente salía del despacho, los señalamientos eran con fecha atrasada, haciendo imposible las notificaciones y diligencias, dejándolo en estado de “zozobra”, por no tener respuesta pronta, oportuna y efectiva, tal cual demuestra con los memoriales de 28 de noviembre, 2, 13 y 21 de diciembre, todos de 2022; y, de 22 de febrero, 26 de junio y 18 de julio, todos de 2023, último memorial que tampoco cuenta con respuesta; sin embargo, de forma arbitraria y sin atender su solicitud, el 20 de julio de 2023, el Tribunal demandado remitió el expediente original ante la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, para que resuelva su recurso de apelación restringida; es decir, dos días después de efectuada su solicitud de cesación; actitudes con las que vulneran sus derechos al no haber resuelto su situación jurídica.
Denunció la lesión de sus derechos a la libertad y la tutela judicial efectiva; y el principio de celeridad, citando al efecto los arts. 24 y 115 de la Constitución Política del Estado (CPE).
Solicita se conceda la tutela, ordenando a las autoridades demandadas señalen de manera oportuna su audiencia de cesación a la detención preventiva.
Celebrada la audiencia pública el 21 de julio de 2023, según consta en el acta cursante de fs. 19 a 20 vta., se produjeron los siguientes actuados:
El accionante a través de su representante y éste por intermedio de su abogado ratificó íntegramente los términos de su acción tutelar y ampliandolos manifestó que: a) Presentó diferentes memoriales solicitando señalamiento de audiencia de consideración de cesación a la detención preventiva, sin que se dé cumplimiento cabal al art. 239.1 del CPP, siendo el último escrito presentado el 18 de julio de 2023, para el cual efectuó el seguimiento correspondiente en ventanillas del Tribunal ahora demandado, sin que exista ninguna respuesta “hasta la fecha”; b) Sorpresivamente, el 20 de ese mes y año, se habría remitido el expediente original a la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, para resolver el recurso de apelación restringida planteado, lesionando el principio de celeridad en la tramitación de su causa y sin tomar en cuenta que lo ponen en estado de “zozobra” respecto a su situación jurídica, por cuanto busca recobrar nuevamente su libertad. Por otra parte, refiere que es competencia de la autoridad jurisdiccional -Tribunal ahora demandado- llevar a cabo la audiencia impetrada y no así de la Sala Penal descrita; y, c) Por todo lo expuesto, plantea acción de libertad traslativa o de pronto despacho e innovativa; toda vez que, estas acciones no se pueden volver a repetir, ya que, como se observa en el cuaderno procesal y los diferentes memoriales presentados, no tuvo respuesta concreta, habiendo reiterado su petición en diferentes fechas mediante los otrosíes.
Carlos René Roca Rivero, Juez del Tribunal de Sentencia Penal Tercero de la Capital del departamento de Santa Cruz, en audiencia de garantías manifestó lo siguiente: 1) En el presente caso, el 3 de febrero de 2023, se dictó sentencia condenatoria de quince años contra el ahora accionante por la comisión del delito de asesinato en grado de complicidad, habiéndose demostrado en el juicio oral que los acusados habrían asesinado a un taxista para robarle su vehículo; asimismo, es evidente que el prenombrado en reiteradas oportunidades solicitó la cesación a su detención preventiva, que fueron negadas porque “a ojo vista” era evidente que el acusado pretendía eludir la acción de la justicia; puesto que, de forma frecuente no asistía al Tribunal a efectos de las notificaciones ni a las audiencias; lastimosamente, no cuenta con el expediente para poder demostrar mediante las actas correspondientes y los actuados procesales sus afirmaciones; y, 2) Mediante decreto se ordenó la remisión de los antecedentes en grado de apelación; empero, los funcionarios subalternos fueron recién designados, “…por lo que se tropieza y no se lleva el trabajo conforme debería ser…” (sic); sin embargo, eso no es óbice para afirmar que no se hubiera considerado tal como corresponde; como bien señala el impetrante de tutela, el Tribunal remitió el expediente original ante la Sala Penal Tercera del referido Tribunal para resolver el recurso de apelación restringida el 20 de julio de 2023, dos días después de su último memorial; no obstante, el Tribunal ni siquiera conocía la solicitud de cesación a la detención preventiva cuando ya el expediente fue remitido a la Sala; por consiguiente, ese aspecto imposibilita efectuar el señalamiento de la audiencia impetrada; toda vez que, al haber realizado la remisión descrita, el Tribunal ya no tiene competencia para dicho efecto. Raúl Lizarazu Alurralde y Lily Salazar Valverde, Jueces del Tribunal de Sentencia Penal Tercero de la Capital del departamento de Santa Cruz, no presentaron informe escrito ni asistieron a la audiencia de garantías, pese a su citación legal cursante a fs. 15 y 17.
La Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, constituida en Tribunal de garantías, mediante Resolución 14 de 21 de julio de 2023, cursante de fs. 20 vta. a 23 vta., denegó la tutela solicitada, no obstante, a los fines de garantizar celeridad procesal en la petición de cesación a la detención preventiva del accionante, dispuso que el Tribunal de Sentencia Penal Tercero de la Capital del mismo departamento, realice el trámite correspondiente señalando la audiencia de referencia con base a los arts. 124 y 239.II del CPP, para lo cual deberá oficiar a la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental mencionado, para que se remita el cuaderno procesal o en su caso fotocopias legalizadas de las partes pertinentes referentes a los actuados de las medidas cautelares, debiendo realizar dichas diligencias en el término de cuarenta y ocho horas, a objeto de llevar a cabo la audiencia impetrada; decisión asumida con los siguientes fundamentos: i) En el presente caso, si bien existe una sentencia condenatoria emitida en primera instancia, esta no le quita el derecho de solicitar cesación a la detención preventiva al accionante; toda vez que, mientras ésta no se encuentre debidamente ejecutoriada, goza de la garantía de presunción de inocencia; ii) De la revisión del cuaderno procesal, se tiene que efectivamente el prenombrado realizó diferentes solicitudes de audiencia de cesación que se encuentran debidamente providenciadas, existiendo además diferentes actas de suspensión por inasistencia del propio impetrante; razón por la cual no se tiene ningún elemento de que el Tribunal de instancia no haya providenciado dentro de los plazos legales, siendo responsabilidad del solicitante acreditar esos aspectos y en su caso, debía acudir a la vía disciplinaria correspondiente; y, iii) Respecto a la última solicitud de 18 de julio de 2023, recibida por el Tribunal demandado el día siguiente, esta no se encuentra debidamente providenciada; por otra parte, cursa el oficio 326/2023 de 20 de julio, de remisión del cuaderno procesal en original en grado de apelación restringida ante la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental citado, con cargo de recepción de 20 de julio de 2023, el cual pone de manifiesto que no se providenció el memorial dentro de los parámetros establecidos en el art. 132.1 del CPP; es decir, dentro del plazo de veinticuatro horas; tampoco se ha señalado la audiencia dentro del término de cuarenta y ocho horas previsto en el art. 239.2 del Código Penal, observándose además que el memorial descrito supra no ingresó al despacho de las autoridades demandadas; por lo que, no tenían conocimiento de su existencia, siendo dicha responsabilidad atribuible al personal subalterno por la dilación indebida y vulneración del principio de celeridad procesal; y, iv) A fin de no vulnerar el derecho a la libertad del accionante, el Tribunal demandado debe procurar un trámite ágil y rápido en cuanto a la solicitud de cesación a la detención preventiva.
De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Constan diferentes memoriales presentados por el ahora accionante el 28 de noviembre, 2, 13 y 21 de diciembre de 2022; y, 22 de febrero, 26 de junio y 18 de julio de 2023, ante el Tribunal de Sentencia Penal Tercero de la Capital del departamento de Santa Cruz -ahora demandado-, solicitando entre otros, señalamiento de audiencia de cesación a la detención preventiva (fs. 3 a 6 y 8 a 11).
El accionante a través de sus representantes denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad y la tutela judicial efectiva; y del principio de celeridad; toda vez que, en reiteradas oportunidades solicitó audiencia de cesación a la detención preventiva sin que el Tribunal ahora demandado haya cumplido su deber de programar dicho acto procesal dentro de las cuarenta y ocho horas, omitiendo resolver su situación jurídica. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela impetrada.
Al respecto la jurisprudencia constitucional mediante la SCP 0545/2019-S1 de 16 de julio, que recoge a su vez la jurisprudencia constitucional sobre este tópico, señaló que: “La SCP 0849/2017-S3 de 1 de septiembre, citando la SC 0224/2004-R de 16 de febrero, estableció que: ‘…toda autoridad que conozca de una solicitud en la que se encuentre involucrado el derecho a la libertad física, tiene el deber de tramitarla con la mayor celeridad posible, o cuando menos dentro de los plazos razonables, pues de no hacerlo podría provocar una restricción indebida del citado derecho, lo que no significa, que siempre tendrá que otorgar o dar curso a la solicitud en forma positiva, pues esto dependerá de las circunstancias y las pruebas que se aporten en cada caso, dado que se reitera la lesión del derecho a la libertad física, está en la demora o dilación indebida de una solicitud de tal naturaleza, vale decir, que si la solicitud es negada de acuerdo a una compulsa conforme a Ley no es ilegal siempre que esa negativa se la resuelva con la celeridad que exige la solicitud’.
Asimismo, la SC 0465/2010-R de 5 de julio, desarrollando la doctrina que reconoce a la acción traslativa o de pronto despacho, sostuvo que: ‘…se constituye en el mecanismo procesal idóneo para operar en caso de existir vulneración a la celeridad cuando esté relacionada a la libertad y devenga de dilaciones indebidas, que retardan o evitan resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad’, de donde se extrae que cuando una persona privada de libertad realiza una solicitud en la que pretenda la resolución de su situación jurídica, el Estado a través del Juez de la causa debe tramitar dicha solicitud en los plazos que señala la norma, o en su caso a la brevedad posible y dentro de un plazo razonable, en razón de la naturaleza del derecho que se pretende se tutele” (las negrillas son añadidas).
Con relación al principio de celeridad, la jurisprudencia constitucional, a través de la SCP 0208/2020-S3 de 13 de julio, señaló que: «Al respecto, la SCP 0032/2016-S3 de 4 de enero, estableció que: “La potestad de impartir justicia se rige entre otros, por el principio de celeridad, establecido en el art. 178.I de la CPE, al señalar que: ‘La potestad de impartir justicia emana del pueblo boliviano y se sustenta en los principios de independencia, imparcialidad, seguridad jurídica, publicidad, probidad, celeridad, gratuidad, pluralismo jurídico…’. En concordancia con esta disposición, el art. 115.II de la Norma Suprema, determina que: ‘El Estado garantiza el derecho al debido proceso, a la defensa y a una justicia plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones’; en ese sentido la actuación de la jurisdicción ordinaria debe ser rápida, oportuna y eficaz, tanto en la tramitación como en la resolución de las causas, ya que las personas que intervienen en el proceso esperan una definición pronta de su situación jurídica, máxime si está comprometido un derecho fundamental como es la libertad; premisa que también se encuentra establecida en el art. 180.I de la CPE, que sustenta a la jurisdicción ordinaria en el principio procesal de celeridad entre otros. En ese contexto, la jurisprudencia constitucional, a través de la SC 1010/2010-R de 23 de agosto, al referirse al instituto procesal de cesación de la detención preventiva, estableció que: ‘…toda autoridad jurisdiccional que conozca una solicitud de un detenido o privado de libertad, debe tramitar la misma, con la mayor celeridad posible, y dentro de los plazos legales si están fijados, y en un plazo razonable, si no está establecido por ley. De no ser así, tal actuación procesal provocaría efectos dilatorios sobre los derechos del detenido y en consecuencia repercute o afecta a su libertad que de hecho ya está disminuida por la sola privación de libertad en que se encuentra, sin que este razonamiento implique que necesariamente se deba deferir a su petición, sino, se refiere a que sea escuchado oportunamente a fin de que obtenga una respuesta positiva o negativa’.
La citada jurisprudencia constitucional, determinó tres situaciones para considerar acto dilatorio, en el trámite de cesación de la detención preventiva, concluyendo: ‘En consecuencia, se considera acto dilatorio en el trámite de la cesación de la detención preventiva, cuando: a) En lugar de fijar directamente la fecha y hora de la audiencia y notificar a las partes, se dispongan traslados previos e innecesarios no previstos por ley. b) Se fije la audiencia en una fecha alejada, más allá de lo razonable o prudencial… c) Se suspende la audiencia de consideración, por causas o motivos que no justifican la suspensión, ni son causales de nulidad. Tal el caso de la inasistencia del representante del Ministerio Público o de la víctima y/o querellante, si es que han sido notificadas legalmente y no comparecen a la audiencia. En el caso del Ministerio Público al estar regido por el principio de unidad tiene los medios para asistir a través de otro fiscal, y en cuanto al querellante al ser coadyuvante y estar notificado, su participación es potestativa en dicho acto, y por ende, su inasistencia no vincula a la autoridad jurisdiccional al estar cumplida la formalidad. No obstante, en caso de que la suspensión se deba a la falta de notificación o a la inasistencia del propio imputado, no existe dilación indebida ni afectación a derecho alguno, en cuyo caso deberá fijarse nueva fecha de audiencia conforme a las directrices expuestas …’”» (las negrillas fueron añadidas).
El accionante a través de sus representantes denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad y la tutela judicial efectiva; y del principio de celeridad, toda vez que, en reiteradas oportunidades solicitó audiencia de cesación a la detención preventiva sin que el Tribunal ahora demandado haya cumplido su deber de programar dicho acto procesal dentro de las cuarenta y ocho horas, omitiendo resolver su situación jurídica. De los antecedentes cursantes en obrados, se evidencian varios memoriales presentados por el ahora accionante, solicitando entre otros, señalamiento de audiencia de cesación a la detención preventiva; siendo el último de 18 de julio de 2023 (Conclusión II.1). Por otra parte, de la revisión del expediente principal, realizada por el Juez de garantías puso de manifiesto que no se providenció dicho memorial dentro de los plazos determinados en el art. 132.1 de CPP; es decir, dentro del plazo de veinticuatro horas; tampoco se señaló la audiencia dentro del término de cuarenta y ocho horas previsto por el art. 239.II del Código Penal, aspecto que no fue controvertido por el demandado. Al respecto, debe considerarse la jurisprudencia citada en el Fundamento Jurídico III.1 de este fallo constitucional, mediante la cual se determinó que toda autoridad judicial que conozca una solicitud de un privado de libertad debe tramitarla con la mayor celeridad posible, el no hacerlo implica un acto dilatorio. En ese sentido, se advierte que el Tribunal ahora accionado al no haber providenciado el último memorial de solicitud de audiencia de consideración de cesación a la detención preventiva, ocasionó dilación para definir la situación jurídica del impetrante de tutela. Cabe referir que, conforme se tiene del Fundamento Jurídico III.2 de este fallo constitucional, la jurisprudencia ha sido uniforme en determinar como uno de los supuestos de procedencia de la acción de libertad traslativa o de pronto despacho, la demora en realizar la audiencia para consideración de cesación a la detención preventiva, en el entendido que toda autoridad jurisdiccional que conozca una solicitud de un detenido o privado de libertad, debe tramitar la misma, con la mayor celeridad posible, y dentro de los plazos fijados por ley, principalmente para evitar actos dilatorios al momento de definir la situación jurídica de un privado de libertad; en tal razón, la acción de libertad en su tipología traslativa o de pronto despacho, busca apresurar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas, para resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad y también de la que está siendo procesada penalmente, en observancia al principio de celeridad consagrado en la Constitución Política del Estado, cuya finalidad es garantizar el acceso a la justicia pronta, oportuna y sin dilaciones, exigiendo a los administradores de justicia su aplicación. Por todo lo expuesto, se demuestra que los accionados inobservaron la jurisprudencia establecida en los Fundamentos Jurídicos III.1. y III.2 de esta Sentencia Constitucional Plurinacional; puesto que, al no haber programado la audiencia de consideración de cesación a la detención preventiva del accionante, provocaron una demora injustificada en la tramitación de la solicitud del impetrante de tutela máxime si el cuaderno procesal fue remitido a otra instancia sin haberse atendido la solicitud; ahora bien conforme lo manifestado por el Juez demandado, en audiencia de acción de libertad, dicha situación corresponde a una incumbencia de los funcionarios subalternos; sin embargo, se debe tener presente que la autoridad jurisdiccional es la responsable del manejo de su despacho, encargado de dirigir las funciones de su personal y la tramitación de los procesos a su cargo y garante de que los mismos se desarrollen dentro de los plazos previstos en la norma y con regularidad, principalmente que no lesione derechos del imputado. En consecuencia, al no haberse programado la audiencia para considerar la solicitud de cesación de la detención preventiva, se vulneró el derecho a una justica pronta y oportuna, la tutela judicial efectiva, vinculado al derecho al debido proceso en su elemento de celeridad; correspondiendo, conceder la tutela solicitada. En consecuencia, el Tribunal de garantías, al haber denegado la tutela impetrada, obró de manera incorrecta; principalmente al considerar que en la Resolución dictada, dispuso que el Tribunal de Sentencia Penal Tercero de la Capital del departamento de Santa Cruz -demandado- realice el trámite correspondiente señalando la audiencia de referencia con base en los arts. 124 y 239.II del CPP, a fin de garantizar celeridad procesal, decisión que en el fondo implica haber concedido la tutela.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución 14 de 21 de julio de 2023, cursante de fs. 20 vta. a 23 vta., pronunciada por la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, y en consecuencia: CONCEDER la tutela, en los términos dispuestos por el Tribunal de garantías, salvo que por el transcurso del tiempo, la situación jurídica del accionante sea distinta.
Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Fdo. Paola Verónica Prudencio Candia
MAGISTRADA
Fdo. Ángel Edson Dávalos Rojas
MAGISTRADO
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_1571_2025-S3.pdf · páginas 1 a 9.
Huella digital del PDF (SHA-256): 7697375a5fe6c4db69a86f3a41d2786bc6bfdbcb1b07a0426b145b76181a798a
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