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SCP 1563/2025-S3

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Tercera · 25 de noviembre de 2025

Concede la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Tercera
Fecha
25 de noviembre de 2025
Acción
Acción de libertad
Magistrada relatora
Paola Verónica Prudencio Candia
Expediente
57441-2023-115-AL
Departamento
Oruro
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de libertad — traslativa / pronto despacho

Qué se discutió

El accionante a través de su representante, señala como lesionado su derecho a la libertad vinculado al principio de celeridad; toda vez que, al haberse dispuesto su detención preventiva, se programó audiencia de consideración de su situación jurídica para el 21 de julio de 2023; empero, al haberse presentado acusación fiscal, se remitieron los antecedentes ante el Juez ahora demandado, quien no instaló la precitada audiencia ni programó otra, y por el contrario envió el cuaderno procesal a la Sala Plena del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro, para que defina la competencia de la referida autoridad demandada, dejándolo en incertidumbre. En consecuencia, corresponde en revisión determinar si los argumentos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 01/2023 de 2 de agosto, cursante de fs. 30 a 32 vta., pronunciada por la Jueza de Sentencia Penal Cuarta de la Capital del departamento de Oruro; y, en consecuencia, CONCEDER la tutela impetrada, conforme a los fundamentos expuestos precedentemente, disponiendo que, en el plazo de veinticuatro horas computables a partir de su notificación con el presente fallo constitucional, el Juez de Trabajo y Seguridad Social, de Sentencia Penal y Juez Técnico Primero de Challapata del departamento de Oruro, remita los antecedentes del proceso penal seguido contra el accionante al Juzgado Público Mixto Civil y Comercial de Familia, Niñez y Adolescencia, de Partido del Trabajo y Seguridad Social e Instrucción Penal Primero de Santiago de Huari del indicado departamento, para que éste celebre la audiencia de consideración de la situación jurídica del nombrado; salvo que, por el transcurso del tiempo, ya se hubiera definido la situación del solicitante de tutela.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. La acción de libertad en su modalidad traslativa o de pronto despacho
  2. III.2. Competencia para conocer solicitudes con relación a la aplicación o modificación de las medidas cautelares ante la interposición de la acusación fiscal
  3. III.3. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1563/2025-S3 Sucre, 25 de noviembre de 2025 SALA TERCERA Magistrada Relatora: Paola Verónica Prudencio Candia Acción de libertad Expediente: 57441-2023-115-AL Departamento: Oruro En revisión la Resolución 01/2023 de 2 de agosto, cursante de fs. 30 a 32 vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Julio César Torrico Salinas en representación sin mandato de Rolando Alegría Gutiérrez contra Ananías Gonzáles Ibáñez, Juez de Trabajo y Seguridad Social, de Sentencia Penal y Juez Técnico Primero de Challapata del departamento de Oruro.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memorial presentado el 1 de agosto de 2023, cursante de fs. 15 a 16 vta., el accionante a través de su representante, manifestó lo siguiente:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Dentro del proceso penal seguido en su contra, por la presunta comisión del delito de acoso sexual, se dispuso su detención preventiva en el Centro Penitenciario San Pedro de Oruro; fijándose audiencia de consideración de su situación jurídica para el 21 de julio de 2023. Entre el señalamiento y la fecha en que debía materializarse la indicada audiencia, el Ministerio Público presentó el pliego acusatorio. En la mencionada fecha, no se instaló la referida audiencia, y no se fijó una nueva para definir su situación jurídica. Si el Juez demandado tenía algún impedimento justificado y razonable, con anterioridad debió programar otro actuado y no mantenerlo en incertidumbre; pues, la detención preventiva no opera ipso iure porque se presente una acusación, no debiendo entendérsela subsistente de manera indefinida.

I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados

Denunció la lesión de su derecho a la libertad, vinculado al principio de celeridad, citando al efecto el art. 23 de la Constitución Política del Estado (CPE).

I.1.3. Petitorio

Solicitó se conceda la tutela impetrada; y en consecuencia, se disponga: a) El restablecimiento de las formalidades legales y la filosofía de la acción de libertad de pronto despacho; y, b) Que el Juez demandado señale audiencia inmediata para considerar su situación jurídica, en el plazo de veinticuatro horas, sea con costas y condenaciones de ley.

I.2. Audiencia y Resolución de la Jueza de garantías

Celebrada la audiencia pública el 2 de agosto de 2023, según consta en el acta cursante de fs. 28 a 29 vta., se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

El accionante a través de su representante ratificó los argumentos expuestos en la acción de libertad interpuesta, y ampliándolos, manifestó que: 1) Después de cuatro meses de iniciada la etapa preparatoria, se llevó a cabo la audiencia de medidas cautelares, en la que se dispuso su detención preventiva por el lapso de tres meses; vale decir, que cuando se cumplió esa medida cautelar no se definió su situación jurídica, que debía ser considerada en la audiencia de 21 de julio de 2023, programada por el Juez de Instrucción -no precisa cual-; sin embargo, el Juez demandado no instaló ese acto procesal, y contrariamente, tres días después, remitió los antecedentes del proceso a la Sala Plena del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro, a fin que se resuelva la consulta sobre incompetencia; y, 2) Lo que tiene que hacer el Juez demandado, es tramitar la devolución de los antecedentes para instalar la merituada audiencia, tomando en cuenta además que no existe incompetencia declarada ni suspensión de la misma.

I.2.2. Informe del demandado

Ananías Gonzáles Ibáñez, Juez de Trabajo y Seguridad Social, de Sentencia Penal y Juez Técnico Primero de Challapata del departamento de Oruro, a través de informe escrito presentado el 2 de agosto de 2023, cursante a fs. 25, manifestó que: i) No señaló ninguna audiencia para el 21 de julio de 2023, y mucho menos en el Centro Penitenciario San Pedro de Oruro, considerando que tiene audiencias programadas como “Tribunal de Sentencia de Challapata” todos los días viernes; ii) El supuesto proceso en el que su autoridad tendría que haber instalado audiencia para la consideración de la situación jurídica del accionante, se encuentra en consulta ante el Tribunal Departamental de Justicia de Oruro, debido a que, según el mapa judicial, no le corresponde conocer casos de “Sentencia Penal”; y, iii) Se debe tener claramente establecido, que ningún derecho tiene carácter absoluto; en ese sentido, como Juez suplente se traslada los días jueves a Huanuni, para efectuar audiencias fijadas con anterioridad; por lo que, no puede estar presente en dos lugares al mismo tiempo.

I.2.3. Resolución

La Jueza de Sentencia Penal Cuarta de la Capital del departamento de Oruro, constituida en Jueza de garantías, por Resolución 01/2023 de 2 de agosto, cursante de fs. 30 a 32 vta., concedió la tutela solicitada, disponiendo que en el plazo de veinticuatro horas, el Juez demandado señale audiencia de consideración de la situación jurídica del solicitante de tutela, a llevarse a cabo en el Centro Penitenciario San Pedro de Oruro; todo ello, con base en los siguientes fundamentos: a) El 18 de julio de 2023, el Juez accionado tuvo conocimiento del pliego acusatorio y el cuaderno de control jurisdiccional, y si bien de inicio se devolvieron los antecedentes a fin de su subsanación, fueron remitidos nuevamente en la misma fecha; por lo que, conforme al art. 340 del Código de Procedimiento Penal (CPP), a partir del conocimiento de la acusación pública ya debe tomar competencia una vez remitido el cuaderno de juicio oral; por cuanto, se extraña que si bien no se radicó la causa; sin embargo, tres días después, se la remitió a la Sala Plena del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro, sin observar que el señalamiento de la audiencia de consideración de la situación jurídica del accionante, estaba programada por el Juez de origen para el 21 del citado mes y año; y, b) Al no celebrar la merituada audiencia, el Juez demandado, lesionó los derechos al debido proceso y a la defensa del solicitante de tutela, encontrándose indebidamente detenido; y si bien la autoridad demandada no programó la merituada audiencia, debió efectuar la revisión del cuaderno procesal y sustanciar la misma, no siendo eximente la excesiva carga laboral.

II. CONCLUSIONES

De la revisión y análisis de la documental adjunta al expediente, se evidencia lo siguiente: II.1. Por Auto Complementario de 24 de abril de 2023, el Juez Público Mixto Civil y Comercial de Familia, Niñez y Adolescencia, de Partido del Trabajo y Seguridad Social e Instrucción Penal Primero de Santiago de Huari del departamento de Oruro, señaló audiencia para la consideración de la situación jurídica de Rolando Alegría Gutiérrez -accionante-, para el 21 de julio de ese año (fs. 2).

II.2. El 15 de junio de 2023, el Fiscal de Materia, presentó acusación contra el solicitante de tutela (fs. 3 a 7). En consecuencia, se emitió el decreto de 16 de ese mes y año, que dispuso el sorteo en el Sistema Integrado de Registro Judicial (SIREJ), y posterior remisión de los antecedentes (fs. 8); que se efectivizó mediante nota de 19 del indicado mes y año, recepcionada por el Juzgado de Trabajo y Seguridad Social, de Sentencia Penal y Juez Técnico Primero de Challapata del departamento de Oruro, el 28 del referido mes y año (fs. 9 y vta.). II.3. Mediante decreto de 4 de julio de 2023, el Juez de Trabajo y Seguridad Social, de Sentencia Penal y Juez Técnico Primero de Challapata del departamento de Oruro -demandado-, devolvió antecedentes por haber remitido el pliego acusatorio en fotocopias simples (fs. 11). En su mérito, en virtud al decreto de 18 del citado mes y año, se devolvieron los antecedentes, subsanando lo observado (fs. 13 a 14). II.5. Cursa nota de 24 de julio de 2023, recepcionada el 2 de agosto de igual año, de remisión del expediente en consulta a la Sala Plena del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro (fs. 27), a fin que se resuelva el conflicto de competencia, conforme se tiene del Informe emitido por la Secretaria del Juzgado de Trabajo y Seguridad Social, de Sentencia Penal y Juez Técnico Primero de Challapata del departamento de Oruro (fs. 26).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

El accionante a través de su representante, señala como lesionado su derecho a la libertad vinculado al principio de celeridad; toda vez que, al haberse dispuesto su detención preventiva, se programó audiencia de consideración de su situación jurídica para el 21 de julio de 2023; empero, al haberse presentado acusación fiscal, se remitieron los antecedentes ante el Juez ahora demandado, quien no instaló la precitada audiencia ni programó otra, y por el contrario envió el cuaderno procesal a la Sala Plena del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro, para que defina la competencia de la referida autoridad demandada, dejándolo en incertidumbre. En consecuencia, corresponde en revisión determinar si los argumentos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

III.1. La acción de libertad en su modalidad traslativa o de pronto despacho

Al respecto, la SCP 0428/2025-S3 de 23 de mayo, haciendo mención a la SCP 0002/2019-S1 de 7 de enero, estableció que: «…en cuanto a los trámites y solicitudes cuando una persona se encuentra privada de libertad éstas deben ser atendidas con la mayor celeridad, por encontrarse de por medio la libertad de las personas en ese entendido (…) “El Tribunal Constitucional en la SC 1579/2004-R de 1 de octubre, concluyó que el recurso de hábeas corpus -actualmente acción de libertad-: ‘…puede ser reparador, si ataca una lesión ya consumada, preventivo si procura impedir una lesión a producirse o correctivo si intenta evitar que se agraven las condiciones en que se mantiene a una persona detenida’”.

(…) De donde se colige que, de acuerdo a la jurisprudencia constitucional sentada por el Tribunal Constitucional, el habeas corpus traslativo o de pronto despacho, se constituye en el medio idóneo y efectivo en caso de existir vulneración al principio de celeridad respecto a trámites judiciales o administrativos que se encuentren directamente vinculados con el derecho a la libertad; es decir, cuando existen dilaciones indebidas que retardan o evitan resolver la situación jurídica de una persona que se encuentra privada de libertad (…).

La jurisprudencia citada, ha señalado que la acción de libertad traslativa o de pronto despacho, se constituye en el medio idóneo y efectivo en caso de existir vulneración al principio de celeridad respecto a trámites judiciales o administrativos que se encuentren directamente vinculados con el derecho a la libertad; es decir, cuando existen dilaciones indebidas que retardan o evitan resolver la situación jurídica de una persona que se encuentra privada de libertad» (las negrillas corresponden al texto original).

III.2. Competencia para conocer solicitudes con relación a la aplicación o modificación de las medidas cautelares ante la interposición de la acusación fiscal

Sobre el particular, en un caso relacionado a la audiencia de consideración de la situación jurídica de un detenido preventivo, la SCP 0462/2025-S2 de 23 de mayo, estableció que: “En ese sentido, dado que el proceso objeto de análisis no habría sido radicado ante una autoridad distinta de la demandada, incluso con la acusación fiscal ya presentada lo que si bien impide analizar el supuesto del art. 233.3 del CPP, correspondía en todo caso a la autoridad judicial demandada resolver la situación jurídico procesal del impetrante de tutela a efecto de no dejar pendiente un actuado procesal, máxime cuando en el caso concreto se había señalado audiencia con esa finalidad para el 24 de octubre de 2022, siendo el Juez demandado el encargado del control jurisdiccional del proceso hasta que el mismo haya sido efectivamente radicado ante el juzgado o tribunal de sentencia penal correspondiente.

Por ello, la autoridad demandada no debió dejar pendiente la audiencia de consideración de situación jurídica del impetrante de tutela, aspecto que en el caso concreto tuvo un efecto dilatorio, pero además dejó en incertidumbre la situación del accionante obligando a este Tribunal a conceder la tutela solicitada” (las negrillas son añadidas).

III.3. Análisis del caso concreto

De acuerdo a los antecedentes de esta acción tutelar, se tiene que, ante la imposición de la detención preventiva, el Juez Público Mixto Civil y Comercial de Familia, Niñez y Adolescencia, de Partido del Trabajo y Seguridad Social e Instrucción Penal Primero de Santiago de Huari del departamento de Oruro, señaló audiencia para la consideración de la situación jurídica de Rolando Alegría Gutiérrez -accionante-, para el 21 de julio de 2023 (Conclusión II.1); mientras se cumplía esa medida cautelar, el 15 de junio de ese año, el Ministerio Público presentó acusación (Conclusión II.2); por lo que, se dispuso la remisión de la causa al Juzgado de Trabajo y Seguridad Social, de Sentencia Penal y Juez Técnico Primero de Challapata del departamento de Oruro, recepcionando los antecedentes el 28 del mencionado mes y año (Conclusión II.3). Observados estos, se devolvieron al Juzgado de origen para su subsanación, siendo remitidos nuevamente en la misma fecha (Conclusión II.4). Posterior a ello, con la finalidad que se resuelva un conflicto de competencia, el 2 de agosto del indicado año, se enviaron los antecedentes a la Sala Plena del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro (Conclusión II.5). Conforme a los antecedentes y a lo señalado precedentemente, este Tribunal advierte que, efectivamente no se celebró la audiencia de consideración de la situación jurídica del accionante, pese a haber sido señalada para el 21 de julio de 2023; y, por el contrario, el Juez demandado, remitió los antecedentes del proceso a la Sala Plena del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro, sin radicar la causa ante la remisión del pliego acusatorio y sin verificar que se encontraba pendiente la definición de la situación jurídica del solicitante de tutela. En esa línea de análisis, el Juez demandado, al momento de recibir los antecedentes, debió percatarse que se encontraba pendiente la realización de la audiencia fijada para el 21 de julio de 2023, en la que se definiría la situación jurídica del impetrante de tutela; empero, sin revisar de forma minuciosa el expediente, lo envió a Sala Plena del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro, para que se resuelva sobre su competencia, cuando correspondía que, se devuelvan los antecedentes al Juzgado de origen a fin que, el Juez Público Mixto Civil y Comercial de Familia, Niñez y Adolescencia, de Partido del Trabajo y Seguridad Social e Instrucción Penal Primero de Santiago de Huari del indicado departamento, celebre la merituada audiencia, evitando así dejar en incertidumbre al nombrado; más aún, si el Juez demandado no radicó la causa remitida con el pliego acusatorio, dilatando de manera innecesaria la situación jurídica del peticionante de tutela. En virtud a ello, corresponde conceder la tutela que brinda la acción de libertad traslativa o de pronto despacho que, conforme a la jurisprudencia constitucional citada en el Fundamento Jurídico III.1 de este fallo constitucional, se constituye en el medio idóneo y efectivo en caso de existir vulneración al principio de celeridad respecto a trámites judiciales o administrativos que se encuentren directamente vinculados con el derecho a la libertad; en el caso de autos, de los antecedentes que cursan en el expediente constitucional, se infiere que el Juez demandado, incurrió en una dilación indebida y lesionó el principio de celeridad que importa retardación de justicia, pues no devolvió los antecedentes al Juzgado de origen a fin que se defina la situación jurídica del accionante que al momento de interponer la acción de libertad que se analiza se encontraba privado de libertad. Finalmente, de la lectura de la Resolución 01/2023 de 2 de agosto, que se revisa, se evidencia que la Jueza de garantías, dispuso de manera incorrecta, que el Juez demandado señale y lleve a cabo la audiencia de consideración de la situación jurídica del accionante; sin embargo, no consideró que la causa en la que se emitió la acusación fiscal, no estaba radicada aún en el Juzgado de Trabajo y Seguridad Social, de Sentencia Penal y Juez Técnico Primero de Challapata del departamento de Oruro; por lo que, el Juez Público Mixto Civil y Comercial de Familia, Niñez y Adolescencia, de Partido del Trabajo y Seguridad Social e Instrucción Penal Primero de Santiago de Huari del indicado departamento, aún tenía competencia para celebrar la mencionada audiencia, pues era el encargado del control jurisdiccional del proceso hasta que el mismo haya sido efectivamente radicado ante el juzgado o tribunal de sentencia penal correspondiente, conforme establece la jurisprudencia constitucional desarrollada en el Fundamento Jurídico III.2 de este fallo constitucional; en virtud a ello, corresponde disponer que sea el Juez de origen, el que realice la audiencia de consideración de la situación jurídica del solicitante de tutela y no así el Juez demandado, salvo que, por el transcurso del tiempo, ya se hubiera efectuado la precitada audiencia. En consecuencia, la Jueza de garantías, al haber concedido la tutela impetrada, aunque con otros fundamentos, obró de forma correcta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 01/2023 de 2 de agosto, cursante de fs. 30 a 32 vta., pronunciada por la Jueza de Sentencia Penal Cuarta de la Capital del departamento de Oruro; y, en consecuencia, CONCEDER la tutela impetrada, conforme a los fundamentos expuestos precedentemente, disponiendo que, en el plazo de veinticuatro horas computables a partir de su notificación con el presente fallo constitucional, el Juez de Trabajo y Seguridad Social, de Sentencia Penal y Juez Técnico Primero de Challapata del departamento de Oruro, remita los antecedentes del proceso penal seguido contra el accionante al Juzgado Público Mixto Civil y Comercial de Familia, Niñez y Adolescencia, de Partido del Trabajo y Seguridad Social e Instrucción Penal Primero de Santiago de Huari del indicado departamento, para que éste celebre la audiencia de consideración de la situación jurídica del nombrado; salvo que, por el transcurso del tiempo, ya se hubiera definido la situación del solicitante de tutela. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Fdo. Paola Verónica Prudencio Candia

MAGISTRADA

Fdo. Ángel Edson Dávalos Rojas

MAGISTRADO

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_1563_2025-S3.pdf · páginas 1 a 8.

Huella digital del PDF (SHA-256): 7afa1ccfea41ae7a53bee6d532eab9f96304a783b184e923d7a790fab3b3294b

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