Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Tercera · 25 de noviembre de 2025
Concede en parte la tutela
El accionante denuncia la lesión de su derecho a la libertad y al principio de celeridad; toda vez que, habiéndose dispuesto a través de Auto de Vista 559/2023 de 21 de julio, revocar su detención preventiva, determinando en su lugar medidas sustitutivas menos gravosas, su abogado defensor se apersonó a la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, con el fin de cumplir dichas medidas; empero, el Secretario y la Oficial de Diligencias demandados se negaron a recibir los documentos de sus garantes propuestos y realizar los demás actuaciones para dar cumplimiento al citado Auto de Vista, además de no haber transcrito hasta la data de presentación de esta acción de libertad, el Auto de Vista 559/2023, lo cual ocasiona una dilación en la efectivización de su detención domiciliara. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR en parte la Resolución 24/2023 de 27 de julio, cursante de fs. 22 a 24, pronunciada por el Juez de Sentencia contra la Violencia hacia la Mujer Segundo de El Alto departamento de La Paz; y en consecuencia: 1° CONCEDER en parte la tutela solicitada, con relación a Yuri Jesús Gómez Pérez, Secretario de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz únicamente con relación a la demora en la transcripción del Auto de Vista 559/2023 de 21 de julio, disponiendo que en el plazo de veinticuatro horas computables a partir de la notificación con la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, proceda a transcribir el indicado Auto de Vista, en caso de no haberlo efectuado. 2° DENEGAR la tutela impetrada con referencia a la Oficial de Diligencias de la mencionada Sala Penal Segunda, así como con relación a la denuncia de dilación en la emisión de los mandamientos de detención domiciliaria y de arraigo y la negativa en la recepción de documentos de los garantes propuesto, conforme se desarrolló en los Fundamentos Jurídicos de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1552/2025-S3 Sucre, 25 de noviembre de 2025 SALA TERCERA Magistrada Relatora: Paola Verónica Prudencio Candia Acción de libertad Expediente: 57215-2023-115-AL Departamento: La Paz En revisión la Resolución 24/2023 de 27 de julio, cursante de fs. 22 a 24, pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por José Luis Quevedo Torrez en representación sin mandato de Sixto Tinta Vargas contra Yuri Jesús Gómez Pérez, Secretario y la “DACTILÓGRAFA”, ambos de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz.
Por memorial presentado el 26 de julio de 2023, cursante de fs. 8 a 10 vta., el accionante a través de su representante sin mandato, expresó que:
Dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público en su contra, por la presunta comisión del delito de abuso sexual, solicitó la cesación de su detención preventiva que fue rechazada mediante Auto Interlocutorio 636/2023 de 6 de julio, motivo por el que, formuló de manera oral apelación incidental, que fue declarada procedente a través de Auto de Vista 559/2023 de 21 de igual mes y año, revocando la medida extrema y disponiendo entre otras las siguientes medidas sustitutivas: su detención domiciliaria con salidas laborales, arraigo, presentación cada quince días en el Ministerio Público y la presentación de dos garantes solventes. Ante la determinación dispuesta por la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, su abogado defensor se apersonó conjuntamente los dos garantes solventes y su respectiva documentación ante dicho Tribunal de apelación a fin de cumplir lo requerido; empero, la Oficial de Diligencias les manifestó que tenían que coordinar la transcripción del Auto de Vista 559/2023 y que la mencionada Sala Penal, no realiza los mandamientos de detención domiciliaria ni de arraigo, lo cual fue confirmado por el Secretario del mismo Tribunal ad quem, quien además expresó que los verificativos de los garantes junto con las otras disposiciones se deben ejecutar por el Juzgado de origen de la causa, debiendo por ello coordinar que la transcripción del mencionado Auto de Vista se realice a la brevedad posible y que se devuelvan los antecedentes al Juzgado de origen. Ante esa situación, se contactaron con la “DACTILOGRAFA”, quien de manera prepotente les respondió que no tenía tiempo para sus reclamos y que las transcripciones se efectúan de acuerdo a la tablilla de audiencias de ambos Vocales que son miembros de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, debiéndose considerar que son más de quince audiencias diarias, además que debían entregar un CD, requisito que no está enmarcado en ninguna disposición normativa.
Denunció la lesión de su derecho a la libertad, sin citar norma constitucional alguna.
Solicitó se conceda la tutela, ordenándose que los servidores de apoyo jurisdiccional demandados extiendan los mandamientos de detención domiciliaria con salidas laborales y el de arraigo, así como realicen los verificativos domiciliarios dispuestos por el Tribunal de apelación, sean en el día a efectos de su libertad inmediata.
Celebrada la audiencia pública virtual el 27 de julio de 2023, según consta en acta cursante de fs. 20 a 21 vta., se produjeron los siguientes actuados:
El accionante a través de su abogado, ratificó el contenido de su demanda tutelar y ampliándolo señaló que: a) Se encuentra detenido preventivamente en el Centro Penitenciario San Pedro de La Paz; sin embargo, a consecuencia del recurso de apelación incidental que interpuso dentro de la solicitud de cesación de la detención preventiva, la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, mediante Auto de Vista 559/2023 revocó la medida extrema determinada en su contra, disponiendo en su lugar otras medidas sustitutivas menos gravosas; b) Su defensa técnica se apersonó a oficinas de la indica Sala Penal, con el fin de presentar a los dos garantes y cumplir con las otras condiciones, empero, recibieron una negativa por parte de los funcionarios de apoyo jurisdiccional demandados, pues la “dactilógrafa” manifestó que no tuvo tiempo para realizar la transcripción de la resolución correspondiente y el Secretario demandado expresó que en dicho Tribunal de alzada no se pueden emitir los mandamientos impetrados; y, c) Por lo anotado, interpuso la presente acción de libertad en su modalidad traslativa o de pronto despacho a fin que se dé celeridad a la emisión de los mandamientos de detención domiciliaria y de arraigo, solicitando que sean emitidos directamente por dicho Tribunal de apelación, así como se realice el verificativo de su domicilio y que se acepten los garantes propuestos; dado que, dicha dilación lesionó su derecho a la libertad y el principio de celeridad previstos en los arts. 115.II y 180 de la Constitución Política del Estado (CPE). Además de reclamar que a la fecha no se transcribió el referido Auto de Vista 559/2023.
Yuri Jesús Gómez Pérez, Secretario de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, mediante informe escrito presentado -sin fecha-, cursante a fs. 19, señaló que: 1) Con relación a la petición efectuada por el impetrante de tutela a través de esta acción de defensa referente a que sea el Tribunal de apelación quien realice el verificativo del domicilio, acepte a los garantes propuestos y que emita los mandamientos de detención domiciliaria y de arraigo, es preciso hacer conocer que “…la parte accionante esta solicitando cuestiones que no han sido determinados en el auto de vista No. 559/2023 de fecha 21 de julio, siendo que no dispone que esta instancia se emita lo impetrado…” (sic [negrillas añadidas]); y, 2) A pesar de lo anotado, “…se está transcribiendo la resolución referida a la brevedad posible…” (sic), debiéndose tomar en cuenta la carga laboral que existe en la mencionada Sala Penal. Por lo que pidió se deniegue la tutela al no evidenciarse lesión alguna al derecho reclamado. “Beatriz M. C. Choque”, Oficial de Diligencias de la Sala Penal Segunda del mismo Tribunal, en audiencia de garantías señaló que: i) Aclarar que no es “dactilógrafa” de la citada Sala Penal y que se pidió el CD porque no tienen dicho material en el referido Tribunal Departamental de Justicia; ii) Cuando el abogado defensor del impetrante de tutela se apersonó a la citada Sala Penal, se le explicó que el Auto de Vista 559/2023 no dispuso que el cumplimiento de las medidas sustitutivas debían ser efectuadas en el Tribunal de apelación; y, iii) En cuanto a la transcripción del mencionado Auto de Vista, “…se ha pasado al despacho que si bien no ha salido hasta el momento es por que los vocales se encuentran en audiencias de lo cual se la ha indicado que para que salga de una vez y se lo remita porque es a la Ciudad de El Alto traiga el correspondiente CD….” (sic).
El Juez de Sentencia contra la Violencia hacia la Mujer Segundo de El Alto departamento de La Paz, constituido en Juez de garantías, mediante Resolución 24/2023 de 27 de julio, cursante de fs. 22 a 24, denegó la tutela impetrada;
decisión asumida con base en los siguientes fundamentos: a) Conforme a los hechos denunciados por el accionante, se refiere que el Secretario demandado estaría dilatando el trámite de verificación de los garantes propuestos y la emisión de los mandamientos de detención domiciliaria y de arraigo, afirmación que es errada, pues el indicado servidor judicial, es solo personal de apoyo jurisdiccional, no es la autoridad que decide o firma los mandamientos de detención domiciliaria ni el de arraigo, no estando dentro de sus atribuciones firmar ninguna resolución; b) El cargo de “dactilógrafa” no está comprendido dentro de la Ley del Órgano Judicial, siendo solo un acuerdo de Sala Plena; empero, es preciso señalar que no le corresponde transcribir resoluciones emitidas por los vocales de esa sala; c) La presente acción tutelar incurre en una causal de improcedencia por falta de legitimación pasiva; dado que, las autoridades competentes para resolver los actos reclamados son los Vocales de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, quienes tienen la jurisdicción y competencia para emitir las resoluciones correspondientes; y, d) Pese a que a través de Auto de Vista 559/2023 se revocó la detención preventiva y se determinó medidas sustitutivas a favor del demandante de tutela, las mismas deben ser ejecutadas por el Juez de origen, toda vez que de acuerdo a las reglas de la jurisdicción y competencia, le impele a dicha autoridad judicial emitir los correspondientes mandamientos de libertad, detención domiciliaria o de arraigo. En vía de aclaración, enmienda y complementación, el accionante refirió que si bien esta acción de defensa fue dirigida en forma incorrecta contra la “dactilógrafa”, no es menos evidente que también se presentó contra el Secretario de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, quien de acuerdo al art. 94 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ) debe realizar su labor con la debida celeridad. De allí que al encontrarse dentro de sus obligaciones el transcribir las resoluciones que se dicten en ese Tribunal, dicha labor no fue cumplida, pues como afirmó el propio Secretario demandado, el Auto de Vista 559/2023 no fue transcrito, ocasionando una dilación y perjuicio a la tramitación de su cesación de la detención preventiva; por lo que, solicitó que se complemente la Resolución 24/2023, estableciendo un plazo para que el mencionado servidor de apoyo jurisdiccional realice dicha transcripción. En sustanciación y resolución de dicho recurso, el Juez de garantías, mediante Auto de igual data, señaló que las atribuciones y funciones del secretario como personal de apoyo jurisdiccional tanto en las salas o juzgados se encuentran delimitados en la Ley del Órgano Judicial y el Código de Procedimiento Penal, hallándose dentro de estas, la obligación de realizar las actas de audiencias y las providencias de mero trámite; empero, en el caso concreto se está reclamando la emisión escrita de una resolución que fue emitida por una autoridad judicial, y no así la elaboración de un acta; bajo ese entendido, si bien el personal de apoyo puede colaborar en proyectar o transcribir una resolución; sin embargo, dicha facultad potestativa no puede ser delegada, habida cuenta que es la autoridad judicial quien revisa y suscribe los fallos, tal como fue informado por la Oficial de Diligencias demandada quien refirió que se encuentra en despacho judicial.
De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Cursa captura de la conversación en la que se consigna que la transcripción del acta -se refiere al Auto de Vista 559/2023 de 21 de julio-aún se encontraba pendiente a momento de plantear la presente acción tutelar (fs. 7).
El accionante denuncia la lesión de su derecho a la libertad y al principio de celeridad; toda vez que, habiéndose dispuesto a través de Auto de Vista 559/2023 de 21 de julio, revocar su detención preventiva, determinando en su lugar medidas sustitutivas menos gravosas, su abogado defensor se apersonó a la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, con el fin de cumplir dichas medidas; empero, el Secretario y la Oficial de Diligencias demandados se negaron a recibir los documentos de sus garantes propuestos y realizar los demás actuaciones para dar cumplimiento al citado Auto de Vista, además de no haber transcrito hasta la data de presentación de esta acción de libertad, el Auto de Vista 559/2023, lo cual ocasiona una dilación en la efectivización de su detención domiciliara. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
Sobre el particular, la SCP 0002/2019-S1 de 7 de enero, reiterando el entendimiento de la SCP 1777/2014 de 15 de septiembre, refirió que: “Al respecto, la SCP 2373/2012 de 22 de noviembre, haciendo referencia a la SCP 0643/2012 de 23 de julio, señaló: ‘…refiriéndose a la acción de libertad traslativa, en cuanto a los trámites y solicitudes cuando una persona se encuentra privada de libertad éstas deben ser atendidas con la mayor celeridad, por encontrarse de por medio la libertad de las personas en ese entendido la referida sentencia constitucional plurinacional estableció que: «El Tribunal Constitucional en la SC 1579/2004-R de 1 de octubre, concluyó que el recurso de hábeas corpus -actualmente acción de libertad-: ‘…puede ser reparador, si ataca una lesión ya consumada, preventivo si procura impedir una lesión a producirse o correctivo si intenta evitar que se agraven las condiciones en que se mantiene a una persona detenida’». (…)
De donde se colige que, de acuerdo a la jurisprudencia constitucional sentada por el Tribunal Constitucional, el habeas corpus traslativo o de pronto despacho, se constituye en el medio idóneo y efectivo en caso de existir vulneración al principio de celeridad respecto a trámites judiciales o administrativos que se encuentren directamente vinculados con el derecho a la libertad; es decir, cuando existen dilaciones indebidas que retardan o evitan resolver la situación jurídica de una persona que se encuentra privada de libertad (…)’” La jurisprudencia citada, ha señalado que la acción de libertad traslativa o de pronto despacho, se constituye en el medio idóneo y efectivo en caso de existir vulneración al principio de celeridad respecto a trámites judiciales o administrativos que se encuentren directamente vinculados con el derecho a la libertad; es decir, cuando existen dilaciones indebidas que retardan o evitan resolver la situación jurídica de una persona que se encuentra privada de libertad” (el resaltado nos pertenece).
Respecto de la efectividad de las medidas sustitutivas a la detención preventiva, la SCP 1688/2013 de 10 de octubre expresó que: «“…cuando se trata de la libertad otorgada como efecto de una aplicación de medida sustitutiva a la detención preventiva, no se puede restringir el cumplimiento de dicha libertad, a menos que la misma hubiese sido restituida debido a una cesación de la detención preventiva; en cambio la apelación de la resolución de medidas cautelares, conforme al art. 251 del CPP modificado por la Ley 264 (Ley del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana “Para Una Vida Segura”), no puede considerarse sino como una instancia por la que el Tribunal de alzada, ingresa a analizar el fondo de la cuestión planteada a efecto de resolver la misma fue correctamente aplicada; por eso es que resuelven aprobando o revocando la resolución impugnada, de acuerdo a los antecedentes que informan el proceso, definiendo así la situación jurídica del imputado; mientras que la previsión contenida en el art. 239.1 del CPP modificado por el art. 1 de la Ley 007 (Ley de Modificaciones al Sistema Normativo Penal), la cesación a la detención preventiva se refiere a una solicitud expresa, cuando el imputado aportó nuevos elementos de convicción (prueba) que demuestren que ya no concurren los motivos que determinaron la medida o la conveniencia de que la medida sea sustituida por otra, es decir que la detención preventiva puede cesar cuando se demuestre que ya no concurren los requisitos que motivaron su aplicación” (SCP 0285/2013 de 13 de marzo). En el mismo contexto jurisprudencial en referencia a la imposición de medidas sustitutivas, se tiene como deber del Juez, cerciorarse del cumplimiento de las mismas y en concreto sobre cómo debe acreditarse la de arraigo, el Tribunal Constitucional en la SC 997/2001-R de 18 de septiembre, estableció que: “...el artículo 240 del nuevo Código de Procedimiento Penal, prevé las medidas substitutivas, entre las cuales se encuentran la detención domiciliaria, la obligacion de presentarse periódicamente ante la autoridad, prohibición de salir del país, de asistir a determinados lugares, fianza juratoria, personal o económica, las cuales por prescripción del artículo 241 del citado cuerpo legal, tienen como exclusiva finalidad asegurar que el imputado cumplirá las obligaciones que se le impongan y las órdenes del Juez o Tribunal. De manera que a efectos de concretarse la libertad u otorgársela, el Juez de la causa, debe verificar que dichas medidas se hubieran cumplido”» (las negrillas y el subrayado nos pertenece). Por su parte, la SC 0698/2010-R de 26 de julio, ha manifestado que: “En consecuencia, el Juez a cargo de la investigación, una vez que se cumplieron las medidas sustitutivas impuestas, antes de disponer la emisión del mandamiento de libertad, tendrá que compulsar si efectivamente el imputado dio cumplimiento a las exigencias impuestas por dicha autoridad a efectos de obtener la cesación de la detención preventiva; y cuando evidencie el cumplimiento de las exigencias, la decisión lógica será de conceder la libertad, sin mayor trámite” (las negrillas fueron añadidas).
El accionante denuncia la lesión de su derecho a la libertad y al principio de celeridad; toda vez que, habiéndose dispuesto a través de Auto de Vista 559/2023 de 21 de julio, revocar su detención preventiva, determinando en su lugar medidas sustitutivas menos gravosas, su abogado defensor se apersonó a la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, con el fin de cumplir dichas medidas; empero, el Secretario y la Oficial de Diligencias demandados se negaron a recibir los documentos de sus garantes propuestos y realizar los demás actuaciones para dar cumplimiento al citado Auto de Vista, además de no haber transcrito hasta la data de presentación de esta acción de libertad, el Auto de Vista 559/2023, lo cual ocasiona una dilación en la efectivización de su detención domiciliara. Delimitada la problemática planteada y conforme a lo establecido en el Fundamento Jurídico III.1. de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, la acción de libertad traslativa o de pronto despacho, se constituye en un mecanismo procesal idóneo, para acelerar los trámites y solicitudes realizadas por personas que están privadas de libertad; por lo que, toda autoridad o servidor público en conocimiento de estos trámites se encuentra obligado de actuar dentro de los plazos establecidos con la mayor diligencia posible, sin dilaciones indebidas por estar involucrado el derecho a la libertad, caso contrario, provocaría una restricción indebida del mencionado derecho. Con fundamento en lo anterior, a fin de resolver la problemática formulada contra la Oficial de Diligencias y el Secretario de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, referente a que se habrían negado a recibir los documentos de los garantes propuestos por el accionante además de realizar las actuaciones pertinentes para dar cumplimiento a las medidas sustitutivas impuestas en el Auto de Vista 559/2023, de la revisión de los antecedentes cursantes en el expediente y de acuerdo a lo expresado en la audiencia de garantías, se colige que dentro del proceso penal instaurado por el Ministerio Público contra el impetrante de tutela por la presunta comisión del delito de abuso sexual, el prenombrado formuló solicitud de cesación de la detención preventiva que fue rechazada a través de Auto Interlocutorio 636/2023 de 6 de julio, motivo por el que, formuló de forma oral apelación incidental que fue declarada procedente a través de Auto de Vista 559/2023 de 21 de igual mes y año, revocando la medida extrema y disponiendo entre otros las siguientes medidas sustitutivas como ser la detención domiciliaria con salidas laborales, arraigo, presentación de cada quince días en el Ministerio Público y la presentación de dos garantes solventes (Conclusión II.1), aspecto que no fue controvertido por ninguno de los demandados. Bajo ese contexto, este Tribunal Constitucional Plurinacional concluye que si bien por Auto de Vista 559/2023, el imputado se benefició con las medidas sustitutas a la detención preventiva, no obstante, de acuerdo a lo informado por el Secretario demandado “…la parte accionante esta[ría] solicitando cuestiones que no han sido determinados en el auto de vista No. 559/2023 de fecha 21 de julio, siendo que no dispone que esta instancia se emita lo impetrado…” (sic [negrillas añadidas]); lo cual condice con lo razonado en el Fundamento Jurídico III.2 de este fallo constitucional, al precisar que: “…el Juez a cargo de la investigación, una vez que se cumplieron las medidas sustitutivas impuestas, antes de disponer la emisión del mandamiento de libertad, tendrá que compulsar si efectivamente el imputado dio cumplimiento a las exigencias impuestas por dicha autoridad a efectos de obtener la cesación de la detención preventiva; y cuando evidencie el cumplimiento de las exigencias, la decisión lógica será de conceder la libertad, sin mayor trámite” (las negrillas fueron añadidas [SC 0698/2010-R]); constatándose de ello, que es el Juez de la causa, quien tiene la obligación de efectivizar el cumplimiento de las medidas sustitutivas en favor del impetrante de tutela -como encargado del control de la investigación- y materializar su detención domiciliaria una vez realizada dicha compulsa y no así el Tribunal de apelación como erróneamente considera el imputado. En tal sentido, al no ser de competencia del Tribunal de alzada el verificar el cumplimiento de las medidas sustitutivas, se concluye que la negativa para recibir los documentos de los garantes propuestos y demás actuados, por parte del Secretario y la Oficial de Diligencias demandados, no se constituye en una actuación dilatoria o injustificada que lesione el derecho a la libertad del imputado; pues, dicha obligación le concierne al Juzgado de origen, consiguientemente, al no advertir acto ilegal alguno que amerite la tutela solicitada corresponde denegar la tutela. Por otra parte, con relación a la denuncia referente a que hasta la data de interposición de esta acción de libertad no se habría transcrito el Auto de Vista 559/2023, mediante informe escrito presentado por el Secretario demandado -que se encuentra descrito en el acápite I.2.2 de este fallo constitucional-, se tiene que, el prenombrado expresó que: “…se est[aba] transcribiendo la resolución referida a la brevedad posible…” (sic), extremo que demuestra el incumplimiento de la obligación impuesta al prenombrado, prevista en el art. 123 del CPP, que dispone: “Las resoluciones emitidas en audiencia, serán fidedignamente transcritas por la secretaria o el secretario del juzgado o tribunal en el sistema informático de gestión de causas, dentro del plazo de veinticuatro (24) horas de su pronunciamiento” (énfasis y subrayado añadido). Bajo ese entendido, este Tribunal Constitucional Plurinacional no puede considerar como válido el justificativo expuesto por el Secretario demandado, referente a que debido a las recargadas laborales que existe en la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, se hubiere incurrido en esa dilación indebida, dado que, desde la realización de la audiencia de apelación incidental -21 de julio de 2023-hasta la data de presentación de esta acción de libertad -26 de igual mes y año- trascurrieron cinco días, sin que se haya transcrito el fallo extrañado, advirtiéndose la falta diligencia con que actuó el Secretario demandado, además de la inobservancia de la jurisprudencia desarrollada en el Fundamento Jurídico III.1 del presente fallo constitucional, lo cual conllevó a la lesión del derecho a la libertad vinculado al principio de celeridad, aclarándose que si bien en la audiencia de garantías -27 de idéntico mes y año- la Oficial de Diligencias demandada informó que el Auto de Vista 559/2023 “…se ha pasado al despacho que si bien no ha salido hasta el momento es por que los vocales se encuentran en audiencias…” (sic); no obstante, el retraso en que incurrió el Secretario demandado, conllevó que no se emita y suscriba el Auto de Vista 559/2023 por la autoridad judicial en tiempo oportuno, teniendo como consecuencia que por la falta de ese actuado procesal no se pueda tampoco devolver los antecedentes de la apelación al Juzgado de origen, lo que finalmente imposibilitó a que el accionante pueda efectivizar las medidas sustitutivas impuestas en su favor, y por ende beneficiarse con la detención domiciliaria, lo que amerita que se conceda la tutela únicamente con relación al Secretario de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, en virtud a que dicha obligación conforme al art. 123 del CPP, le compete exclusivamente a dicho servidor de apoyo jurisdiccional, debiéndose denegar respecto a la Oficial de Diligencias demandada. En consecuencia, el Juez de garantías al haber denegado la tutela impetrada, obró de forma parcialmente correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR en parte la Resolución 24/2023 de 27 de julio, cursante de fs. 22 a 24, pronunciada por el Juez de Sentencia contra la Violencia hacia la Mujer Segundo de El Alto departamento de La Paz; y en consecuencia: 1° CONCEDER en parte la tutela solicitada, con relación a Yuri Jesús Gómez Pérez, Secretario de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz únicamente con relación a la demora en la transcripción del Auto de Vista 559/2023 de 21 de julio, disponiendo que en el plazo de veinticuatro horas computables a partir de la notificación con la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, proceda a transcribir el indicado Auto de Vista, en caso de no haberlo efectuado. 2° DENEGAR la tutela impetrada con referencia a la Oficial de Diligencias de la mencionada Sala Penal Segunda, así como con relación a la denuncia de dilación en la emisión de los mandamientos de detención domiciliaria y de arraigo y la negativa en la recepción de documentos de los garantes propuesto, conforme se desarrolló en los Fundamentos Jurídicos de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Fdo. Paola Verónica Prudencio Candia
MAGISTRADA
Fdo. Ángel Edson Dávalos Rojas
MAGISTRADO
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_1552_2025-S3.pdf · páginas 1 a 10.
Huella digital del PDF (SHA-256): 17d1171bf734c02634b20d2b828135a3e7b651f54eee6c54c003a62da50c33ad
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