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SCP 1538/2025-S3

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Tercera · 24 de noviembre de 2025

Concede la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Tercera
Fecha
24 de noviembre de 2025
Acción
Acción de libertad
Magistrada relatora
Paola Verónica Prudencio Candia
Expediente
56988-2023-114-AL
Departamento
Santa Cruz
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de libertad — traslativa / pronto despacho

Qué se discutió

El accionante denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad, al debido proceso, a la defensa y a los principios de celeridad y legalidad; alegando que, solicitó cesación a la detención preventiva; empero, la Jueza de Instrucción Penal Primero de Warnes del departamento de Santa Cruz, -ahora demandada-, rechazó su petición; por lo que, mediante memorial de 29 de junio de 2023, interpuso apelación en mérito al art. 251 del CPP. Sin embargo, hasta el momento de la interposición de la acción de libertad, dicha apelación no fue remitida al Tribunal de alzada. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 08 de 4 de julio de 2023, cursante de fs. 9 vta. a 11, pronunciada por la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz; y, en consecuencia, CONCEDER la tutela impetrada, en los mismos términos y alcances dispuestos por el Tribunal de garantías.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. Acción de libertad traslativa o de pronto despacho
  2. III.2. Del recurso de apelación contra la resolución que disponga, modifique o rechace medidas cautelares, de conformidad al art.
  3. III.3. Análisis del caso concreto

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CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1538/2025-S3 Sucre, 24 de noviembre de 2025 SALA TERCERA Magistrada Relatora: Paola Verónica Prudencio Candia Acción de libertad Expediente: 56988-2023-114-AL Departamento: Santa Cruz En revisión la Resolución 08 de 4 de julio de 2023, cursante de fs. 9 vta. a 11, pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Romel Leonardo Ipamo Saravia en representación sin mandato de Limber Torrico Cadima contra Mary Ruth Guerra Martínez, Jueza de Instrucción Penal Primero de Warnes del departamento de Santa Cruz.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memorial presentado el 3 de julio de 2023, cursante de fs. 4 a 5 vta., el accionante, a través de su representante manifestó que:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Dentro del proceso penal seguido en su contra por el Ministerio Público, por la presunta comisión del delito de violación, se le impuso detención preventiva; ante esa situación, solicitó audiencia de cesación de la medida restrictiva de su libertad; empero, la Jueza de Instrucción Penal Primero de Warnes del departamento de Santa Cruz, -ahora demandada-, denegó su petición; por lo que, mediante memorial de 29 de junio de 2023, interpuso apelación en mérito al art. 251 del Código de Procedimiento Penal (CPP), modificado por la Ley de Abreviación Procesal Penal y de Fortalecimiento de la Lucha Integral contra la Violencia a Niñas, Niños, Adolescentes y Mujeres -Ley 1173 de 3 de mayo de 2019-. Sin embargo, hasta el momento de la interposición de la acción de libertad, dicha apelación no fue remitida al Tribunal de alzada.

I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados

Denunció la lesión de sus derechos a la libertad, al debido proceso, a la defensa; y a los principios de celeridad y legalidad; citando al efecto los arts. 115 de la Constitución Política del Estado (CPE), 14 del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos (PIDCP); y, 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH).

I.1.3. Petitorio

Solicitó se conceda la tutela, ordenando a la Jueza demandada la remisión del cuaderno de apelación incidental al Tribunal de alzada.

I.2. Audiencia y Resolución del Tribunal de garantías

Celebrada la audiencia pública virtual el 4 de julio de 2023, según consta en acta cursante a fs. 9 y vta., se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

El accionante a través de su abogado, ratificó in extenso los argumentos contenidos en la demanda tutelar.

I.2.2. Informe de la demandada

Mary Ruth Guerra Martínez, Jueza de Instrucción Penal Primero de Warnes del departamento de Santa Cruz, no presentó informe escrito alguno, ni asistió a la audiencia de garantías, pese a su notificación cursante a fs. 8.

I.2.3. Resolución

La Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, constituida en Tribunal de garantías, mediante Resolución 08 de 4 de julio de 2023, cursante a fs. 9 vta. a 11, concedió la tutela impetrada, disponiendo que, la autoridad demandada, remita inmediatamente el cuaderno de apelación incidental, al Tribunal de alzada, con base en los siguientes fundamentos: a) El art. 251 del CPP, establece que, “interpuesto el recurso las actuaciones pertinentes serán remitidas ante el Tribunal Departamental de Justicia en el término de veinticuatro horas, bajo responsabilidad”; b) La Jueza demandada no cumplió los plazos establecidos en la citada norma procesal. Por ello vulneró el derecho al debido proceso en sus vertientes de legalidad, eficiencia y eficacia; y, c) La autoridad demandada, desde el 29 de junio de 2023, en el que, el impetrante de tutela interpuso recurso de apelación incidental, hasta la celebración de la Audiencia de garantías -4 de julio del mismo año-, no remitió dicha apelación al Tribunal de alzada.

II. CONCLUSION

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente:

II.1. Mediante memorial presentado el 29 de junio de 2023, dirigida a la Jueza de Instrucción Penal Primero de Warnes del departamento de Santa Cruz, -ahora demandada-, el accionante presentó recurso de apelación incidental contra la Resolución de cesación a la detención preventiva (fs. 3).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

El accionante denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad, al debido proceso, a la defensa y a los principios de celeridad y legalidad; alegando que, solicitó cesación a la detención preventiva; empero, la Jueza de Instrucción Penal Primero de Warnes del departamento de Santa Cruz, -ahora demandada-, rechazó su petición; por lo que, mediante memorial de 29 de junio de 2023, interpuso apelación en mérito al art. 251 del CPP. Sin embargo, hasta el momento de la interposición de la acción de libertad, dicha apelación no fue remitida al Tribunal de alzada. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

III.1. Acción de libertad traslativa o de pronto despacho

Al respecto, la SCP. 0620/2024-S4 de 17 de septiembre, sostuvo que: «…la SC 0011/2010-R de 6 de abril, en cuanto a la acción de libertad precisó que: “…es una acción jurisdiccional de defensa que tiene por finalidad proteger y/o restablecer el derecho a la libertad física o humana, y también el derecho a la vida (…) sea disponiendo el cese de la persecución indebida, el restablecimiento de las formalidades legales y/o la remisión del caso al juez competente, la restitución del derecho a la libertad física, o la protección de la vida misma, motivo por el cual se constituye en una acción tutelar preventiva, correctiva y reparadora de trascendental importancia que garantiza como su nombre lo indica, la libertad, derecho consagrado por los arts. 22 y 23.I de la CPE” . En cuanto a la acción de libertad traslativa o de pronto despacho, la SCP 0791/2015-S3 de 10 de julio, sostuvo que: “El entonces Tribunal Constitucional, mediante la SC 1579/2004-R de 1 de octubre, realizó la clasificación doctrinal del recurso de hábeas corpus -ahora acción de libertad, a saber: a) Reparador, si ataca una lesión que ya fue consumada; b) Preventivo, cuando procura impedir una lesión a producirse; y, c) Correctivo, si intenta evitar que se agraven las condiciones en que se mantiene a una persona detenida; posteriormente, a través de la SC 0044/2010-R de 20 de abril, se amplió dicha clasificación identificando al hábeas corpus: 1) Restringido, ante limitaciones del ejercicio del derecho a la libertad; 2) Instructivo, que procede cuando el derecho a la libertad se encuentra vinculado al derecho a la vida; y, 3) Traslativo o de pronto despacho, a través del cual se busca acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas, para resolver la situación jurídica de la persona privada de libertad. Respecto a esta última -la ahora acción de libertad traslativa o de pronto despacho-, el Tribunal Constitucional Plurinacional a través de la SCP 0011/2014 de 3 de enero, se pronunció señalando que esta: ‘…busca acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas para resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad, precisamente para la concreción del valor libertad, el principio de celeridad y el respeto a los derechos´”» (las negrillas son nuestras).

III.2. Del recurso de apelación contra la resolución que disponga, modifique o rechace medidas cautelares, de conformidad al art.

251 del CPP Al respecto, la SCP 0557/2020-S2 de 21 de octubre, sostuvo que: La SCP 1619/2012 de 1 de octubre, citando a su vez, fallos constitucionales precedentes, estableció que: “Tratándose de la impugnación de las resoluciones que impongan, modifiquen o revoquen las medidas cautelares, el ordenamiento jurídico penal establece el recurso de apelación en el art. 251 del CPP, como un medio ordinario de carácter procesal que la ley confiere a los agraviados por un pronunciamiento judicial, a efectos de buscar una determinación justa, con la pretensión de una revisión integral o parcial de lo determinado, al considerarse la existencia de un agravio o lesión.

La SCP 0055/2012 de 9 de abril, señaló que: ‘En el Código de Procedimiento Penal, dentro del sistema de recursos e impugnaciones que otorga a las partes en el proceso penal, establece el de apelación incidental contra las resoluciones que dispongan, modifiquen o rechacen las medidas cautelares, que por su configuración procesal y su propia naturaleza se refleja como un mecanismo sumarísimo y efectivo de protección contra presuntas lesiones y restricciones al derecho a la libertad de los imputados y procesados, en el que el Tribunal de alzada tiene la oportunidad de corregir, en su caso, los errores del inferior alegados; dado que conforme prevé el art. 251 del CPP, (modificado por la Ley del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana de 4 de agosto de 2003), una vez interpuesto este recurso, las actuaciones pertinentes deben ser remitidas ante el Tribunal Departamental de Justicia en el término de 24 horas, debiendo el Tribunal de apelación referido, resolver dicho recurso, sin más trámite y en audiencia dentro de los tres días siguientes de recibidas las actuaciones”

En ese marco, el Código de Procedimiento Penal, instituye dentro de su sistema de recursos -en observancia del art. 180.II de la CPE, que garantiza el principio de impugnación en los procesos judiciales-, en su art. 251, modificado por el art. 11 de la Ley de Abreviación Procesal Penal y de Fortalecimiento de la Lucha Integral contra la Violencia a Niñas, Niños, Adolescentes y Mujeres -Ley 1173 de 03 de mayo de 2019-, se reitera, el recurso de apelación en el efecto no suspensivo contra la resolución que disponga, modifique o rechace las medidas cautelares, otorgando a las partes a ese efecto, el término de setenta y dos horas. Disponiendo que: “La resolución que disponga, modifique o rechace las medidas cautelares, será apelable, en el efecto no suspensivo, en el término de setenta y dos (72) horas. Interpuesto el recurso, las actuaciones pertinentes serán remitidas ante el Tribunal Departamental de Justicia, en el término de veinticuatro (24) horas, bajo responsabilidad. El Vocal de turno de la Sala Penal a la cual se sortee la causa, resolverá, bajo responsabilidad y sin más trámite, en audiencia, dentro de los tres (3) días siguientes de recibidas las actuaciones, sin recurso ulterior”

En virtud a la previsión contenida en el art. 251 del CPP, la jurisprudencia constitucional, estableció la viabilidad de la acción de libertad traslativa o de pronto despacho en los casos en que existe dilación en la remisión del recurso de apelación de las resoluciones que rechazan la solicitud de cesación de la detención preventiva. Al respecto, la SCP 2149/2013 de 21 de noviembre, en virtud a un desarrollo de la jurisprudencia constitucional vinculada a la tramitación del recurso de apelación previsto en el art. 251 del CPP, con la finalidad de otorgar seguridad jurídica a los justiciables, sistematizó las subreglas delineadas por este Tribunal, estableciendo en lo pertinente al presente caso, las siguientes consideraciones: “…iii) Cuando el recurso de apelación previsto en el art. 251 del CPP, sea formulado de manera escrita, debe ser providenciado por la autoridad judicial en el plazo máximo de veinticuatro horas, de conformidad al art. 132 del CPP; providencia a partir de la cual se computan las veinticuatro horas previstas para la remisión de las actuaciones pertinentes ante el tribunal de apelación. iv) Cuando el recurso de apelación sea formulado de manera oral, corresponde que la autoridad judicial decrete su remisión en audiencia, para que a partir de dicha providencia se compute el plazo de veinticuatro horas previsto en el art. 251 del CPP; aclarándose que la fundamentación jurídica y expresión de agravios debe ser efectivizada en la audiencia de apelación.

v) No corresponde condicionar la remisión de antecedentes del recurso de apelación al tribunal superior con el cumplimiento de la provisión de recaudos de ley dispuesta por la autoridad judicial, y menos puede computarse el plazo de veinticuatro horas previsto en el art. 251 del CPP, a partir que el recurrente otorga dichos recaudos, en virtud a los principios de gratuidad, pro actione, y los derechos de impugnación y acceso a la justicia. vi) No corresponde que el decreto de remisión de antecedentes al tribunal de apelación sea notificado personalmente y, en consecuencia, deberá notificarse en una de las formas previstas en los arts. 161 y 162 del CPP, en el plazo previsto en el art. 160 del citado Código; únicamente para efectos de conocimiento de las partes, sin que a partir de dicha notificación se compute el plazo de veinticuatro horas previsto por el art. 251 del CPP; pues, se reitera, el cómputo de ese plazo se inicia desde el decreto de remisión dictado por el juez y, en ese sentido, no se debe condicionar la remisión del recurso de apelación a una eventual contestación de la otra parte” (las negrillas son nuestras).

III.3. Análisis del caso concreto

El impetrante de tutela a través de su representante denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad, al debido proceso, a la defensa; y, a los principios de celeridad y legalidad; toda vez que, solicitó cesación a la detención preventiva; empero, la Jueza de Instrucción Penal Primero de Warnes del departamento de Santa Cruz, -ahora demandada-, denegó su petición; por lo que, mediante memorial de 29 de junio de 2023, interpuso apelación en mérito al art. 251 del CPP. Sin embargo, hasta el momento de la interposición de la acción de libertad, dicha apelación no fue remitida al Tribunal de alzada. En ese sentido, de acuerdo al entendimiento expresado en la jurisprudencia glosada en el Fundamento Jurídico III.1 de esta Sentencia Constitucional Plurinacional, debe tenerse en cuenta que la acción de libertad traslativa o de pronto despacho, busca acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas, orientadas a la resolución de la situación jurídica de la persona privada de libertad. En ese marco se evidencia que, en audiencia de cesación a la detención preventiva; la Jueza demandada, denegó la solicitud. Ante ello, mediante memorial de 29 de junio de 2023, interpuso apelación incidental contra la resolución emitida. Sin embargo, la autoridad demandada habiendo transcurrido tres días hábiles hasta el día de la celebración de la audiencia de garantías -4 de julio del mismo año-, no remitió el cuaderno de apelación al superior en grado (Conclusión II.1), incumpliendo injustificadamente el plazo previsto en el art. 251 del CPP. Resultando inadmisible la dilación del referido trámite de apelación, máxime cuando el mismo está relacionado con la eventual restricción de la libertad.

Conforme a lo expuesto, resulta incuestionable que la Jueza demandada, inobservó la obligación regulada en el art. 251 del CPP, que prevé que cuando el recurso apelación incidental sea formulado de manera escrita, las actuaciones pertinentes deben ser remitidas ante el Tribunal de alzada, en el término de veinticuatro horas; conforme a las subreglas establecidas por este Tribunal (Fundamento Jurídico III.2 del presente fallo constitucional). Al no obrar en dicho sentido, incumplió con la norma procesal aplicable al presente caso, en afectación a sus derechos a libertad, al debido proceso, a la defensa; y, por ende, a la transgresión de los principios de celeridad y legalidad, por cuanto la modificación de su situación jurídica dependía del análisis a ser efectuada por el Tribunal de apelación, disponiendo su revocatoria o confirmación, previo cumplimiento del trámite de rigor; por ello corresponde conceder la tutela. En consecuencia, el Tribunal de garantías al haber concedido la tutela impetrada, obró de forma correcta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 08 de 4 de julio de 2023, cursante de fs. 9 vta. a 11, pronunciada por la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz; y, en consecuencia, CONCEDER la tutela impetrada, en los mismos términos y alcances dispuestos por el Tribunal de garantías. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Fdo. Paola Verónica Prudencio Candia

MAGISTRADA

Fdo. Ángel Edson Dávalos Rojas

MAGISTRADO

Notas al pie

1 Artículo 251. (Apelación). La resolución que disponga, modifique o rechace las medidas cautelares, será apelable, en el efecto no suspensivo, en el término de setenta y dos (72) horas. Interpuesto el recurso, las actuaciones pertinentes serán remitidas ante la Corte Superior de Justicia, en el término de veinticuatro (24) horas. (las negrillas son nuestras)

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_1538_2025-S3.pdf · páginas 1 a 7.

Huella digital del PDF (SHA-256): 74c1221e94679927d6e81483c235c771fadaad678e96ce8a842b6132b57f0bfd

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