Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Primera Especializada · 3 de agosto de 2026
Concede la tutela
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 02 del 2 de febrero de 2024, cursante de fs. 13 vta., a 15 vta., pronunciada por La Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, constituida en Tribunal de garantías; y, en consecuencia, CONCEDER la tutela solicitada, en los mismos términos dispuestos por el referido Tribunal de garantías, conforme con los fundamentos jurídicos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1537/2026-S1 Sucre, 3 de agosto de 2026 SALA PRIMERA ESPECIALIZADA Magistrada Relatora: Dra. Amalia Laura Villca Acción de libertad Expediente: 62067-2024-125-AL Departamento: Santa Cruz En revisión la Resolución 02 del 2 de febrero de 2024, cursante de fs. 13 vta., a 15 vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Ronny Calvimontes Montaño contra Hebert Zeballos Domínguez, Juez de Sentencia contra la Violencia hacia la Mujer Segundo de la Capital del departamento de Santa Cruz.
Por memorial presentado el 1 de febrero 2024, cursante de fs. 3 a 8, el accionante, denunció la vulneración del debido proceso, en sus elementos de defensa, igualdad, tutela judicial efectiva, derecho a la libertad, acceso a la justicia, a la petición y principio de celeridad; puesto que, en el proceso penal seguido contra su persona, por la presunta comisión del delito de violencia familiar o doméstica, solicitó audiencia de consideración de situación jurídica; sin embargo, el Juez hoy accionado a cargo del proceso por vacación judicial no se pronunció al respecto, ni emitió el decreto de radicatoria. Pide se conceda la tutela solicitada, y en consecuencia, se disponga ordenar al Juez ahora accionado señalar audiencia de consideración de situación jurídica en el plazo de veinticuatro horas. Hebert Zeballos Domínguez, Juez de Sentencia contra la Violencia hacia la Mujer Segundo de la Capital del departamento de Santa Cruz, no asistió a la audiencia de consideración de la acción de libertad, ni remitió informe alguno, pese a su citación cursante a fs. 10. La Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, constituida en Tribunal de garantías, mediante la Resolución 02 del 2 de febrero de 2024, cursante de fs. 13 vta., a 15 vta., concedió la tutela solicitada, disponiendo que el accionante de manera inmediata señale fecha y hora de audiencia para el control de la detención preventiva. En consecuencia, corresponde en revisión, si los hechos demandados son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
En el marco del Plan Piloto de Descongestionamiento Procesal, este Tribunal Constitucional Plurinacional en reunión de Sala Plena de 14 de enero de 2026, estableció el uso del Formato Corto de Resolución, para todas las causas comprendidas en el citado Plan Piloto. Determinación ratificada posteriormente mediante Acuerdo Jurisdiccional de Sala Plena, TCP-SP 010/2026 de 17 de junio. Por lo que, el formato del presente fallo, se ajusta a lo precedentemente determinado.
El art. 115.II de la Constitución Política del Estado (CPE), establece que: “El Estado garantiza el derecho al debido proceso, a la defensa y a una justicia plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones” (el resaltado es añadido); en ese entendido, se reconoce el principio de celeridad como un componente esencial del debido proceso, que tiene como premisa establecer que los trámites dentro de cualquier causa sea esta de índole judicial o administrativa se efectúen sin demoras innecesarias, en armonía con los arts. 178.I y 180.I de la CPE que instituyen de manera taxativa la aplicación del citado principio en la potestad de impartir justicia. Ahora bien en lo concerniente a la acción de libertad en su modalidad traslativa o de pronto despacho, la SC 0224/2004-R de 16 de febrero, señala que: “…toda autoridad que conozca de una solicitud en la que se encuentre involucrado el derecho a la libertad física, tiene el deber de tramitarla con la mayor celeridad posible, o cuando menos dentro de los plazos razonables, pues de no hacerlo podría provocar una restricción indebida del citado derecho, lo que no significa, que siempre tendrá que otorgar o dar curso a la solicitud en forma positiva, pues esto dependerá de las circunstancias y las pruebas que se aporten en cada caso, dado que se reitera la lesión del derecho a la libertad física, está en la demora o dilación indebida de una solicitud de tal naturaleza…” (las negrillas nos pertenecen).
De los antecedentes traídos en revisión, el problema jurídico se tiene que el accionante, solicitó audiencia de consideración de situación jurídica; sin embargo, el Juez ahora accionado a cargo del proceso por vacación judicial, no se pronunció al respecto, ni emitió el decreto de radicatoria. En ese sentido debemos remitirnos a la jurisprudencia citada en el Fundamento Jurídico III.1. de este fallo constitucional, el cual señala que, toda autoridad que conozca y resuelva peticiones concernientes al derecho a la libertad física del accionante, debe tramitarla con la mayor celeridad posible, o cuando menos dentro de los plazos razonables a objeto de no incurrir en una restricción indebida del señalado derecho. Consiguientemente, en el caso de análisis, ante la solicitud de consideración de situación jurídica, encontrándose el peticionante privado de libertad, el Juez ahora accionado encargado de la causa por vacación judicial debió actuar con la debida celeridad; puesto que, se trata de una solicitud en la que se determinará sobre la libertad del accionante, evidenciándose una dilación indebida al no pronunciarse a la brevedad posible sobre dicha solicitud. En consecuencia, al evidenciarse una ilegal dilación, respecto del señalamiento de audiencia para la consideración de situación jurídica, sin actuar con la debida celeridad en la solicitud de una persona que se encuentra privada de libertad conforme los razonamientos del señalado Fundamento Jurídico III.1., corresponde conceder la tutela solicitada. En consecuencia, la Sala Constitucional, al conceder la tutela solicitada, obró de manera correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 02 del 2 de febrero de 2024, cursante de fs. 13 vta., a 15 vta., pronunciada por La Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, constituida en Tribunal de garantías; y, en consecuencia, CONCEDER la tutela solicitada, en los mismos términos dispuestos por el referido Tribunal de garantías, conforme con los fundamentos jurídicos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Fdo. Dra. Amalia Laura Villca
MAGISTRADA
Fdo. Ángel Edson Dávalos Rojas
MAGISTRADO
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_1537_2026-S1.pdf · páginas 1 a 4.
Huella digital del PDF (SHA-256): 898e14d2ecb30ea1b8124f7bf58bfa15cb664d554c94631049e83887bac9621a
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