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SCP 1533/2025-S3

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Tercera · 24 de noviembre de 2025

Concede en parte la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Tercera
Fecha
24 de noviembre de 2025
Acción
Acción de libertad
Magistrada relatora
Paola Verónica Prudencio Candia
Expediente
56057-2023-113-AL
Departamento
Beni
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de libertad — traslativa / pronto despacho

Qué se discutió

El accionante a través de su representante, denuncia la lesión de sus derechos a la libertad, al debido proceso, a la tutela judicial efectiva y a la defensa, y del principio de celeridad; aduciendo que, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público en su contra; el 10 de abril de 2023, interpuso el incidente de redención de la pena, habiendo reiterado su pedido el 19 y 27 del mismo mes y año; empero, “hasta la fecha” no obtuvo una respuesta por parte del Juez demandado, encontrándose recluido por más de diez meses, sin que se le dé la oportunidad de redimir su pena; y, posteriormente recobrar su libertad. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR en parte la Resolución de 12 de mayo de 2023, cursante de fs. 30 a 31, pronunciada por el Juez del Tribunal de Sentencia Penal Primero y de Sentencia de Riberalta del departamento de Beni; y en consecuencia:

1° CONCEDER en parte la tutela solicitada, únicamente en cuanto al Juez y Secretaria del Juzgado de Ejecución Penal Primero de Guayanamerín del citado departamento; disponiendo que; el Juez demandado se pronuncie respecto al incidente de redención de la pena interpuesto por el accionante, en el plazo de veinticuatro horas de notificado con el presente fallo constitucional, salvo que por el transcurso del tiempo ya lo hubiese efectuado; y, 2° DENEGAR con relación al Oficial de Diligencias del Juzgado de Ejecución Penal Primero de Guayaramerín del referido departamento, conforme a los fundamentos expresados en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. El principio de celeridad en la administración de justicia
  2. III.2. El beneficio de la Redención de Penas y su vinculación con el derecho a la libertad
  3. III.3. La acción de libertad en su modalidad de traslativa o de pronto despacho
  4. III.4. La legitimación pasiva en las acciones de libertad, respecto al personal de apoyo judicial
  5. III.5. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1533/2025-S3 Sucre, 24 de noviembre de 2025 SALA TERCERA Magistrada Relatora: Paola Verónica Prudencio Candia Acción de libertad Expediente: 56057-2023-113-AL Departamento: Beni En revisión la Resolución de 12 de mayo de 2023, cursante de fs. 30 a 31, pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Stefany Quispe Apaza, Defensora Pública dependiente del Servicio Plurinacional de Defensa Pública (SEPDEP) en representación sin mandato de Oscar Saucedo Justiniano contra Ángel Franz Cordero Ayoroa, Juez de Ejecución Penal y Técnico Primero de Guayaramerín del departamento de Beni; Vanessa Aramayo Ardaya, Secretaria; y, Adriano Justiniano Guarimo, Oficial de Diligencias, ambos del mismo Juzgado.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memorial presentado el 11 de mayo de 2023, cursante a fs. 1 y 6 a 7 vta., el accionante a través de su representante, expresó que:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

El 10 de abril de 2023, presentó el incidente de redención de la pena, cumpliendo los requisitos previstos en el art. 138 de la Ley de Ejecución Penal y Supervisión (LEPS), habiendo reiterado su solicitud el 19 del mismo mes y año; además, el 29 de igual data, pidió se ponga a la vista su expediente; sin embargo, dichos requerimientos no tuvieron ninguna respuesta por parte del Juez de Ejecución Penal Primero de Guayaramerín del departamento de Beni -ahora demandado-, siendo que el art. 239 del Código de Procedimiento Penal (CPP), establece la inmediatez con la que deben ser atendidas esas solicitudes, no habiendo sido notificado con un informe o providencia alguna, pese a estar recluido por más de diez meses y siete días en la Carceleta Prov. Riberalta, sin que hasta la fecha se le dé la oportunidad de redimir su pena; y, posteriormente recobrar su libertad, encontrándose en completa indefensión.

I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados

Denunció la lesión de sus derechos a la libertad, al debido proceso, a la tutela judicial efectiva y a la defensa, y del principio de celeridad, citando al efecto los arts. 22, 23, 115 y 178 de la Constitución Política del Estado (CPE); 8 y 9 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos (DUDH); y, 7.6 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH).

I.1.3. Petitorio

Solicitó que en la presente acción de libertad de pronto despacho, se cumpla con lo pedido en el memorial presentado de redención de la pena.

I.2. Audiencia y Resolución del Juez de garantías

Celebrada la audiencia pública virtual el 12 de mayo de 2023, según consta en acta cursante de fs. 28 a 30, se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

El accionante a través de su representante, reiteró los términos de su acción tutelar, y ampliándolos expresó que: a) Bajo el principio de unidad y cooperación que tiene el Servicio Nacional de Defensa Pública (SENADEP), la abogada de Guayaramerín al haberse apersonado al Juzgado de Ejecución donde se tramita su caso, y luego de hacer el seguimiento, realizó su informe, indicando que no habría respuesta a sus memoriales presentados; y, b) Se encuentra privado de libertad, cumpliendo condena por el lapso de dos años, diez meses y veinticinco días, según se tiene del certificado de permanencia y conducta; por lo cual, interpuso esta acción de libertad de pronto despacho, solicitando se conceda la tutela y se responda al incidente planteado, además de notificarle con todos los actuados correspondientes.

I.2.2. Informe de los demandados

Ángel Franz Cordero Ayoroa, Juez de Ejecución Penal Primero de Guayaramerín del departamento de Beni, en audiencia de garantías, manifestó que: 1) No tuvo contacto con los antecedentes por los cuales se le interpuso esta acción tutelar debido a que fue declarado en comisión por un curso de capacitación; y, 2) Se debe tomar en cuenta que ese Juzgado es de reciente creación y se le envió una gran cantidad de expedientes de la ciudad de Trinidad, que hasta la fecha no pudo “erradicar” y ordenar en su totalidad, además que existen muchas causas remitidas ya en trámite, que no fueron resueltas.

Vanessa Aramayo Ardaya, Secretaria del Juzgado de Ejecución Penal Primero de Guayaramerín del citado departamento, en audiencia de garantías, informó que todo lo que presentó la abogada del accionante, pasó a despacho; extremo que puede ser corroborado a través del Sistema Integrado de Registro Judicial (SIREJ), el cual funciona a nivel nacional, por medio del cual se puede verificar lo señalado, habiendo cumplido con sus deberes. Adriano Justiniano Guarimo, Oficial de Diligencias del mismo Juzgado, en la indicada audiencia informó que, el 27 de abril de 2023, recepcionó el memorial con la solicitud de redención, el cual pasó a Secretaría para que pueda ingresar a despacho.

I.2.3. Resolución

El Juez del Tribunal de Sentencia Penal Primero y de Sentencia de Riberalta del departamento de Beni, constituido en Juez de garantías, mediante Resolución de 12 de mayo de 2023, cursante de fs. 30 a 31, “denegó” la tutela solicitada contra las autoridades demandadas; no obstante, ordenó que el Juez demandado en el plazo de cuarenta y ocho horas, señale audiencia de redención de la pena, “…debiendo hacerlo el martes 16 en cualquier hora del día…” (sic); asimismo, dispuso que junto a su personal, se efectúen las notificaciones respectivas, para que se lleve a cabo dicho actuado judicial. Decisión asumida con base en los siguientes fundamentos: i) La jurisprudencia constitucional moduló este mecanismo de defensa, en acciones de libertad de pronto despacho, cuando las autoridades jurisdiccionales no hubieran providenciado o realizado ninguna actuación dentro de una solicitud puesta a su conocimiento; y, ii) De la revisión de antecedentes se tiene que el memorial presentado por el accionante, solicitando redención de la pena, no fue providenciado por la autoridad jurisdiccional, tampoco por el personal dependiente de la misma; “…así también se tiene que existe un control constitucional a estas acciones de libertad de pronto despacho establecidas en la norma constitucional” (sic).

II. CONCLUSIONES

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público contra Oscar Saucedo Justiniano -ahora accionante-, por el delito de robo agravado, previsto y sancionado por el art. 332 del Código Penal (CP), el prenombrado mediante memorial presentado el 10 de abril de 2023, interpuso el incidente de redención de la pena, de conformidad a los arts. 24 y 115 de la CPE, y 138 y 139 de la LEPS, ante el Juez de Ejecución Penal y Supervisión de Guayaramerín, provincia Vaca Diez del departamento de Beni -hoy demandado- (fs. 3). II.2. Por escritos presentados el 19 y 27 del mismo mes y año, el peticionante de tutela reiteró su pedido supra; asimismo, en este último pidió que se ponga a la vista su expediente, y poder ejercer sus derechos como privado de libertad (fs. 4 y 5). II.3. La presente acción de libertad, fue interpuesta el 11 de mayo de 2023 (fs. 1).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

El accionante a través de su representante, denuncia la lesión de sus derechos a la libertad, al debido proceso, a la tutela judicial efectiva y a la defensa, y del principio de celeridad; aduciendo que, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público en su contra; el 10 de abril de 2023, interpuso el incidente de redención de la pena, habiendo reiterado su pedido el 19 y 27 del mismo mes y año; empero, “hasta la fecha” no obtuvo una respuesta por parte del Juez demandado, encontrándose recluido por más de diez meses, sin que se le dé la oportunidad de redimir su pena; y, posteriormente recobrar su libertad. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

III.1. El principio de celeridad en la administración de justicia

Al respecto, el art. 180.I de la CPE señala que: “La jurisdicción ordinaria se fundamenta en los principios procesales de gratuidad, publicidad, transparencia, oralidad, celeridad, probidad, honestidad, legalidad, eficacia, eficiencia, accesibilidad, inmediatez, verdad material, debido proceso e igualdad de las partes ante el juez” (el resaltado es nuestro). Asimismo, el art. 178.I de la indicada Norma Suprema, refiere que: “La potestad de impartir justicia emana del pueblo boliviano y se sustenta en los principios de independencia, imparcialidad, seguridad jurídica, publicidad, probidad, celeridad, gratuidad, pluralismo jurídico, interculturalidad, equidad, servicio a la sociedad, participación ciudadana, armonía social y respeto a los derechos” (énfasis añadido). En correspondencia con la norma señalada, el art. 115.II de la Ley Fundamental determina que: “El Estado garantiza el derecho al debido proceso, a la defensa y a una justicia plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones”; estableciéndose que, la administración de justicia debe ser rápida y eficaz tanto en la tramitación como en la resolución de las causas; puesto que, las personas que intervienen en los procesos esperan una decisión oportuna de su situación jurídica; máxime, si se encuentra comprometido de por medio el derecho a la libertad. Por su parte, el art. 3.7 de la LOJ, determina que el principio de celeridad comprende el ejercicio oportuno y sin dilaciones en la administración de justicia.

La SC 0105/2003-R de 27 de enero, sostuvo que: “…Las Sentencias Constitucionales 758/2000-R y 1070/2001-R, entre otras, establecen que el principio de celeridad procesal (…) impone a quien administra justicia el deber jurídico de despachar los asuntos sometidos a su conocimiento sin dilaciones indebidas; exigencia que se hace más apremiante en aquellos casos vinculados a la libertad personal, toda vez que tales peticiones deben ser atendidas de forma inmediata si no existe una norma que establezca un plazo, y si existiera, el plazo debería ser cumplido estrictamente” (las negrillas y subrayado nos corresponden).

Asimismo, la SC 0224/2004-R de 16 de febrero, sobre este principio sostuvo que: “…toda autoridad que conozca de una solicitud en la que se encuentre involucrado el derecho a la libertad física, tiene el deber de tramitarla con la mayor celeridad posible, o cuando menos dentro de los plazos razonables, pues de no hacerlo podría provocar una restricción indebida del citado derecho, lo que no significa, que siempre tendrá que otorgar o dar curso a la solicitud en forma positiva, pues esto dependerá de las circunstancias y las pruebas que se aporten en cada caso, dado que se reitera la lesión del derecho a la libertad física, está en la demora o dilación indebida de una solicitud de tal naturaleza, vale decir, que si la solicitud es negada de acuerdo a una compulsa conforme a Ley no es ilegal siempre que esa negativa se la resuelva con la celeridad que exige la solicitud” (énfasis añadido).

III.2. El beneficio de la Redención de Penas y su vinculación con el derecho a la libertad

Sobre este tema, la SCP 0579/2018-S4 de 28 de septiembre, indicó que: “…si bien dichos beneficios no constituyen per se, en un derecho fundamental, sino más bien una opción político criminal, en determinados casos, dada su trascendental incidencia en el derecho a la libertad de las personas privadas de éste, pues su procedencia podría modificar sustancialmente su situación, en aplicación de los principios pro homine y reinserción social, se asume que éstos tienen una directa vinculación con el derecho a la libertad personal, de ahí que los aspectos procedimentales de su consideración y tratamiento por parte de las autoridades llamadas por ley, pueden, ante eventuales vulneraciones al debido proceso, ser tutelables a través de la acción de libertad, cuya configuración constitucional tiene por la finalidad la protección y garantía del derecho a la libertad física y o de locomoción de las personas ante actos u omisiones que restrinjan o amenacen el pleno ejercicio de este derecho, –sin perjuicio de la tutela del derecho a la vida e integridad física–. Por tanto, con base en el razonamiento precedente, se tiene que el beneficio de redención, tiene una vinculación directa con el derecho a la libertad personal, cuyo accesibilidad –previo de los requisitos establecidos por ley– se convierte a su turno, en un derecho exigible, por lo que, los aspectos relativos a su consideración y tramitación pueden ser tutelados a través de la acción de libertad, consagrada en el art. 125 de la CPE; y, 46 del CPCo, ello sin perjuicio del principio de subsidiariedad excepcional previsto por la jurisprudencia constitucional” (las negrillas nos corresponden). Entendimiento reiterado por la SCP 0774/2025-S1 de 8 de julio.

III.3. La acción de libertad en su modalidad de traslativa o de pronto despacho

Sobre este tópico, la SCP 0420/2021-S2 de 16 de agosto, estableció que: “La SC 0044/2010-R de 20 de abril, respecto al hábeas corpus -hoy acción de libertad- traslativo o de pronto despacho, señaló: ‘…a través del cual lo que se busca es acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas, para resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad. Este tipo de hábeas corpus, implícito en el art. 125 de la CPE (…) establece que, también procede el hábeas corpus cuando se aleguen ‘…otras violaciones que tengan relación con la libertad personal en cualquiera de sus formas, y los hechos fueron conexos con el acto motivante del recurso, por constituir su causa o finalidad…’, e implícitamente fue reconocido por la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, cuando tuteló los supuestos de demora en la celebración de la audiencia de medidas cautelares (SSCC 1109/2004-R, 1921/2004-R)…”. Bajo esta línea de entendimiento, la misma jurisprudencia constitucional ha recogido el desarrollo doctrinal sobre los tipos de acciones de libertad introduciendo precisamente como un componente de los alcances de la tutela que brinda la misma, en su modalidad traslativa, la cual se encuentra reconocida implícitamente por el art. 125 de la Norma Suprema. En el orden señalado, la SCP 0112/2012 de 27 de abril, reiterando la línea jurisprudencial sobre el deber de tramitar todas las cuestiones vinculadas con la libertad personal con la celeridad necesaria recordó que: ‘La celeridad en la tramitación, consideración y concreción de la cesación de la detención preventiva u otro beneficio que tenga que ver con la libertad personal no sólo le es exigible a la autoridad judicial encargada del control jurisdiccional, sino también a todo funcionario judicial o administrativo que intervenga o participe en dicha actuación y de quien dependa para que la libertad concedida se haga efectiva’.

La SCP 0571/2012 de 20 de julio, refirió: ‘…el hábeas corpus -ahora acción de libertad- traslativo o de pronto despacho: ‘ (…) se constituye en el mecanismo procesal idóneo para operar en caso de existir vulneración a la celeridad cuando esté relacionada a la libertad y devenga de dilaciones indebidas, que retardan o evitan resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad’. Por otra parte, la SCP 0002/2016-S2 de 18 de enero, de igual manera puntualizó: ‘...la acción de libertad traslativa o de pronto despacho, tiene por objeto precautelar aquellos supuestos en los que existe una demora o dilación injustificada por parte de la autoridad judicial o administrativa llamada a definir la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad. Dicho de otro modo, el hábeas corpus traslativo o de pronto despacho, ahora acción de libertad traslativa o de pronto despacho, se constituye en el medio idóneo y efectivo, en caso de existir vulneración al principio de celeridad respecto a trámites judiciales o administrativos que se encuentren directamente vinculados con el derecho a la libertad; es decir, cuando existen dilaciones indebidas que retardan o evitan resolver la situación jurídica de una persona que se encuentra privada de libertad’. Asimismo, la SCP 0003/2016-S2 de 18 de enero, sostuvo que: ‘...la acción de libertad (antes hábeas corpus) traslativa o de pronto despacho, se constituye en el medio idóneo y efectivo en caso de existir vulneración al principio de celeridad como elemento del debido proceso; que en materia penal, involucra la posibilidad de una futura restricción a la libertad en actuaciones o trámites sean judiciales o administrativos con dilaciones indebidas que retarden o eviten resolver la situación jurídica de una persona que se encuentra privada de libertad’. (…) De todo lo anteriormente glosado, se puede concluir que la acción de libertad traslativa o de pronto despacho, tiene por finalidad acelerar los trámites judiciales o administrativos, cuando existan dilaciones ilegales o indebidas que retarden o eviten resolver la situación jurídica de una persona que se encuentra privada de libertad” (el resaltado y subrayado corresponden al texto original).

III.4. La legitimación pasiva en las acciones de libertad, respecto al personal de apoyo judicial

El art. 83 de la LOJ, establece que las servidoras o servidores de apoyo judicial son: la conciliadora o el conciliador, la secretaria o el secretario, la auxiliar o el auxiliar; y, la o el oficial de diligencias, cuyas funciones y obligaciones, se hallan previstas en la precitada ley. Sobre este tema, la SCP 0331/2021-S2 sostuvo que: “A efectos de determinar la legitimación pasiva en las acciones de libertad, de los servidores de apoyo judicial, es pertinente señalar que la jurisprudencia constitucional en primera instancia, estableció que los mismos carecen de legitimación pasiva para ser demandados; dado que, no ejercen facultades jurisdiccionales como los jueces, limitando sus funciones a acatar las órdenes o instrucciones de la autoridad judicial; sin embargo, la SC 1279/2011-R de 26 de septiembre, estableció una excepción en los casos en que incurrieran en excesos contrariando determinaciones de la autoridad judicial, situación en el cual la autoridad jurisdiccional se deslinda de responsabilidad; posteriormente, la SCP 0427/2015-S2 de 29 de abril, efectuando una modulación de la línea jurisprudencial en relación al razonamiento asumido en el precitado fallo, amplió un supuesto, estableciendo que también cuentan con legitimación activa, cuando sus actos u omisiones relacionados a sus deberes, contribuyan o lesionen directamente derechos fundamentales de las personas; argumentando que: ‘…si la vulneración de los derechos tutelados por la presente acción de defensa emerge del incumplimiento o la inobservancia de las funciones y obligaciones conferidas al personal de apoyo jurisdiccional en los preceptos legales procedentemente referidos o del incumplimiento de las instrucciones u órdenes impartidas por el superior en grado, dicho servidor público adquiere la legitimación pasiva por lo que es plenamente viable dirigir la demanda contra ése funcionario, hasta establecer su responsabilidad si corresponde; habida cuenta que, el acto ilegal no es necesariamente el resultado del ejercicio de la función puramente jurisdiccional, sino que, las omisiones de carácter administrativo como: la falta o inoportuna elaboración del cuadernillo de apelación, el incumplimiento de plazos para la remisión de antecedentes al superior en grado, la falta o la inoportuna elaboración de actas, la falta o inoportuna notificación a las partes, tratándose en especial de audiencias de consideración de medidas cautelares, en fin, la inobservancia de las labores y obligaciones encomendadas al personal de apoyo, tiene la capacidad de repercutir negativamente en el ejercicio de los derechos fundamentales y garantías constitucionales del justiciable; sin embargo, el presente razonamiento no implica que el Juez como autoridad revestida de jurisdicción deje al desamparo la dirección del juzgado, por cuanto le asiste la facultad de impartir instrucciones al personal de apoyo judicial y de realizar el seguimiento correspondiente, puesto que de no cumplirse las mismas también asume la responsabilidad por ser la autoridad que finalmente tiene la responsabilidad del juzgado; consiguientemente, el buen desempeño de las labores administrativas y jurisdiccionales involucra tanto a los servidores de apoyo y principalmente a las autoridades judiciales propiamente dichas, de ahí que las responsabilidades emergentes del incumplimiento de las funciones y obligaciones no pueden centralizarse en una sola persona u autoridad, ya que cada servidor público tiene el deber de desempeñar sus funciones en el estricto marco de las disposiciones normativas que regulan su labor, más aún si de ello surge la lesión de los derechos objeto de protección de la presente garantía jurisdiccional.

…este Tribunal considera que el entendimiento asumido en ambas Sentencias Constitucionales citadas, no guarda coherencia con el razonamiento plenamente fundamentado contenido en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, puesto que conforme a la explicación realizada, la presente acción constitucional puede ser dirigida incluso contra particulares, entonces, con mayor razón podrá ser dirigida contra funcionarios de apoyo judicial o incluso de orden administrativos, pues a partir del momento en que las leyes les imponen deberes, y particularmente la Ley del Órgano Judicial en el caso de los funcionarios de apoyo judicial, son sujetos de responsabilidad por el incumplimiento de esos deberes, tal es así, que pueden ser objeto incluso de responsabilidad administrativa, civil o penal; consecuentemente, con mayor razón serán responsables, y por tanto, tendrán legitimación pasiva para ser demandados por esta vía, cuando sus actos u omisiones relacionados a sus deberes contribuyan o lesionen directamente derechos fundamentales de las personas, siendo así, no se puede concebir el razonamiento expuestos en dichas Sentencias que liberan de responsabilidad al funcionario de apoyo judicial, para cargar la misma únicamente sobre el juzgador cuando éste no reconduce el procedimiento y lo convalida…’ Entendimiento que fue reiterado por la SCP 0002/2019-S1 de 7 de enero. De lo expuesto en líneas precedentes, queda establecido que los servidores de apoyo judicial tienen legitimación activa en dos supuestos: 1) En los casos en que incurrieran en excesos contrariando determinaciones de la autoridad judicial; y, 2) Cuando sus actos u omisiones relacionados a sus deberes, contribuyan o lesionen directamente derechos fundamentales de las personas” (el énfasis y subrayado corresponden al texto original).

III.5. Análisis del caso concreto

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en el expediente, se llegó a evidenciar que, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público contra Oscar Saucedo Justiniano -ahora accionante-, por el delito de robo agravado, previsto y sancionado por el art. 332 del CP; el 10 de abril de 2023, el prenombrado interpuso ante el Juez de Ejecución Penal y Supervisión de Guayaramerín, provincia Vaca Diez del departamento de Beni -hoy demandado-, incidente de redención de la pena, de conformidad a los arts. 24 y 115 de la CPE, y 138 y 139 de la LEPS, habiendo reiterado su pedido el 19 del mismo mes y año, ante la falta de respuesta a su planteamiento. Posteriormente, el 27 del referido mes y año, solicitó a la citada autoridad judicial, se ponga a la vista su expediente, el cual no fue habido en su momento y “hasta la fecha” no se le notificó con ningún decreto o respuesta a su petición, y así poder ejercer su derecho como privado de libertad.

Con carácter previo, corresponde aclarar que, de acuerdo a lo expresado en el Fundamento jurídico III.2 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, los beneficios penitenciarios, entre ellos, la redención de la pena, tienen una vinculación directa con el derecho a la libertad personal; por lo que, los aspectos relativos a su consideración y tratamiento por parte de las autoridades llamadas por ley, pueden ser tutelables a través de esta acción de defensa; en ese sentido, corresponde ingresar al análisis de la problemática planteada. Por otra parte, según lo establecido en el Fundamento Jurídico III.1 de este fallo constitucional, toda autoridad que conozca una solicitud en la que se encuentre involucrado el derecho a la libertad física, tiene el deber de tramitarla con la mayor celeridad posible, o cuando menos dentro de los plazos razonables; pues, de no hacerlo podría provocar una restricción indebida del señalado derecho. En virtud al razonamiento jurisprudencial citado supra, en el caso que se analiza, luego de la interposición del incidente de redención de la pena por parte del peticionante de tutela, no se advierte ninguna providencia emitida por el Juez demandado, en respuesta a dicho planteamiento, pese a que el prenombrado reiteró su pedido; de donde se puede inferir que, desde la formulación del citado incidente (10 de abril de 2023), hasta la presentación de esta acción de defensa, el 11 de mayo del mismo año -Conclusión II.3-, transcurrieron más de veinte días hábiles sin que se haya considerado la solicitud del impetrante de tutela, según las atribuciones previstas en la Ley de Ejecución Penal y Supervisión, y lo previsto en el art. 55 inc. 2) del CPP; no siendo válidos los justificativos expresados por el Juez demandado en la audiencia de garantías, respecto a la carga procesal del despacho judicial donde ejerce sus funciones; ya que, si bien ese aspecto puede constituir una condición sujeta a valoración, a objeto de determinar la existencia o no de un acto dilatorio; sin embargo, correspondía que dicha autoridad tome los recaudos necesarios y adopte las medidas conducentes, a objeto de evitar el retraso en el tratamiento y sustanciación de los procesos que se encuentran a su cargo, en observancia del principio de celeridad, consagrado en la Constitución Política del Estado sobre el que se fundamenta la jurisdicción ordinaria, vinculada a la libertad del accionante, el mismo que impone a los operadores de justicia, el deber jurídico e ineludible de despachar los asuntos sometidos a su conocimiento sin dilaciones indebidas. Ahora bien, en cuanto concierne a la Secretaria codemandada, en su condición de servidora de apoyo judicial, es preciso señalar que, de acuerdo a lo expresado en el Fundamento Jurídico III.4 de esta Sentencia Constitucional Plurinacional, el buen desempeño de las labores administrativas y jurisdiccionales involucra no solamente a las autoridades judiciales propiamente dichas, sino también a los servidores de apoyo judicial, de ahí que las responsabilidades emergentes del incumplimiento de las funciones y obligaciones no pueden centralizarse en una sola persona u autoridad. En el caso que nos ocupa, se advierte que dicha funcionaria también tiene legitimación pasiva en la presente acción de defensa, al constituirse en corresponsable de los actos jurisdiccionales desarrollados al interior del despacho judicial, al estar bajo su cargo además del cumplimiento de los plazos procesales, conforme a lo previsto en el art. 56.1 del CPP. Finalmente, en cuanto concierne al Oficial de Diligencias también codemandado en la presente causa, no se advirtió su responsabilidad directa en los actos denunciados como vulneratorios por parte del peticionante de tutela, careciendo por ello de legitimación pasiva; razón por la cual, corresponde denegar la tutela respecto a dicho funcionario de apoyo judicial. Por todos los argumentos desarrollados, corresponde conceder la tutela impetrada, al encontrarse la problemática planteada dentro de los alcances de la acción de libertad en su modalidad de traslativa o de pronto despacho, la misma que se constituye en el mecanismo procesal idóneo y efectivo en caso de existir vulneración al principio de celeridad, respecto a trámites judiciales o administrativos que se encuentren directamente vinculados con el derecho a la libertad, según se tiene plasmado en el Fundamento Jurídico III.3 de esta Sentencia Constitucional Plurinacional. En consecuencia, el Juez de garantías al haber denegado la tutela impetrada, obró de forma parcialmente correcta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR en parte la Resolución de 12 de mayo de 2023, cursante de fs. 30 a 31, pronunciada por el Juez del Tribunal de Sentencia Penal Primero y de Sentencia de Riberalta del departamento de Beni; y en consecuencia:

1° CONCEDER en parte la tutela solicitada, únicamente en cuanto al Juez y Secretaria del Juzgado de Ejecución Penal Primero de Guayanamerín del citado departamento; disponiendo que; el Juez demandado se pronuncie respecto al incidente de redención de la pena interpuesto por el accionante, en el plazo de veinticuatro horas de notificado con el presente fallo constitucional, salvo que por el transcurso del tiempo ya lo hubiese efectuado; y, 2° DENEGAR con relación al Oficial de Diligencias del Juzgado de Ejecución Penal Primero de Guayaramerín del referido departamento, conforme a los fundamentos expresados en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Fdo. Paola Verónica Prudencio Candia

MAGISTRADA

Fdo. Ángel Edson Dávalos Rojas

MAGISTRADO

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_1533_2025-S3.pdf · páginas 1 a 12.

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