Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Tercera · 20 de noviembre de 2025
Deniega la tutela
Las accionantes, a través de su representante, denuncian la lesión del debido proceso vinculado con su derecho a la libertad; argumentando que, la Jueza de Instrucción Cautelar Penal Décima de la Capital del departamento de Santa Cruz, pese a haber cumplido con las medidas sustitutivas a la detención preventiva dispuestas en su favor por el Tribunal de alzada, no emitió mandamiento de libertad causando así un retraso que afecta sus derechos; por lo que, solicitaron se conceda la tutela y se disponga la inmediata emisión del acto extrañado. En consecuencia, corresponde dilucidar en revisión, si tales argumentos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 18/2023 de 19 de mayo, cursante de fs. 30 a 33, pronunciada por el Juez de Sentencia Penal, Anticorrupción y Violencia Contra la Mujer Noveno de la Capital del departamento de Santa Cruz; y, en consecuencia: DENEGAR la tutela impetrada, conforme los razonamientos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1511/2025-S3 Sucre, 20 de noviembre de 2025 SALA TERCERA Magistrado Relator: Ángel Edson Dávalos Rojas Acción de libertad Expediente: 56710-2023-114-AL Departamento: Santa Cruz En revisión la Resolución 18/2023 de 19 de mayo, cursante de fs. 30 a 33, pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Jhonathan Callejas Masvidal en representación sin mandato de María Yaneth Morales Bustos y Solangel Méndez Rodríguez contra Ana Gloria Rojas Flores, Jueza de Instrucción Cautelar Penal Décima de la Capital del departamento de Santa Cruz.
Por memorial presentado el 19 de mayo de 2023, cursante a fs. 8 y vta., las accionantes a través de su representante, manifestaron lo siguiente:
Toda vez que, fueron beneficiadas con medidas cautelares personales sustitutivas a la detención preventiva por la Vocal de la Sala Penal Segunda -del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz-, quien valoró de manera objetiva la documentación presentada en audiencia celebrada el 10 de mayo -se entiende de 2023-, el 17 del mismo mes y año cumplieron con las “medidas impuestas” y, en consecuencia, su defensa solicitó la emisión del mandamiento de libertad; no obstante, la Jueza de Instrucción Penal Primera del mismo departamento -demandada-, retrasó la emisión de dicho acto, atentando contra su derecho a la libertad.
Denunció la lesión de sus derechos al debido proceso, vinculado a la libertad;
citando al efecto, los arts. 115 y 116 de la Constitución Política del Estado (CPE).
Solicitó se conceda la tutela y, en consecuencia, se disponga que la autoridad demandada emita el mandamiento de libertad.
Celebrada la audiencia pública el 19 de mayo de 2023, según consta en el acta cursante a fs. 29 y vta., produciéndose los siguientes actuados:
Las accionantes ni su representante, no asistieron a la audiencia de garantías, pese a su notificación, cursante a fs. 16.
Ana Gloria Rojas Flores, Jueza de Instrucción Cautelar Penal Décima de la Capital del departamento de Santa Cruz., en audiencia señaló que: a) Conforme a la documentación remitido al Juez de garantías, entre ellas, fotocopia del Auto de Vista 220 de 9 de mayo de 2023 y los memoriales presentados ante su despacho, la parte accionante solicitó la emisión del mandamiento de libertad, si bien presentó el talón de control del trámite de arraigo y ofreció garantes personales; sin embargo, estos garantes no se presentaron ante su autoridad para la correspondiente toma de juramento, conforme exige la normativa aplicable; y, b) En base a ello, la presente acción de libertad resultaba improcedente, al carecer de fundamentos jurídicos suficientes, dado que las accionantes no habrían cumplido con lo ordenado en el referido Auto de Vista, situación que motivó la providencia cuestionada.
El Juez de Sentencia Penal, Anticorrupción y Violencia Contra la Mujer Noveno de la Capital del departamento de Santa Cruz, constituido en Juez de Garantías, por Resolución 18/2023 de 19 de mayo, cursante de fs. 30 a 33 denegó la tutela solicitada, en base a los siguientes fundamentos: 1) Del análisis de la prueba aportada, se estableció que no corresponde al juzgador ingresar al fondo de la problemática planteada, toda vez que, la parte accionante debió previamente acudir a la vía jurisdiccional ordinaria mediante el recurso de reposición contra la providencia emitida por la Jueza demandada, existiendo para ello mecanismos intraprocesales idóneos; 2) En consecuencia, las accionantes tenían el deber procesal de activar oportunamente las solicitudes y los recursos que la ley le franquea, a fin de que sus derechos sean resguardados dentro de la jurisdicción ordinaria, instancia que constituye el medio adecuado y eficaz para reparar cualquier presunta vulneración; 3) Por lo tanto, no resulta procedente activar la vía constitucional cuando la parte interesada no acudió previamente a los mecanismos ordinarios, máxime considerando que cualquier irregularidad vinculada al derecho a la libertad debe ser controlada por el juez o tribunal a quo o ad quem, ante quienes debió plantearse el reclamo correspondiente; 4) En ese sentido, no es admisible que, a través de la acción de libertad, la parte accionante pretenda obtener la reparación del agravio alegado, en virtud del principio de subsidiariedad que rige esta garantía constitucional y conforme a la amplia jurisprudencia emitida por el Tribunal Constitucional Plurinacional; y, 5) Por todo lo expuesto, corresponde denegar la tutela solicitada en la acción de libertad, en aplicación del principio de subsidiariedad; toda vez que, existen mecanismos propios de la jurisdicción ordinaria a los cuales las impetrantes de tutela debieron acudir para la protección y resguardo de sus derechos.
De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Cursa Auto de Vista 220 de 9 de mayo de 2023 emitido por Arminda Méndez Terrazas, Vocal de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, mediante el cual, declaró admisible y procedente parcialmente el recurso de apelación a la cesación a la detención preventiva en favor de las accionantes, imponiendo en su lugar otras medidas cautelares de carácter personal (fs.23 a 28 vta.). II.2. Consta memorial de 17 de mayo de 2023, por el cual las accionantes, hicieron conocer a la autoridad demandada el cumplimiento de las medidas impuestas y solicitaron el mandamiento de libertad, mismo que mereció respuesta mediante providencia de 18 de mayo de 2023, que señaló que se tiene presente los garantes ofrecidos, mismos que deberán hacerse presentes ante el juzgado para prestar su juramento correspondiente, adjuntando prueba idónea y suficiente (fs. 18 a 19). II.3. Mediante memorial de 17 de mayo de 2023, las accionantes presentaron ante la autoridad demandada las colillas de trámite de migración y solicitaron el mandamiento de libertad, respondiendo dicha autoridad mediante providencia de 18 de igual mes y año, que previa verificación de las medidas dispuestas por la Vocal de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz: “Por secretaria Líbrese” (fs. 20 a 22 vta.).
Las accionantes, a través de su representante, denuncian la lesión del debido proceso vinculado con su derecho a la libertad; argumentando que, la Jueza de Instrucción Cautelar Penal Décima de la Capital del departamento de Santa Cruz, pese a haber cumplido con las medidas sustitutivas a la detención preventiva dispuestas en su favor por el Tribunal de alzada, no emitió mandamiento de libertad causando así un retraso que afecta sus derechos; por lo que, solicitaron se conceda la tutela y se disponga la inmediata emisión del acto extrañado. En consecuencia, corresponde dilucidar en revisión, si tales argumentos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
La jurisprudencia constitucional de este Tribunal se ha pronunciado sobre las distintas modalidades de la acción de libertad y ha desarrollado una línea jurisprudencial en cuanto a su ámbito de protección y alcance. Así la SC 1579/2004-R de 1 de octubrese pronunció sobre sus diferentes modalidades refiriéndose al hábeas corpus –ahora acción de libertad- reparador cuando se trata de lesiones ya consumadas, preventivo para impedir una lesión a producirse y correctivo, cuando se intenta evitar el agravamiento de las condiciones de privación de libertad de una persona detenida. Posteriormente, la SC 0044/2010-R de 20 de abril, incorporó otras modalidades protectivas haciendo alusión al hábeas corpus restringido, al instructivo y al traslativo o de pronto despacho, respecto de este último precisó que a través de su ámbito de protección “…lo que se busca es acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas para resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad”.
Bajo ese razonamiento, la jurisprudencia constitucional desarrollada en la SC 0224/2004-R de 16 de febrero, entre otras, ha sido uniforme al disponer que toda autoridad sea judicial o administrativa que conozca una solicitud que incida en el derecho a la libertad física de quien se halle privado de su ejercicio, tiene el deber de tramitarla con la mayor celeridad posible; por cuanto, la lesión de este derecho está en la demora o dilación indebida al resolver o atender una solicitud para la definición jurídica de los derechos del imputado o imputada, lo que no significa que deba dar curso a la solicitud en forma positiva; ya que, el resultado dependerá de las circunstancias del caso y la valoración jurídica que realice la autoridad conforme a la normativa aplicable; por cuanto, la lesión del derecho a la libertad física está en la demora o dilación indebida, al resolver o atender una solicitud; que más bien, debería ser efectuada con la debida celeridad. En el marco de dicho precedente constitucional la SCP 0581/2025-S3 de 17 de junio ha precisado el alcance de la acción de libertad traslativa o de pronto despacho señalando lo siguiente:
[D]e la línea jurisprudencial citada es posible concluir que el alcance de protección de la acción de libertad en su modalidad traslativa o de pronto despacho opera frente a toda demora o dilación indebida al resolver o atender una solicitud que se encuentre vinculada con la libertad de quien la solicita, prueba de ello es que se ha establecido que toda autoridad sea judicial o administrativa que conozca una solicitud que incida en el derecho a la libertad física de quien se halle privado de su ejercicio, tiene el deber de tramitarla con la mayor celeridad posible; a contrario sensu, no procede cuando la libertad de la persona no se encuentre comprometida, ya sea porque no esté privada de libertad o el acto u omisión dilatorio no incida directa o indirectamente con su libertad; en estos casos corresponderá que el peticionante de tutela acuda previamente a los mecanismos intraprocesales que el ordenamiento jurídico prevé para el restablecimiento de los derechos considerados lesionados.
Sobre el intitulado, la SCP 0460/2018-S4 de 27 de agosto, citando a su vez fallos constitucionales anteriores, indicó que: “Inicialmente, la SC 1447/2004-R de 6 de septiembre construyó el siguiente parámetro: ‘…haciendo una interpretación desde y conforme a la Constitución de las normas previstas por el art. 245 del CPP, ha dejado establecido que para otorgar la libertad luego de haberse concedido la cesación de la detención preventiva sólo es exigible el cumplimiento de las medidas sustitutivas que se hubieren aplicado, pues esa es la única condición que ha previsto el legislador, lo que implica que no puede exigirse el cumplimiento de otras condiciones, requisitos o realización de diligencias, como condición previa [a] viabilizar la libertad de los imputados beneficiados con la cesación de la detención preventiva’; a partir del cual se desarrolló la jurisprudencia constitucional sobre el tema de cumplimiento de medidas sustitutivas. Eventualmente, la SC 0698/2010-R de 26 de julio, citando la referida jurisprudencia señaló: ‘En consecuencia, el Juez a cargo de la investigación, una vez que se cumplieron las medidas sustitutivas impuestas, antes de disponer la emisión del mandamiento de libertad, tendrá que compulsar si efectivamente el imputado dio cumplimiento a las exigencias impuestas por dicha autoridad a efectos de obtener la cesación de la detención preventiva; y cuando evidencie el cumplimiento de las exigencias, la decisión lógica será de conceder la libertad, sin mayor trámite’. En la SCP 0745/2013 de 7 de junio, se estableció lo siguiente: ‘(…) cuando se trata de un fallo que determina la aplicación de medidas sustitutivas a la detención preventiva; el único requisito exigible para materializar la libertad del imputado, será el cumplimiento de las últimas medidas impuestas, claro está que se deben discriminar dos tiempos procesales en su consecución; de un lado, las exigencias establecidas para ser acatadas antes de otorgarse la libertad, entre ellas, las fianzas, los arraigos y garantías reales o personales; y de otro lado, están las posteriores, como ser, presentaciones periódicas ante ciertas autoridades o instancias, prohibición de concurrir a ciertos lugares y frecuentar a determinadas personas o sujetos procesales. Entonces, es lógico suponer que la exigencia de cumplimiento previo de las medidas sustitutivas debe estar referida a las que son materialmente posibles de realizarse antes de la obtención de la libertad’. Esos razonamientos fueron continuamente reiterados en la jurisprudencia como en la SC 1242/2010-R de 13 de septiembre, SCP 1429/2013 de 19 de agosto, SCP 0652/2015-S2 de 10 de junio, SCP 0150/2016-S2 de 22 de febrero, entre varias otras, que además fueron citadas por la propia parte accionante. Por lo anterior se puede extractar que en los casos en que se haya dispuesto la cesación de la detención preventiva y en su lugar la aplicación de medidas sustitutivas a ésta, la parte que se encuentra privada de libertad tiene la obligación de acreditar de manera adecuada el cumplimiento de aquellas imposiciones y sólo entonces la autoridad jurisdiccional podrá hacer efectivo el mandamiento de libertad, sin establecer requisitos o diligencias adicionales a las que en un principio fueron dispuestas” (las negrillas y subrayado son nuestros).
Las accionantes, a través de su representante, denuncian la lesión del debido proceso vinculado con su derecho a la libertad; argumentando que, la Jueza de Instrucción Cautelar Penal Décima de la Capital del departamento de Santa Cruz, pese a haber cumplido con las medidas sustitutivas a la detención preventiva dispuestas en su favor por el Tribunal de alzada, no emitió mandamiento de libertad causando así un retraso que afecta sus derechos; por lo que, solicitaron se conceda la tutela y se disponga la inmediata emisión del acto extrañado. De la revisión de antecedentes y conforme los datos consignados en las Conclusiones II.1, II.2 y II.3 del presente fallo constitucional, se advirtió que dentro del proceso penal seguido contra las impetrantes de tutela por la presunta comisión del delito de sustracción de prenda aduanera, la Vocal de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, mediante Auto de Vista 220, declaró admisible y procedente parcialmente el recurso de apelación de la cesación a la detención preventiva, disponiendo la aplicación de medidas cautelares de carácter personal en sustitución de la detención preventiva como la fianza juratoria, la obligación de presentarse ante el Ministerio Público cada quince días, asistir ante el llamado de la autoridad jurisdiccional, prohibición de concurrir a los lugares donde se suscitaron los hechos, prohibición de comunicarse con todas las personas implicadas en el caso, fianza de dos garantes solventes con domicilio, trabajo y familia, y arraigo para las dos imputadas. En ese contexto, mediante memorial con cargo de recepción de 17 de mayo de 2023, las solicitantes de tutela hicieron conocer a la autoridad judicial demandada el cumplimiento de las “medidas impuestas” por Auto de Vista 220, solicitando la emisión de mandamiento de libertad, petición que fue respondida por providencia de 18 de mayo de 2023 señalando que: “…los garantes ofrecidos, los mismos que deben hacerse presentes a este Juzgado en horario de oficina, para prestar el juramento correspondiente, adjuntando prueba idónea y suficiente” (sic); asimismo, en la misma fecha mediante un segundo memorial, presentaron los talonarios de control del trámite de migración y reiteraron la solicitud de mandamiento de libertad, a lo que la autoridad demandada respondió mediante providencia de 18 de mayo de 2023, disponiendo que, previa verificación de las medidas ordenadas por la Vocal de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, por secretaría se libre el correspondiente mandamiento de libertad. Por su parte, la autoridad demandada en audiencia afirmó que, si bien las accionantes presentaron el talón de control del trámite de arraigo y ofrecieron los garantes personales; sin embargo, no se hicieron presentes ante su Juzgado para la toma de juramento conforme a ley, señalando en consecuencia, que no dieron cumplimiento a lo ordenado en el Auto de Vista 220 de 9 de mayo de 2023. Ahora bien, conforme al Fundamento Jurídico III.1 de esta Sentencia Constitucional Plurinacional, el alcance de protección de la acción de libertad en su modalidad traslativa o de pronto despacho, comprende a toda demora o dilación indebida al resolver o atender una solicitud que se encuentre vinculada con la libertad de quien la solicita, prueba de ello es que se ha establecido que toda autoridad sea judicial o administrativa que conozca una solicitud que incida en el derecho a la libertad física de quien se halle privado de su ejercicio, tiene el deber de tramitarla con la mayor celeridad posible. En el presente caso, se tiene que si bien las impetrantes de tutela mediante los memoriales presentados el 17 de mayo de 2023, manifestaron haber dado cumplimiento a las imposiciones establecidas en el Auto de Vista 220, para acceder a las medidas sustitutivas a la detención preventiva, la respuesta de la Jueza ahora demandada mediante los decretos de 18 del mes y año indicados, dan cuenta que no existió una dilación indebida, pues fueron emitidos dentro del plazo de veinticuatro horas, conforme al art. 132.1 del CPP; consiguientemente, no existe un retraso o demora razonable; es más, fueron emitidos dentro del término señalado por el procedimiento adjetivo penal, máxime si de los antecedentes cursantes no se evidenció que hubieran acreditado de manera plena, objetiva y verificable el cumplimiento integral de todas las condiciones dispuestas por la autoridad de alzada, en particular aquellas referidas a la fianza de dos garantes que cuenten con domicilio, trabajo y familia, para lo cual la autoridad demandada dispuso su comparecencia personal ante el juzgado, para la prestación del juramento correspondiente y la presentación de la documentación idónea que respalde su solvencia; al respecto, el Fundamento Jurídico III.2 del presente fallo constitucional, establece con claridad que:“…en los casos en que se haya dispuesto la cesación de la detención preventiva y en su lugar la aplicación de medidas sustitutivas a ésta, la parte que se encuentra privada de libertad tiene la obligación de acreditar de manera adecuada el cumplimiento de aquellas imposiciones y sólo entonces la autoridad jurisdiccional podrá hacer efectivo el mandamiento de libertad, sin establecer requisitos o diligencias adicionales a las que en un principio fueron dispuestas”. En ese sentido, conforme se desprende de lo manifestado por la autoridad demandada tanto en las providencias emitidas el 18 de mayo de 2023, como en audiencia pública de acción de libertad, la sola presentación de memoriales, talones de trámite o el ofrecimiento genérico de garantes no resultaba suficiente para tener por cumplidas las medidas sustitutivas, siendo necesario que las accionantes observen de manera estricta las condiciones fijadas por el Tribunal de alzada, a fin de que la autoridad jurisdiccional de primera instancia pueda ejercer válidamente su deber de control y verificación previo a la emisión del mandamiento de libertad. Ahora bien, en cuanto al argumento invocado por el Juez de garantías, para la denegatoria de tutela, en sentido que las impetrantes de tutela no formularon recurso de reposición contra los proveídos emitidos por la autoridad judicial demandada, operando la subsidiariedad excepcional de la acción de libertad; concierne precisar que, conforme a lo expuesto en la SCP 0543/2020-S2 de 13 de octubre: “…la acción de libertad puede ser presentada de manera directa, sin ser exigible en forma previa la interposición del recurso de reposición a objeto de cumplir la subsidiariedad excepcional que rige a esta acción de tutela. En ese marco, respecto al recurso de reposición instituido en los arts. 401 y 402 del CPP, la jurisprudencia del Tribunal Constitucional Plurinacional, estableció que únicamente de ser utilizado en forma previa por el considerado como agraviado, debe esperarse su resolución antes de poder plantear la acción de libertad, al no ser viable la activación de 11 dos vías paralelas de reclamo; es decir, una en la jurisdicción ordinaria y otra en la constitucional. Caso contrario, el recurso señalado, no puede ser considerado como un medio idóneo que ineludiblemente deba ser formulado a fin de la activación del control constitucional, mediante la acción de libertad”; por lo que, el razonamiento empleado no resulta pertinente y coherente con la jurisprudencia emitida por este Tribunal en casos similares. Bajo tales premisas, se concluye que la autoridad judicial demandada resolvió la solicitud que se encuentra vinculada con la libertad de las accionantes con celeridad, estableciendo además conforme a la jurisprudencia constitucional de este Tribunal, que previamente a la emisión del mandamiento de libertad se verifiquen las condiciones expresamente establecidas en el Auto de Vista 220, no evidenciándose una actuación ilegal o arbitraria que hubiera vulnerado al debido proceso en su elemento celeridad, vinculado al derecho a la libertad de las impetrantes de tutela; correspondiendo en consecuencia, denegar la tutela impetrada.
En consecuencia, la Juez de garantías, al haber denegado la tutela impetrada, aunque con otros fundamentos obró de forma correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 18/2023 de 19 de mayo, cursante de fs. 30 a 33, pronunciada por el Juez de Sentencia Penal, Anticorrupción y Violencia Contra la Mujer Noveno de la Capital del departamento de Santa Cruz; y, en consecuencia: DENEGAR la tutela impetrada, conforme los razonamientos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Fdo. Ángel Edson Dávalos Rojas
MAGISTRADO
Fdo. Paola Verónica Prudencio Candia
MAGISTRADA
1 El FJ III.1, señala: “Del texto constitucional y legal referidos, se extrae que en el sentido de la Constitución, el recurso de hábeas corpus por violaciones a la libertad individual y /o locomoción, puede ser reparador si ataca una lesión ya consumada, preventivo si procura impedir una lesión a producirse o correctivo si intenta evitar que se agraven las condiciones en que se mantiene a una persona detenida”.
2 El FJ III.5, establece: “…se debe hacer referencia al hábeas corpus traslativo o de pronto despacho, a través del cual lo que se busca es acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas, para resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad. Este tipo de hábeas corpus, implícito en el art. 125 de la CPE, emerge directamente del art. 89 de la LTC, que establece que, también procede el hábeas corpus cuando se aleguen “…otras violaciones que tengan relación con la libertad personal en cualquiera de sus formas, y los hechos fueron conexos con el acto motivante del recurso, por constituir su causa o finalidad…”, e implícitamente fue reconocido por la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, cuando tuteló los supuestos de demora en la celebración de la audiencia de medidas cautelares (SSCC 1109/2004-R, 1921/2004-R),o cuando existieron notificaciones ilegales con las resoluciones de medidas cautelares que lesionan el derecho a la defensa, concretamente el derecho a recurrir, impidiendo que el tribunal superior revise la resolución del inferior (SC 826/2004-R)…”.
3 La citada Sentencia expresó que: “‘…toda autoridad que conozca de una solicitud en la que se encuentre involucrado el derecho a la libertad física, tiene el deber de tramitarla con la mayor celeridad posible, o cuando menos dentro de los plazos razonables, pues de no hacerlo podría provocar una restricción indebida del citado derecho, lo que no significa, que siempre tendrá que otorgar o dar curso a la solicitud en forma positiva, pues esto dependerá de las circunstancias y las pruebas que se aporten en cada caso, dado que se reitera la lesión del derecho a la libertad física, está en la demora o dilación indebida de una solicitud de tal naturaleza, vale decir, que si la solicitud es negada de acuerdo a una compulsa conforme a Ley no es ilegal siempre que esa negativa se la resuelva con la celeridad que exige la solicitud’.
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_1511_2025-S3.pdf · páginas 1 a 10.
Huella digital del PDF (SHA-256): 0913b0152b812dd56698b70d224759be0784bc738fb0c588ef9d5a7268cd4ecd
La jurisprudencia puede ser modulada o cambiada por fallos posteriores: antes de citarla en un escrito, verificá que siga vigente. Esta página reproduce una resolución judicial pública; no es asesoramiento legal.
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