Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Primera Especializada · 3 de agosto de 2026
Deniega la tutela
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 36/2024 de 16 de febrero, cursante de fs. 29 a 30 vta., pronunciada por el Tribunal de Sentencia Penal Séptimo y Sustancias Controladas en Liquidación de la Capital del departamento de La Paz; y, en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada, en los mismos términos y alcances de lo dispuesto por la Tribunal de garantías, conforme con los fundamentos jurídicos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1510/2026-S1 Sucre, 3 de agosto de 2026 SALA PRIMERA ESPECIALIZADA Magistrada Relatora: Dra. Amalia Laura Villca Acción de libertad Expediente: 61901-2024-124-AL Departamento: La Paz En revisión la Resolución 36/2024 de 16 de febrero, cursante de fs. 29 a 30 vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Juan Carlos Camacho Terceros en representación sin mandato de René Sanabria Oropeza contra Elena Julia Gemio Limachi y Reina Virginia Uriarte Vila, Juezas Técnicas del Tribunal de Sentencia Penal Primero de la Capital del departamento de La Paz; y, “Encargada de la Oficina Gestora de Procesos del Tribunal Departamental de Justicia” del citado departamento.
El accionante a través de su representante sin mandato, denunció la vulneración de sus derechos a la salud y a la vida íntegra; toda vez que, se encuentra detenido preventivamente en el Centro Penitenciario San Pedro. Añade que, es una persona de “edad avanzada” y que tiene diversos problemas de salud, entre ellos gonartrosis bilateral sintomática izquierda; es así que, el 15 de febrero de 2024, por memorial dirigido al Tribunal de Sentencia Penal Primero de la Capital del departamento de La Paz, solicitó salida judicial médica para asistir a una sesión de fisioterapia programada para el 17 de similar mes y año; sin embargo, a momento de la presentación del referido escrito ante la Oficina Gestora de Procesos del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz y a pesar de haber indicado la urgencia del citado escrito, el Encargado de dicha Oficina hizo caso omiso, remitiendo el referido memorial al mencionado Tribunal horas después, instancia que indicó que el decreto respectivo se emitiría al día siguiente, sin atender su pedido con la urgencia necesaria, más aun considerando que una vez emitida la providencia respectiva, deben correrse las diligencias necesarias, lo que sin duda transgrede sus derechos constitucionales.
Pide se ordene a las autoridades judiciales demandadas emitan el decreto de salida judicial médica y sea con las formalidades de ley. Elena Julia Gemio Limachi y Reina Virginia Uriarte Vila, Juezas Técnicas del Tribunal de Sentencia Penal Primero de Capital del departamento de La Paz, a su turno en audiencia, señalaron que, el memorial reclamado por la parte accionante fue remitido a su conocimiento el 15 de febrero de 2024, a horas 11:00, habiéndose emitido en la misma fecha, el decreto respectivo, es decir dentro el plazo que prevé el art. 132 del Código de Procedimiento Penal (CPP); aclarando que, la referida providencia incluso se encuentra remitida por el Sistema Integrado de Registro Judicial (SIREJ), además de haber cursado el oficio respectivo a la Oficina Gestora de Procesos para la realización de las diligencias respectivas. Rocio Alejandra Terán Rivero, “Encargada de la Oficina Gestora de Procesos del departamento de La Paz”, en audiencia indicó que, a pesar de las recargadas labores, el memorial presentado el 15 de febrero de 2024, a las 8:54 horas, fue remitido en la misma fecha a las 11:20 horas, al Tribunal de Sentencia Penal Primero de la Capital del departamento de La Paz; por otra parte, con carácter previo a la prosecución de la audiencia de garantías -16 de igual mes y año- del SIREJ se advirtió la orden de salida judicial médica emanada del citado Tribunal, mismo que fue puesto a conocimiento del Centro Penitenciario San Pedro, conforme los plazos establecidos en el procedimiento. El Tribunal de Sentencia Penal Séptimo y Sustancias Controladas en Liquidación de la Capital del departamento de La Paz, constituido en Tribunal de garantías, por Resolución 36/2024 de 16 de febrero, cursante de fs. 29 a 30 vta., denegó la tutela solicita, por cuanto, las Juezas ahora accionadas como la “Encargada” hoy coaccionada, enmarcaron su actuar dentro de los plazos legales, no habiendo incurrido en lesión alguna. En consecuencia, corresponde determinar en revisión, si los hechos demandados son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
En el marco del Plan Piloto de Descongestionamiento Procesal, este Tribunal Constitucional Plurinacional en reunión de Sala Plena de 14 de enero de 2026, estableció el uso del Formato Corto de Resolución, para todas las causas comprendidas en el citado Plan Piloto. Determinación ratificada posteriormente mediante Acuerdo Jurisdiccional de Sala Plena, TCP-SP 010/2026 de 17 de junio. Por lo que, el formato del presente fallo, se ajusta a lo precedentemente determinado.
La SCP 0259/2018-S2 de 18 de junio, establece que: “Posteriormente, a través de la SC 0044/2010-R de 20 de abril se amplió dicha clasificación, identificando además al hábeas corpus restringido, que procede ante limitaciones del ejercicio del derecho a la libertad; dentro del cual, se encuentra el hábeas corpus instructivo, que procede cuando el derecho a la libertad se encuentra vinculado al derecho a la vida; y, traslativo o de pronto despacho, a través del que, se busca acelerar los trámites judiciales o administrativos ante dilaciones indebidas, para resolver la situación jurídica de la persona privada de libertad y la concreción del valor libertad, de los principios de celeridad y respeto a los derechos, debiendo ser tramitados, resueltos SC 0224/2004-R de 16 de febrero- y efectivizados -SC 0862/2005-R de 27 de julio- con la mayor celeridad -SCP 0528/2013 de 3 de mayo-.
Sobre la base de ese razonamiento, toda autoridad que conozca una solicitud en la que se encuentre involucrado el derecho a la libertad física, tiene el deber de tramitarla con la mayor celeridad posible, o cuando menos dentro de los plazos razonables, pues de no hacerlo, podría provocar una restricción indebida del citado derecho; lo que no significa, otorgar o dar curso a la solicitud en forma positiva o negativa, ya que el resultado a originarse, dependerá de las circunstancias y las pruebas que se aporten en cada caso; por cuanto, la lesión del derecho a la libertad física está en la demora o dilación indebida, al resolver o atender una solicitud; que más bien, debería ser efectuada con la debida celeridad” (las negrillas nos pertenecen).
Con carácter previo, se debe aclarar que, la SCP 0043/2018-S1 de 12 de marzo, estableció que los funcionarios de apoyo jurisdiccional carecen de legitimación pasiva; sin embargo, adquieren dicha legitimación cuando inciden en tres supuestos, entre ellos, el incumplimiento específico de alguna de sus funciones; así, conforme el art. 56 Bis del Código de Procedimiento Penal (CPP), una de las funciones de la Oficina Gestora de Procesos es el de recepcionar toda documentación que le sea presentada en formato físico, digitalizarla e incorporarla al sistema informático de gestión de causas para su respectivo procesamiento, así como la realización de notificaciones a las partes procesales, todo ello en concordancia con el art. 112 Bis de la Ley del Órgano Judicial (LOJ); en ese sentido, de lo mencionado en la demanda de acción de defensa se establece que, el accionante cuestiona que, su memorial de 15 de febrero de 2024, una vez presentado ante la Oficina Gestora de Procesos del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, y pese a haberse advertido la urgencia del mismo, no se hubiera imprimido su procesamiento con la celeridad debida, razón por la que en el caso de estudio, se establece que la “Encargada” de la citada Oficina si cuenta con legitimación pasiva para ser accionada, en consideración a que el accionante precisamente cuestiona el cumplimiento de funciones de esta última. De la problemática planteada, se establece que, es posible tutelar el derecho a la salud de los privados de libertad a través de la acción de libertad cuando se encuentren en conexión con sus derechos a la integridad personal y a la vida, haciendo hincapié que las autoridades judiciales como servidores públicos que se hallan a cargo del privado de libertad, se encuentran compelidas a atender los pedidos referidos a la atención médica con la debida diligencia, examinando la solicitud y tomando la decisión que amerite de acuerdo a los antecedentes y las circunstancias, de forma célere y oportuna (SCP 0618/2012 de 23 de julio); en ese contexto, de los antecedentes relevantes traídos en revisión se advierte que, el accionante por memorial presentado el 15 de febrero de 2024, a las 8:54 horas (fs. 20), solicitó salida judicial por motivo médico, el cual -conforme cargo de recepción- fue remitido en la misma fecha a las 11:16 horas, al Tribunal de Sentencia Penal Primero de la Capital del departamento de La Paz (fs. 20 vta.); de igual forma, en la fecha de referencia, la Jueza hoy accionada emitió decreto concediendo la salida médica judicial solicitada por el accionante, para el 17 de ese mes y año, disponiendo se realicen las notificaciones respectivas; a cuyo efecto, el 16 de igual mes y año, se elaboró oficio de orden de salida judicial dirigida al Gobernador del Centro Penitenciario San Pedro, el que fue recibido por la Oficina Gestora de Procesos del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz vía ciudadanía digital como físicamente en la fecha referida, a las 12:00 horas, Oficina que procedió a la notificación del prenombrado a las 12:31 horas, de igual fecha. Constatándose de los actuados descritos que, la “Encargada de la Oficina Gestora de Procesos del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz”, una vez ingresado el memorial de 15 de febrero de 2024, este fue remitido dentro de plazo oportuno y con la celeridad debida al Tribunal de Sentencia Penal Primero de la Capital de dicho departamento, instancia que en observación del art. 132 del CPP, emitió el decreto respectivo dando lugar a lo solicitado por el accionante, y remitiendo el decreto de referencia a la citada Oficina para que se cumplan con las diligencias correspondientes el 16 de igual mes y año; infiriéndose de todo ello, que tanto las Juezas Técnicas hoy accionadas como la “Encargada de la Oficina Gestora de Procesos” ahora coaccionada, actuaron con la debida celeridad, sin incurrir en dilación alguna que lesione los derechos denunciados como vulnerados por el accionante, razón por la que no es posible conceder la tutela solicitada, puesto que como se indicó las actuaciones procesales ejecutados por la parte accionada se enmarcó en observación del principio de celeridad, atendiendo la solicitud del accionante en un plazo pronto y oportuno (Fundamento Jurídico III.1 de este fallo constitucional), precisamente para la concreción de su atención médica.
En consecuencia, el Tribunal de garantías, al denegar la tutela solicitada, obró de manera correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 36/2024 de 16 de febrero, cursante de fs. 29 a 30 vta., pronunciada por el Tribunal de Sentencia Penal Séptimo y Sustancias Controladas en Liquidación de la Capital del departamento de La Paz; y, en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada, en los mismos términos y alcances de lo dispuesto por la Tribunal de garantías, conforme con los fundamentos jurídicos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Fdo. Dra. Amalia Laura Villca
MAGISTRADA
Fdo. Ángel Edson Dávalos Rojas
MAGISTRADO
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_1510_2026-S1.pdf · páginas 1 a 5.
Huella digital del PDF (SHA-256): 9d115d97c5cd8cae4e024c65568f4eeaf3c6ca25c879e14c6b6c226c0b2f148f
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