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SCP 1510/2025-S3

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Tercera · 20 de noviembre de 2025

Deniega la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Tercera
Fecha
20 de noviembre de 2025
Acción
Acción de libertad
Magistrado relator
Ángel Edson Dávalos Rojas
Expediente
56708-2023-114-AL
Departamento
Santa Cruz
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de libertad — traslativa / pronto despacho

Qué se discutió

La accionante a través de su representante, denuncia la lesión de su garantía al debido proceso en sus elementos derecho a la defensa, atención eficaz y oportuna por parte de los jueces y tribunales de justicia; argumentando que, su solicitud de requerimientos fiscales presentada dentro del proceso penal seguido en su contra por la presunta comisión del delito de tráfico de sustancias controladas, hasta la fecha de interposición de la presente acción tutelar no fue atendida por el Fiscal de Materia asignado a la causa, pese a que dichos requerimientos son necesarios para definir su situación jurídica, dada su condición de privada de libertad; asimismo, no se le entregaron sus pertenencias -cedula de identidad, pasaporte y teléfono celular-. Conforme a lo anterior, solicita se ordene a la autoridad fiscal demandada que en un plazo no mayor a las veinticuatro horas, se franquee todos y cada uno de los requerimientos solicitados, así como la devolución de sus documentos y teléfono celular. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 08/2023 de 30 de mayo, cursante de 22 a 26 vta., pronunciada por la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz; y en consecuencia, DENEGAR la tutela impetrada, conforme a los razonamientos expresados en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. Sobre la acción de libertad traslativa o de pronto despacho
  2. III.2. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1510/2025-S3 Sucre, 20 de noviembre de 2025 SALA TERCERA Magistrado Relator: Ángel Edson Dávalos Rojas Acción de libertad Expediente: 56708-2023-114-AL Departamento: Santa Cruz En revisión la Resolución de 08/2023 de 30 de mayo, cursante de 22 a 26 vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Yonattan Callejas Masvidal en representación sin mandato de Juanita Lorent Chica Hernández contra Fernando Daniel Mejía Gallardo, Fiscal de Materia.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memorial presentado el 29 de mayo de 2023, cursante a fs. 5 a 7, la accionante a través de su representante, expresó lo siguiente:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

En el proceso penal seguido por el Ministerio Público en su contra, por la presunta comisión del delito de tráfico de sustancias controladas, la autoridad fiscal asignada a la causa, hasta la interposición de la presente acción de libertad no extendió los requerimientos solicitados, los cuales son necesarios para definir su situación jurídica; asimismo, no procedió a la devolución de los documentos personales y su celular. Conductas consideradas lesivas; puesto que, ni en los estados de excepción se suspenden derechos ni garantías de las personas privadas de libertad.

I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados

Denunció la vulneración de su garantía al debido proceso en sus elementos de derecho a la defensa, atención eficaz y oportuna por parte de los jueces y tribunales de justicia; citando al efecto, los arts. 115, 116 y 137 de la Constitución Política del Estado (CPE).

I.1.3. Petitorio

Solicitó se conceda la tutela y, en consecuencia, se ordene a la autoridad demandada que en un plazo no mayor a las veinticuatro horas, se franquee todos y cada uno de los requerimientos solicitados, así como la devolución de sus documentos y teléfono celular.

I.2. Audiencia y Resolución de la Sala Constitucional

Celebrada la audiencia virtual, el 30 de mayo de 2023, según consta en el acta cursante de fs. 19 a 21 y vta., se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

La accionante a través de su representante, ratifico íntegramente los términos de su acción tutelar y ampliándola, señaló que: a) Ha adjuntado en la presente acción de libertad la solicitud de requerimientos fiscales desde el 16 de mayo de 2023, solicitudes que hasta el día de hoy fueron negados; y, b) Solicitó se ordene que todo lo peticionado a través de los requerimientos, se franqueen en un plazo no mayor de veinticuatro horas, para poder ejercer su derecho a la defensa.

I.2.2. Informe de la autoridad demandada

Shakty Vargas Camacho, Fiscal de Material, refiriendo que actúa en representación del Fiscal de Materia demandado Fernando Daniel Mejía Gallardo, en audiencia pública solicitó se deniegue la tutela, manifestando lo siguiente: 1) Ante el memorial presentado el 16 de mayo de 2023, por el cual la ahora accionante solicitó diferentes requerimientos dirigidos a unidades que prestan servicios de transporte, a objeto de que se le extienda el certificado de flujo migratorio, el Fiscal de Materia demandado emitió el respectivo “requerimiento” -se entiende proveído- el 17 del mismo mes y año, no advirtiéndose una respuesta negativa conforme lo establecido en el art. 306 del Código de Procedimiento Penal (CPP); 2) La redacción del mencionado “requerimiento” hace referencia a que, con carácter previo, la parte interesada indique “…desde cuándo y hasta cuando…” (sic) solicita el certificado de flujo migratorio; 3) La ahora impetrante de tutela pretende utilizar la jurisdicción constitucional para “…tapar la falta de conocimiento de la Justicia Ordinaria…” (sic) pues lo que correspondía según procedimiento era interponer una impugnación ante el Fiscal Departamental o en su caso acudir al control jurisdiccional en virtud de la acusación fiscal radicada en el “…Juzgado Noveno de la Capital…” (sic), en caso de considerar que sus derechos fueron vulnerados; y, 4) En ningún momento el Ministerio Público secuestró una cédula de identidad, pasaporte o un celular; por lo que, en atención a los principios de lealtad procesal y verdad material, mal podría requerirse su devolución.

I.2.3. Resolución

La Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, por Resolución 08/2023 de 30 de mayo, cursante de fs. 22 a 26 vta.; denegó la tutela solicitada, bajo los siguientes fundamentos: i) La accionante sería la acusada principal de un proceso penal en materia de sustancias controladas y que ya tendría acusación formal por parte del Ministerio Público, y dicho procedimiento estaría ya radicado ante un Tribunal de Sentencia esperando juicio oral; ii) La acción de libertad no reúne los cuatro presupuestos jurídicos que establece el art. 47 del Código Procesal Constitucional (CPCo) para que pueda proceder; toda vez que, la vida no está en peligro, no está ilegalmente perseguida, no está indebidamente procesada y tampoco está privada de su libertad personal; y, iii) De la revisión de obrados se advierte que, el Fiscal de Materia cumplió con la solicitud de la accionante de 16 de mayo de 2023, que es la causa principal de la presente acción tutelar, admitiéndola y atendiéndola a través de dos decretos de 17 y 19 del mismo mes y año, el primero ordenando la emisión de los requerimientos solicitados, y el segundo instando a la autoridad policial que obre en derecho en cuanto a la devolución de sus pertenencias; en tal sentido, no se evidencia la vulneración de los derechos y garantías constitucionales denunciados por la parte accionante, y bajo ese entendimiento jurídico se tiene que no corresponde la tutela solicitada. En la vía de la explicación, complementación y aclaración, la parte accionante refirió que se planteó una acción de libertad de pronto despacho ante la dilación al acceso a la justicia, por no emitirse los requerimientos solicitados, lo cual no habría sido tomado en cuenta; en dicho mérito, la Sala Constitucional mediante Auto Complementario de la misma fecha, declaró no ha lugar a lo solicitado al no evidenciarse ninguna dilación indebida por parte de la autoridad fiscal demandada.

II. CONCLUSIONES

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Cursa memorial de 16 de mayo de 2023, mediante el cual Juanita Lorent Chica Hernández -accionante-, solicitó al Fiscal de Materia asignado, distintos requerimientos dirigidos a entidades públicas y privadas; y, por decreto de 17 del mismo mes y año, el Fiscal de Materia -ahora demandado-dispuso que la parte impetrante debe indicar la fecha desde cuándo y hasta cuando realiza su solicitud (fs. 16 a 17 vta.). II.2. Consta memorial de 18 de mayo de 2023, mediante el cual la impetrante de tutela, solicitó a la autoridad fiscal devolución de su celular marca “POCO”, su pasaporte y cédula de identidad; y, consta el decreto de 19 del mismo mes y año, dirigido al investigador asignado al caso, ordenando se eleve un informe sobre los extremos solicitados, (fs. 18 y vta.).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

La accionante a través de su representante, denuncia la lesión de su garantía al debido proceso en sus elementos derecho a la defensa, atención eficaz y oportuna por parte de los jueces y tribunales de justicia; argumentando que, su solicitud de requerimientos fiscales presentada dentro del proceso penal seguido en su contra por la presunta comisión del delito de tráfico de sustancias controladas, hasta la fecha de interposición de la presente acción tutelar no fue atendida por el Fiscal de Materia asignado a la causa, pese a que dichos requerimientos son necesarios para definir su situación jurídica, dada su condición de privada de libertad; asimismo, no se le entregaron sus pertenencias -cedula de identidad, pasaporte y teléfono celular-. Conforme a lo anterior, solicita se ordene a la autoridad fiscal demandada que en un plazo no mayor a las veinticuatro horas, se franquee todos y cada uno de los requerimientos solicitados, así como la devolución de sus documentos y teléfono celular. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

III.1. Sobre la acción de libertad traslativa o de pronto despacho

La jurisprudencia constitucional de este Tribunal se ha pronunciado sobre las distintas modalidades de la acción de libertad y ha desarrollado una línea jurisprudencial en cuanto a su ámbito de protección y alcance. Así la SC 1579/2004-R de 1 de octubre se pronunció sobre sus diferentes modalidades refiriéndose al hábeas corpus -ahora acción de libertad- reparador cuando se trata de lesiones ya consumadas, preventivo para impedir una lesión a producirse y correctivo, cuando se intenta evitar el agravamiento de las condiciones de privación de libertad de una persona detenida.

Posteriormente, la SC 0044/2010-R de 20 de abril, incorporó otras modalidades protectivas haciendo alusión al hábeas corpus restringido, al instructivo y al traslativo o de pronto despacho, respecto de este último precisó que a través de su ámbito de protección “…lo que se busca es acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas para resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad”.

Bajo ese razonamiento, la jurisprudencia constitucional desarrollada en la SC 0224/2004-R de 16 de febrero, entre otras, ha sido uniforme al disponer que toda autoridad sea judicial o administrativa que conozca una solicitud que incida en el derecho a la libertad física de quien se halle privado de su ejercicio, tiene el deber de tramitarla con la mayor celeridad posible; por cuanto, la lesión de este derecho está en la demora o dilación indebida al resolver o atender una solicitud para la definición jurídica de los derechos del imputado o imputada, lo que no significa que deba dar curso a la solicitud en forma positiva; ya que, el resultado dependerá de las circunstancias del caso y la valoración jurídica que realice la autoridad conforme a la normativa aplicable; por cuanto, la lesión del derecho a la libertad física está en la demora o dilación indebida, al resolver o atender una solicitud; que más bien, debería ser efectuada con la debida celeridad.

Jurisprudencia glosada en la SCP 1198/2025-S3 de 3 de octubre.

III.2. Análisis del caso concreto

La accionante a través de su representante, denuncia la lesión de su garantía del debido proceso en sus elementos derecho a la defensa, atención eficaz y oportuna por parte de los jueces y tribunales de justicia; argumentando que, su solicitud de requerimientos fiscales presentadas dentro del proceso penal seguido en su contra por la presunta comisión del delito de tráfico de sustancias controladas, hasta la fecha de interposición de la presente acción tutelar no fue atendida por el Fiscal de Materia asignado a la causa y, tampoco se le entregaron sus pertenencias -cedula de identidad, pasaporte y teléfono celular-, pese a que dichos requerimientos son necesarios para definir su situación jurídica, dada su condición de privada de libertad; por lo que, impetra que la autoridad demandada en un plazo no mayor a las veinticuatro horas, se le franquee lo solicitado para poder ejercer su derecho a la defensa.

Al respecto, el Fundamento Jurídico III.1 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, es claro al señalar que en el marco de la acción traslativa o de pronto despacho, toda autoridad sea judicial o administrativa que conozca una solicitud que incida en el derecho a la libertad física de quien se halle privado de su ejercicio, tiene el deber de tramitarla con la mayor celeridad posible; por cuanto, la lesión de este derecho está en la demora o dilación indebida al resolver o atender una solicitud para la definición jurídica de los derechos del imputado o imputada, lo que no significa que deba dar curso a la solicitud en forma positiva; ya que, el resultado dependerá de las circunstancias del caso y la valoración jurídica que realice la autoridad conforme a la normativa aplicable; por cuanto, la lesión del derecho a la libertad física está en la demora o dilación indebida, al resolver o atender una solicitud; que más bien, debería ser efectuada con la debida celeridad.

En este contexto, encontrándose la impetrante de tutela privada de su derecho a la libertad en el Centro Penitenciario Palmasola de Santa Cruz, dentro del proceso penal seguido en su contra por la presunta comisión del delito de tráfico de sustancias controladas, conforme sale del proveído de señalamiento de audiencia de 29 de mayo de 2023, y de las incidencias de la audiencia pública celebrada el 30 de igual mes y año -fs. 8; y, 19 a 21 vta.-, corresponde verificar si se lesionó el mencionado derecho, estableciendo si la autoridad demandada tramitó con celeridad el memorial de 16 de mayo de 2023, mediante el cual la accionante, solicitó distintos requerimientos dirigidos a entidades públicas y privadas a objeto de obtener, entre otros, certificado de antecedentes penales, registro domiciliario y laboral a futuro, certificado de flujo migratorio; en dicho mérito, se tiene que mediante decreto de 17 del mismo mes y año, la autoridad fiscal demandada, ordenó la emisión de los requerimientos solicitados, pero respecto de los puntos 2, 4, 5, 6, 7 y 8 del memorial en cuestión, dispuso que la parte accionante indique previamente el periodo de tiempo que deberán constar en las certificaciones solicitadas (Conclusión II.1).

Conforme se puede apreciar, el Fiscal de Materia demandado, emitió una respuesta oportuna y con celeridad a la solicitud de la accionante de 16 de mayo de 2023, ordenando dentro de las veinticuatro horas la emisión de los requerimientos solicitados, excepto en el caso de los requerimientos dirigidos al Notario de Fe Pública, al Director Regional de Migración, al Director de la Unidad Operativa de Tránsito de la Terminal Bimodal, los Administradores de los flotas Carretón, Bioceánico, Perla Chiquitana y Perla del Oriente, así como al Administrador de la Ferroviaria Oriental S.A. (puntos 2, 4, 5, 6, 7 y 8), donde dispuso que la parte solicitante de tutela previamente indique el periodo de tiempo respecto del cual se pretende obtener las certificaciones solicitadas; consiguientemente, no existe lesión al principio de celeridad en la resolución de la petición de la prenombrada y por lo mismo tampoco existe vulneración alguna al derecho a la libertad, correspondiendo en ese caso denegar la tutela.

Con relación al memorial de 18 de mayo de 2023, mediante el cual la impetrante de tutela, solicitó la devolución de un celular marca “POCO”, su pasaporte y cédula de identidad, a pesar de que esta solicitud fue respondida mediante decreto de 19 del mismo mes y año (Conclusión II.2), la solicitud en cuestión no se encuentra dirigida a la resolución de la situación jurídica de la accionante; por lo que, no corresponde su análisis en el marco de la tutela brindada la acción de libertad de pronto despacho.

En consecuencia, la Sala Constitucional al denegar la tutela solicitada, aunque con distintos razonamientos, obró de forma correcta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 08/2023 de 30 de mayo, cursante de 22 a 26 vta., pronunciada por la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz; y en consecuencia, DENEGAR la tutela impetrada, conforme a los razonamientos expresados en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Fdo. Ángel Edson Dávalos Rojas

MAGISTRADO

Fdo. Paola Verónica Prudencio Candia

MAGISTRADA

Notas al pie

1 El FJ III.1, señala: “Del texto constitucional y legal referidos, se extrae que en el sentido de la Constitución, el recurso de hábeas corpus por violaciones a la libertad individual y /o locomoción, puede ser reparador si ataca una lesión ya consumada, preventivo si procura impedir una lesión a producirse o correctivo si intenta evitar que se agraven las condiciones en que se mantiene a una persona detenida”.

2 El FJ III.5, establece: “…se debe hacer referencia al hábeas corpus traslativo o de pronto despacho, a través del cual lo que se busca es acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas, para resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad. Este tipo de hábeas corpus, implícito en el art. 125 de la CPE, emerge directamente del art. 89 de la LTC, que establece que, también procede el hábeas corpus cuando se aleguen “…otras violaciones que tengan relación con la libertad personal en cualquiera de sus formas, y los hechos fueron conexos con el acto motivante del recurso, por constituir su causa o finalidad…”, e implícitamente fue reconocido por la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, cuando tuteló los supuestos de demora en la celebración de la audiencia de medidas cautelares (SSCC 1109/2004-R, 1921/2004-R),o cuando existieron notificaciones ilegales con las resoluciones de medidas cautelares que lesionan el derecho a la defensa, concretamente el derecho a recurrir, impidiendo que el tribunal superior revise la resolución del inferior (SC 826/2004-R)…”.

3 La citada Sentencia expresó que: “‘…toda autoridad que conozca de una solicitud en la que se encuentre involucrado el derecho a la libertad física, tiene el deber de tramitarla con la mayor celeridad posible, o cuando menos dentro de los plazos razonables, pues de no hacerlo podría provocar una restricción indebida del citado derecho, lo que no significa, que siempre tendrá que otorgar o dar curso a la solicitud en forma positiva, pues esto dependerá de las circunstancias y las pruebas que se aporten en cada caso, dado que se reitera la lesión del derecho a la libertad física, está en la demora o dilación indebida de una solicitud de tal naturaleza, vale decir, que si la solicitud es negada de acuerdo a una compulsa conforme a Ley no es ilegal siempre que esa negativa se la resuelva con la celeridad que exige la solicitud’.

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_1510_2025-S3.pdf · páginas 1 a 7.

Huella digital del PDF (SHA-256): 381e9f40606361fc5a41630e4091df6c04864e4bd88d95af4832ff0b7133770c

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