Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Primera Especializada · 3 de agosto de 2026
Concede la tutela
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución 1/2024 de 26 de enero, cursante de fs. 18 a 19 vta., pronunciada por la Jueza de Partido Liquidador y de Sentencia Penal Cuarta de El Alto del departamento de La Paz; y, en consecuencia: 1° CONCEDER la tutela solicitada, conforme con los fundamentos jurídicos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional; y, a) Disponer que, en el plazo de veinticuatro horas computables a partir de la notificación con la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, cumpla con la orden de salida judicial, salvo que por el transcurrir del tiempo la misma ya se hubiese efectivizado; con la aclaración que no se dispone la libertad del accionante.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1509/2026-S1 Sucre, 3 de agosto de 2026 SALA PRIMERA ESPECIALIZADA Magistrada Relatora: Dra. Amalia Laura Villca Acción de libertad Expediente: 61899-2024-124-AL Departamento: La Paz En revisión la Resolución 1/2024 de 26 de enero, cursante de fs. 18 a 19 vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Roger Abel Bustillos Loza en representación sin mandato de Luis Fernando Choque Nina contra Yemal Herrera Uriona, Director del Centro de Reinserción Social para Jóvenes Qalahuma de La Paz.
Por memorial de 25 de enero de 2024, cursante de fs. 6 a 8, el accionante a través de su representante sin mandato, denunció la vulneración de sus derechos a la vida y a la defensa; alegando que, dentro del proceso penal seguido en su contra por el Ministerio Público, el 25 de enero de 2024, debió llevarse a cabo su tratamiento psicológico en el Centro de Promoción y Salud Integral (CEPROSI); empero, por falta de custodio policial, no ordenaron su traslado; siendo que, con ello pretende demostrar su inocencia, ante la autoridad judicial. Por lo que, solicitó sea conducido sin excusas para recibir sus terapias psicológicas y a todo acto investigativo y/o judicial que se señale. El Director ahora accionado, mediante informe presentado el 26 de enero de 2024, cursante a fs. 14 y vta., manifestó que, cursa una orden de salida judicial en favor del accionante, otorgado por el Juez de Instrucción Anticorrupción y Contra la Violencia hacia la Mujer Cuarto de El Alto del departamento de La Paz, para que sea conducido al CEPROSI con el objeto de asistir a terapias psicológicas; por lo que, se ordenó su traslado; empero, por falta de personal policial no fue efectivizado. La Jueza de Partido Liquidador y de Sentencia Penal Cuarta de El Alto del departamento de La Paz, a través de la Resolución 1/2024 de 26 de enero, cursante de fs. 18 a 19 vta., denegó la tutela solicitada.
En consecuencia, corresponde determinar en revisión si los hechos demandados son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
En el marco del Plan Piloto de Descongestionamiento Procesal, este Tribunal Constitucional Plurinacional en reunión de Sala Plena de 14 de enero de 2026, estableció el uso del Formato Corto de Resolución, para todas las causas comprendidas en el citado Plan Piloto. Determinación ratificada posteriormente mediante Acuerdo Jurisdiccional de Sala Plena, TCP-SP 008/2026 de 11 de marzo. Por lo que, el formato del presente fallo, se ajusta a lo precedentemente determinado.
La SCP 0115/2024-S3 de 29 de abril, establece que: “La SCP 0988/2015-S3 de 12 de octubre, citando a la SCP 1874/2014 de 25 de septiembre, sostuvo que: ‘…La acción de libertad traslativa o de pronto despacho (…), entendida como el medio procesal idóneo para que las partes de un proceso puedan obtener la celeridad necesaria en los trámites judiciales o administrativos cuando en los mismos exista dilaciones innecesaria o indebidas y como efecto se prolonga una restricción al derecho a la libertad, criterio este que va en conjunción con el principio de celeridad reconocido en los arts. 178 y 180.I de la CPE…’”.
Al respecto, la SCP 0332/2021-S1 de 16 de agosto, señala que: «Respecto a la celeridad con la que deben actuar los administradores de justicia y encargados de los centros penitenciarios, corresponde indicar que el art. 178.I de la CPE, sostiene que: “La potestad de impartir justicia emana del pueblo boliviano y se sustenta en los principios de independencia, imparcialidad, seguridad jurídica, publicidad, probidad, celeridad, gratuidad, pluralismo jurídico, interculturalidad, equidad, servicio a la sociedad, participación ciudadana, armonía social y respeto a los derechos’; a su vez, el art. 180.I de la misma Norma Suprema, determina que: ‘La jurisdicción ordinaria se fundamenta en los principios procesales de gratuidad, publicidad, transparencia, oralidad, celeridad, probidad, honestidad, legalidad, eficacia, eficiencia, accesibilidad, inmediatez, verdad material, debido proceso e igualdad de las partes ante el juez’. Por su parte el art. 52.12 de Ley de Ejecución Penal y Supervisión (LEPS) -Ley 2298 de 20 de diciembre de 2001- señala: ‘(Funciones) el Director del establecimiento penitenciario tiene las siguientes funciones: (…) 12. Controlar el estricto cumplimiento de las órdenes de salidas y el retorno de los internos’. Asimismo, el art. 110 de la misma ley refiere: ‘(Salidas Judiciales).- El Director del establecimiento, garantizará que el interno comparezca puntualmente a todos los actos judiciales a los que sea citado, disponiendo las medidas de seguridad convenientes. A este efecto, el Juez competente notificará, con veinticuatro horas de anticipación, al Director del establecimiento el lugar, fecha y hora de realización del acto. La SCP 1349/2013 de 15 de agosto, señaló que las autoridades encargadas de centros penitenciarios, tienen la obligación ineludible de procurar con celeridad y diligencia la observancia de una decisión jurisdiccional; y en caso de duda o imposibilidad de cumplimento, no atribuible al privado de libertad, tienen el deber de procurar con celeridad y diligencia su acatamiento, en el marco de una interpretación favorable y extensiva del derecho a la libertad; postulado que tiene sustento jurídico-constitucional, en una pauta específica de interpretación de derechos fundamentales, como es el principio de favorabilidad. Conforme a lo anotado, las autoridades encargadas de los recintos penitenciarios deben dar cumplimiento y ejecutar decisiones judiciales que ordenen la detención domiciliaria, la libertad del privado de libertad, así como las salidas judiciales de traslado donde se tenga programado audiencias u otro actos procesales dentro del mismo proceso por el que guarda detención preventiva u otro proceso; debiendo realizar la verificación íntegra de las órdenes respectivas, de manera tal que en caso de existir imprecisiones, contradicciones u otros defectos formales está en el deber de realizar las gestiones necesarias de forma inmediata para aclararlas y disipar sus dudas con la finalidad de cumplir a cabalidad lo ordenado y de esa manera garantizar que se respeten los derechos fundamentales y garantías constitucionales del detenido…’”» (las negrillas nos corresponden).
De los antecedentes relevantes traídos en revisión, se advierte que el accionante se encuentra con detención preventiva en el Centro de Reinserción Social para Jóvenes Qalahuma de La Paz, por la presunta comisión del delito de violación de infante, niña, niño o adolescente. El 25 de enero de 2024 a las 10:00 horas, debió llevarse a cabo su tratamiento psicológico en el CEPROSI, ordenado por el Juez de Instrucción Anticorrupción y Contra la Violencia hacia la Mujer Cuarto de El Alto del departamento de La Paz; empero, según el informe escrito presentado el 26 del mismo mes y año, el Director hoy accionado, no pudo efectivizar su traslado por falta de custodio policial.
Conforme se tiene desarrollado en el Fundamento Jurídico III.2 del presente fallo constitucional, resulta aplicable en el presente caso; puesto que, conforme se advierte de los antecedentes, el Director hoy accionado incumplió la orden de salida judicial dispuesta por el Juez de la causa, al no efectivizar el traslado del accionante al CEPROSI, para realizar su tratamiento de terapia psicológica, programada para el 25 de enero de 2024, justificando esa omisión a la carencia de efectivos policiales. Desde esa fecha hasta la celebración de la audiencia de garantías -26 del mismo mes y año- el mismo no fue cumplido; y, conforme al Fundamento Jurídico III.1. de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, el Director ahora accionado, al haber asumido una conducta pasiva sin cumplir la orden de salida judicial, incurrió en dilación indebida. Por tal razón, la problemática jurídica planteada se encuentra dentro del ámbito de protección de la acción de libertad traslativa o de pronto despacho, y al estar acreditada la dilación en la que incurrió el Director accionado, vulneró el de principio de celeridad del accionante; por ello, corresponde conceder la tutela solicitada. Con relación a la vulneración al derecho a la vida, a más de su mención, no se advierte la manera en que este hubiese sido afectado; por lo que, no amerita su consideración. En consecuencia, la Jueza de garantías, al denegar la tutela solicitada obro de manera incorrecta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución 1/2024 de 26 de enero, cursante de fs. 18 a 19 vta., pronunciada por la Jueza de Partido Liquidador y de Sentencia Penal Cuarta de El Alto del departamento de La Paz; y, en consecuencia: 1° CONCEDER la tutela solicitada, conforme con los fundamentos jurídicos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional; y, a) Disponer que, en el plazo de veinticuatro horas computables a partir de la notificación con la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, cumpla con la orden de salida judicial, salvo que por el transcurrir del tiempo la misma ya se hubiese efectivizado; con la aclaración que no se dispone la libertad del accionante. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Fdo. Dra. Amalia Laura Villca
MAGISTRADA
Fdo. Ángel Edson Dávalos Rojas
MAGISTRADO
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_1509_2026-S1.pdf · páginas 1 a 5.
Huella digital del PDF (SHA-256): f25025f3d3ef172b575bd0a3e4ed180f1519271577c25531a5c424dbfc3c8692
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