Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Primera Especializada · 3 de agosto de 2026
Concede la tutela
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional, en revisión, resuelve CONFIRMAR en parte, la Resolución 30/2023 de 12 de diciembre, cursante de fs. 9 a 10, pronunciada por el Juez de Sentencia Penal Segundo de la Capital del departamento de La Paz; y, 1º CONCEDER la tutela solicitada, respecto al Secretario y a la Auxiliar ambos de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, en los mismos términos dispuestos por el Juez de garantías, conforme con los fundamentos jurídicos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional; y, a) Se aclara que no corresponde asumir determinación alguna con relación a la Auxiliar Dactilógrafa de la indicada Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, por cuanto la nombrada no fue accionada dentro de la presente acción de libertad, conforme con los fundamentos jurídicos expuestos en este fallo constitucional.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1497/2026-S1 Sucre, 3 de agosto de 2026 SALA PRIMERA ESPECIALIZADA Magistrada Relatora: Dra. Amalia Laura Villca Acción de libertad Expediente: 61763-2024-124-AL Departamento: La Paz En revisión la Resolución 30/2023 de 12 de diciembre, cursante de fs. 9 a 10 pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Mónica Claudia Irusta Flores en representación sin mandato de Rudy Abel Laura Coronado contra Yuri Jesús Gómez Pérez, Secretario y Rosa Ángela Humérez Chachaqui, Auxiliar, ambos de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz.
Por memorial presentado el 11 de diciembre de 2023, cursante de fs. 3 a 5, el accionante a través de su representante sin mandato, denunció la vulneración de su derecho a la libertad; alegando que, dentro del proceso penal instaurado por el Ministerio Público en su contra, por la presunta comisión del delito de violación, por Auto de Vista 1001/2023 de 7 de diciembre, se revocó la medida cautelar de detención preventiva e impuso medidas menos gravosas; empero, los funcionarios demandados, no remitieron el legajo de apelación al Juzgado de origen, existiendo una dilación de cinco días. Solicita se conceda la tutela, y en consecuencia, se disponga: solicitó se conceda la tutela solicitada. Yuri Jesús Gómez Pérez, Secretario de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, no asistió a la audiencia de consideración de la acción de amparo constitucional, ni remitió informe alguno, pese a su citación cursante a fs. 16. Rosa Ángela Humérez Chachaqui, Auxiliar de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, mediante informe presentado el 12 de diciembre de 2023, cursante de fs. 14 y vta., manifestó que: la Auxiliar Dactilógrafa, encargada de la transcripción del Auto de Vista alega que no efectuó dicha tarea a la fecha -se entiende de interposición de esta acción de libertad-; por lo que, se vio impedida de proceder con la devolución del legajo del recurso de apelación. El Juez de Sentencia Penal Segundo de la Capital del departamento de La Paz, constituido en Juez de garantías, mediante la Resolución 30/2023 de 12 de diciembre, cursante de fs. 9 a 10, concedió la tutela solicitada, respecto de los funcionarios de apoyo jurisdiccional accionados y “asimismo procede la presente acción en contra de la Auxiliar Dactilógrafa que no está cumpliendo sus obligaciones porque el cargo de Auxiliar Dactilógrafa es poner al día todas las actas transcritas de esa Sala” (sic) de fs. 10, y conminó que en el plazo de veinticuatro horas se remita el Acta y la Resolución al Juzgado de origen. En consecuencia, corresponde en revisión, determinar si tales argumentos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
En el marco del Plan Piloto de Descongestionamiento Procesal, este Tribunal Constitucional Plurinacional en reunión de Sala Plena de 14 de enero de 2026, estableció el uso del Formato Corto de Resolución, para todas las causas comprendidas en el citado Plan Piloto. Determinación ratificada posteriormente mediante Acuerdo Jurisdiccional de Sala Plena, TCP-SP 010/2026 de 17 de junio. Por lo que, el formato del presente fallo, se ajusta a lo precedentemente determinado.
La SCP 0385/2025-S1 de 2 de mayo, citando a su vez a la SC 0465/2010-R de 5 de julio, señala que: «Para la concreción del valor libertad, el principio celeridad y el respeto a los derechos, se ha previsto una acción de defensa específica que coadyuve para que los mismos no se vean afectados por actos lesivos y en caso de que así fuera, se puedan restituir a su estado natural, en especial tratándose de derechos fundamentales. En ese sentido, (…) este Tribunal Constitucional, agregó a la tipología del hábeas corpus desarrollada por la jurisprudencia, al hábeas corpus traslativo o de pronto despacho, el cual se constituye en el mecanismo procesal idóneo para operar en caso de existir vulneración a la celeridad cuando esté relacionada a la libertad y devenga de dilaciones indebidas, que retardan o evitan resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad.
...en cuanto al plazo en el cual el Tribunal de apelación debe devolver los antecedentes al Juzgado de origen una vez resuelto el recurso de apelación incidental establece que: “…respecto a la falta de remisión del expediente principal por el Tribunal de apelación hacia el juzgado de origen, habiéndose llevado acabo la audiencia de apelación, existiendo una Resolución y un acta, no se justifica que a más de un mes el Tribunal ad quem, no haya devuelto dicho expediente, y tal como referimos que el art. 251, modificado e incorporado por la Disposición final segunda de la LSNSC, señala que una vez remitido el expediente ante el Tribunal de apelación, éste ‘resolverá, sin más trámite y en audiencia, dentro de los tres días siguientes de recibidas las actuaciones, sin recurso ulterior’, debiendo incluirse dicho entendimiento bajo los argumentos expuestos del principio de celeridad, debido proceso y prohibición de dilación en el proceso, indicando que una vez el Tribunal de apelación dentro del plazo de tres días de recibidas las actuaciones, resuelva la apelación; deberá remitir el expediente, el acta y la Resolución correspondiente al Juzgado o Tribunal de origen dentro del plazo máximo de 24 horas”» (las negrillas nos pertenecen).
De los antecedentes, se tiene que el accionante denunció que, dentro del proceso penal instaurado en su contra, por Auto de Vista 1001/2023 de 7 de diciembre, se revocó la imposición de la medida cautelar de detención preventiva y otorgó medidas menos gravosas, como la detención domiciliaria, entre otras; empero, transcurriendo cinco días desde dicha determinación, el Secretario y la Auxiliar, ambos de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, no remitieron al Juzgado de origen el legajo de apelación, impidiéndole beneficiarse de la detención domiciliaria dispuesta en su favor por el Tribunal de alzada. En ese contexto, en el marco de lo establecido el Fundamento Jurídico III.1. del presente fallo constitucional, una vez resuelta la apelación, debieron remitirse los actuados al Juzgado de origen dentro de las veinticuatro horas siguientes, en observancia del principio de celeridad y a fin de evitar dilaciones indebidas; sin embargo, se evidencia que los funcionarios de apoyo jurisdiccional hoy accionados desde el 7 de diciembre de 2023, -fecha en la que se emitió el Auto de Vista 1001/2023-, hasta la interposición de la presente acción tutelar, el 11 del mismo mes y año; no remitieron el legajo de apelación incidental al Juzgado de origen, extremo corroborado por el informe de Rosa Ángela Humérez Chachaqui, Auxiliar de su despacho de fs. 14; por lo que, la dilación indebida en la que incurrieron es evidente; correspondiendo, en consecuencia, conceder la tutela solicitada, sin que constituya un justificativo válido y eximente de responsabilidad la afirmación contenida en el informe escrito presentado por la citada Auxiliar, en relación a que la falta de transcripción del indicado Auto de Vista que estaba a cargo de la Auxiliar Dactilógrafa -Beatriz María Condori-, impidió la devolución del legajo de apelación incidental; por cuanto, en el marco de sus funciones, les correspondía materializar la remisión de los antecedentes del tribunal de alzada al Juzgado de origen.
Finalmente, destaca que, si bien el Juez de garantías concedió de forma correcta la tutela solicitada, interpuesta contra el Secretario y la Auxiliar de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz; de forma incomprensible, la otorgó también “…en contra de la Auxiliar Dactilógrafa…” (sic), funcionaria que no fue accionada dentro de esta acción de libertad; y, por ende, no fue citada ni ejerció su derecho a la defensa, por lo que no correspondía emitir pronunciamiento alguno respecto de la misma. En consecuencia, el Juez de garantías, al conceder la tutela solicitada, obró de manera parcialmente correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional, en revisión, resuelve CONFIRMAR en parte, la Resolución 30/2023 de 12 de diciembre, cursante de fs. 9 a 10, pronunciada por el Juez de Sentencia Penal Segundo de la Capital del departamento de La Paz; y, 1º CONCEDER la tutela solicitada, respecto al Secretario y a la Auxiliar ambos de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, en los mismos términos dispuestos por el Juez de garantías, conforme con los fundamentos jurídicos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional; y, a) Se aclara que no corresponde asumir determinación alguna con relación a la Auxiliar Dactilógrafa de la indicada Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, por cuanto la nombrada no fue accionada dentro de la presente acción de libertad, conforme con los fundamentos jurídicos expuestos en este fallo constitucional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Fdo. Dra. Amalia Laura Villca
MAGISTRADA
Fdo. Ángel Edson Dávalos Rojas MAGISTRADO
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_1497_2026-S1.pdf · páginas 1 a 5.
Huella digital del PDF (SHA-256): 66c3fb6063b7ad7509effb211a694699d3adaef56b22b376439a36a495e0a868
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