B.IA.LEGAL

SCP 1490/2025-S3

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Tercera · 20 de noviembre de 2025

Concede la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Tercera
Fecha
20 de noviembre de 2025
Acción
Acción de libertad
Magistrado relator
Ángel Edson Dávalos Rojas
Expediente
56225-2023-113-AL
Departamento
Santa Cruz
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de libertad — traslativa / pronto despacho

Qué se discutió

La accionante, a través de su representante, denuncia la lesión de sus derechos al debido proceso, igualdad de las partes y a una justicia pronta, oportuna y sin dilaciones; y, los principios de seguridad jurídica y celeridad; toda vez que, dentro del proceso penal en el que es víctima de abuso sexual, el Ministerio Público presentó acusación formal el 27 de marzo de 2023, sin que hasta la fecha de interposición de la presente demanda tutelar la autoridad demandada haya impulsado el sorteo ni la remisión de antecedentes ante el juzgado de sentencia penal correspondiente; incurriendo en una dilación indebida de casi dieciocho días, inobservando el art. 325.I del CPP; por lo que, considera que se encuentra sometida a un indebido procedimiento por retardación de justicia. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución 08/2023 de 14 de abril, cursante de fs. 27 a 29 vta., pronunciada por el Juez de Sentencia Penal, Anticorrupción y Violencia contra la Mujer Noveno de la Capital del departamento de Santa Cruz; y en consecuencia: 1° CONCEDER la tutela impetrada, conforme a los fundamentos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. 2º Disponer lo siguiente:

a) Que, la Jueza de Instrucción Penal Decimocuarta de la Capital del departamento de Santa Cruz, impulse el sorteo y remita la causa de la accionante ante el juzgado de sentencia penal de turno, dentro de las veinticuatro horas de notificada con la presente Sentencia Constitucional Plurinacional; siempre y cuando, por el transcurso del tiempo no lo haya efectuado. b) Que, María Alejandra Menacho Melgar, Jueza de Instrucción Penal Decimocuarta de la Capital del departamento de Santa Cruz, en casos donde se dilucide la perpetración de violencia sexual contra niñas, niños y adolescentes; tiene la obligación nacional e internaciónal de asumir la debida diligencia reforzada a su favor, aplicando todas las herramientas y mecanismos que la componen, conforme a lo establecido en el Fundamento Jurídico III.2 de esta Sentencia Constitucional Plurinacional y sobre la base de los entendimientos establecidos en el Fundamento Jurídico III.3 de la SCP 0351/2025-S3 de 15 de mayo; de lo contrario, podría generar responsabilidad para el Estado boliviano, al generar revictimización y/o violencia institucional contra este sector poblacional; y c) Que, Juan Coronado Camacho, Juez de Sentencia Penal, Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Noveno de la Capital del departamento de Santa Cruz, constituido en Juez de garantías, asuma los estándares nacionales e internacionales de la debida diligencia reforzada a favor de las niñas, niños y adolescentes víctimas de violencia sexual, a efectos que en casos, donde se diluciden sus derechos, adopte de forma responsable, las herramientas necesarias para su protección reforzada; con la correspondiente llamada de atención.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. La presunción de veracidad de los hechos y actos denunciados por la parte accionante
  2. III.2. Sobre el estándar nacional e internacional de la debida diligencia reforzada en casos relacionados con niñas, niños y adolescentes
  3. III.3. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1490/2025-S3 Sucre, 20 de noviembre de 2025 SALA TERCERA Magistrado Relator: Ángel Edson Dávalos Rojas Acción de libertad Expediente: 56225-2023-113-AL Departamento: Santa Cruz En revisión la Resolución 08/2023 de 14 de abril, cursante de fs. 27 a 29 vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Daniela Espinoza en representación sin mandato de AA contra María Alejandra Menacho Melgar, Jueza de Instrucción Penal Decimocuarta de la Capital del departamento de Santa Cruz.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memorial presentado el 13 de abril de 2023, cursante de fs. 6 a 8 vta., el accionante a través de su representante expresó lo siguiente:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Dentro del proceso penal seguido contra Jorge David Canido Fernández, por la presunta comisión del delito de abuso sexual, una vez presentado el Requerimiento Conclusivo el 29 de marzo de 2023, hasta la fecha de interposición de esta acción de libertad, la autoridad judicial demandada, no impulsó el sorteo ni la remisión del expediente al Juez de Sentencia penal correspondiente, inobservando el art. 325.I del Código de Procedimiento Penal (CPP), que establece que previo sorteo de la causa, dentro de las veinticuatro horas siguientes, deben remitirse los actuados ante el juez o tribunal de sentencia; por lo que, al no obrar conforme a ley y sin tomar en cuenta su condición de niña víctima de violencia sexual, vulneró su derecho al debido proceso en su componente de celeridad; razón por la cual, acude a la acción de libertad por su carácter informal y porque protege el derecho a la vida en su componente de integridad física; siendo que en su caso, la solicitud de tutela abarca también al resguardo de su integridad psicológica y sexual, ya que la Jueza demandada dilató injustificadamente su proceso vulnerando su derecho a una justicia pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones.

I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados

Denunció la lesión de sus derechos al debido proceso, igualdad de las partes, seguridad jurídica y a una justicia pronta, oportuna y sin dilaciones; citando al efecto el art. 115.II de la Constitución Política del Estado (CPE).

I.1.3. Petitorio

Solicitó se conceda la tutela; y en consecuencia, se disponga: a) Que, la autoridad judicial demandada cumpla con lo previsto en el art. 325.I del CPP; y b) Se remitan antecedentes al Consejo de la Magistratura y al Ministerio Público por retardación de justicia conforme lo establecido por el art. 177 del Código Penal (CP), modificado por la Ley 1390 de 27 de agosto de 2021 -Ley de Fortalecimiento para la Lucha contra la Corrupción-.

I.2. Audiencia y Resolución de la Jueza de garantías

Celebrada la audiencia pública el 14 de abril de 2023, según consta en el acta cursante a fs. 24 y vta., se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

La accionante a través de su madre, en audiencia ratificó de manera íntegra el contenido de su acción de libertad y ampliando señaló que: Trascurridos “dieciocho días” desde que el Ministerio Público presentó acusación formal, la autoridad judicial demandada no impulsó el sorteo ni remitió antecedentes al juzgado de sentencia correspondiente, lesionando de esta forma, el principio de celeridad.

I.2.2. Informe del demandado

María Alejandra Menacho Melgar, Jueza de Instrucción Penal Decimocuarta de la Capital del departamento de Santa Cruz, no presentó informe escrito alguno ni asistió a la audiencia de garantías, pese a su legal notificación cursante de fs. 14 a 20.

I.2.3. Resolución

El Juez de Sentencia Penal, Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Noveno de la Capital del departamento de Santa Cruz, constituido en Juez de garantías, mediante Resolución 08/2023 de 14 de abril, cursante de fs. 27 a 29 vta., denegó la tutela solicitada, en cumplimiento del carácter vinculante y obligatorio de la jurisprudencia constitucional sustentado en los arts. 203 de la CPE y 8 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional (LTCP) -Ley 027 de 6 de julio de 2010-. Decisión asumida con base en los siguientes fundamentos: 1) Para tutelar la vulneración del derecho al debido proceso a través de la acción de libertad, la parte accionante no demostró los dos presupuestos; por una parte, que el acto tenga relación directa con el derecho a la libertad; y por otra que, exista una indefensión total; en consecuencia, al no haber reiterado la solicitud ante la autoridad demandada sobre la remisión de la acusación formal al juez de sentencia penal de turno, no observó el segundo requisito, es decir, no demostró que exista total indefensión, procesamiento o persecución indebida; 2) Las supuestas actuaciones arbitrarias de la autoridad demandada no vulneraron el derecho a la libertad de la parte accionante, porque no está privada de libertad, tampoco se encuentra limitado, restringido o suprimido por un acto procesal indebido; y, 3) Por lo expuesto corresponde denegar la tutela impetrada, en razón al principio de subsidiariedad. En etapa de enmienda, complementación y ampliación, la parte accionante solicitó que se tenga en cuenta que, planteó esta acción de libertad para acelerar el procedimiento; incluso se adjunta a obrados, la constancia de los pagos realizados a la Oficial de Diligencias del Juzgado de Instrucción Penal Decimocuarto de la Capital del departamento de Santa Cruz, para que se realicen las diligencias correspondientes; empero ni mercantilizando la justicia, la autoridad judicial demandada ni su personal, impulsó la remisión de los actuados ante el juez de sentencia correspondiente; por lo que, solicita que el Juez de garantías aclare, si la dilación de dieciocho días no constituye un acto dilatorio que afecta el principio de celeridad, y por ende, el debido proceso, siendo que la acción de libertad traslativa o de pronto despacho se constituye en la herramienta constitucional para solicitar la celeridad de un procedimiento. Por Auto de Enmienda, Complementación y ampliación de 14 de abril, el Juez de garantías, rechazó la solicitud realizada por la parte accionante, aclarando que: i) La presente acción de libertad fue denegada por la falta de concurrencia de los presupuestos para poder tutelar el debido proceso a través de esta acción de defensa; es decir, debió acreditar una total indefensión y que el acto supuestamente ilegal esté vinculado con su libertad; en el presente caso, no existe indefensión, tampoco su derecho a la libertad está lesionado, porque la accionante no está privada de libertad; y, ii) La acción de libertad de pronto despacho procede cuando no se señala audiencia ni “cesación de la detención preventiva, cuando no se remita la apelación de cesación de la detención preventiva” (sic); este asunto no se encuentra enmarcado en ninguno de estos presupuestos; siendo que, corresponde que la parte accionante acuda a los mecanismos intraprocesales para poder recurrir.

II. CONCLUSIONES

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente:

II.1. La accionante en su demanda tutelar, alega ser una niña víctima de violencia sexual -abuso sexual- y denuncia que dentro del proceso penal iniciado contra su agresor, el Ministerio Público presentó requerimiento conclusivo de acusación formal el 27 de marzo de 2023; sin embargo, María Alejandra Menacho Melgar, Jueza de Instrucción Penal Decimocuarta de la Capital del departamento de Santa Cruz -ahora demandada- hasta la fecha de presentación de esta acción de libertad no impulsó el sorteo ni remitió los antecedentes ante el tribunal de sentencia correspondiente, incurriendo en una dilación indebida de casi dieciocho días (fs. 7 a 8 vta. y 24). II.2. De obrados se constata que la autoridad demandada no presentó informe escrito ni asistió a la audiencia de consideración de la presente demanda tutelar a efectos de desvirtuar lo alegado por la parte accionante, pese a su legal notificación cursante de (fs. 14 a 20).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

La accionante, a través de su representante, denuncia la lesión de sus derechos al debido proceso, igualdad de las partes y a una justicia pronta, oportuna y sin dilaciones; y, los principios de seguridad jurídica y celeridad; toda vez que, dentro del proceso penal en el que es víctima de abuso sexual, el Ministerio Público presentó acusación formal el 27 de marzo de 2023, sin que hasta la fecha de interposición de la presente demanda tutelar la autoridad demandada haya impulsado el sorteo ni la remisión de antecedentes ante el juzgado de sentencia penal correspondiente; incurriendo en una dilación indebida de casi dieciocho días, inobservando el art. 325.I del CPP; por lo que, considera que se encuentra sometida a un indebido procedimiento por retardación de justicia. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

III.1. La presunción de veracidad de los hechos y actos denunciados por la parte accionante

La SCP 0259/2018-S2 de 18 de junio, en su Fundamento Jurídico III.3, realizó la siguiente sistematización sobre la veracidad de los hechos y actos denunciados por el accionante, manifestando:

La jurisprudencia constitucional entendió inicialmente a través de las SSCC 1068/00-R de 15 de noviembre de 2000 y 1388/2002-R de 18 de noviembre, entre otras, que para la concesión del entonces recurso de hábeas corpus -ahora acción de libertad-, debería existir prueba que demostrara las afirmaciones del accionante. Posteriormente, a través de las SSCC 1164/2003-R de 19 de agosto y 0785/2010-R de 2 de agosto, se determinaron excepciones a la denegatoria de la acción de libertad por falta de pruebas, aplicando el principio de presunción de veracidad, en los siguientes supuestos: a) Cuando las autoridades demandadas no asistieron a la audiencia ni presentaron el informe correspondiente para desvirtuar las afirmaciones de la o el impetrante de tutela, supuestos en los cuales, se tienen por ciertas las afirmaciones contenidas en la demanda tutelar; y por ende, se concede la tutela; razonamiento aplicado por las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0224/2012, 1329/2012, 2498/2012 y 0029/2014-S1, entre otras; y, b) Cuando las autoridades demandadas, a pesar de comparecer, no negaron los hechos alegados por la o el solicitante de tutela; razonamiento aplicado en las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 1974/2013, 0100/2014 y 0207/2014, entre otras (las negrillas son incorporadas). En el mismo sentido, la SC 0038/2011-R de 7 de febrero, refiere sobre la presunción de veracidad de los hechos demandados por el accionante; estableciendo que, atendiendo a los principios constitucionales de compromiso e interés social, de responsabilidad que rigen la función pública y a la naturaleza de los derechos tutelados por la acción de libertad, señala: “…cuando el sujeto pasivo es un funcionario público, éste tiene la obligación de presentar informe escrito o en su defecto concurrir a la audiencia a fin de desvirtuar los hechos o actos denunciados como lesivos a los derechos del accionante, pues de no hacerlo se presume la veracidad de los mismos”. Entendimiento que fue reiterado, entre otras, por las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0320/2016-S3 de 3 de marzo y 0037/2018-S2 de 6 de marzo (el resaltado es agregado). En consecuencia, la parte demandada tiene la obligación, por su propio interés, de presentar la prueba necesaria y suficiente que permita desestimar una acción presentada en su contra, pues su negligencia puede dar lugar a determinarle responsabilidad, más aún, cuando se trata de un servidor público, que tiene el deber de elevar un informe con la prueba suficiente ante el juez o tribunal de garantías y estar presente en la audiencia; pues de lo contrario, se presume la veracidad de los hechos o actos denunciados por la o el accionante.

1El FJ III.3, sostiene: “Según señala la doctrina del Derecho Administrativo, el servidor público ʽ…es la persona física, que desempeña un trabajo material, intelectual o físico dentro de alguno de los Poderes del Estado, bajo un régimen jurídico de derecho público, y que lleva como finalidad atender a necesidades sociales.´ (SÁNCHEZ GÓMEZ, citado en PÉREZ FERNÁNDEZ DEL CASTILLO, Bernardo. Ética del abogado y del servidor público. 12ª ed. Méjico, 2006. p. 127). Tradicionalmente, para garantizar el logro de los fines del Estado, la función pública ha implicado una posición de autoridad respecto a los administrados; sin embargo, conforme a la doctrina contemporánea del Derecho Administrativo, dicha autoridad no es un fin en sí misma, sino un medio para un efectivo servicio a la sociedad.

Con esa orientación, el art. 232 de la CPE, establece que: ʽLa Administración Pública se rige por los principios de legitimidad, legalidad, imparcialidad, publicidad, compromiso e interés social, ética, transparencia, igualdad, competencia, eficiencia, calidad, calidez, honestidad, responsabilidad y resultados´ (negrillas agregadas) y el art. 235.1 de la misma Ley Fundamental, consagra que la primera y más importante obligación de las servidoras y servidores públicos, es cumplir la Constitución y las leyes.

Partiendo del marco doctrinal y constitucional referido, se debe señalar que en el caso de la acción de libertad, atendiendo especialmente a los principios de compromiso e interés social y de responsabilidad que rigen la función pública, así como a la naturaleza de los derechos tutelados por esa garantía jurisdiccional, cuando el sujeto pasivo es un funcionario público, éste tiene la obligación de presentar informe escrito o en su defecto concurrir a la audiencia a fin de desvirtuar los hechos o actos denunciados como lesivos a los derechos del accionante, pues de no hacerlo se presume la veracidad de los mismos.

En ese sentido, la SC 1164/2003-R de 19 de agosto de 2003 señaló: ʽLos hechos denunciados por el recurrente no han sido desvirtuados por la autoridad demandada al no haber concurrido a la audiencia de Ley ni haber presentado su informe no obstante de su legal citación (…) lo que determina la procedencia del recurso´ y la SC 0650/2004-R de 4 de mayo, determinó: `…el funcionario recurrido, una vez citado legalmente con el recurso no comparece a la audiencia del hábeas corpus y no presenta informe alguno, por lo mismo, no niega ni desvirtúa las denuncias formuladas por el recurrente; en ese caso, el silencio del recurrido será considerado como confesión de haber cometido el hecho ilegal o indebido denunciado en el recurso´; entendimientos reiterados, entre otras, por las SSCC 0141/2006-R, 020/2010-R y 0181/2010-R.

Así, siguiendo esa línea la SC 0785/2010-R de 2 de agosto, refirió: ʽ…se tendrán por probados los extremos denunciados cuando las autoridades denunciadas, no desvirtúen los hechos demandados, situación que concurre cuando no obstante su legal notificación no comparecen a la audiencia ni presten su informe de ley´”.

III.2. Sobre el estándar nacional e internacional de la debida diligencia reforzada en casos relacionados con niñas, niños y adolescentes

La SCP 0351/2025-S3 de 15 de mayo, en su Fundamento Jurídico III.3, realizó una sistematización integral de los estándares nacionales e internacionales relacionados con la debida diligencia reforzada y la protección especial de los derechos de las niñas, niños y adolescentes; siendo que, en su Fundamento Jurídico III.3.3, este Tribunal se vinculó a los mismos, estableciendo sus componentes y elementos que configuran la debida diligencia reforzada, sobre la base del interés superior y la obligación internacional asumida por el Estado boliviano de proteger con carácter prioritario los derechos de las niñas, niños y adolescentes víctimas de violencia sexual; en ese sentido, con relación a la tutela judicial efectiva y a la celeridad que deben imprimir las autoridades judiciales en las tramitaciones donde de por medio se encuentren dilucidándose derechos de este sector poblacional, víctima de violencia sexual; señaló lo siguiente:

La aplicación de la debida diligencia reforzada en casos de violencia o violación sexual, se sustenta, en: i.a) Los principios de interés superior de las niñas, niños y adolescentes; prioridad absoluta; corresponsabilidad; ejercicio progresivo de sus derechos; especialidad; no discriminación, respeto al derecho a la vida, la supervivencia y el desarrollo; y, de respeto a la opinión y a su derecho a ser oído; i.b) Los derechos a su desarrollo integral, a su integridad personal, que comprende la integridad física, psicológica y sexual y el respeto a su vida y dignidad; i.c) La protección especial y reforzada contra cualquier forma de violencia; i.d) La adopción de un enfoque interseccional que tenga en cuenta su condición de género, edad y la situación de vulnerabilidad a la violencia que pueda sufrir este sector poblacional, en razón a su minoridad de edad -perspectiva de género y niñez-; i.e) La aplicación de componentes diferenciados, asumiendo que no se encuentran en las mismas condiciones que un adulto, tomando en cuenta sus capacidades en evolución, su edad, el grado de madurez y el nivel de compresión, sin discriminación alguna; i.f) La sensibilidad por la experiencia sumamente traumática que conlleva un acto de violencia o violación sexual, que se agrava severamente en las niñas, niños y adolescentes, ocasionando un trauma emocional diferenciado de los adultos; más cuando, se genera dentro del entorno familiar; i.g) La aplicación de un criterio reforzado de celeridad en las tramitaciones administrativas y judiciales; i.h) La atención prioritaria e inmediata a niñas, niños y adolescentes víctimas de violencia sexual, en todos los niveles estatales tanto administrativos como judiciales; i.i) En dotar de efectividad a los derechos de niñas, niños y adolescentes cuando son víctimas de estos delitos de violencia o violación sexual, garantizando el ejercicio pleno de sus derechos; i.j) En evitar la revictimización o reexperimentación en todas las esferas de la familia, la sociedad y el Estado, sobre la profunda experiencia traumática de la víctima por su situación agravada de vulnerabilidad; y, i.k) En evitar la violencia institucional. La debida diligencia reforzada, contiene los siguientes elementos: (…)

ii.1) El acceso a una administración de justicia gratuita, material, directa, pronta, oportuna, efectiva, sin dilaciones, flexible y con asistencia de personal especializado; donde no se exija el cumplimiento de requisitos formales o materiales que limiten el restablecimiento de los derechos de las niñas, niños y adolescentes víctimas de violencia y violación sexual; y más bien, se apliquen criterios diferenciados que aseguren el ejercicio de sus derechos; (…) ii.3) Los jueces, Ministerio Público y Policía Nacional y las Defensorías de la Niñez y Adolescencia, en materia penal, de niñez y adolescencia así como de violencia contra la mujer, que conozcan e investiguen delitos contra la libertad sexual, cometidos contra niñas, niños y adolescentes, tienen la obligación de priorizarlos y agilizarlos mediante procedimientos accesibles, con las debidas garantías, oportunos, efectivos y especializados, sin dilaciones, desde la etapa investigativa hasta su conclusión, bajo responsabilidad, incluso de alcance internacional; tomando en cuenta, el deber de desformalización para flexibilizar los procedimientos, evitando toda ritualidad o formalidades en el acceso a la justicia; (…) ii.5) Todos los casos relacionados con violencia o violación sexual contra niñas, niños y adolescentes, deben ser analizados desde un enfoque diferenciado e interseccional tomando en cuenta su condición de género y niñez -edad-, discapacidad, condición económica -según el caso-, asumiendo la situación de doble vulnerabilidad a la violencia que pueda sufrir este sector poblacional, en razón a ser una persona menor de 18 años, no solo frente a su perpetrador, sino, ante todo un proceso judicial; a efectos de aplicar la protección especial y reforzada; ii.6) Las jurisdicciones ordinaria y constitucional, tienen la obligación de adoptar procedimientos adaptados a las niñas, niños y adolescentes, pues al tiempo de observarse la garantía del debido proceso, deben aplicarse componentes diferenciados, tomando en cuenta que su participación dentro del proceso no se da en las mismas condiciones que un adulto; que implique un acceso a la justicia accesible y apropiado a cada uno de ellos, por su edad, grado de madurez y nivel de comprensión, capacidades en evolución y sin discriminación de ninguna índole, prevaleciendo el interés superior de este sector poblacional; (…) ii.11) Es exigible la aplicación de un criterio reforzado de celeridad, dentro de los procesos que diluciden un caso de violencia o violación sexual a una niña, niño o adolescente; y, de atención prioritaria y absoluta en la tramitación de los casos. (…) ii.15) Ninguna de las instancias estatales administrativas ni judiciales deben cometer actos revictimizantes; de lo contrario, se convertiría en un segundo agresor, generando violencia institucional, que implica en un trato, cruel, inhumano, degradante y de revictimización contra las niñas, niños y adolescentes víctimas de violencia o violación sexual; lo cual, genera responsabilidad internacional. De donde se entiende que, la debida diligencia reforzada es un deber compartido entre todos los organismos internacionales de protección de los derechos de las niñas, niños y adolescentes y todas las autoridades, profesionales y funcionarios públicos que forman parte de las instituciones administrativas y judiciales del Estado Plurinacional de Bolivia, a efectos de adoptar medidas razonables, necesarias e indispensables para prevenir, investigar, sancionar y reparar actos de violencia sexual perpetrada contra este sector vulnerable de la población; lo cual, engloba varios presupuestos que fueron sistematizados en la referida SCP 0351/2025-S3; siendo el acceso a la justicia pronta, oportuna y sin dilaciones; así como la aplicación de un criterio reforzado de celeridad en las tramitaciones administrativas y judiciales, medidas de carácter obligatorio que deben ser asumidas por las autoridades administrativas, judiciales y por las que conforman la propia jurisdicción constitucional.

En ese entendido, la materialización del acceso a la justicia ordinaria y constitucional de forma pronta, oportuna, sin restricciones y dilaciones; y, de la celeridad reforzada en las tramitaciones administrativas y judiciales, como componentes de la debida diligencia reforzada aplicada a favor de las niñas, niños y adolescentes, se sustentan en los principios de: interés superior, prioridad absoluta, corresponsabilidad, especialidad y respeto a su derecho a la vida en su componente de integridad personal -entre otros-; lo cual implica; una protección especial y reforzada contra cualquier forma de violencia, la adopción de un enfoque interseccional y la perspectiva de género y niñez, tomando en cuenta su situación de vulnerabilidad a la violencia en razón a su minoridad, la aplicación de medidas diferenciadas, asumiendo que estas víctimas no se encuentran en las mismas condiciones que un adulto, la atención prioritaria e inmediata en todos los niveles estatales tanto administrativos como judiciales, la garantía de la eficacia y el ejercicio pleno de sus derechos, evitando tanto la revictimización como la violencia institucional -entre otras implicancias. Ahora bien, debe tomarse en cuenta que las autoridades judiciales tanto de la jurisdicción ordinaria como de la constitucional, tienen la obligación nacional e internacional de garantizar a las niñas, niños y adolescentes, la materialización de su derecho a la tutela judicial efectiva, a partir del acceso a una administración de justicia pronta, oportuna, efectiva, sin dilaciones, directa e incluso flexible y con la asistencia de personal especializado; lo cual implica, que no debe exigirse a este sector el cumplimiento de requisitos formales o materiales innecesarios, que limiten el restablecimiento de sus derechos; siendo que más bien, se tiene la responsabilidad de aplicar criterios diferenciados a su favor; es decir, el deber de la desformalización para la flexibilización de procedimientos, evitando toda ritualidad o formalidades que impidan el acceso a la justicia de este sector poblacional. Por otra parte, en cuanto a la aplicación de un criterio reforzado de celeridad en las tramitaciones administrativas y judiciales y/o procesos que diluciden un caso de violencia o violación sexual de niñas, niños y adolescentes; las autoridades administrativas, judiciales y el Ministerio Público, tienen la obligación de priorizar y agilizar procesos y procedimientos sin dilación alguna desde la etapa investigativa hasta su conclusión, bajo responsabilidad, incluso de alcance internacional; toda vez que, se encuentran frente a un sector de la población muy vulnerable que requiere de atención prioritaria y absoluta en la tramitación de sus casos; pues no solo se enfrenta ante su perpetrador sino ante todo un proceso judicial, y de lo que se trata es que, después de haber sufrido este tipo de violencia, el Estado le otorgue las garantías necesarias para lograr la tutela judicial efectiva de sus derechos; por ello, están obligados a imprimir celeridad reforzada en el conocimiento y resolución de sus causas, aplicando la protección especial y reforzada dentro de un debido procedimiento, asumiendo empatía y sensibilidad por su minoridad, tomando en cuenta que, su participación dentro del mismo, no se da en las mismas condiciones que un adulto. Finalmente, en caso de no cumplirse con los presupuestos de la debida diligencia reforzada y protección especial a favor de las niñas, niños y adolescentes, se estaría incurriendo en su revictimización, incluso de acuerdo al grado de lesión de sus derechos y omisión de los componentes de la misma, en violencia institucional; lo cual, genera responsabilidad internacional.

III.3. Análisis del caso concreto

III.3.1. Análisis de los problemas jurídicos de carácter procesal

Antes de ingresar a dilucidar el fondo de la problemática planteada, es preciso desvirtuar problemas jurídicos de carácter procesal, relacionados con: a) La presunción de veracidad de los hechos y actos denunciados por el accionante; y, b) Sobre la subsidiariedad excepcional alegada por el Juez de garantías. a) Sobre la presunción de veracidad de los hechos y actos denunciados por el accionante

Conforme lo desarrollado en el Fundamento Jurídico III.1 de esta Sentencia Constitucional Plurinacional, por el carácter informal que caracteriza a la acción de libertad, no se puede denegar la tutela impetrada por falta de pruebas, en todo caso, debe aplicarse el principio de presunción de veracidad; es decir que, cuando las autoridades demandadas no asisten a la audiencia ni presentan el informe correspondiente para desvirtuar las afirmaciones de la o el impetrante de tutela, se constituyen en supuestos, en los cuales, se tienen por ciertas las afirmaciones contenidas en la demanda tutelar; y por ende, se concede la tutela; lo cual acontece en el caso de autos, pues la autoridad demandada a pesar de su legal notificación con esta acción tutelar, cursante de fs. 14 a 20, no presentó informe escrito ni se apersonó a la audiencia de consideración de esta acción tutelar a efectos de asumir defensa; en consecuencia, inobservó los principios de compromiso, interés social y responsabilidad que rigen la función pública, pues la Jueza demandada tenía la obligación de apersonarse por escrito o a la audiencia de garantías para desvirtuar o aclarar los hechos o actos denunciados como lesivos a los derechos de la accionante, por su propio interés, presentado la prueba necesaria y suficiente para desestimar esta acción; empero, al no haber actuado responsablemente, más cuando de por medio se encuentran dilucidándose derechos de una niña víctima de violencia sexual, se presume la veracidad de los hechos denunciados en esta acción de tutela; por lo que, corresponde analizar el fondo de la problemática planteada por la parte accionante.

b) Sobre la subsidiariedad excepcional y la supuesta ausencia de los presupuestos para poder analizar el debido proceso a través de la acción de libertad, alegados por el Juez de garantías El Juez de garantías denegó la tutela impetrada por una niña víctima de violencia sexual, que está solicitando celeridad en la tramitación de su proceso, denunciando específicamente una dilación arbitraria en la remisión de su causa ante el juzgado de sentencia de turno; con los argumentos que: 1) No demostró los dos presupuestos para la tutela del debido proceso a través de la acción de libertad; es decir, porque no demostró estar en estado de indefensión y no se encuentra privada de libertad; 2) Debió haber acudido a otros mecanismos intraprocesales para denunciar la dilación; y, 3) La acción de libertad de pronto despacho procede cuando no se señala oportunamente audiencia de cesación de la detención preventiva o cuando no se remite en el plazo legal la apelación de dicha resolución; empero, no en el caso de la accionante. Ante estas aseveraciones, amerita aclarar al Juez de garantías, que ninguno de sus argumentos para denegar la tutela, son aceptables frente a la obligación internacional asumida por el Estado boliviano para la protección de los derechos de las niñas, niños y adolescentes y para la lucha contra todo tipo de violencia realizada a este grupo poblacional; en consecuencia, conforme a lo establecido en el Fundamento Jurídico III.2 de este fallo constitucional, las autoridades judiciales y constitucionales tienen la obligación nacional e internacional de asumir en la tramitación de causas relacionadas con niñas, niños y adolescentes víctimas de violencia, el deber de la debida diligencia reforzada que engloba varios mecanismos de protección para este sector poblacional; siendo uno de ellos, la garantía de la tutela judicial efectiva, a través de la cual, se les debe otorgar el acceso a un justicia pronta, oportuna, efectiva, sin dilaciones, directa, sin restricciones e incluso flexible; de donde se tiene que, no se les debe exigir el cumplimiento u observancia de requisitos formales o materiales innecesarios que limiten el restablecimiento de sus derechos; siendo que más bien, se tiene la responsabilidad de aplicar criterios diferenciados a su favor; es decir, el deber de la desformalización para la flexibilización de procedimientos, evitando toda ritualidad o formalidades que impidan el acceso a la justicia de este sector poblacional.

Sobre el particular, el Juez de garantías frente a una niña víctima de violencia sexual que denuncia la dilación de un procedimiento dentro de un proceso penal por abuso sexual a través de una acción de libertad, debió asumir el deber de la debida diligencia reforzada, aplicando en el caso de autos, el principio de la desformalización, para ingresar a conocer el fondo de la problemática planteada, dejando de lado todo requisito formal que impide la protección inmediata de los derechos de la accionante -al debido proceso en su componente de celeridad y al acceso a una justicia pronta, oportuna y sin dilaciones-, en aplicación de los principios de prevalencia del derecho material sobre el formal y directa justiciabilidad; dada la naturaleza informal de la acción de libertad, pero sobre todo, asumiendo la obligación internacional de flexibilizar los presupuestos de improcedencia reglada de la acción de libertad a efectos de conocer, resolver y proteger de forma inmediata los derechos de una niña víctima de violencia sexual. Al no haber actuado conforme los estándares nacionales e internacionales que imponen el deber de la debida diligencia reforzada a favor de las niñas, niños y adolescentes, impidió a la accionante el acceso oportuno a la justicia constitucional; no siendo admisible, solicitarle que utilice otros mecanismos de impugnación, para que la Jueza que está conociendo su caso, donde se está dilucidando su derecho a la vida en su componente de integridad física, pueda remitir después de más de quince días su causa ante el juez de sentencia penal, cuando tenía la obligación de efectuarlo dentro de las veinticuatro horas de ser presentada la acusación formal; ante esta realidad sostenida en una dilación arbitraria no es correcto que, el Juez de garantías disponga mayor dilación al afirmar que la acción de libertad no es el medio idóneo para conocer su caso, menos deniegue la tutela ante una dilación ilegal e indebida, con el argumento que no puede ingresar a conocer su caso, porque no se encuentra privada de libertad y menos en estado de indefensión. Al respecto, si bien AA no está privada de libertad, empero -se reitera-por el deber de la debida diligencia reforzada que garantiza a las niñas víctimas de violencia sexual el derecho a la tutela judicial efectiva y al acceso a una justicia desformalizada; tenía la obligación de conocer con carácter imperativo el fondo de su caso y coadyuvarla en la protección de sus derechos; al no hacerlo, la sometió a un mayor estado de indefensión absoluto, puesto que no pudo encontrar justicia oportuna en la jurisdicción ordinaria menos en la instancia constitucional a cargo del Juez de garantías; por lo que, amerita una severa llamada de atención y una exhortación a efectos de observar los estándares nacionales e internacionales que respaldan el deber de aplicar la debida diligencia reforzada a favor de las niñas, niños y adolescentes, sobre la base de su interés superior.

III.3.2. Análisis del problema jurídico de carácter sustancial

La parte accionante, enmarca su problemática en el hecho que dentro del proceso penal donde se encuentra dilucidándose sus derechos en su condición de víctima de violencia sexual, la Jueza demandada, desde el 27 de marzo de 2023, fecha en la cual el Ministerio Público presentó la acusación formal, hasta la data de presentación de esta acción tutelar -13 de abril de igual año-, no impulsó el sorteo ni remitió su causa ante el juez de sentencia penal de turno, inobservando el art. 325.I del CPP, incurriendo en consecuencia, en una dilación arbitraria de más de quince días hábiles, cuando tenía la obligación de realizar dichas actuaciones procesales dentro de las veinticuatro horas siguientes de recibida la acusación formal; siendo sometida a un indebido procesamiento por retardación de justicia; por lo que, la autoridad demandada lesionó sus derechos al debido proceso, igualdad de las partes y a una justicia pronta, oportuna y sin dilaciones; y, los principios de seguridad jurídica y celeridad. Ahora bien, conforme a lo desarrollado en el Fundamento Jurídico III.2 de este fallo constitucional, las autoridades judiciales a cargo de un caso donde de por medio se encuentre dilucidando los derechos de una niña, niño o adolescente víctima de violencia sexual, deben aplicar un criterio reforzado de celeridad en las tramitaciones judiciales; es decir, están obligados a priorizar y agilizar procesos y procedimientos sin dilación alguna, desde la etapa investigativa hasta su conclusión, bajo responsabilidad, incluso de alcance internacional; puesto que, se encuentran frente a un sector de la población muy vulnerable, que requiere atención prioritaria y absoluta en la tramitación de sus casos; pues no solo se enfrenta ante su perpetrador sino ante todo un proceso judicial, y de lo que se trata es que, después de haber sufrido este tipo de violencia, el Estado le otorgue las garantías necesarias para lograr la tutela judicial efectiva de sus derecho; por ello, están obligados a imprimir celeridad en el conocimiento y resolución de sus causas, aplicando el principio de protección especial y reforzada dentro de un debido procedimiento, asumiendo empatía y sensibilidad por su minoridad, tomando en cuenta que, su participación dentro del mismo, no se da en las mismas condiciones que un adulto. Lo señalado, no aconteció en el caso concreto, toda vez que, la Jueza demandada inobservó el art. 325.I del CPP, el cual, establece que una vez presentado el requerimiento conclusivo de acusación, la autoridad judicial, tiene el plazo de veinticuatro horas, previo sorteo para remitir los antecedentes al juez o tribunal de sentencia penal, bajo responsabilidad; sin embargo, conforme a lo alegado por la parte accionante, la autoridad demandada una vez presentada la acusación formal -27 de marzo de 2023- hasta la fecha de interposición de esta acción de libertad -13 de abril de igual año-, no impulsó el sorteo inmediatamente ni remitió la causa dentro de las veinticuatro horas ante el juez de sentencia penal de turno, incurriendo en dilación indebida, arbitraria e ilegal de más de quince días; siendo que, tenía la obligación de adoptar un enfoque interseccional y con perspectiva de género y generación por su edad, al formar parte de un grupo poblacional en situación de vulnerabilidad a la violencia, a efectos de aplicar un tratamiento diferenciado en su proceso, otorgándole una atención prioritaria, inmediata, acelerando el procedimiento a favor de la accionante; empero, al no haber obrado conforme a los estándares nacionales e internacionales de protección de los derechos de las niñas, niños y adolescentes víctimas de violencia, la revictimizaron, sometiéndola a un estado de indefensión; lesionando de esta forma, sus derechos al debido proceso en su componente de celeridad y al acceso a una administración de justicia pronta, oportuna, efectiva, sin dilaciones, directa y flexible; y omitiendo el deber internacional de imprimir a favor de la accionante: la debida diligencia reforzada y la protección de su interés superior; por lo que, corresponde conceder la tutela impetrada. En consecuencia, el Juez de garantías, al denegar la tutela impetrada, no obró de forma correcta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución 08/2023 de 14 de abril, cursante de fs. 27 a 29 vta., pronunciada por el Juez de Sentencia Penal, Anticorrupción y Violencia contra la Mujer Noveno de la Capital del departamento de Santa Cruz; y en consecuencia: 1° CONCEDER la tutela impetrada, conforme a los fundamentos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. 2º Disponer lo siguiente:

a) Que, la Jueza de Instrucción Penal Decimocuarta de la Capital del departamento de Santa Cruz, impulse el sorteo y remita la causa de la accionante ante el juzgado de sentencia penal de turno, dentro de las veinticuatro horas de notificada con la presente Sentencia Constitucional Plurinacional; siempre y cuando, por el transcurso del tiempo no lo haya efectuado. b) Que, María Alejandra Menacho Melgar, Jueza de Instrucción Penal Decimocuarta de la Capital del departamento de Santa Cruz, en casos donde se dilucide la perpetración de violencia sexual contra niñas, niños y adolescentes; tiene la obligación nacional e internaciónal de asumir la debida diligencia reforzada a su favor, aplicando todas las herramientas y mecanismos que la componen, conforme a lo establecido en el Fundamento Jurídico III.2 de esta Sentencia Constitucional Plurinacional y sobre la base de los entendimientos establecidos en el Fundamento Jurídico III.3 de la SCP 0351/2025-S3 de 15 de mayo; de lo contrario, podría generar responsabilidad para el Estado boliviano, al generar revictimización y/o violencia institucional contra este sector poblacional; y c) Que, Juan Coronado Camacho, Juez de Sentencia Penal, Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Noveno de la Capital del departamento de Santa Cruz, constituido en Juez de garantías, asuma los estándares nacionales e internacionales de la debida diligencia reforzada a favor de las niñas, niños y adolescentes víctimas de violencia sexual, a efectos que en casos, donde se diluciden sus derechos, adopte de forma responsable, las herramientas necesarias para su protección reforzada; con la correspondiente llamada de atención. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Fdo. Ángel Edson Dávalos Rojas

MAGISTRADO

Fdo. Paola Verónica Prudencio Candia

MAGISTRADA

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_1490_2025-S3.pdf · páginas 1 a 15.

Huella digital del PDF (SHA-256): b3c626a8c9b940246931d32e053bea805dbdf18390595a5db54f5b3938758e73

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