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SCP 1485/2025-S3

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Tercera · 20 de noviembre de 2025

Concede la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Tercera
Fecha
20 de noviembre de 2025
Acción
Acción de libertad
Magistrado relator
Ángel Edson Dávalos Rojas
Expediente
56125-2023-113-AL
Departamento
Santa Cruz
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de libertad — traslativa / pronto despacho

Qué se discutió

El accionante, denuncia lesión de su derecho a la libertad; por cuanto, habiendo cumplido la condena de tres años que se le impuso dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público por la comisión del delito de robo, la Jueza de Instrucción Penal Primera de Warnes del departamento de Santa Cruz, aduciendo que no encontraba su expediente, no atendió sus requerimientos de revisión del proceso para poder obtener su libertad por cumplimiento de condena, situación por la que continúa indebidamente privado de libertad. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR Resolución 04/2023 de 16 de mayo, cursante de fs. 13 a 15, pronunciada por la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz; y en consecuencia, CONCEDER la tutela solicitada, en los mismos términos dispuestos por el Tribunal de garantías.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. La acción de libertad traslativa o de pronto despacho
  2. III.2. La presunción de veracidad de los hechos y actos denunciados por el accionante
  3. III.3. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1485/2025-S3 Sucre, 20 de noviembre de 2025 SALA TERCERA Magistrado Relator: Ángel Edson Dávalos Rojas Acción de libertad Expediente: 56125-2023-113-AL Departamento: Santa Cruz En revisión la Resolución 04/2023 de 16 de mayo, cursante de fs. 13 a 15, pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Mario Carniga contra Mary Ruth Guerra Martínez, Jueza de Instrucción Penal Primera de Warnes del departamento de Santa Cruz.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memorial presentado el 15 de mayo de 2023, cursante de fs. 4 a 5, el accionante, expresó lo siguiente:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Dentro del proceso penal que le siguió el Ministerio Público por la comisión del delito de Robo, solicitó en varias oportunidades la revisión de su proceso con el fin de obtener su libertad definitiva; toda vez que, ya había cumplido la condena impuesta en Sentencia; no obstante, la Jueza de Instrucción Penal Primera de Warnes del departamento de Santa Cruz -ahora demandada-, no atendió dichas solicitudes, alegando que el expediente no se encontraba disponible; motivo por el cual, a la fecha de presentación de la acción de tutela, continúa indebidamente privado de libertad.

I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados

Denunció la lesión de su derecho a la libertad, sin citar norma constitucional alguna.

I.1.3. Petitorio

Solicitó se conceda la tutela y, en consecuencia, se disponga: a) Que, en el plazo de cuarenta y ocho horas, ponga a la vista el expediente a los fines de ley; y, b) En caso de no exponer el cuaderno procesal, se remita antecedentes al Consejo de la Magistratura.

I.2. Audiencia y Resolución de la Sala Constitucional

Celebrada la audiencia pública virtual de 16 de mayo de 2023, según consta en acta cursante a fs. 12 y vta., se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

El accionante a través de su abogado, en audiencia señaló que: 1) Dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público en su contra, por el delito de robo, éste se sometió a procedimiento abreviado, dictándose sentencia condenatoria, mediante la cual se le impuso la pena de tres años de reclusión, la misma que fue cumplida en demasía a la fecha de interposición de la presente acción; 2) Por el Certificado de Permanencia y Conducta, emitido por el Director de la Carceleta de Montero del Centro de Rehabilitación Productiva de Montero (CERPROM), se evidencia que el accionante ingresó al recinto penitenciario el 2 de agosto de 2019, y cumplió los tres años de condena el 2 de agosto de 2022, estando detenido de forma indebida por más de diez meses; 3) La falta de presentación de informe por parte de la autoridad demandada, evidencia todo lo denunciado por el solicitante de tutela en el memorial de acción de libertad.

I.2.2. Informe de la demandada

Mary Ruth Guerra Martínez, Jueza de Instrucción Penal Primera de Warnes del departamento de Santa Cruz, no presentó informe escrito alguno, ni asistió a la audiencia de garantías, pese a su notificación cursante a fs. 10.

I.2.3. Resolución

La Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, mediante Resolución 04/2023 de 16 de mayo, cursante de fs. 13 a 15, concedió la tutela solicitada, disponiendo que la autoridad jurisdiccional demandada, exponga el expediente y emita una respuesta pronta, oportuna y sin dilaciones sobre las solicitudes del accionante de acuerdo a procedimiento; determinación, asumida en base a los siguientes fundamentos: i) El art. 47 del Código Procesal Constitucional (CPCo), establece la procedencia de la acción de libertad cuando cualquier persona crea que su vida está en peligro, está ilegalmente perseguida, está indebidamente procesada o privada de libertad; en el caso presente, no se cumplieron ninguno de los presupuestos señalados; toda vez que, el accionante no demostró que su vida esté en peligro, tampoco se encontraba ilegalmente perseguido, indebidamente procesado o detenido, ya que su situación jurídica devino de un proceso penal seguido en su contra por el Ministerio Público por la comisión del delito de robo, el cual fue tramitado y resuelto por una autoridad competente; y, ii) En cuanto a las dilaciones denunciadas, ante la falta de informe de la autoridad demanda, las mismas se tuvieron por ciertas, evidenciando la vulneración al debido proceso en su vertiente al principio de celeridad, pues pese a las solicitudes del accionante la Jueza demandada no se pronunció al respecto, continuando privado de libertad.

II. CONCLUSIONES

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Cursa Certificado de Permanencia y Conducta, de 2 de marzo de 2023, emitido por la Encargada de la División de Archivos y Director, ambos de la Carceleta de Montero CERPROM de la Policía Boliviana; por la que se señaló que: a) Mario “Carnica” -siendo lo correcto Carniga-, ingresó a ese recinto penitenciario privado de libertad, el 2 de agosto de 2019, con mandamiento de detención preventiva, emitido por Mary Ruth Guerra Martínez, Jueza de Instrucción Penal Primera de Warnes del departamento de Santa Cruz, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público por la comisión del delito de robo; b) Cursa en el expediente Mandamiento de Detención Preventiva, de fecha 23 de abril de 2015, ordenado por Ángel Sánchez Rivero, Juez de Instrucción de Warnes del departamento de Santa Cruz, dentro del proceso penal que le seguía el Ministerio Público por la presunta comisión del delito de robo; y, c) Cursa en expediente Mandamiento de Libertad Definitiva por Cumplimiento de Condena, de 14 de noviembre de 2018, ordenado por Manuel Baptista Espinoza, Juez de Ejecución Penal Primero de la Capital del departamento de Santa Cruz, dentro del proceso penal que le siguió el Ministerio Público con Número de Registro Judicial (NUREJ) 7084120, por el delito de robo; en cuanto al tiempo de permanencia refiere que son tres años y siete meses, desde su ingreso hasta la fecha de certificación (fs. 2).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

El accionante, denuncia lesión de su derecho a la libertad; por cuanto, habiendo cumplido la condena de tres años que se le impuso dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público por la comisión del delito de robo, la Jueza de Instrucción Penal Primera de Warnes del departamento de Santa Cruz, aduciendo que no encontraba su expediente, no atendió sus requerimientos de revisión del proceso para poder obtener su libertad por cumplimiento de condena, situación por la que continúa indebidamente privado de libertad. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

III.1. La acción de libertad traslativa o de pronto despacho

La jurisprudencia constitucional de este Tribunal se ha pronunciado sobre las distintas modalidades de la acción de libertad y ha desarrollado una línea jurisprudencial en cuanto a su ámbito de protección y alcance. Así la SC 1579/2004-R de 1 de octubre se pronunció sobre sus diferentes modalidades refiriéndose al hábeas corpus -ahora acción de libertad- reparador cuando se trata de lesiones ya consumadas, preventivo para impedir una lesión a producirse y correctivo, cuando se intenta evitar el agravamiento de las condiciones de privación de libertad de una persona detenida. Posteriormente, la SC 0044/2010-R de 20 de abril, incorporó otras modalidades protectivas haciendo alusión al hábeas corpus restringido, al instructivo y al traslativo o de pronto despacho, respecto de este último precisó que a través de su ámbito de protección “…lo que se busca es acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas para resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad”. Bajo ese razonamiento, la jurisprudencia constitucional desarrollada en la SC 0224/2004-R de 16 de febrero, entre otras, ha sido uniforme al disponer que toda autoridad sea judicial o administrativa que conozca una solicitud que incida en el derecho a la libertad física de quien se halle privado de su ejercicio, tiene el deber de tramitarla con la mayor celeridad posible; por cuanto, la lesión de este derecho está en la demora o dilación indebida al resolver o atender una solicitud para la definición jurídica de los derechos del imputado o imputada, lo que no significa que deba dar curso a la solicitud en forma positiva; ya que, el resultado dependerá de las 1El FJ III.1, señala: “Del texto constitucional y legal referidos, se extrae que en el sentido de la Constitución, el recurso de hábeas corpus por violaciones a la libertad individual y /o locomoción, puede ser reparador si ataca una lesión ya consumada, preventivo si procura impedir una lesión a producirse o correctivo si intenta evitar que se agraven las condiciones en que se mantiene a una persona detenida”. 2El FJ III.5, establece: “…se debe hacer referencia al hábeas corpus traslativo o de pronto despacho, a través del cual lo que se busca es acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas, para resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad.

Este tipo de hábeas corpus, implícito en el art. 125 de la CPE, emerge directamente del art. 89 de la LTC, que establece que, también procede el hábeas corpus cuando se aleguen “…otras violaciones que tengan relación con la libertad personal en cualquiera de sus formas, y los hechos fueron conexos con el acto motivante del recurso, por constituir su causa o finalidad…”, e implícitamente fue reconocido por la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, cuando tuteló los supuestos de demora en la celebración de la audiencia de medidas cautelares (SSCC 1109/2004-R, 1921/2004-R),o cuando existieron notificaciones ilegales con las resoluciones de medidas cautelares que lesionan el derecho a la defensa, concretamente el derecho a recurrir, impidiendo que el tribunal superior revise la resolución del inferior (SC 826/2004-R)…”.

3 La citada Sentencia expresó que: “‘…toda autoridad que conozca de una solicitud en la que se encuentre involucrado el derecho a la libertad física, tiene el deber de tramitarla con la mayor celeridad posible, o cuando menos dentro de los plazos razonables, pues de no hacerlo podría provocar una restricción indebida del citado derecho, lo que no significa, que siempre tendrá que otorgar o dar curso a la solicitud en forma positiva, pues esto dependerá de las circunstancias y las pruebas que se aporten en cada caso, dado que se reitera la lesión del derecho a la libertad física, está en la demora o dilación indebida de una solicitud de tal naturaleza, vale decir, que si la solicitud es negada de acuerdo a una compulsa conforme a Ley no es ilegal siempre que esa negativa se la resuelva con la celeridad que exige la solicitud’.

circunstancias del caso y la valoración jurídica que realice la autoridad conforme a la normativa aplicable; por cuanto, la lesión del derecho a la libertad física está en la demora o dilación indebida, al resolver o atender una solicitud; que más bien, debería ser efectuada con la debida celeridad. En dicho orden, la autoridad judicial o administrativa, dependiendo del caso, no está obligada a conceder o aceptar lo peticionado, sino a tramitar la solicitud conforme a la normativa vigente y con la diligencia que la ley exige, pues la acción de libertad traslativa o de pronto despacho busca que se atienda sin dilación indebida una solicitud relacionada con la libertad personal, abriendo su ámbito de protección en situaciones donde existió dilación injustificada en su tratamiento o tramitación y no así sobre la solicitud a la que se pretende acceder. Jurisprudencia reiterada en la SCP 0800/2025-S3 de 24 de julio.

III.2. La presunción de veracidad de los hechos y actos denunciados por el accionante

La jurisprudencia constitucional entendió inicialmente a través de las SSCC 1068/00-R de 15 de noviembre de 2000 y 1388/2002-R de 18 de noviembre, entre otras, que para la concesión del entonces recurso de hábeas corpus -ahora acción de libertad-, debería existir prueba que demostrara las afirmaciones del accionante.

Posteriormente, a través de las SSCC 1164/2003-R de 19 de agosto y 0785/2010-R de 2 de agosto, se determinaron excepciones a la denegatoria de la acción de libertad por falta de pruebas, aplicando el principio de presunción de veracidad, en los siguientes supuestos: 1) Cuando las autoridades demandadas no asistieron a la audiencia ni presentaron el informe correspondiente para desvirtuar las afirmaciones de la o el impetrante de tutela, supuestos en los cuales, se tienen por ciertas las afirmaciones contenidas en la demanda tutelar; y por ende, se concede la tutela; razonamiento aplicado por las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0224/2012, 1329/2012, 2498/2012 y 0029/2014-S1, entre otras; y, 2) Cuando las autoridades demandadas, a pesar de comparecer, no negaron los hechos alegados por la o el solicitante de tutela; razonamiento aplicado en las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 1974/2013, 0100/2014 y 0207/2014, entre otras (las negrillas nos corresponden).

En el mismo sentido, la SC 0038/2011-R de 7 de febrero, refiere sobre la presunción de veracidad de los hechos demandados por el accionante; estableciendo que, atendiendo a los principios constitucionales de compromiso e interés social, de responsabilidad que rigen la función pública y a la naturaleza de los derechos tutelados por la acción de libertad: “…cuando el sujeto pasivo es un funcionario público, éste tiene la obligación de presentar informe escrito o en su defecto concurrir a la audiencia a fin de desvirtuar los hechos o actos denunciados como lesivos a los derechos del accionante, pues de no hacerlo se presume la veracidad de los mismos”. Entendimiento que fue reiterado, entre otras, por las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0320/2016-S3 de 3 de marzo y 0037/2018-S2 de 6 de marzo. En consecuencia, la parte demandada tiene la obligación, por su propio interés, de presentar la prueba necesaria y suficiente que permita desestimar una acción presentada en su contra, pues su negligencia puede dar lugar a determinarle responsabilidad; más aún cuando se trata de un servidor público, que tiene el deber de elevar un informe con la prueba suficiente ante el juez o tribunal de garantías y estar presente en la audiencia; pues de lo contrario, se presume la veracidad de los hechos o actos denunciados por la o el accionante. Entendimiento extraído de la SCP 0379/2019-S2 de 14 de junio.

III.3. Análisis del caso concreto

El accionante, denuncia que dentro del proceso penal que le siguió el Ministerio Público por la comisión del delito de robo, fue sentenciado a tres años de presidio, condena que ya fue cumplida; por lo que, solicitó a la Jueza de Instrucción Penal Primera de Warnes del departamento de Santa Cruz -ahora demandada-, la revisión de sus antecedentes FERNÁNDEZ DEL CASTILLO, Bernardo. Ética del abogado y del servidor público. 12ª ed. Méjico, 2006. p. 127). Tradicionalmente, para garantizar el logro de los fines del Estado, la función pública ha implicado una posición de autoridad respecto a los administrados; sin embargo, conforme a la doctrina contemporánea del Derecho Administrativo, dicha autoridad no es un fin en sí misma, sino un medio para un efectivo servicio a la sociedad.

Con esa orientación, el art. 232 de la CPE, establece que: ʽLa Administración Pública se rige por los principios de legitimidad, legalidad, imparcialidad, publicidad, compromiso e interés social, ética, transparencia, igualdad, competencia, eficiencia, calidad, calidez, honestidad, responsabilidad y resultados´ (negrillas agregadas) y el art. 235.1 de la misma Ley Fundamental, consagra que la primera y más importante obligación de las servidoras y servidores públicos, es cumplir la Constitución y las leyes.

Partiendo del marco doctrinal y constitucional referido, se debe señalar que en el caso de la acción de libertad, atendiendo especialmente a los principios de compromiso e interés social y de responsabilidad que rigen la función pública, así como a la naturaleza de los derechos tutelados por esa garantía jurisdiccional, cuando el sujeto pasivo es un funcionario público, éste tiene la obligación de presentar informe escrito o en su defecto concurrir a la audiencia a fin de desvirtuar los hechos o actos denunciados como lesivos a los derechos del accionante, pues de no hacerlo se presume la veracidad de los mismos.

En ese sentido, la SC 1164/2003-R de 19 de agosto de 2003 señaló: ʽLos hechos denunciados por el recurrente no han sido desvirtuados por la autoridad demandada al no haber concurrido a la audiencia de Ley ni haber presentado su informe no obstante de su legal citación (…) lo que determina la procedencia del recurso´ y la SC 0650/2004-R de 4 de mayo, determinó: `…el funcionario recurrido, una vez citado legalmente con el recurso no comparece a la audiencia del hábeas corpus y no presenta informe alguno, por lo mismo, no niega ni desvirtúa las denuncias formuladas por el recurrente; en ese caso, el silencio del recurrido será considerado como confesión de haber cometido el hecho ilegal o indebido denunciado en el recurso´; entendimientos reiterados, entre otras, por las SSCC 0141/2006-R, 020/2010-R y 0181/2010-R.

Así, siguiendo esa línea la SC 0785/2010-R de 2 de agosto, refirió: ʽ…se tendrán por probados los extremos denunciados cuando las autoridades denunciadas, no desvirtúen los hechos demandados, situación que concurre cuando no obstante su legal notificación no comparecen a la audiencia ni presten su informe de ley´”.

procesales para la obtención de su libertad por cumplimiento de condena; sin embargo, dicha autoridad, arguyendo que el expediente no fue encontrado, no atendió oportunamente su pedido; motivo por el que, a la fecha de presentación de la acción de libertad, continúa indebidamente privado de su libertad, toda vez que ya cumplió la condena impuesta. De la revisión de los antecedentes que cursan en el expediente constitucional y conforme lo establecido en la Conclusión II.1 inciso a); se tiene que, el impetrante de tutela dentro del proceso penal antes citado, se encuentra recluido en la Carceleta de la localidad de Montero CERPROM del departamento de Santa Cruz, desde el 2 de agosto de 2019, con un tiempo de permanencia de tres años y siete meses hasta el 2 de marzo de 2023 (Conclusión II.1). Por otra parte, se tiene la falta de apersonamiento de la autoridad jurisdiccional demandada, quien no presentó informe escrito y tampoco asistió a la audiencia de consideración de acción tutelar para desvirtuar lo alegado por el accionante; por lo que, corresponde aplicar el principio de presunción de veracidad establecido en la jurisprudencia constitucional citada en el Fundamento Jurídico III.2 de este fallo constitucional, teniendo por ciertos los extremos denunciados por el impetrante de tutela. En ese sentido, se advierte que, el peticionante de tutela se encuentra recluido por más de tres años en la Carceleta de Montero CERPROM del departamento de Santa Cruz; motivo por el que, la Jueza demandada debió resolver su situación jurídica con la mayor celeridad, imponiéndose de los antecedentes procesales de inmediato a efectos de verificar si la solicitud del prenombrado correspondía en derecho, de manera tal que una vez verificado el cumplimiento de la condena, si correspondía, se aplique lo establecido en el art. 39 de la Ley de Ejecución Penal y Supervisión (LEPS) -Ley 2298 de 20 de diciembre de 2001- que establece que cumplida la condena, el interno será liberado en el día, sin necesidad de trámite alguno. En ese orden, resulta evidente la dilación en la que incurrió la autoridad demandada, al no resolver de forma pronta y oportuna la solicitud realizada por el accionante, no siendo justificativo de ninguna manera la “falta de expediente”, situación inaceptable en la tramitación de los procesos penales en los cuales se encuentran involucradas personas con privación de libertad, pues cualquier prolongación por razones administrativas o logísticas carece de sustento legal y se torna incompatible con el principio de legalidad, previsto en el art. 117.II de la CPE, que dispone la inmediata rehabilitación de los derechos restringidos al cumplimiento de condena, incurriendo en vulneración al derecho al debido proceso en cuanto a la celeridad; toda vez que, debió actuar y gestionar de manera diligente la documentación necesaria a efecto de verificar el cumplimiento de la pena impuesta al peticionante de tutela, dado que la libertad personal no admite demoras ni restricciones que no estén amparadas expresa y estrictamente por la Ley. A ello se suma la eficacia en la tutela de los derechos fundamentales, que obliga a todas las autoridades judiciales, fiscales, policiales y administrativas, a superar de manera urgente cualquier obstáculo que impida la materialización de la libertad cuando esta sea ordenada por autoridad competente o corresponda disponerla en cumplimiento a la Ley; toda vez que, ninguna carga burocrática o falencia administrativa puede justificar la prolongación de la privación de libertad; consecuentemente, corresponde otorgar la tutela impetrada en la modalidad traslativa o de pronto despacho, con la finalidad que la Jueza demandada de forma inmediata se pronuncie sobre la solicitud del accionante, misma que incide en su derecho a la libertad. Finalmente, extraña que el Certificado de Permanencia y Conducta, emitido por la Encargada de Archivos y el Director de la Carceleta de Montero del departamento de Santa Cruz, establezca que el accionante se encuentra recluido por mandamiento de detención preventiva, cuando de los antecedentes de esta acción tutelar, se establece que el mismo ya tendría Sentencia Condenatoria Ejecutoriada, alegándose inclusive cumplimiento de condena; por lo que, es imperioso que la Jueza de la causa regularice el trámite correspondiente al proceso penal que siguió el Ministerio Público contra el solicitante de tutela por el delito de robo, bajo prevención de ser pasible a las responsabilidades establecidas por Ley. En consecuencia, La Sala Constitucional, al conceder la tutela impetrada obró de forma correcta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR Resolución 04/2023 de 16 de mayo, cursante de fs. 13 a 15, pronunciada por la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz; y en consecuencia, CONCEDER la tutela solicitada, en los mismos términos dispuestos por el Tribunal de garantías. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Fdo. Ángel Edson Dávalos Rojas

MAGISTRADO

Fdo. Paola Verónica Prudencio Candia

MAGISTRADA

Notas al pie

4 El FJ III.3, sostiene: “Según señala la doctrina del Derecho Administrativo, el servidor público ʽ…es la persona física, que desempeña un trabajo material, intelectual o físico dentro de alguno de los Poderes del Estado, bajo un régimen jurídico de derecho público, y que lleva como finalidad atender a necesidades sociales.´ (SÁNCHEZ GÓMEZ, citado en PÉREZ

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_1485_2025-S3.pdf · páginas 1 a 9.

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