Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Tercera · 20 de noviembre de 2025
Deniega la tutela
La accionante, por intermedio de su representante sin mandato, denunció la vulneración de sus derechos al debido proceso, en sus elementos de tutela judicial efectiva, derecho de petición y acceso a una justicia pronta y oportuna; señalando que, habiéndose dispuesto mediante decreto de 18 de abril de 2023 que se oficie al Ministerio de Defensa a efectos de que se realice la retención por planillas del monto de asistencia familiar fijado a favor de su hijo, con cargo al demandado, dicho oficio no le fue entregado por el personal del juzgado -ahora demandado- bajo el argumento de que previamente debía notificarse al obligado en su domicilio real mediante comisión instruida, sin considerar que este ya fue citado personalmente en tal domicilio con la demanda; asimismo, indicó que esta situación fue puesta en conocimiento de la Jueza de la causa mediante memorial presentado el 18 de mayo de 2023; sin embargo, hasta la fecha de interposición de la presente acción de tutela, dicho memorial no fue providenciado, habiendo transcurrido más de una semana desde su presentación, generando una dilación injustificada que ocasiona perjuicio al hijo de la accionante en el acceso efectivo a la asistencia familiar; en ese entendido, formuló acción de libertad en la modalidad traslativa o de pronto despacho. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 064/2023 de 26 de mayo, cursante de fs. 35 a 36, pronunciada por el Juez de Sentencia Penal y Contra la Violencia Hacia la Mujer Primero de la Capital del departamento de La Paz, y en consecuencia: 1° DENEGAR la tutela impetrada, conforme los fundamentos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. 2° Exhortar a Elsa Sangüeza Cossio, Jueza; Nathaly Padilla Conde, Secretaria; y, Miriam Calle Mendoza, Oficial de Diligencias del Juzgado Público de Familia Tercero de la Capital del departamento de La Paz, dar estricto cumplimiento a lo previsto en el arts. 442 y 415 del Código de las Familias y del Proceso Familiar, debiendo viabilizar la notificación y ejecución de la liquidación de asistencia familiar, eliminando ritualismos procesales que obstaculicen el interés superior del niño y su derecho a una protección jurídica oportuna y efectiva.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1483/2025-S3 Sucre, 20 de noviembre de 2025 SALA TERCERA Magistrado Relator: Ángel Edson Dávalos Rojas Acción de libertad Expediente: 56106-2023-113-AL Departamento: La Paz En revisión la Resolución 064/2023 de 26 de mayo, cursante de fs. 35 a 36, pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Daisy Carolina Palacios Quisbert en representación sin mandato de Neyza Hualdia Rojas contra Daen Elsa Sangüeza Cossio, Jueza; Patricia Nathaly Padilla Conde, Secretaria; y, Miriam Calle Mendoza, Oficial de Diligencias; todas del Juzgado Público de Familia Tercero de la Capital del departamento de La Paz.
Por memorial presentado el 26 de mayo de 2023, cursante de fs. 24 a 26 vta., la accionante por medio de su representante sin mandato, expresó lo siguiente:
Dentro del proceso de homologación de asistencia familiar seguido por la impetrante de tutela contra Willams Alexander Bazán Yapura, la Jueza Pública de Familia Tercera de la Capital del departamento de La Paz, mediante decreto de 18 de abril de 2023, dispuso que se oficie al Ministerio de Defensa, a efectos de que se efectúe el descuento por planilla para el pago de la asistencia familiar; sin embargo, dicho oficio no habría sido entregado, ya que la auxiliar y la oficial de diligencias del juzgado indicaron que previamente debía notificarse al demandado mediante orden instruida, requisito que no fue establecido en el decreto emitido por la autoridad judicial, considerando además que el demandado fue citado personalmente con la demanda en su domicilio ubicado en la ciudad de Cochabamba.
Por otra parte, la oficial de diligencias presuntamente se niega a realizar las notificaciones solicitadas, no atendiendo cuando la accionante se constituye en secretaría del juzgado, ni respondiendo llamadas o mensajes, generando con ello perjuicio en el avance normal del proceso; asimismo, la Secretaria del juzgado no habría atendido las solicitudes formuladas, limitándose a indicar que se coordine con la oficial de diligencias, omitiendo de esta manera su deber de supervisión sobre el personal del juzgado. Estas circunstancias fueron puestas en conocimiento de la Jueza de la causa mediante memorial de 18 de mayo de 2023, solicitando que instruya al personal bajo su dependencia para que se efectivice la extensión del oficio destinado al Ministerio de Defensa, con la finalidad de que se proceda al descuento por planilla de la asistencia familiar fijada. No obstante, dicho memorial no habría sido providenciado hasta la fecha de interposición de la acción de libertad, habiendo transcurrido más de una semana desde su presentación.
Denunció lesión de sus derechos al debido proceso, en sus elementos de tutela efectiva, petición y a una justicia pronta y oportuna, citando al efecto los arts. 115.II y 180 de la Constitución Política del Estado (CPE).
Solicitó se conceda la tutela y, en consecuencia, se disponga la emisión del oficio para el Comando de la Policía Boliviana -siendo lo correcto el Ministerio de Defensa-a efectos que su hijo pueda acceder a la asistencia familiar.
Celebrada la audiencia virtual de 26 de mayo de 2023, según consta en acta cursante a fs. 34, se produjeron los siguientes actuados:
La accionante a través de su representante sin mandato, en audiencia señaló que: a) La necesidad de que se agilice la emisión del oficio solicitado, debido a que el obligado no estaba cumpliendo con el pago de la asistencia familiar; y, b) Que pese a haberse apersonado en reiteradas oportunidades al juzgado, por secretaría se le negó la notificación correspondiente, impidiéndose que su hijo acceda a la asistencia familiar fijada a su favor, motivo por el cual se interpuso la presente acción de libertad de pronto despacho.
Daen Elsa Sangüeza Cossio, Jueza Público de Familia Tercero de la Capital del departamento de La Paz, a través del informe que cursa a fs. 31 y vta., señaló que: 1) Que el oficio dispuesto para la retención de haberes por concepto de asistencia familiar debía ser puesto en conocimiento del obligado, a fin de evitar causarle indefensión; 2) Conforme los antecedentes del proceso de homologación de asistencia familiar, el obligado tiene su domicilio en el departamento de Cochabamba, razón por la cual corresponde que sea notificado en dicho lugar con la orden de descuento por planilla, a efectos del pago de la asistencia familiar; y, 3) Que, al tratarse de una notificación que debe efectuarse mediante comisión instruida, no existía necesidad de coordinación con la Oficial de Diligencias del juzgado, encontrándose la respectiva comisión lista para su recojo desde fecha 25 de mayo de 2023, no siendo evidente que la accionante se hubiese constituido en secretaría el 26 del mismo mes y año, motivo por el cual no se configuró vulneración alguna a los derechos denunciados, menos aún al derecho a la libertad, al no existir persecución ni procesamiento ilegal. Patricia Nathaly Padilla Conde, Secretaria del Juzgado Público de Familia Tercero de la Capital del departamento de La Paz, mediante informe escrito cursante a fs. 30 y vta., reiteró en su integridad el contenido del informe presentadopor Daen Elsa Sangüeza Cossio, Jueza del juzgado antes citado. Miriam Calle Mendoza, Oficial de Diligencias del Juzgado Público de Familia Tercero de la Capital del departamento de La Paz, por informe escrito cursante a fs. 33, manifestó que: i) Que la citación con la demanda y la admisión del proceso de homologación de asistencia familiar seguido por la accionante contra Willams Bazán Yapura fue realizada en su domicilio ubicado en la localidad de Tarata del departamento de Cochabamba, mediante comisión instruida; ii) Que por decreto de 18 de abril de 2023, la Jueza de la causa dispuso oficiar al Ministerio de Defensa a efectos de que se efectúen descuentos por planilla al obligado para cubrir la asistencia familiar, determinando además que dicha disposición sea corrida en traslado al demandado; y, iii) Que, en consecuencia, se indicó a la accionante que previo a la emisión del referido oficio correspondía efectuar la notificación a los sujetos procesales, a fin de evitar indefensión, sin que ello implique vulneración de los derechos invocados en la acción de tutela.
El Juez del Juzgado de Sentencia Penal y Contra la Violencia Hacia la Mujer Primero de la Capital del departamento de La Paz, constituido en Juez de garantías mediante, Resolución 064/2023 de 26 de mayo, cursante de fs. 35 a 36, denegó la tutela solicitada; Los fundamentos de la Resolución son los siguientes: a) No se acreditó de manera objetiva ni clara la afectación al derecho a la libertad ni, en su caso, al derecho a la vida del beneficiario de la asistencia familiar; b) Todo trámite vinculado al debido proceso que no guarde relación directa con los derechos a la libertad o a la vida puede ser reclamado a través de los mecanismos intraprocesales o de control y fiscalización administrativa correspondientes; y, c) En el caso concreto, al no haberse demostrado la vinculación del acto denunciado con los derechos que tutela la acción de libertad, no correspondía ingresar al análisis de fondo de la problemática planteada, debiendo la solicitante de tutela acudir a los mecanismos intraprocesales o administrativos de control, a fin de exigir la celeridad en los trámites judiciales, conforme lo previsto por el art. 115 de la Constitución Política del Estado.
De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Mediante Resolución 447/2022 de 19 de septiembre de 2022, emitida por Daen Elsa Sangüeza Cossio, Jueza Pública de Familia Tercera de la Capital del departamento de La Paz, se homologó el Acuerdo de Asistencia Familiar suscrito entre la accionante y Willams Alexander Bazán Yapura, fijándose una asistencia familiar a favor del hijo de ambos por el monto de Bs1 000.-(mil bolivianos), con cargo al progenitor (fs. 6 a 7). II.2. El 18 de abril de 2023, la Jueza de la causa dispuso oficiar al Ministerio de Defensa, a efectos de que se proceda al descuento por planillas del obligado por concepto de asistencia familiar, previo cumplimiento de las formalidades de ley; asimismo, ordenó correr traslado al obligado con la liquidación de asistencia familiar presentada por la accionante, conforme a lo previsto en el art. 415.I del Código de las Familias y del Procedimiento Familiar (CFPF) (fs. 10). II.3. Cursa memorial presentado por la accionante en fecha 18 de mayo de 2023, mediante el cual solicitó a la Jueza de instancia que instruya al personal de su despacho para que en el día se le entregue el oficio ordenado por decreto de 18 de abril del mismo año, señalando que el demandado ya habría sido citado con la demanda en su domicilio real; asimismo, pidió que, en caso de no darse curso a su solicitud, se libre en el día Comisión Instruida al Juzgado Público Mixto de Familia, de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primero de Tarata del departamento de Cochabamba, a efectos de notificar a Willams Alexander Bazán Yapura -obligado- en la Escuela Militar de Sargentos del Ejército “Maximiliano Paredes”, con el memorial de liquidación y el decreto de 18 de abril de 2023 (fs. 12).
La accionante, por intermedio de su representante sin mandato, denunció la vulneración de sus derechos al debido proceso, en sus elementos de tutela judicial efectiva, derecho de petición y acceso a una justicia pronta y oportuna; señalando que, habiéndose dispuesto mediante decreto de 18 de abril de 2023 que se oficie al Ministerio de Defensa a efectos de que se realice la retención por planillas del monto de asistencia familiar fijado a favor de su hijo, con cargo al demandado, dicho oficio no le fue entregado por el personal del juzgado -ahora demandado- bajo el argumento de que previamente debía notificarse al obligado en su domicilio real mediante comisión instruida, sin considerar que este ya fue citado personalmente en tal domicilio con la demanda; asimismo, indicó que esta situación fue puesta en conocimiento de la Jueza de la causa mediante memorial presentado el 18 de mayo de 2023; sin embargo, hasta la fecha de interposición de la presente acción de tutela, dicho memorial no fue providenciado, habiendo transcurrido más de una semana desde su presentación, generando una dilación injustificada que ocasiona perjuicio al hijo de la accionante en el acceso efectivo a la asistencia familiar; en ese entendido, formuló acción de libertad en la modalidad traslativa o de pronto despacho. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
La jurisprudencia constitucional de este Tribunal se ha pronunciado sobre las distintas modalidades de la acción de libertad y ha desarrollado una línea jurisprudencial en cuanto a su ámbito de protección y alcance. Así la SC 1579/2004-R de 1 de octubre se pronunció sobre sus diferentes modalidades refiriéndose al hábeas corpus -ahora acción de libertad- reparador cuando se trata de lesiones ya consumadas, preventivo para impedir una lesión a producirse y correctivo, cuando se intenta evitar el agravamiento de las condiciones de privación de libertad de una persona detenida. Posteriormente, la SC 0044/2010-R de 20 de abril, incorporó otras modalidades protectivas haciendo alusión al hábeas corpus restringido, al instructivo y al traslativo o de pronto despacho, respecto de este último precisó que a través de su ámbito de protección “…lo que se busca es acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas para resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad”.
Bajo ese razonamiento, la jurisprudencia constitucional desarrollada en la SC 0224/2004-R de 16 de febrero, entre otras, ha sido uniforme al disponer que toda autoridad sea judicial o administrativa que conozca una solicitud que incida en el derecho a la libertad física de quien se halle privado de su ejercicio, tiene el deber de tramitarla con la mayor celeridad posible; por cuanto, la lesión de este derecho está en la demora o dilación indebida al resolver o atender una solicitud para la definición jurídica de los derechos del imputado o imputada, lo que no significa que deba dar curso a la solicitud en forma positiva; ya que, el resultado dependerá de las circunstancias del caso y la valoración jurídica que realice la autoridad conforme a la normativa aplicable; por cuanto, la lesión del derecho a la libertad física está en la demora o dilación indebida, al resolver o atender una solicitud; que más bien, debería ser efectuada con la debida celeridad. En el marco de dicho precedente constitucional la SCP 0581/2025-S3 de 17 de junio ha precisado el alcance de la acción de libertad traslativa o de pronto despacho señalando lo siguiente:
De la línea jurisprudencial citada es posible concluir que el alcance de protección de la acción de libertad en su modalidad traslativa o de pronto despacho opera frente a toda demora o dilación indebida al resolver o atender una solicitud que se encuentre vinculada con la libertad de quien la solicita, prueba de ello es que se ha establecido que toda autoridad sea judicial o administrativa que conozca una solicitud que incida en el derecho a la libertad física de quien se halle privado de su ejercicio, tiene el deber de tramitarla con la mayor celeridad posible; a contrario sensu, no procede cuando la libertad de la persona no se encuentre comprometida, ya sea porque no esté privada de libertad o el acto u omisión dilatorio no incida directa o indirectamente con su libertad; en estos casos corresponderá que el peticionante de tutela acuda previamente a los mecanismos intraprocesales que el ordenamiento jurídico prevé para el restablecimiento de los derechos considerados lesionados.
La accionante, por intermedio de su representante sin mandato, denunció que la Jueza Pública de Familia Tercero de la Capital del departamento de La Paz -ahora demandada-, hasta la fecha de interposición de la presente acción de libertad, no emitió pronunciamiento alguno respecto al memorial presentado el 18 de mayo de 2023, mediante el cual puso en conocimiento que el personal del juzgado a su cargo no le entregó el oficio dirigido al Ministerio de Defensa, dispuesto para que se proceda al descuento por planillas al padre de su hijo, con la finalidad de efectivizar la asistencia familiar fijada; solicitando además que se instruya a las funcionarias correspondientes la entrega inmediata del referido oficio; tal omisión, pese al transcurso de más de una semana desde la presentación del memorial, habría vulnerado los arts. 24, 115.I y 180 de la CPE. De la revisión de los antecedentes que cursan en el expediente constitucional, se evidencia que dentro del proceso de Homologación de Acuerdo de Asistencia Familiar seguido por la accionante contra Willams Alexander Bazán Yapura, la Jueza demandada, mediante Resolución 447/2022 de 19 de septiembre, homologó el Acuerdo de Asistencia Familiar suscrito entre las partes, fijando una asistencia familiar a favor del hijo de ambos en la suma de Bs1 000.- (mil bolivianos), con cargo al progenitor; posteriormente, mediante providencia de 18 de abril de 2023, dispuso oficiar al Ministerio de Defensa a efectos de que se proceda al descuento por planillas del obligado, por concepto de asistencia familiar, ordenando asimismo notificar al demandado con la liquidación presentada por la accionante, conforme al art. 415.I del CFPF; posteriormente, la solicitante de tutela por memorial de 18 de mayo de 2023, la solicitante de tutela puso en conocimiento de la Jueza de la causa que el oficio dispuesto no le había sido entregado por el personal del juzgado, bajo el argumento de que previamente debía notificarse al demandado con la liquidación de asistencia familiar y el decreto de 18 de abril de 2023, en su domicilio real ubicado en la localidad de Tarata del departamento de Cochabamba, pese a que ya había sido citado personalmente en dicho domicilio con la demanda; en razón a ello, solicitó que se instruya a las funcionarias del juzgado la entrega del oficio referido y, en caso de no darse curso a lo requerido, se libre comisión instruida al Juzgado Público Mixto de Familia, Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primero de Tarata, a efectos de notificar al obligado en la Escuela Militar de Sargentos del Ejército “Maximiliano Paredes”, con la liquidación y decreto de 18 de abril de 2023. Ahora bien, conforme se estableció en el Fundamento Jurídico III.1 de este fallo constitucional, el alcance de protección de la acción de libertad en su modalidad traslativa o de pronto despacho opera frente a toda demora o dilación indebida al resolver o atender una solicitud que se encuentre vinculada con la libertad de quien la solicita; a contrario sensu, no procede cuando la libertad de la persona no se encuentre comprometida, ya sea porque no esté privada de libertad o el acto u omisión dilatorio no incida directa o indirectamente con su libertad. En ese marco, si bien la accionante solicitó la activación de la acción de libertad en su modalidad traslativa o de pronto despacho, bajo el argumento de la existencia de dilación en el despacho o pronunciamiento de la Jueza demandada respecto al memorial presentado el 18 de mayo de 2023; se advierte que el contenido de dicha solicitud se encuentra orientado a acelerar la emisión del oficio dispuesto mediante decreto de 18 de abril del mismo año o, en su defecto, a obtener la entrega inmediata de la comisión instruida para proceder a la notificación del obligado y así efectivizar el cumplimiento de la asistencia familiar fijada a favor de su hijo, mediante el descuento por planillas ordenado por la autoridad jurisdiccional; antecedente que nos permite establecer que tanto la peticionante de tutela y el niño, no se encontraban privados de libertad, ni existía la amenaza de restricción a ese derecho de forma directa ni indirecta. En tal circunstancia, al no configurarse el presupuesto esencial para la activación de la acción de libertad en su modalidad traslativa o de pronto despacho -cuya finalidad es resolver con celeridad trámites judiciales o administrativos únicamente cuando existen dilaciones indebidas vinculadas con la libertad personal-, este Tribunal se encuentra impedido de ingresar al análisis de fondo de la problemática planteada por dilación indebida; en consecuencia, corresponde que la solicitante de tutela acuda previamente a los mecanismos intraprocesales que el ordenamiento jurídico prevé para el restablecimiento de los derechos que considera vulnerados, conforme lo establecido en el Fundamento Jurídico III.1 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional; correspondiendo,
, denegar la tutela solicitada. Otras consideraciones No obstante la denegatoria de la tutela, corresponde señalar que, al tratarse de procesos en los que se encuentran comprometidos los derechos de niñas, niños y adolescentes, tales como la asistencia familiar, las decisiones asumidas por las juezas y jueces de la materia deben orientarse con especial rigor por los principios constitucionales, convencionales y de protección reforzada hacia este grupo en situación de vulnerabilidad, considerando el interés superior del niño, su condición de dependencia económica y su necesidad de protección integral para garantizar su adecuado desarrollo; en ese entendido, la tramitación y ejecución de la asistencia familiar debe desarrollarse con la máxima celeridad posible, suprimiendo formalismos innecesarios o excesivos que dificulten o retrasen la efectivización de dicho derecho, a fin de evitar la generación de un daño irreparable en el desarrollo integral de los beneficiarios En tal sentido, este Tribunal no puede soslayar el excesivo formalismo con el que fue tramitada la ejecución del pago de la asistencia familiar a favor del beneficiario; en consecuencia, se exhorta a la Jueza demandada a actuar en el marco de lo previsto en los arts. 442 del Código de las Familias y del Procedimiento Familiar, respecto a la notificación con la liquidación de asistencia familiar, y 415 del mismo cuerpo legal, en lo relativo a su ejecución; asimismo, tanto la Jueza demandada como la Secretaria, Auxiliar y Oficial de Diligencias demandadas, deberán enmarcar sus actuaciones dentro de lo fundamentado en el párrafo precedente. En consecuencia, el Juez de garantías, al denegar la tutela impetrada obró de forma correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 064/2023 de 26 de mayo, cursante de fs. 35 a 36, pronunciada por el Juez de Sentencia Penal y Contra la Violencia Hacia la Mujer Primero de la Capital del departamento de La Paz, y en consecuencia: 1° DENEGAR la tutela impetrada, conforme los fundamentos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. 2° Exhortar a Elsa Sangüeza Cossio, Jueza; Nathaly Padilla Conde, Secretaria; y, Miriam Calle Mendoza, Oficial de Diligencias del Juzgado Público de Familia Tercero de la Capital del departamento de La Paz, dar estricto cumplimiento a lo previsto en el arts. 442 y 415 del Código de las Familias y del Proceso Familiar, debiendo viabilizar la notificación y ejecución de la liquidación de asistencia familiar, eliminando ritualismos procesales que obstaculicen el interés superior del niño y su derecho a una protección jurídica oportuna y efectiva. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Fdo. Ángel Edson Dávalos Rojas
MAGISTRADO
Fdo. Paola Verónica Prudencio Candia
MAGISTRADA
1 El FJ III.1, señala: “Del texto constitucional y legal referidos, se extrae que en el sentido de la Constitución, el recurso de hábeas corpus por violaciones a la libertad individual y /o locomoción, puede ser reparador si ataca una lesión ya consumada, preventivo si procura impedir una lesión a producirse o correctivo si intenta evitar que se agraven las condiciones en que se mantiene a una persona detenida”. 2El FJ III.5, establece: “…se debe hacer referencia al hábeas corpus traslativo o de pronto despacho, a través del cual lo que se busca es acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas, para resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad. Este tipo de hábeas corpus, implícito en el art. 125 de la CPE, emerge directamente del art. 89 de la LTC, que establece que, también procede el hábeas corpus cuando se aleguen “…otras violaciones que tengan relación con la libertad personal en cualquiera de sus formas, y los hechos fueron conexos con el acto motivante del recurso, por constituir su causa o finalidad…”, e implícitamente fue reconocido por la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, cuando tuteló los supuestos de demora en la celebración de la audiencia de medidas cautelares (SSCC 1109/2004-R, 1921/2004-R),o cuando existieron notificaciones ilegales con las resoluciones de medidas cautelares que lesionan el derecho a la defensa, concretamente el derecho a recurrir, impidiendo que el tribunal superior revise la resolución del inferior (SC 826/2004-R)…”.
3 La citada Sentencia expresó que: “‘…toda autoridad que conozca de una solicitud en la que se encuentre involucrado el derecho a la libertad física, tiene el deber de tramitarla con la mayor celeridad posible, o cuando menos dentro de los plazos razonables, pues de no hacerlo podría provocar una restricción indebida del citado derecho, lo que no significa, que siempre tendrá que otorgar o dar curso a la solicitud en forma positiva, pues esto dependerá de las circunstancias y las pruebas que se aporten en cada caso, dado que se reitera la lesión del derecho a la libertad física, está en la demora o dilación indebida de una solicitud de tal naturaleza, vale decir, que si la solicitud es negada de acuerdo a una compulsa conforme a Ley no es ilegal siempre que esa negativa se la resuelva con la celeridad que exige la solicitud’.
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_1483_2025-S3.pdf · páginas 1 a 10.
Huella digital del PDF (SHA-256): a9081aa50daac01101ecc902eff357ffdfdb703c16fbe7631c6f451f94a42ae3
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